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clave: "corte_suprema:providencia:SC1304-2022 [2015-00297-01]"
titulo: "Corte Suprema: por supuesto, la manera de apreciar las pruebas por parte del colegiado no puede calificarse de equivocada, amén que no existen"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-06-30"
radicado: "2015-00297-01"
numero: "SC1304-2022"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: por supuesto, la manera de apreciar las pruebas por parte del colegiado no puede calificarse de equivocada, amén que no existen

- **Título oficial / radicado:** SC1304-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-06-30
- **Radicado:** 2015-00297-01
- **Número:** SC1304-2022
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1304-2022%20%5B2015-00297-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1304-2022%20%5B2015-00297-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzYuLSBKdW5pby9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTMwNC0yMDIyIFsyMDE1LTAwMjk3LTAxXS5kb2N4/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Por supuesto, la manera de apreciar las pruebas por parte del colegiado no puede calificarse de equivocada, amén que no existen en plenario medios de convicción que pongan en entredicho lo razonado por el Tribunal.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

En suma, el Tribunal al apreciar el documento titulado « apertura de cuenta personal », advirtió que las acotaciones y el marco de actuación del mandante no está limitado por una disposición contractual determinada. Y es apenas obvio que el yerro de facto, cuya característica fundamental es el de que sea evidente, o como lo observa la doctrina de esta Corporación, que salte de bulto o brille al ojo, sólo se presenta cuando la única estimación acertada sea la sustitutiva que se propone. A esto, se le agrega el análisis de la Ley 1480 de 2011 para aplicación suplementaria, toda vez que «cuando no se trate de una de las condiciones expresamente catalogadas como abusivas, juzgar si se presentan los elementos fundamentales para la existencia de una de estas estipulaciones» . Así las cosas, discutir sobre eficacia de las cláusulas tachadas de abusivas cuando no se demostró la extralimitación del ordenante resulta francamente inane.

## Cita textual

> La intención debe preferirse a la expresión

## Texto del documento

Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC1304-2022
Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01
(Aprobado en sesión virtual de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandante LINA MARÍA BARGUIL MANRIQUE contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de responsabilidad civil contractual que instauró frente a ASESORÍAS E INVERSIONES S.A.- hoy VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
1. Con sustitución de demanda (fls. 265 a 300, c. 1) y el escrito que la subsanó (fls. 304 a 306), pidió que se declare que entre la actora y la demandada ASESORÍAS E INVERSIONES S.A.- hoy VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA se suscribieron los contratos denominados « Contrato para la Administración y Custodia de Valores », y « Apertura de Cuenta Persona Natural ». A su turno, instó a que se declare que la pasiva incumplió el denominado contrato para la administración y custodia de valores.
2. Consecuencialmente, solicitó que se condene al pago de los perjuicios causados a Lina María Barguil Manrique, estimados y tipificados así: dos mil doscientos setenta y dos millones trescientos cuarenta y tres mil novecientos veintiocho pesos m/cte. ($2.272.343. 928.oo), a título de daño emergente y doscientos veintisiete millones seiscientos cincuenta y seis mil setenta y dos pesos m/cte ($227.656.072, oo), por concepto de lucro cesante. Reclamó, asimismo, daños morales representados en la afectación a su buen nombre comercial, por una suma equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales (100 SMLMV) a la fecha en que se profiera la respectiva sentencia.
B. Causa petendi
1. Adujo que se vinculó́ comercialmente con la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES S.A. (hoy VALORALTA S.A.) mediante la suscripción de diferentes documentos, entre ellos los denominados “ Contrato para la Administración y Custodia de Valores” y “Apertura de Cuenta Persona Natural », instrumentos elaborados por la sociedad comisionista de bolsa. La apertura de la cuenta se realizó con el traslado de un portafolio de acciones que la demandante tenía en Proyectar Valores, con un valor de $600.000.000, aproximadamente.
2. Anotó que varias de las prestaciones derivadas de los citados contratos fueron incumplidas por Asesorías e Inversiones S.A. (Hoy Valoralta S.A.). En particular, blandió que se: i) quebrantó la obligación de custodia y buen manejo de los bienes entregados por Lina Barguil; ii) violaron los procedimientos establecidos en la Ley y en el Reglamento para el manejo de la información, el montaje de operaciones de reporto y operaciones de recompra; iii) gestionó inapropiadamente el ingreso y egreso de capital a la cuenta que tenía en la comisionista.
3. Manifestó que la demandada nunca hizo entrega de los extractos en la dirección electrónica indicada. Empero, sin su autorización, los suministraba a un tercero, Alessandro Corridori, en una dirección distinta a la registrada por Lina Barguil para las notificaciones.
4. Aseguró que Asesorías e Inversiones S.A (hoy Valoralta S.A.) le comunicó que las acciones de su propiedad, de la especie « Fabricato» y que estaban en depósito, habían sido objeto de operaciones de reporto. Al respecto, manifestó que no autorizó y desconocía que sus acciones eran objeto de la mencionada práctica. Adicionalmente, resaltó que las órdenes para dichas operaciones las había impartido el señor Alessandro Corridori - sin su anuencia-.
5. Aludió que con la firma del documento denominado “Apertura de Cuenta de Persona Natural”, designó al señor Camilo Lotta como ordenante de la cuenta. Apuntó que, en dicho instrumento, « se evidencia que no se le conceden facultades para el manejo y libre disposición de los recursos del CLIENTE». En consecuencia, en su sentir, el ordenante solo podía hacer operaciones de compra y venta de acciones.
6. Insistió en que el ordenante no tenía facultades para hacer operaciones de reporto, de conformidad con el documento denominado « carta de compromiso para la celebración de operaciones de venta con pacto de recompra de acciones». Máxime si el espacio en donde se anunciaban las personas autorizadas para las operaciones repo , frente a la sociedad comisionista, estaba vacío.
7. Destacó que las operaciones de reporto sobre las acciones fueron realizadas sin que las hubiera ordenado y sin su conocimiento. En adición, esgrimió que las comunicaciones utilizadas para la constitución de las operaciones de reporto distan de los requisitos reglamentarios establecidos por el Autorregulador del Mercado para este tipo de transacciones.
8. En suma, desde su perspectiva, el ordenante no tenía facultades para disponer de recursos ni para montar operaciones de reporto. No obstante, Asesorías e Inversiones S.A. (hoy Valoralta S.A.) desconoció tal límite, violando así el contrato suscrito con la comitente y las normas legales que regulan dichas transacciones.
C. Posición de la demandada
1. Asesorías e Inversiones S.A. (hoy Valoralta S.A.) se opuso oportunamente a las pretensiones (fls. 399 a 406, c.1 tomo b.). Propuso las defensas de « excepción de buena fe de la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES S.A. –hoy VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA» , «excepción de legitimidad en el actuar del ordenante », « excepción de contrato cumplido», «no acreditación debida del daño e inexistencia del daño moral alegado ». Formuló las excepciones previas de «cláusula compromisoria» y «falta de jurisdicción» , que fueron denegadas por el a quo , en providencia, que luego de ser recurrida, fue confirmada en su integridad.
1.1. En síntesis, explicó (i) que cumplió con las obligaciones que le correspondían por ley en el desarrollo de los contratos suscritos con el demandante; (ii) que la información sobre los contratos se entregó al ordenante de la cuenta, Camilo Andrés Lotta Gil, persona designada en tal calidad por la demandante; (iii) que el ordenante estaba facultado para realizar cualquier tipo de operación, incluidas las operaciones repo; (iv) que las operaciones que se realizaron con los recursos de la demandante fueron dirigidas por el señor Camilo Andrés Lotta Gil, ordenante de la actora.
1.2. Reiteró que «ejecutó todas las operaciones que se le encomendaron de buena fe, hecho que se deduce de la forma como actuó, esto es de las órdenes impartidas por el señor Camilo Andrés Lotta Gil, quien fue designado expresamente como ordenante de la cuenta por la misma señora Lina María Barguil Manrique». Insistió en que el ordenante se encontraba legitimado para realizar cualquier tipo de operación. Arguyó que «no resulta lógico entonces que la señora Lina María Barguil Manrique otorgue un mandato sin ningún tipo de limitación a su ordenante, y acto seguido, lo desconozca aduciendo que el señor Lotta Gil no se encontraba facultado para celebrar operaciones repo y que necesitaba para el efecto un poder debidamente otorgado, máxime cuando en el formato diligenciado por ella se expresa con claridad que dicho requisito no era necesario».
2. Por otra parte, manifestó que los daños y los perjuicios aducidos no tienen asidero pues « no especifica el monto de los recursos ingresados indebidamente, de las acciones enajenadas ni de las operaciones repo y, mucho menos, de dónde sale la suma establecida, lo que constituye un indebido establecimiento del daño».
3. Finalmente, señaló la existencia de pacto arbitral. Al respecto resaltó « el documento mediante el cual se regula la relación comercial entre Valoralta S.A. comisionista de bolsa y la señora Lina María Barguil Manrique para la celebración de este tipo de operaciones, es claro en establecer la existencia de pacto arbitral, por cuanto menciona que ante cualquier diferencia que surge entre las partes en relación con la ejecución de este tipo de operaciones, la misma deberá ser sometida ante Tribunal de arbitramento».
D. Resolución en las instancias
Culminado el trámite correspondiente a la primera instancia, el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá D.C. profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones, la que, oportunamente apelada (fls. 940- 963, c.1, tomo c), fue confirmada por el ad quem .
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El Tribunal comenzó por verificar la reunión de los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito. Indicó que el problema estribaba en determinar si el ordenante estaba o no facultado para realizar operaciones de reporto o repo sobre las acciones de la demandante. Apoyado en antecedente jurisprudencial de 30 de marzo de 2012, explicó la importancia del contrato de comisión bursátil y su incidencia para los fines del Estado. Seguidamente, abordó la temática de los actos jurídicos coligados y su definición « la pluralidad coordinada de contratos cada uno de los cuales responde a una causa autónoma aun cuando en conjunto tiendan a la realización de una operación económica unitaria y compleja» .
2. Posteriormente, indicó que « es notorio que en el sub-lite, existen dos negocios jurídicos con causas independientes que se dirigen a un propósito común, por un lado, el de comisión y, por otro, el que regula la relación entre la inversionista y el ordenante». De tal manera que ocupó su atención en la relación obligatoria entre la demandante y el ordenante, la cual calificó de “ mandato ”. A renglón seguido, acotó que «en virtud de la gestión el mandatario se encarga de adelantar negocios jurídicos o actos de comercio por cuenta del mandante que los artículos 1262 a 1286 del código de Comercio regulan la figura en términos generales, disponen además que los negocios encomendados abarcan todos aquellos actos que sean necesarios para lograr su cumplimiento, luego sólo es posible ejecutar actuaciones por fuera de esos confines cuando así haya sido autorizado de manera expresa por el mandante».
3. Aunado a lo anterior, observó que en el instrumento contractual – apertura de cuenta persona natural - se señalaba que el « ordenante y/o representante legal es la persona que está autorizada por el titular para dar órdenes en cualquier tipo de operación mientras se encuentre en vida (venta, compra, reinversión, cancelación, etc) Este actúa en calidad de mandatario del titular de la cuenta, el ordenante actúa sin necesidad de un poder previamente otorgado por el titular de la cuenta a diferencia del representante legal». Anotó que en el referido acto se consignó que « el cambio de estas personas deberá ser informado por escrito a Asesorías e Inversiones S.A. Declaró que los ordenantes tendrán la libre disposición de los recursos del cliente si o no. En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea afirmativa autorizo para que disponga plenamente y sin limitación de los recursos que el suscrito posee en Asesorías e Inversiones sea a través de cualquier producto cuenta o cartera colectiva».
4. Así las cosas, se enarboló que « la circunstancia de no haber marcado con una equis si admitía o no que el ordenante tuviera libre disposición sobre los recursos no tiene los alcances que propone el inconforme, simplemente porque no es viable considerar que la señora Barguil Manrique limitó las atribuciones que corresponden a su ordenante» . En apoyo del referido planteamiento, expuso que « si el propósito de la promotora era definir a qué actividades debían concretarse las potestades del ordenante, ha debido señalar que lo era únicamente para la compra y venta de acciones. Sin embargo, como así no lo hizo no es viable predicar la extralimitación, ya que el giro ordinario de los negocios bursátiles no se reduce a esas dos operaciones, siendo, por tanto, inherentes al tipo de actividad que se desarrolla, las de reporto».
5. Por otra parte, subrayó que en el plenario no quedó demostrado que el ordenante se haya desviado del acto de representación «pues se insiste, las relaciones ejecutadas por Lotta Gil, no se muestran ajenas al giro ordinario del negocio para el cual fue designado». En punto de la operación de reporto, denotó que se cumplió con lo establecido en el Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia y su Circular Única, « al suscribir una carta de compromiso». [footnoteRef:1] [1: Aunado a que el reglamento interno del Autorregulador del Mercado de Valores en su artículo 51.12, «consagra que los clientes podrán facultar a una o varias personas para que impartan órdenes en su nombre». Así mismo, advirtió que el ordenante de manera previa a la primera operación de reporto contaba con autorización. En efecto, concluyó que no hubo extralimitación en la ejecución del mandato. Al respecto, «desde un estadio inicial, se insiste, quedaron establecidas las facultades de las cuales había sido investido, - el ordenante- aunado a que no existe prohibición para que tratándose de este tipo de negocios sea el titular de la cuenta el único llam

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

stas aplicaciones no deben considerarse como casos aislados, sino como derivaciones de una regla más general vigente en nuestro derecho cuál es la de que a nadie se le permite beneficiarse de su propio dolo.” Se trata, desde luego, de un principio con “un gran contenido ético, fundado en el principio clásico que impide sacar provecho o repetición de la propia torpeza o conducta culpable.” SC, Sentencia SC4654-2019 del 30 de octubre de 2019. Es decir, “[a]uscultado una vez más el punto de esta regla moral en las obligaciones, conocida desde los romanos, cabe puntualizar que la justicia debe denegar la protección cuando quien la exhorta ha actuado de una manera irregular, bien sea por simple descuido o culpa, o por dolo (nemo creditur turpitudinem suam allegans).” SC, Sentencia SC4654-2019 del 30 de octubre de 2019. ] [36: CSJ AC 3672 de 04 septiembre de 2019.]
2. Bajo tal perspectiva el cargo no prospera.
B. CUARTO CARGO
1. Denunció la violación indirecta de las normas sustanciales consagradas en los artículos 11, letras d) y e) de la Ley 1328 de 2011 y 42, 43 y 44 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. En cuanto a la valoración efectuada por el Tribunal de la cláusula establecida en el numeral 10 del documento Apertura de Cuenta de Persona Natural, de lo cual se considera que «la valoración realizada por el Tribunal respecto de la estipulación a que se ha hecho referencia contiene un protuberante desatino fáctico, toda vez que la cláusula en comentario contiene, sin lugar a dudas, una exoneración de responsabilidad de la sociedad comisionista de bolsa, que resulta ineficaz de conformidad con el ordenamiento aplicable»
2. Posteriormente, se hace un estudio del numeral 10 del Formulario en cuestión donde se indica que «los apartes subrayados contienen exenciones o exoneraciones de responsabilidad de la sociedad comisionista de bolsa, por actuaciones que sus clientes realizan a través de ordenantes, sean estas legítimas o ilegítimas, pues la cláusula de irresponsabilidad se extiende “incluso” a los casos en los que el ordenante actúe por fuera de la normatividad aplicable, luego también se encuentra exonerada respecto de sus actuaciones ajustadas a la ley» .[footnoteRef:37] [37: De acuerdo con esto, se considera que la consideración del Tribunal en este aspecto causa una incoherencia toda vez que «frente a la afirmación que realiza en la parte inicial de la providencia en el sentido de que el contrato de comisión bursátil y el mandato celebrado con el ordenante son vínculos coligados, pues el recto entendimiento de la coligación negocial conduce a reafirmar la ineficacia de una exoneración plena de responsabilidad del comisionista de bolsa por los actos del ordenante».]
3. Así mismo, se acude a lo referente a cláusulas abusivas en el derecho colombiano con el apoyo de la jurisprudencia civil, la cual generó los criterios para definir la existencia de tales estipulaciones. Igualmente, recurre a los postulados referentes a la protección del consumidor financiero Ley 1328 del 2009.
4. A esto, se le agrega el análisis de la Ley 1480 de 2011 para aplicación suplementaria, toda vez que «cuando no se trate de una de las condiciones expresamente catalogadas como abusivas, juzgar si se presentan los elementos fundamentales para la existencia de una de estas estipulaciones» . Por lo que, «no puede interpretarse de manera restrictiva, puesto que es apenas una lista abierta o numerus apertus de las posibles estipulaciones que pueden constituirse en cláusulas abusivas al interior de un contrato de adhesión, tanto así que se le asigna una facultad expresa a la Superintendencia Financiera de Colombia para que desarrolle el contenido del precepto señalado».[footnoteRef:38] [38: A partir de este análisis, se indica que «es claro que en el numeral 10 de las DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES A LA SOCIEDAD COMISIONISTA se incorporan estipulaciones que corresponden a cláusulas de exoneración de responsabilidad, que se encuentran prohibidas de conformidad con la normatividad aplicable, y que son, por tanto, ineficaces, razón por la cual cometió yerro de hecho evidente el Tribunal Superior de Bogotá al llegar a una conclusión contraria. La transcendencia del error cometido por la mencionada corporación judicial se encuentra en que este argumento fue una consideración de refuerzo del Tribunal para denegar las pretensiones de la demanda, que igualmente debe ser controvertido en forma exitosa»]
5. Finalmente, se dice que los artículos enunciados que se consideran violados nacen del supuesto bajo el cual el Tribunal «cometió evidentes y trascendentes errores en la valoración de la estipulación contractual al inicio individualizada» . Por lo que pide a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia casar la sentencia impugnada y acoger las pretensiones de la demanda.
CONSIDERACIONES
1. Este cargo deviene intrascendente, en la medida en que es consecuencial a la prosperidad de los embates estudiados en precedencia. Véase que las estipulaciones contractuales cuya interpretación es censurada descansan en la exoneración de responsabilidad del comisionista por actos del ordenante.[footnoteRef:39] [39: Por un lado, se estableció lo que viene: «declaro que eximo a Asesorías e Inversiones S.A., de toda responsabilidad que se derive de información errónea, falsa o inexacta, que yo hubiese proporcionado en este documento, igualmente, como ya se ha manifestado previamente, por la actuación de los ordenantes en las operaciones pactadas en nombre de la sociedad que represento». Por otro, lo siguiente: «Asesorías e Inversiones S.A. exenta de cualquier responsabilidad frente a las consecuencias que se desprendan de los actos de esta persona [ordenante] incluso de aquellos que se aparten de las normas que regulan el mercado de valores o de las políticas establecidas por la sociedad.» ]
2. Así las cosas, discutir sobre eficacia de las cláusulas tachadas de abusivas cuando no se demostró la extralimitación del ordenante resulta francamente inane. De allí el fracaso del cargo.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 31 de julio de 2017, dentro del proceso de responsabilidad contractual que promovió LINA MARÍA BARGUIL MANRIQUE contra ASESORÍAS E INVERSIONES S.A.- hoy VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA.
Costas en casación a cargo del recurrente. Se fija como agencias en derecho la suma de seis (6) s.m.l.m.v.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1304-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-06-30. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2015-00297-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1304-2022%20%5B2015-00297-01%5D).
