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clave: "corte_suprema:providencia:SC13021-2017 [2005-00238-01]"
titulo: "Corte Suprema: en cambio es la negación misma del ente; y una cosa no puede ser, y no ser, vale decir no puede ser ente y no serlo al mismo tiempo"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2017-11-20"
radicado: "2005-00238-01"
numero: "SC13021-2017"
ponente: "Aroldo Wilson Quiróz Monsalvo"
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# Corte Suprema: en cambio es la negación misma del ente; y una cosa no puede ser, y no ser, vale decir no puede ser ente y no serlo al mismo tiempo

- **Título oficial / radicado:** SC13021-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2017-11-20
- **Radicado:** 2005-00238-01
- **Número:** SC13021-2017
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiróz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC13021-2017%20%5B2005-00238-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC13021-2017%20%5B2005-00238-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE3L0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXLzeiBNb25zYWx2by84LiBBZ29zdG8vU2VudGVuY2lhcy9TQzEzMDIxLTIwMTcgWzIwMDUtMDAyMzgtMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

En cambio es la negación misma del ente; y una cosa no puede ser, y no ser, vale decir no puede ser ente y no serlo al mismo tiempo.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2282 de 1989

## Extracto

Lo anterior porque el numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, actual numeral 3º del artículo 133 del Código General del Proceso, estipula que « el proceso es nulo en todo o en parte, solamente… cuando el juez… revive un proceso legalmente concluido ». En el mismo sentido lo expresó la doctrina patria, al señalar: Ocurre el primer fenómeno cuando el o los intervinientes no manifiestan su voluntad de crear, modificar o extinguir la relación negocial; el segundo se da en el evento de que no exista el bien o la cosa sobre el cual recae el pacto; y lo último se configura cuando el acto es solemne y se pretermite la forma prescrita en la ley para que tenga eficacia, como la falta de escrito en tratándose de una promesa de venta o el testamento abierto elaborado en documento privado. Por consiguiente, la sentencia impugnada debe ser casada para, en su lugar y en sede de instancia, proferir la que deba reemplazarla.

## Cita textual

> no pueden nacer, no existen, son nada frente al derecho

## Texto del documento

Radicación n° 25286-31-84-001-2005-00238-01
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado Ponente
SC13021-2017
Radicación nº 25286-31-84-001-2005-00238-01
(Aprobada en Sala de diecinueve de abril de dos mil diecisiete).
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Martha Elena Gil Herrera frente a la sentencia de 19 de enero de 2012, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario que promovió contra Andrea Liliana Londoño García, Sandra Clemencia, Lida Fernanda, Edgar Alejandro, Dumar Hernán, Darío Isaac García Casas, Virginia García de Quintana y los herederos indeterminados de Dilia Inés García de Nieto, todos en nombre propio y como herederos determinados de Hermencia García Segura; así como contra los indeterminados.
ANTECEDENTES
1.- La accionante radicó demanda que correspondió al Juzgado Promiscuo de Familia de Funza, en la que pidió declarar la nulidad absoluta de la partición adicional aprobada con sentencia de 2 de diciembre de 1997, dictada por el mismo estrado judicial en la sucesión de María Aurora García Segura.
Además, deprecó que se ordene la cancelación de la inscripción del acto en el folio de matrícula inmobiliaria nº 50N-20170535 y el pago de los perjuicios a ella ocasionados.
2.- Sustentó sus aspiraciones en los hechos que se compendian a continuación (folios 111 a 117, cuaderno 1):
2.1. En el juicio sucesorio de María Aurora García Segura fueron reconocidos como herederos sus hermanas Hermencia García Segura, Virginia García de Quintana y Dilia Inés García de Nieto; como sus sobrinos Andrea Liliana Londoño García en representación de Blanca Isabel García Segura; Sandra Clemencia, Lida Fernanda, Edgar Alejandro, Dumar Hernán y Darío Isaac García Casas en representación de Isaac Cayetano García Segura.
2.2. Una vez agotadas las etapas de rigor, tras quedar integrado el acervo hereditario con dos inmuebles, se corrió traslado de la partición la que, ante el silencio de los intervinientes, fue aprobada con sentencia de 7 de abril de 1997, cobrando ejecutoria y siendo registrada en las matrículas inmobiliarias.
2.3. En dicho acto de partición se adjudicó el fundo identificado con la matrícula nº 50N-20170535 a Hermencia García Segura, Virginia García de Quintana y Dilia Inés García de Nieto, mientras que el otro predio se asignó a los restantes herederos, como también a Virginia García de Quintana.
2.4. Las hermanas Hermencia García Segura, Virginia García de Quintana y Dilia Inés García de Nieto, vendieron previamente a Baudilio Valero Contreras los derechos hereditarios que les corresponde en tal sucesión, respecto del bien raíz distinguido con la matrícula nº 50N-20170535; este hizo lo propio a favor de Luis Eduardo Castro Galindo -actos que fueron inscritos-; por lo que una vez aprobada la partición todos ratificaron estos convenios con el otorgamiento de la escritura pública nº 405 del 19 de noviembre de 1997 de la Notaría Única de Cota, que registrada generó la consolidación del derecho de dominio a favor del último adquirente.
2.5. Luis Eduardo Castro Galindo vendió tal heredad a Martha Elena Gil Herrera y Pablo Virgilio González Romero, siendo estos dueños en común y proindiviso, según la tradición asentada.
2.6. A pesar de que el proceso liquidatorio estaba terminado, los herederos de María Aurora García Segura solicitaron tramitar partición adicional, ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Funza; fundamentada en supuestas falencias contenidas en la distribución aprobada, no obstante, añadió la demandante, que la vía adecuada para ese reclamo era la objeción a la partición. Además, tal acto adicional no tenía como propósito adjudicar nuevos bienes de la causante aparecidos con posterioridad o que se hubieran dejado de distribuir estando inventariados, únicos eventos que posibilitan aquella según los artículos 616 y 620 del C. de P.C.
2.7. El despacho judicial dio curso a la solicitud, lo que generó la presentación de una nueva partición y ante el silencio de los interesados el juzgado procedió a aprobarla mediante sentencia de 2 de diciembre de 1997, según los interesados, incurriendo el despacho en causal de nulidad insaneable por revivir un proceso culminado (numeral 3º artículo 140 ídem ). Por otra parte, según la actora, desconoció que las acciones viables para modificar la partición aprobada con sentencia ejecutoriada son: la de lesión enorme y la de petición de herencia.
2.8. Por las razones anotadas señaló que es procedente la pretensión de nulidad absoluta, habida cuenta que el artículo 1742 del Código Civil consagra que puede ser alegada por todo el que tenga interés, como lo es el caso de Martha Elena Gil Herrera al ver disminuida la proporción en la que adquirió el fundo con matrícula inmobiliaria nº 50N-20170535.
2.9. Además, en su contra fue iniciado un juicio divisorio por los demás herederos de María Aurora García segura, lo que le ha impedido levantar la edificación que tenía proyectada.
2.10. Por último, indicó que Hermencia García Segura falleció el 12 de junio de 1998.
3.- Una vez vinculados al litigio los demandados guardaron silencio dentro del término concedido para su defensa.
El curador ad litem designado a los herederos indeterminados de Hermencia García Segura y Dilia Inés García de Nieto -esta última fallecida en el trámite- manifestó estarse a lo que se probara (folios 193 a 194).
4.- Agotado el rito pertinente, el a-quo accedió a las pretensiones de la demanda con sentencia de 16 de mayo de 2011 (folios 498 a 513, cuaderno 1).
5.- Apelada esa decisión por las demandadas Sandra Clemencia, Lida Fernanda García Casas y Andrea Liliana Londoño García, el ad-quem la revocó y en su lugar negó todo lo pedido, tras considerar lo siguiente (folios 21 a 30, cuaderno 4):
5.1. Preliminarmente reprochó que el juzgado de primera instancia no analizara la legitimación de la convocante para deprecar la nulidad de una partición adicional, pues a pesar de que el mismo Tribunal negó la nulidad procesal invocada por Martha Elena Gil Herrera dentro del juicio sucesorio así como una acción de tutela, bajo la consideración de que la promotora tenía a su alcance un medio judicial idóneo de defensa como era solicitar la nulidad de la referida partición, esta afirmación no implicaba legitimarla para pedirla.
5.2. A continuación señaló que para estudiar tal legitimación por activa era necesario establecer cuál fue la nulidad solicitada, labor en desarrollo de la cual concluyó que se trató de un vicio procesal: revivir un proceso legalmente terminado.
Así las cosas, como lo pedido no fue la declaratoria de una nulidad sustancial sino adjetiva, la pretensión estaba condenada al fracaso.
5.3. Añadió que la grave irregularidad en que incurrió el juzgado, al aceptar la petición de algunos de los interesados dentro de la sucesión para hacer la partición suplementaria, no constituye la omisión de algún requisito o formalidad regulada en el artículo 1741 del Código Civil.
5.4. Por último refirió que, de cualquier manera, como la promotora no participó en la partición adicional impugnada, no tiene legitimación para suplicar su nulidad atendiendo la jurisprudencia sobre la materia (CSJ SC de 10 jul. 1945).
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene un reproche fundado en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil (folios 5 a 14, cuaderno de la Corte).
CARGO ÚNICO
1.- Aduce la violación directa por interpretación errada del artículo 1405 del Código Civil y por falta de aplicación de los preceptos 6, 16, 1740 a 1742 de la misma obra, 140 numeral 3º, 144 numeral 6º inciso 2º, 616 y 620 del Código de Procedimiento Civil.
2.- La recurrente inició censurando al Tribunal por aducir que ella carece de legitimación, toda vez que la jurisprudencia que citó en su fallo alude a la acción de rescisión de la partición, no a la de nulidad absoluta.
Citando precedentes refirió que ésta se configura cuando el acto atacado adolece de causa u objeto ilícito; omite algún requisito o formalidad que la ley prescribe para su validez en consideración a su naturaleza, puede ser pedida por quien tenga interés e incluso debe ser declarada de oficio, conforme a los cánones 1741 y 1742 del Código Civil.
Por contera, fue mal comprendido el artículo 1405 de la misma obra, porque su correcta lectura daba lugar a tener por fundado el interés de la convocante, al consagrar que las particiones se anulan o rescinden por las mismas causas que los contratos.
3.- Agregó que aun cuando el ad-quem afirmó que se generó una grave irregularidad con la partición adicional, no dedujo consecuencia de ello ni la enmarcó dentro de las omisiones reguladas en los artículos 1741 y 1742 del Código Civil.
Tampoco tuvo en cuenta que es requisito sustancial de toda partición adicional la existencia de un bien de la causante omitido en la inicial distribución o que no se hubiere adjudicado alguno inventariado, al tenor de los artículos 616 y 620 del Código de Procedimiento Civil, presupuestos incumplidos en la sucesión de María Aurora García Segura.
También es necesario que se realice una nueva audiencia de inventarios y avalúos, de la que debe correrse traslado a los intervinientes, lo que tampoco se cumplió.
Por tanto, no fueron aplicados al sub lite los mentados preceptos legales, generándose la nulidad absoluta alegada, máxime cuando el objeto y la causa ilícita son insaneables.
4.- Adicionó que también fue inaplicado el numeral 3º del canon 140 del referido estatuto adjetivo, comoquiera que la partición impugnada implicó el renacimiento de un litigio culminado.
5.- Aseveró que también se vislumbra una causa ilícita en el proceder de los herederos de María Aurora García Segura, porque su deseo era evitar que Baudilio Valero Contreras consolidara el dominio sobre la totalidad del inmueble identificado con la matrícula nº 50N-20170535, pues sabían que él había comprado los derechos y acciones que les correspondían a Hermencia García Segura, Virginia García de Quintana y Dilia Inés García de Nieto en el juicio sucesorio, titularidad que afianzó con la aprobación e inscripción del primero trabajo partitivo.
Finalmente, reseñó que no fueron observados los artículos 6º y 16 del Código Civil, que consagran como motivo de nulidad sustancial la originada en la ejecución de actos contra expresa prohibición legal y que impide a los particulares derogar preceptos en los que está de por medio el orden público.
CONSIDERACIONES
1.- Preliminarmente es pertinente señalar que, no obstante estar vigente de manera íntegra el Código General del Proceso a partir del 1º de enero del año 2016, en el presente caso no resulta aplicable porque los artículos 624 y 625 numeral 5º establecieron que los recursos, entre otras actuaciones, deberán surtirse bajo « las leyes vigentes cuando se interpusieron ».
Y como la casación que ahora ocupa la atención de la Sala fue interpuesta estando en vigor el Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga aplicándose, por el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.
2.- Se sigue, por tanto, al estudio del cargo coligiéndose su prosperidad; no por todas las alegaciones de la recurrente como pasa a verse.
2.1. En relación con la legitimación el artículo 1405 del Código Civil prescribe: « las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos »; el inciso final del citado canon consagra que « (l)a rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota» , así mismo tal ordenamiento regula que para impedir la rescisión « (p)odrán los otros partícipes atajar la acción rescisoria de uno de ellos, ofreciéndole y asegurándole el suplemento de su porción en numerario » (art. 1407); el precepto siguiente prohíbe « intentar la acción de nulidad o rescisión (a)l partícipe que haya enajenado su porción en todo o parte, salvo que la partición haya adolecido de error, fuerza o dolo, de que le resulte perjuicio » (art. 1408), y el 1410 posibilita que « el partícipe que no quisiere o no pudiere intentar la acción de nulidad o rescisión, conservará los otros recursos legales que para ser indemnizado le correspondan. » (Resaltado ajeno).
Si bien las normas aludidas se expresan en general sobre la nulidad, en punto de la legitimación habrá de analizarse a cuál de ellas se hace referencia.
La nulidad relativa de la partición sólo puede deprecarse por quienes intervinieron en ella como interesados directos (herederos, cónyuge supérstite, legatarios, acreedores adjudicatarios e incluso el albacea. Art. 1743 ibidem).
Pero cuando de la nulidad absoluta de dicho acto se trata están legitimados para implorarla no solo las partes, sino el Ministerio Público en interés de la moral y la ley, cualquier persona que vea afectado un derecho, e incluso debe ser declarada por el juez de instancia sin petición de p

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

inexistencia y la sanción de invalidez, así ambas figuras respondan al concepto general de ineficacia, según ha quedado explicado, la respuesta a lo primero no puede fincarse en el fenómeno de la nulidad absoluta. De una parte, porque como ha quedado elucidado, no es exactamente cierto que “ (…) en el cuerpo jurídico civilista, no está contemplada la categoría de la inexistencia de los actos jurídicos (…) ”, en punto de sus efectos; y de otra, porque al ser la nulidad una sanción, es regla de principio, su aplicación es restringida.
5.5. Lo discurrido viene al caso, teniendo en cuenta que en las consideraciones de la decisión se reconoce como “ elemento esencial de la partición adicional la aparición de nuevos bienes del causante que, por ende, no fueron tenidos en cuenta en la distribución inicial o que se haya dejado de repartir alguno inventariado ”.
No obstante, al echarse de menos una u otra cosa en el acto jurídico cuestionado, para deshacer sus consecuencias jurídicas, en el sentido de revivir la primigenia partición y adjudicación de bienes presentada, y aprobada en el proceso de sucesión de la causante María Aurora García Segura, no había lugar al malabar de declarar la nulidad absoluta, pues al ser inexistente ese trabajo adicional, la lógica repelía invalidar lo que jurídicamente no ha tenido vida en el derecho.
6. Con todo, la mayoría de la Sala, erradamente, dejó sentado la falta de objeto, como pasa a verse.
6.1. Entre las condiciones de validez del acto o contrato, el artículo 1502 del Código Civil, exige la existencia de un objeto lícito, referido, al tenor de lo previsto en el artículo 1517, ibídem , a “ una o más cosas, que se trata de dar, hacer o no hacer ”.
Se precisa, sin embargo, asociada la cosa con el contenido de la prestación, esto no significa que esto último sea aquello, sino que para predicar la existencia del objeto en el mundo del derecho, el legislador le asigna una connotación jurídica, en cuanto el ente o bien al cual se refiere el ordenamiento, para que sea tal, debe ser susceptible de una determinada obligación.
Mientas el objeto de la obligación es una conducta, consistente en la prestación de dar, hacer o no hacer; el objeto del contrato o del acto jurídico, es crear obligaciones.
El objeto jurídico de un acto o contrato, al decir de esta Corporación, se refiere “ (…) en sentido específico (…) a las prestaciones propias de las obligaciones derivadas del mismo que se traducen en un comportamiento del deudor consistente en dar, hacer o no hacer una cosa, y finalmente también en los hechos o cosas materialmente consideradas; todo según lo que expresen las partes en el correspondiente acto o contrato, o, ante su silencio, el legislador ”
.
En ese orden, el concepto cosa jurídica en el Código Civil, comprende, enunciativamente, entre otras, el “ mero uso ” o “ tenencia ” (artículo1517); un simple “ hecho ”, siempre y cuando “ sea física y moralmente posible ” (artículo 1518-3, ibídem ); “ todo lo que [no] contraviene el derecho público de la nación ” (artículo 1519); y los bienes “ comerciales ” que existen o se espera existan (artículo 1518-1).
6.2. Pues bien, en el caso, nadie lo discute, la partición adicional y adjudicación de bienes en la sucesión de la causante María Aurora García Segura, tuvo como objeto jurídico superar la inequidad económica en que se incurrió inicialmente, esto es, conjurar las “ supuestas falencias contenidas en la distribución aprobada ”.
Desde esa óptica, resulta claro, en el subjúdice , no podía hablarse de ausencia de objeto en dicho acto jurídico, porque como se advierte, la voluntad de quienes intervinieron fue dirigida, exprofeso , a un fin específico. Distinto es que el camino escogido para rescindir en el campo sustancial la partición inicial, aprobada mediante sentencia ejecutoriada, sea ilícito, precisamente, al contravenir normas imperativas.
En efecto, según los artículos 1406 del Código Civil y 620 del Código de Procedimiento Civil, a la sazón vigente, el trabajo de partición y adjudicación de bienes únicamente es dable adicionarlo en los casos en que aparezcan nuevos bienes o cuando se haya omitido involucrar ciertos haberes inventariados. Escapa a su objeto, por lo tanto, anular o rescindir otro acto jurídico de igual naturaleza, reservado a la “ misma manera y según las mismas reglas que los contratos ” (artículo 1405 del Código Civil).
7. Así las cosas, la respuesta a la controversia planteada, ha debido brindarse desde otros ángulos jurídicos. En la hipótesis de ausencia de objeto, no como nulidad absoluta, sino privando, sin más, todo efecto irrogado por la inexistencia jurídica; y en el caso del objeto ilícito, declarando su nulidad con las secuelas inherentes.
Lo anterior, porque al ser una cuestión de estricto derecho, ninguna mengua sufriría el principio de congruencia, en cuanto los yerros de adjetivación jurídica en que hayan caído las partes, inclusive su omisión, deben ser salvados, al decir de esta Corporación en doctrina aplicable, “ (…) puesto que el tipo de juez técnico que reconoce el sistema procesal vigente en Colombia, que lo presume conocedor de la ley (…), le impone el deber de aplicar la que corresponda al caso concreto, haciendo un ejercicio adecuado de subsunción ”
.
Así lo guían, los principios “narra mihi factum, dabo tibi ius” y “iura novit curia” , según los cuales los vacíos de adecuación típica o el ejercicio equivocado realizado en la materia por las partes, no atan a los jueces, precisamente, al ser los llamados a definir el derecho controvertido.
8. En los anteriores términos, dejo consignadas las razones por las cuales me aparto de las consideraciones esbozadas por la mayoría de la Sala, para fulminar el litigio.
Fecha ut supra .
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
� Rubén H. Compagnucci De Caso, El negocio jurídico, Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1992, págs. 511 a 513.
� Ob. Cit. Págs. 514 y 515.
� Simón Carrejo, Derecho Civil, Tomo I, Ed. Temis, Bogotá, 1972, Págs. 240 a 241.
� Arts. 897 a 898, C. de Co.
� Ospina Fernández, GUILLERMO/Ospina Acosta, EDUARDO. Teoría General de los Actos y Negocios Jurídicos. Editorial Temis. Segunda Edición, 1983, p. 86.
� Scongnamiglio, RENATO. Traducción: Hinestrosa, FERNANDO. Teoría General del Contrato. Universidad Externado de Colombia. 1983, pp. 300-301.
� CSJ. Sala de Negocios Generales. Sentencia de 7 de junio de 1950 (LXVII-655).
� CSJ. Civil. Sentencia de 6 de agosto de 2010, expediente 00189.
� CSJ. Civil. Sentencia de 16 de diciembre de 2010, expediente 00502; citando sentencias de 15 de septiembre de 1943 (LVI-123), de 21 de mayo de 1968 (CXXIV-168/169), de 3 de mayo de 1984 (CLXXVI-189/190) y de 10 de agosto de 2010 (radicación 00189).
� CSJ. Civil. Sentencia 220 de 9 de octubre de 2004, expediente 2206-01.
� CSJ. Civil. Sentencia 0208 de 31 de octubre de 2001, expediente 5906, reiterada en fallos de 6 de julio de 2009, radicación 00341, y de 5 de mayo de 2014, expediente 00181.
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