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clave: "corte_suprema:providencia:SC1297-2022 [2013-00011-01]"
titulo: "Corte Suprema: el juez debe interpretar la demanda en su conjunto"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-06-06"
radicado: "2013-00011-01"
numero: "SC1297-2022"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: el juez debe interpretar la demanda en su conjunto

- **Título oficial / radicado:** SC1297-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-06-06
- **Radicado:** 2013-00011-01
- **Número:** SC1297-2022
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1297-2022%20%5B2013-00011-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1297-2022%20%5B2013-00011-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS82Li0gSnVuaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzEyOTctMjAyMiBbMjAxMy0wMDAxMS0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

El juez debe interpretar la demanda en su conjunto, pero no mecánico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascenderse su misma redacción, para descubrir su naturaleza y esencia.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 791 de 2002
- Ley 222 de 1995
- Ley 169 de 1896

## Extracto

Por tanto, siendo esa una norma especial que consagra una prescripción de corto plazo, su aplicación está restringida a las específicas controversias que encajen dentro del marco jurídico para el que fue concebida por el legislador. Así las cosas, al estar contenido el tema de la emisión, suscripción, pago y negociación de acciones de las sociedades anónimas, como es el caso de la entidad demandada, en el Titulo VI del Libro Segundo del Código de Comercio, a diferencia de lo señalado por el Juez A Quo, deviene necesaria la aplicación del término prescriptivo establecido en el artículo 235 de la Ley 222 que textualmente dice: “Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el libro segundo del Código de Comercio y en esta ley, prescribirán en cinco años, salvo que en ésta se haya señalado expresamente otra cosa”.

## Cita textual

> la seguridad social exige que las relaciones jurídicas no permanezcan eternamente inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas se consoliden

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n° 76001 31 03 004 2013 00011 01
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC1297-2022
Radicación n° 76001-31-03-004-2013-00011-01
(Aprobada en sesión de 24 de marzo de 2022)
Bogotá, D.C., seis (06) de junio de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 20 de junio de 2019, dentro del proceso de Andrés Arcila Tobar contra Alimentos Cárnicos S.A.S.
I. ANTECEDENTES
1. El accionante solicitó declarar que Rica Rondo S.A. - hoy Alimentos Cárnicos S.A.S.-, es responsable «por el incumplimiento parcial, en lo concerniente al componente variable» , del contrato entre ellos celebrado, condenarla a indemnizarle $305’849.827 por daño emergente, reconocer que incurrió en mora desde el 31 de diciembre de 2001, que por haber sido de mala fe debe también resarcir el lucro cesante estimado en $99’062.578, $75’100.578 y $50’287.372 por los años 1998, 1999 y 2000, junto con los intereses moratorios sobre dichas indemnizaciones y declarar resuelto parcialmente el negocio en lo concerniente al «componente variable».
En sustento dijo que entre abril y septiembre de 1995 Rica Rondo, por conducto de su representante legal, lo invitó a participar en el proceso de selección de un trabajador ejecutivo para ocupar el cargo de gerente administrativo de desarrollo corporativo en esa compañía; el 8 de septiembre siguiente le ofreció como contraprestación un «paquete de compensación total», oferta que él aceptó ese mismo día y quedó consignada por escrito mediante un «documento de intención» de 12 de septiembre de 1995, remitido por fax con notas manuscritas del representante de la sociedad.
Así se creó un contrato de prestación de servicios profesionales que comprendía obligaciones recíprocas entre las partes: Rica Rondo asumió una prestación de dar consistente en «un paquete de compensación total para Andrés Arcila (…) compuesto por (…) un componente fijo y un componente variable », y él una de hacer, representada en «sus servicios profesionales como gerente administrativo y de desarrollo corporativo de Rica Rondo».
El componente fijo estaba constituido por 6 elementos que incluían, entre otras prestaciones, el monto del salario integral para 1995 y 1996 y la entrega de un vehículo. El componente variable, se concretaba en « la asignación de un derecho de opción de suscripción de un porcentaje determinado de acciones de Rica Rondo » y a partir del momento de la asignación del derecho, él quedaba facultado para ejercerlo en cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2001; a raíz de ello, las acciones ingresarían a su patrimonio y pasaría a ser accionista de la compañía.
Mediante adenda u otrosí de 9 de mayo de 1996 se determinaron los elementos del componente variable del paquete de compensación total «que eran determinables, y cuyo momento de determinación había sido convenido para una fecha futura, también se varió el elemento del componente fijo que hacía referencia al acceso de Andrés Arcila al club campestre de Cali».
El 30 de abril de 1998, de manera abrupta, unilateral e injustificada, Rica Rondo dio por terminado el contrato a término indefinido y lo incumplió, pues no tomó acción alguna « tendiente a cumplir con la asignación y así permitir el posterior ejercicio del derecho de opción de suscripción sobre el 1.36% al que Andrés Arcila se había hecho acreedor, y al que tenía derecho por haber cumplido (…) con su obligación contractual », tal y como se había acordado respecto del « componente variable del paquete de compensación de la oferta », y « sin asignación de acciones» era imposible para el demandante ejercer su derecho de « opción de suscripción », actos que revelan la mala fe con que actuó tal entidad, quien obró le causó graves perjuicios económicos (fls. 409 – 444, c. 1).
2. La accionada se opuso y formuló como excepciones previas « caducidad o prescripción » y « cosa juzgada » (fls. 1-5, c. 2), y de mérito, « caducidad o prescripción », « cosa juzgada », «solemnidad de la emisión de acciones, del reglamento de suscripción y de las decisiones sociales», «ausencia de pruebas», «enriquecimiento sin causa», «abuso del derecho, mala fe y temeridad» (fls. 12 – 24, c. 3).
3. El a quo mediante sentencia anticipada declaró probada la prescripción (fls. 55 – 61, c. 2).
4. Esa determinación fue recurrida en apelación por la parte actora y confirmada por el Tribunal (fls. 38 – 51, c. 4).
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
Se promovió acción de responsabilidad civil derivada del contrato denominado «documento de intención paquete de compensación» del 12 de septiembre de 1998 (sic), y se pretende la indemnización por su incumplimiento, en lo relacionado con la suscripción de acciones de Rica Rondo S.A. prometidas u «ofertadas» para los años 1997 y 1998.
El problema jurídico estriba en determinar si la prescripción de que trata el artículo 235 de la Ley 222 es aplicable al caso, tal como se planteó en la excepción, o si se debe acudir al término previsto en la Ley 791 de 2002. Dilucidado lo anterior, se determinará si la acción derivada del «
incumplimiento del contrato
de oferta de suscripción de acciones» se encuentra prescrita o no.
Es evidente que la reclamación traída a la jurisdicción es comercial, pues se trata únicamente de lo relacionado con el incumplimiento de la oferta de opción de suscripción de acciones a la que se obligó la demandada. Esta situación ya fue objeto de estudio en la especialidad laboral, donde se pidió declarar la existencia de un contrato a término indefinido cuya remuneración contemplaba la opción de compra de acciones de Rica Rondo; allí se estableció que dicha oferta no correspondía a remuneración laboral, aunque el socio mayoritario ofrecía la opción de compra de acciones para altos ejecutivos de la compañía, ello no constituía retribución salarial, sino una negociación distinta.
Los hechos y pretensiones se encaminaron estrictamente al contenido accionario ofrecido en el documento del 12 de septiembre de 1995. Así las cosas, como el tema de la emisión, suscripción, pago y negociación de acciones de las sociedades anónimas, está en el Titulo VI del Libro Segundo del Código de Comercio, a diferencia de lo señalado por el a quo , sí deviene necesaria la aplicación del término prescriptivo establecido en el artículo 235 de la Ley 222 de 1995.
El fundamento de la primera instancia para no aplicar la normativa mencionada se deriva del Oficio No. 220-050582 del 7 de marzo de 2017 de la Superintendencia de Sociedades, el cual se interpretó de manera restringida y por demás equivocada, ya que el mismo hace referencia a que dicho término prescriptivo aplica para acciones administrativas que ejerce esa entidad, cuando la norma expresamente se refiere a las acciones penales, civiles y administrativas.
Entonces, si el promotor tuvo conocimiento del
incumplimiento del contrato
el 30 de abril de 1998, desde esa calenda empieza a correr la prescripción y no desde el 31 de diciembre de 2001, fecha de suscripción del porcentaje final de acciones ofertadas como de manera equivocada lo manifestaron el accionante y el a quo ; en consecuencia, al 15 de enero de 2013, cuando se interpuso la demanda, ya habían transcurrido los cinco años señalados en la norma, y estaba prescrita la acción.
Le asiste razón al apelante en el reparo referido al desatinado señalamiento de la entrada en vigencia del artículo 94 del Código General del Proceso, pues por expresa disposición del canon 627 núm. 4 ibídem, esa norma entró en vigencia en octubre de 2012.
Por lo anterior y solo con fines académicos, en el entendido que al presente asunto le fueran aplicables las normas del Código Civil, los argumentos del inconforme tampoco tendrían vocación de prosperidad, pues aunque el artículo 94 en mención entró a regir el 12 de octubre de 2012, lo que significa que un único requerimiento escrito tiene la virtud de interrumpir el término de prescripción, en el presente caso ello no ocurrió, porque luego de una minuciosa revisión del expediente no se encontró el «aviso judicial No. 71888956664 de Servientrega del 28 de noviembre de 2012» ; en consecuencia, tal y como lo señaló el a quo , el término señalado en la Ley 791 de 2002 no se interrumpió.
En fin, se confirmará la sentencia anticipada objeto de alzada, pero por las razones aquí vertidas.
III. DEMANDA DE CASACIÓN
Con soporte en las causales primera y segunda del artículo 336 del Código General del Proceso se plantearon dos cargos que, en su orden, acusan afrenta indirecta y directa de normas sustanciales, de los cuales se abordará solo el primero porque está llamado a prosperar y es suficiente para derruir la sentencia del Tribunal.
Para tal efecto, se tendrá en cuenta la referida compilación al estar vigente cuando se interpuso el recurso extraordinario en cuestión, de conformidad con el artículo 625 ibidem .
PRIMER CARGO
El fallo del Tribunal viola indirectamente normas sustanciales, por indebida aplicación del artículo 235 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con los preceptos 377 a 418 del Código de Comercio, por errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de hechos, pretensiones y algunos elementos probatorios.
Las consideraciones del ad quem son dispersas y equivocadas, por cuanto no aciertan en el objeto de desatención contractual que fundamenta la acción, al aludir indistintamente a un « derecho de opción de suscripción de acciones », a la « suscripción de acciones » , a una « oferta de opción de suscripción de acciones », y al « contenido accionario ofrecido » , sin entrar a definir su verdadera naturaleza que, como aparece en los hechos de la demanda, y en los medios de convicción, consiste en incumplir la « asignación de un derecho a ejercer una opción de suscripción de acciones », como elemento constitutivo del componente variable del paquete de compensación que hace parte del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre Rica Rondo y Arcila Tobar.
No pueden confundirse la « suscripción de acciones », la « opción de suscripción de acciones », y la « asignación de un derecho a ejercer la opción de suscripción de acciones, y el correspondiente ejercicio de dicho derecho a ejercer la opción ». La primera figura está reglada en la Sección II, Capítulo I, del Título VI del Libro Segundo del Código de Comercio, en particular, el artículo 384 define ese contrato; el 387 el plazo para el pago y el 398 el pago en sí. La segunda, atañe a un negocio jurídico atípico e innominado en el que una de las partes le concede a la otra la facultad exclusiva de decidir, en forma unilateral y facultativa, acerca de la celebración o no de un contrato de suscripción de acciones. En este caso, se trata de un «derecho a ejercer una opción de suscripción de acciones» , lo que implica que, en el evento futuro e incierto en que se ejerza, se emitirán, suscribirán, y pagaran dichas acciones en el plazo acordado, de ahí que ninguna de las normas del Código de Comercio referidas en el fallo impugnado sea pertinente si la opción no ha sido desplegada positivamente y, mucho menos, si el derecho a ejercerla ni siquiera ha sido asignado.
El ad quem estimó que el artículo 235 de la Ley 222 de 1995 era la norma aplicable para resolver la excepción de prescripción extintiva, desechando por completo la Ley 791 de 2002 acogida en el fallo del a quo. Aunque adujo que dicha conclusión la extraía de los hechos y pretensiones de la demanda, lo cierto es que ignoró que los supuestos fácticos de aquella tienen soporte en pruebas como el documento de intención del 12 de octubre de 1995; su otro sí del 9 de mayo de 1996 y las instrucciones dadas al abogado Diego Muñoz Tamayo, que explican los términos y condiciones en que se acordó el componente variable integrado por: i) La asignación de un derecho a ejercer la opción de suscripción de un porcentaje determinado de acciones de Rica Rondo, y ii) El ejercicio del derecho de opción de suscripción de acciones, que solo podía darse si se asignaba el derecho.
Por otra parte, el juzgador hizo referencia a un « contrato de oferta de suscripción de acciones» , imprecisión que es inaceptable, toda vez que el alegado se refería al componente variable del paquete de compensación, puesto que al momento del despido sin justa causa del demandante, acaecido el 30 de abril de 1998, Rica Rondo no había cumplido su obligación de asignarle los derechos de opción, acordados para los años 1996 y 1997 (0.68% por año para un total de 1.36%). No obstante, esa sociedad tenía tiempo suficiente para cumplirla porque el plazo vencía el 31 de diciembre de 2001, según quedó definido en el documento de intención, en el otro sí y en las instrucciones dadas al abogado Muñoz Tamayo.
Sin la asignación del derecho el accionante no podía tomar la decisión facultativa de ejercer o no la opción, y sin el ejercicio de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

y, especialmente, del carácter personal de la excepción de prescripción.
Para apuntalar esa conclusión –que comparto–, la Sala sostuvo que: (i) « tratándose de la excepción de prescripción, solo en el evento en que haya sido oportunamente expuesta y esté provista de sustento factual, podrá el fallador adentrarse a resolverla »; y (ii) dado que la prescripción no puede reconocerse de oficio, el juez « deberá limitarse a verificar si la modalidad rogada está configurada y así declararlo; de lo contrario, deberá desestimarla, sin que en este último evento pueda basarse en otros hechos y, a partir de ellos, reconocer una modalidad diversa a la planteada ».
Dada la anterior construcción, en mi respetuosa opinión habría sido provechoso dejar sentado que, sin obviar las restricciones lógicas y normativas del caso, el juez de la causa tiene cierto margen para extraer un significado racional de proposiciones oscuras, imprecisas, incoherentes o contradictorias, relacionadas con la excepción de prescripción. Dicho de otro modo, que así como ocurre con los hechos y pretensiones de la demanda, el sustento fáctico y normativo de la referida excepción es susceptible de interpretación judicial.
Por supuesto que esa interpretación no debe suplantar las expresiones de voluntad de la parte demandada, como ocurriría si enunciados claros y unívocos –como el que aquí esgrimió Alimentos Cárnicos S.A.S.–, se sustituyen por otros distintos. Pero sí ha de orientarse a esclarecer el verdadero sentido de argumentos que, por su oscuridad o ambivalencia, admiten lecturas heterogéneas, como sucede cuando los hechos que sustentan la prescripción alegada no armonizan con las normas invocadas, o el interesado pasa por alto citar la ley que estima aplicable a su caso, entre otros supuestos.
Reducir la tarea del juez a la simple comprobación de procedencia del supuesto expresamente alegado por el demandado, podría dar a entender que cualquier equivocación en el tenor literal de la excepción de prescripción puede frustrar su prosperidad, o lo que es lo mismo, que es posible denegar una prescripción alegada y consumada solo porque, a modo de ejemplo, se omitió alguna referencia normativa, o la que se hizo fue errada.
Para ilustrar esta cuestión, piénsese en un hipotético ejecutado que, al sustentar su excepción de prescripción, arguye que transcurrieron veinte años entre la fecha de vencimiento del pagaré que se arrimó como base del cobro, y la presentación de la demanda ejecutiva; sin embargo, a renglón seguido invoca el artículo 730 del Código de Comercio, que atañe a la prescripción de las acciones cambiarias derivadas del cheque.
Si al juez de la ejecución le bastara con verificar si la legislación referida por el convocado corresponde a la que es aplicable para el caso en concreto, no podría atender el legítimo reclamo liberatorio del deudor cambiario del ejemplo, resultado que intuitivamente se muestra inadmisible, por contrariar el acceso a la justicia y la prevalencia de los derechos sustanciales que reconocen los artículos 228 de la Constitución Política y 11 del Código General del Proceso.
En ese sentido, considero prudente insistir en que la necesidad de alegar la prescripción, y la consecuente prohibición de reconocerla oficiosamente, no deben dar lugar a que el aparte concreto del escrito en el que se desarrolla ese medio de defensa se transforme en un reducto inexpugnable, que solo permita exégesis literales. Téngase en cuenta que el juez está llamado a interpretar todas las manifestaciones de las partes, de buena fe y guiado por las reglas de la razón, tal como recientemente lo precisó esta misma Corporación, al decir:
« Aunque la labor del intérprete se facilita enormemente si en el escrito de excepciones se especifica la norma que consagra el término de prescripción que quiere invocarse, lo cierto es que el derecho de escoger entre regímenes –cuando ello sea procedente– no puede depender de esa mención, sino del acto volitivo que le precede. Y si el interesado no revela con suficiente claridad su voluntad, es natural que dicho alegato deba analizarse racionalmente, para extraer de allí la voluntad por la que se averigua , tal como lo hizo el tribunal en la providencia impugnada.
Recuérdese que, como lo señaló esta Corporación en la sentencia SC3724-2021, 8 sep., “el debate acerca de la realización de los derechos sustanciales (...) no puede quedar reducido a verificar si [se] incluyó (...) una expresión en concreto, porque ese detalle –anecdótico– no releva al juez de su designio de restablecer el orden justo y proveer la tutela efectiva de los derechos de las personas . [E]l juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jurídico, pero no mecánico , auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal , porque debe trascenderse su misma redacción, para descubrir su naturaleza y esencia (...). Y en este punto es menester acotar que no se trata de restringir o menoscabar las potestades hermenéuticas del juzgador, ni mucho menos que al conjuro de un determinado vocablo utilizado por el actor, quede irremediablemente ligado a esa expresión.
Por el contrario, ya se ha recalcado, y nuevamente se enfatiza, que el juez tiene el deber de desentrañar el verdadero y más equitativo sentido de la demanda, por supuesto, sin distorsionarla, labor en cuya realización puede acontecer que el demandante, descuidada o ambiguamente sitúe su petición en [un] ámbito (...) pero al exponer el objeto de su reclamación o la causa para expedir evidencie con nitidez lo contrario (...), pues en esa hipótesis deberá el juzgador emprender el ejercicio intelectivo pertinente, enderezado a establecer el genuino sentido de dicho libelo, sin que necesaria e ineludiblemente deba atenerse a la denominación que al desgaire le hubiere imprimido el accionante (CSJ SC, 16 jul. 2008, rad. 1997-00457-01)”.
(...) La doctrina probable de la Corte –que se refiere principalmente a la demanda, pero es aplicable a cualquier otra pieza del expediente– muestra que al juez no le es vedado extraer de las manifestaciones de las partes algún contenido específico, como lo sería la legislación que debe regir el cómputo del término de una prescripción extintiva . Cabe precisar que esta facultad no se opone a la prohibición de reconocer oficiosamente el aludido fenómeno extintivo en este caso concreto, porque la excepción pertinente se propuso en tiempo (...). En ese contexto, la falta de alusión a un régimen legal específico no suprime el hecho de que la defensa de prescripción fue oportunamente alegada, ni mucho menos puede entenderse como una renuncia a prevalerse de los efectos de dicha defensa , ya que no se verifica ninguno de los supuestos del artículo 2514 del Código Civil » (CSJ SC712-2022).
Las razones expuestas fundamentan mi aclaración de voto, con comedida reiteración de mi respeto por la Sala de Casación Civil.
Fecha ut supra,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1297-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-06-06. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2013-00011-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1297-2022%20%5B2013-00011-01%5D).
