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clave: "corte_suprema:providencia:SC129-2023 [2013-00035-01]"
titulo: "Corte Suprema: en esos movimientos, se extrajeron de la cuenta de la demandante un total de $929.095.240"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-06-09"
radicado: "2013-00035-01"
numero: "SC129-2023"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: en esos movimientos, se extrajeron de la cuenta de la demandante un total de $929.095.240

- **Título oficial / radicado:** SC129-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-06-09
- **Radicado:** 2013-00035-01
- **Número:** SC129-2023
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC129-2023%20%5B2013-00035-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC129-2023%20%5B2013-00035-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIzL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS82Li0gSnVuaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzEyOS0yMDIzIFsyMDEzLTAwMDM1LTAxXS5kb2N4/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

El daño, en tanto agravio cierto que justifica que la víctima reclame una indemnización del demandado debe ser cuestión sobre la que no se albergue ninguna duda.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

Para la Corte, resulta improcedente que un profesional en la gestión de inversiones elija cuáles instrucciones de sus clientes atender, y cuáles no; y también lo es que dichas instrucciones sean interpretadas al arbitrio del gestor, y en el único sentido que impide derivar de ellas algún efecto útil. En consecuencia, el ad quem sí incurrió en un yerro de valoración, aunque mucho menor que el denunciado. Por consiguiente, las cuatro transacciones aludidas también quedarían sometidas a la solución que postuló la sentencia de segunda instancia, conforme a la cual la demandada no tenía el deber jurídico de asumir las consecuencias perniciosas de las operaciones ordenadas por Rey Pinzón y Bedoya Cerquera, respecto de las cuales no hubiera sido viable exigir una de las “llaves de firmas” previstas en el documento de 7 de febrero de 2007. En esos movimientos, se extrajeron de la cuenta de la demandante un total de $929.095.240.

## Cita textual

> la indemnización no constituye fuente de enriquecimiento

## Texto del documento

Radicación n.° 11001-31-03-041-2013-00035-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC129-2023
Radicación n.° 11001-31-03-041-2013-00035-01
(Aprobado en sesión de dos de marzo de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintitrés (2023).
Se decide el recurso extraordinario de casación que interpuso la parte convocante frente a la sentencia de 19 de noviembre de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo promovido por Fajobe S.A.S. contra Correval S.A. (hoy Credicorp Capital Colombia S.A.).
ANTECEDENTES
1. Pretensiones .
La sociedad actora solicitó declarar que entre ella y la convocada se celebró un contrato de «cartera colectiva, en los términos establecidos en el formulario de apertura de cuenta FONVAL de 18 de diciembre de 2000»; que, dadas las limitaciones de esa convención, « no le estaba permitido a Correval realizar operaciones o inversiones a nombre de Fajobe en productos de renta variable »; y que « Correval estaba obligada a cumplir las instrucciones de manejo de cuentas otorgadas (...) en carta de febrero 7 de 2007 ».
Asimismo, reclamó que « se declare que no es oponible a Fajobe el contrato para la administración de valores celebrado entre Alejandro Rey Pinzón, en nombre propio, y Correval, el 4 de julio de 2006 »; que « se declare que entre Fajobe y Correval no existió un contrato de administración de valores », y que « se declare que Correval incumplió sus obligaciones como comisionista de bolsa para con Fajobe, en todos aquellos caos en que desatendió las instrucciones de manejo de cuenta impartidas por Fajobe, y en aquellos en que intermedió (...) en operaciones de bolsa que no estaban autorizadas dentro de la relación contractual existente entre las partes ».
Consecuencialmente, pidió que se condenara a su contraparte a pagar $1.885.134.820 « por los perjuicios causados como consecuencia de las transferencias y/o pagos efectuados a favor de Alejandro Rey Pinzón »; $253.185.140 « por los perjuicios causados como consecuencia de las transferencias y/o pagos efectuados a favor de John Leonardo Bedoya »; $966.000.000 « por los perjuicios causados como consecuencia de retiros o traslados en efectivo (...) autorizadas (sic) por Alejandro Rey y/o John Bedoya »; $1.3636.094.708 « por concepto de pérdida en inversiones en acciones »; $174.182.372 « por concepto de las pérdidas sufridas como consecuencias de operaciones denominadas fondeo de acciones »; $279.270.224 « por concepto de pérdidas sufridas como consecuencia de la compra y venta de TES »; $272.615.986 « por concepto de comisiones descontadas (...) generadas en operaciones de inversión de acciones »; y $72.294.087 « por los perjuicios sufridos al no haber podido descontar el IVA pagado a nombre de Fajobe ».
En subsidio, persiguió los mismos resarcimientos, pero ahora como resultado de declarar que « Correval incurrió en conductas abusivas e ilegales al permitir la apertura irregular de cuentas de administración de valores a nombre de Fajobe, y al intermediar operaciones de bolsa que no estaban autorizadas dentro de la relación contractual existente entre las partes ».
2. Fundamento fáctico.
2.1. Entre las partes se celebró « un contrato de cartera colectiva para la apertura de un producto denominado FONVAL cartera colectiva », cuyo destino exclusivo de inversión eran especies de renta fija en Colombia.
2.2. Durante las anualidades 2000 a 2005 « Fajobe no negoció operaciones diferentes a las de renta fija, aspecto que además quedó ratificado en las condiciones mencionadas en la actualización de 2007 del registro de firmas ».
2.3. Sin reparar en las condiciones iniciales pactadas, y en desarrollo de un contrato para la administración de valores suscrito con Alejandro Rey Pinzón –gerente financiero y segundo suplente del representante legal de Fajobe–, a partir del mes de julio del año 2006 Correval comenzó a ejecutar, con fondos que pertenecían a la actora, diversas operaciones de renta variable –principalmente compraventa de acciones en el mercado bursátil–.
2.4. Todas esas operaciones, así como varios giros desde las cuentas de la demandante a las cuentas personales de los ordenantes, fueron autorizados por el propio Alejandro Rey Pinzón, en asocio con su colaborador y cómplice, John Alejandro Bedoya Cerquera, también empleado del área financiera de Fajobe.
2.5. Por instrucción escrita de la sociedad actora, todas las transferencias superiores a 12 SMLMV que se originaran desde sus cuentas requerían la aprobación de dos empleados con un rol denominado « firma tipo “A” ». Pese a ello, Correval ejecutó todas las órdenes ilegítimas signadas por Rey Pinzón y Bedoya Cerquera, quienes tenían claves de firmas « tipo “A” » y « tipo “B” », respectivamente.
2.6. Fajobe « nunca recibió extractos ni información relacionada con el movimiento de una cuenta (...) , o de haberse recibido, probablemente fueron destruidos y ocultados por los señores Alejandro Rey Pinzón y John Alejandro Bedoya ».
2.7. En el mes de octubre de 2009, y « luego de la salida de Alejandro Rey de Fajobe, [se] empezaron a descubrir innumerables movimientos efectuados sin [el] consentimiento [de la sociedad] , manipulados de manera directa y personal por Alejandro Rey y John Bedoya, con la complicidad de Carolina Stahelin (...) , asesora comercial de Correval, a cargo de la cuenta de Fajobe ».
2.8. Es evidente que « la conducta de Correval permitió a unos terceros enriquecerse con dineros de propiedad de Fajobe. Los movimientos financieros efectuados por Alejandro Rey Pinzón y John Leonardo Bedoya no guardaban relación con su calidad de empleados asalariados de Fajobe. El desmesurado aumentos de sus patrimonios personales entre los años 2007 a 2009 fue conocido por Correval, sin que dicha situación generara algún reparo o sospecha ».
2.9. Todas las operaciones ideadas para defraudar a Fajobe, pudieron ejecutarse porque la demandada permitió realizar inversiones de renta variable y no efectuó ningún control a las claves de firmas; además, « se presentó una evidente violación de las conductas propias del mercado de valores (sic) , tales como exceso de mandato, ejercicio indebido del nombre y recursos del cliente, conflicto de intereses, entre otros ».
2.10. Al desatender « las instrucciones impartidas, e ignorar impunemente las conductas propias del mercado de valores, Correval permitió que Alejandro Rey Pinzón y John Leonardo Bedoya obtuvieran un beneficio personal con los recursos de Fajobe, causando graves perjuicios económicos a esta última. Adicionalmente, mientras permitía la utilización indebida de recursos de su cliente, Correval ganó y sacó provecho de las inversiones personas que efectuaban los señores Rey y Bedoya (...) cobrando las respectivas comisiones ».
2.11. Las operaciones que se realizaron con dineros de Fajobe, pero que estaban « destinadas a favorecer personalmente a Alejandro Rey Pinzón, ascendieron a la suma de $1.885.134.820 », mientras que « las destinadas a favorecer a Alejandro Bedoya, ascendieron a la suma de $253.185.140 ».
2.12. Las inversiones en acciones que se realizaron en contravía de lo pactado, « dejaron pérdidas para Fajobe por valor de $1.363.094.708 (...) , teniendo en cuenta el emisor de las acciones que se adquirieron o vendieron, el valor de las compras, el valor de las ventas, y la diferencia entre el valor de venta y el de compra ».
2.13. También se produjeron detrimentos cuantiosos « como producto de la operación de fondeo de acciones »; y como resultado de inversiones fallidas en TES; cobro de comisiones e IVA liquidados por Correval, y « retiros y/o traslados de efectivo autorizados por Alejandro Rey Pinzón y John Alejandro Bedoya ».
2.14. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades. Para la fecha de presentación de la demanda, la causa penal adelantada contra los involucrados en el desfalco cursaba la etapa preparatoria.
3. Actuación procesal.
3.1. Enterada del auto admisorio, la convocada se opuso a las pretensiones, objetó el juramento estimatorio y formuló las defensas que denominó «inexistencia de los supuestos incumplimientos a los contratos por parte de Correval»; «Fajobe estuvo debida y plenamente representada en su relación con Correval»; «Fajobe podía llevar a cabo inversiones en renta variable»; «ratificación de los actos por parte de Fajobe»; «Correval no estaba obligado a cumplir con las instrucciones a que hace referencia la comunicación del 7 de febrero de 2007»; «mandato aparente»; «el demandante no puede alegar su propia culpa»; «Fajobe tenía conocimiento de su actividad en el mercado de valores a través de Correval»; «Fajobe no sufrió perjuicios – reintegro de los recursos por parte de Alejandro Rey Pinzón y John Leonardo Bedoya»; «Correval no puede responder por los giros que de otros bancos hiciera Fajobe a las cuentas de Correval»; «Correval no obtuvo provecho indebido»; «compensación» e «inexistencia de responsabilidad contractual».
3.2. La demandada también llamó en garantía a Alejandro Rey Pinzón y John Leonardo Bedoya Cerquera. El primero permaneció silente durante el término de traslado del llamamiento; el segundo se notificó a través de curador ad litem, quien dijo « estarse a lo probado ».
3.3. Asimismo, Correval presentó demanda de mutua petición, solicitando el reembolso de $122.876.469, que habría pagado a Fajobe por concepto de utilidades derivadas de distintas operaciones de renta variable.
3.4. La demandada en reconvención se opuso al petitum de la comisionista de bolsa, esgrimiendo las excepciones denominadas «falta de legitimación en la causa por activa»; «inexistencia actual del derecho reclamado»; «inexactitud en los resultados relacionados por Correval en el hecho 4 de la demanda de reconvención», y «compensación».
3.5. En sentencia de 30 de septiembre de 2019, el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de ambas demandas –principal y de mutua petición–.
Contra esa determinación, Fajobe interpuso recurso de apelación, al que se adhirió Correval en el decurso de la segunda instancia.
SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante fallo de 19 de noviembre de 2021, el tribunal confirmó lo resuelto por el juez a quo , con apoyo en los siguientes razonamientos:
(i) Es principio del derecho « que nadie puede cambiar su propio designio en perjuicio de otros, más conocida como la prohibición de actuar en contra de los actos propios, cuyo sustento demanda la exigencia de un comportamiento claro, sensato y coherente de los integrantes de la colectividad; de ahí que, la determinación de una u otra conducta, según su extensión y efectos, vista en retrospectiva, permita precisar si lo ha cumplido en la misma línea de lo que antes había ejecutado o exteriorizado ».
(ii) Del material probatorio recaudado se deduce que la actora principal « preten[de] desconocer contratos y negociaciones por parte de la demandante, cuando para la época de los criticados hechos y ante la misma entidad, direccionó su comportamiento a ejercer (...) las operaciones de las que hoy se duele, para ahora, en contra de sus propios designios, en ejercicio de un contrato consensual, buscar que se le indemnice frente a operaciones de igual raigambre ».
(iii) Es pertinente agregar que « el señor Betancourt, en asocio con quien hoy acusa de orquestar un complot financiero a su espalda, señor Alejandro Rey, solicitaron a Correval que se hiciera una transferencia por la suma de $ 1.000.000.000 de la cuenta APT a la de Fajobe. De nuevo, llama la atención que hoy se procure la inoponibilidad de todas las operaciones distintas a renta fija y con cargo exclusivo a la cuenta del contrato de cartera colectiva, cuando con antelación su comportamiento anduvo bien distante de esa presunta ingenuidad, pues se distinguieron portafolios adicionales al de renta fija y se autorizaron transferencias de activos entre estos ».
(iv) Debe tenerse en cuenta que « Francisco Betancourt designó como ordenante del producto a, entre otros, Alejandro Rey, luego en principio, desde aquel entonces y hasta 2007, fecha en que se radicó el instructivo de firmas (...) , no se puede endilgar insuficiencia del poder. Interregno en el cual se dio el registro de firma autorizada en beneficio de John Leonardo Bedoya (...) , por parte de Alejandro Rey, quien ostentaba la calidad de representante legal suplente (art. 442 C. Co.) y pese a que el señor Betancourt, en el interrogatorio decretado oficiosamente, indicó que no tuvo ausencias, también lo es que narró que para ese periodo se faltó por 6 meses en ejercicio de un año sabático ».
(v) Si fuera cierto que «[el] gerente financiero y [el] director financiero no estaban autorizados para efectuar operaciones en nombre de Fajobe », no se explicaría cómo la misma sociedad actora, « mediante carta de noviembre 5 de 2009, hubiera comunicado a Correval que “…me permito informales que las personas relacionadas a continuación y quienes tienen firma autoriz

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

sentencia censurada por vía de casación, no es posible adjudicarla, siempre, a un error de derecho en materia probatoria por parte del respectivo juzgador, pues, lo tiene decantado la Corte, que tal desatino se descarta, por ejemplo, en hipótesis en las que el desgreño de la parte interesada o su falta de interés en la práctica de un determinado medio suasorio, es el que provoca el estado de incertidumbre fáctica y la consecuente solución del caso con las reglas de la carga de la prueba; o también en eventos, donde el contenido de la prueba que se dice debió haberse decretado ex officio no existe en el expediente o tampoco está insinuado”» (referencia propia del texto citado).
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4.2. Atendiendo los criterios del precedente, puede afirmarse que quien acude como demandante a un proceso de responsabilidad civil, negocial o extranegocial, tiene la carga de presentar al juez de la causa no solo su versión de los hechos, sino también los elementos de prueba tendientes a confirmar el fundamento de sus aspiraciones, entre los que se cuentan la existencia y extensión del daño padecido.
En esa afirmación subyace el reconocimiento de que el daño tiene dos dimensiones jurídicas distintas. Una es su existencia , traducida en la ya referida lesión de un interés, material o moral, objeto de tutela jurídica, resultante de la interacción injusta entre la conducta o actividad del agente dañador y el proyecto de vida de la víctima. En este sentido, pueden considerarse como especies de “daño” el menoscabo a la integridad física de una persona; la destrucción de un activo de su propiedad, una pérdida patrimonial, o ciertas faltas de respeto.
La segunda dimensión es su extensión, esto es, el efecto concreto de la interacción injusta en el interés material o moral tutelado. Así, por ejemplo, un daño puede abarcar el costo del tratamiento médico que requiere la víctima tras un accidente; las ganancias que esta dejó de percibir por la avería de un bien productivo, o la afectación a su buen nombre provocada por cierta imputación deshonrosa. Si esas secuelas son susceptibles de ser valoradas a precios de mercado, se llamarán daños patrimoniales , y si son inconmensurables, se considerarán extrapatrimoniales .
A partir de esa diferenciación, la Corte ha defendido con ahínco que, salvo circunstancias excepcionales, es carga del actor acreditar la dimensión existencial del daño. En cambio, ha considerado pertinente asumir un rol más proactivo en lo que atañe a su extensión, de modo que, si a pesar de los esfuerzos razonables de la víctima, no logra recaudarse evidencia suficiente para su adecuada cuantificación, el juez de la causa puede decretar oficiosamente las pruebas necesarias para superar ese vacío.
Con todo, cabe anotar que esa intervención oficiosa debe tener por propósito la realización de la justicia, razón por la cual no puede servir para encubrir los efectos de un actuar negligente o incurioso del demandante, sino solamente como complemento de sus esfuerzos, tal como ocurre cuando se necesita clarificar alguna variable puntual del reclamo, imprescindible para calcular el importe exacto de la pérdida denunciada (como el ingreso de la víctima, el valor exacto de un bien, etc.). No se olvide que
« la atribución para decretar pruebas de oficio no es ilimitada o absoluta, ni puede servir de pábulo para suplir la falta de diligencia de las partes, pues de otra forma, se desdibujaría el equilibrio judicial que gobierna a los litigios y que impone respetar las cargas probatorias procesales que la normatividad vigente ha reservado para cada uno de los sujetos que intervienen en esa relación procesal » (SC10291-2017; reiterada en SC282-2021).
4.3. Así las cosas, refulge la impertinencia del último alegato de la casacionista, pues como ya se dejó sentado, lo que quedó sin demostración en esta tramitación fue la causación misma del daño atribuido a Correval –es decir, la existencia de una pérdida o detrimento patrimonial cierto–, lo cual constituiría el presupuesto mínimo de cualquier reclamo indemnizatorio.
Además, la orfandad demostrativa no obedeció a causas exógenas, sino a la estrategia de la propia demandante, que voluntariamente decidió concentrar toda su atención en el análisis de los movimientos de la cuenta « de renta fija » que tenía en la comisionista de bolsa demandada, esmerándose por mantener total opacidad sobre sus propios registros financieros y contables.
La información que aquí se extraña, de existir, se encontraría en manos de la misma actora, pues de lo que se trataba en este juicio era de evidenciar los rastros de una pérdida económica sufrida por ella. Y aunque la Corte entiende que la manipulación de la contabilidad de Fajobe por parte del señor Rey Pinzón pudo haber dificultado esa tarea, lo cierto es que un comerciante no puede permitirse que sus cuentas se mantengan alteradas por tiempo indefinido; de hecho, su deber es deshacer con premura todas las incorrecciones de sus estados financieros, so pena de perpetuar su efecto nocivo en el futuro.
Ante este panorama, cualquier intervención oficiosa de la jurisdicción se mostraría nociva, pues no estaría orientada por un fin justo o equitativo, sino por la necesidad de superar un escenario de non liquet probatorio creado por Fajobe, que fue quien decididamente insistió –incluso en sede de casación– en confiar toda su suerte a una única prueba técnica, diseñada con innumerables inconsistencias, sesgos y errores conceptuales.
5. Conclusión.
Más allá de que el tribunal incurriera en alguno de los yerros denunciados, lo cierto es que la decisión de denegar las pretensiones elevadas por Fajobe resulta razonable, no solo porque muchos de los incumplimientos alegados no se acreditaron, sino también porque el daño, piedra angular de cualquier reclamo indemnizatorio, quedó ayuno de prueba, por causas atribuibles a la actora, y que, por lo mismo, descartaban la necesaria intervención oficiosa de los jueces de instancia.
Por consiguiente, el único cargo propuesto no prospera.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 19 de noviembre de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo promovido por Fajobe S.A.S. contra Correval S.A. (hoy Credicorp Capital Colombia S.A.).
SEGUNDO. COSTAS a cargo de la parte demandante. Liquídense en la forma que prevé el artículo 366 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta la cantidad de diez (10) SMLMV, que el Magistrado Sustanciador señala como agencias en derecho de esta actuación.
TERCERO. REMÍTASE el expediente a la autoridad judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidenta de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC129-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2023-06-09. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2013-00035-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC129-2023%20%5B2013-00035-01%5D).
