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clave: "corte_suprema:providencia:SC12743-2017 [2007-00086-01]"
titulo: "Corte Suprema: la tasa de interés cobrada no fue fija, sin que se condonaran los moratorios"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2017-08-23"
radicado: "2007-00086-01"
numero: "SC12743-2017"
ponente: "Alvaro Fernando Garcia Restrepo"
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# Corte Suprema: la tasa de interés cobrada no fue fija, sin que se condonaran los moratorios

- **Título oficial / radicado:** SC12743-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2017-08-23
- **Radicado:** 2007-00086-01
- **Número:** SC12743-2017
- **Ponente:** Alvaro Fernando Garcia Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC12743-2017%20%5B2007-00086-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC12743-2017%20%5B2007-00086-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE3L0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY2lhIFJlc3RyZXBvLzguIEFnb3N0by9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTI3NDMtMjAxNyBbMjAwNy0wMDA4Ni0wMV0uZG9j/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 45 de 1990
- Ley 546 de 1999
- Decreto 1229 de 1972

## Extracto

Traduce lo anterior, que se equivocó grandemente el sentenciador de segunda instancia al ponderar la demanda, pues vista ella integralmente, esto es, apreciadas en conjunto sus diferentes partes, especialmente, la totalidad de sus pretensiones y sus fundamentos fácticos, resulta ostensible que con tal libelo se propuso la acción de revisión contractual contemplada en el artículo 868 del Código de Comercio, respecto del mutuo celebrado por los litigantes, y no, como lo coligió dicha autoridad, una acción dirigida a obtener, de forma autónoma, la reliquidación del crédito de vivienda concedido a los actores y la devolución de los valores presuntamente pagados en exceso por ellos. Con apoyo en la referida liquidación, el auxiliar de la justicia, en resumen, conceptuó (fls. 49 a 59, cd. 2): La tasa de interés cobrada no fue fija, sin que se condonaran los moratorios. Las UNIDADES DE VALOR REAL (UVR) “CAPITALIZAN INTERESES” .

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n.° 20001-31-03-003-2007-00086-01
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC12743-2017
Radicación n.° 20001-31-03-003-2007-00086-01
(Aprobado en sesión de veinticinco de enero de 2017)
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecisiete (2017).-
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que interpuso el BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA S.A. , frente a la sentencia proferida el 8 de agosto de 2012, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario que contra él adelantaron los señores ROSARIO VIZCARRA BERNAL y BALMIRO JOSÉ CARRILLO MAESTRE .
ANTECEDENTES
1. En el escrito con el que se dio inicio a la presente controversia, militante en los folios 1 a 7 del cuaderno No. 1, se formularon las pretensiones que a continuación se transcriben:
Primera: Que se declare que se ha presentado la alteración de las bases subjetivas y/o de la causa, que motiv [aron] a mis poderdantes a celebrar el respectivo contrato de mutuo con intereses con el BANCO GRANAHORRAR S.A. hoy BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA ‘BBVA S.A.’ , (…).
Segunda: Que se declare, igualmente, que se han presentado circunstancias extraordinarias o imprevisibles, con posterioridad a la celebración del contrato de mutuo, que ha [n] gravado la carga prestacional de mis poderdantes, generando un inminente peligro de incumplimiento en el inmediato futuro.
Tercera: Que como consecuencia de estas declaraciones, ordene la revisión de los contratos, al tenor de lo consagrado en el art. 868 del C. de Co., pues el seguir ejecutando los contratos en las condiciones (…) que (…) ha provocado la entidad demandada, a más de ser exagerad [o] y excesivamente oneroso (…) para mis poderdantes, lo ha hecho imposible de cumplir en las condiciones en que actualmente se encuentra.
Cuarta: Que la revisión que usted, señor juez, ha de decretar en la forma pedida en la petición que precede, consiste en ordenar reliquidar el crédito contenido en el pagaré N° 4509 0001046-0 , suscrito en diciembre 2 de 1997, por valor de $110’808.000,oo , deuda pactada por pago por instalamentos mensuales, de tal manera que desde que empezó a ejecutarse el contrato de mutuo por parte de mis prohijados, la línea de crédito moneda corriente en los créditos de modalidad ordinaria, se liquiden con base en el índice de precios al consumidor (IPC) que certifique el Dane, año tras año, siempre y cuando el IPC no supere en el año correlativo a la corrección monetaria, históricamente año tras año, es decir, que siempre ha de liquidarse el crédito con la variable más favorable al deudor, pues es la forma equitativa de remuneración que mis poderdantes deben pagar por el capital prestado, y es la ganancia equitativa que la entidad demandada debe percibir por su capital puesto en préstamo a mis mandantes.
Quinta: Que, en consecuencia, esa revisión debe hacerse desde cuando la misma celebración del contrato se llevó a cabo. Hecho que ocurrió en la ciudad de Valledupar, lugar donde se cumple a plazos la obligación, tal como se desprende de los documentos que se anexan, pues desde ese momento mis poderdantes no tenían conocimiento de la dimensión y alcance de la remuneración que tenía [n] que pagar por el dinero que recibían en préstamo por parte de la entidad demandada, ni la entidad les explicó el alcance de lo que les hacían firmar en el pagaré que contiene el contrato de mutuo.
Sexta: Que en subsidio de la pretensión cuarta que precede, la revisión debe hacerse ordenando que se elimine del contrato la tasa de interés efectivo que se adiciona a la corrección monetaria que la entidad demandada ha cobrado abusivamente, a sabiendas de que dentro del valor nominal de cada UVR ya va incluido un valor o precio por interés, al tenor de lo consagrado en la ley 45 de 1990 en su art. 64, obrante en concordancia con la Ley 546 de 1999, de tal forma que se debe reliquidar el crédito desde que se empezó a ejecutar el contrato por mis poderdantes, hasta cuando se ordene la revisión.
Séptima: Que como consecuencia de la revisión de los contratos existentes entre mis mandantes y la entidad demandada, al estar mis poderdantes seguro [s] del desequilibrio en que se ha [n] puesto por el cobro excesivo de cada cuota, se condene a la entidad demandada a devolver a mis prohijados el exceso de lo pagado en cada una de las cuotas ya canceladas, con lo que se lograría la llamada relación de equivalencia, para los demandantes que por causa del hecho imprevisto están ad portas de incumplir con los pagos, lo mismo que estabilizar la finalidad del contrato que tuvo al momento de la celebración del contrato de mutuo, como lo es la de alcanzar una vivienda digna como situación y derecho fundamental constitucional, connatural a la dignificación humana.
A la suma de dinero resultante, y de la que aquí se hace referencia, se le deberá adicionar el porcentaje correspondiente a la corrección monetaria ( [i] ndexación) de acuerdo con la certificación que expida el Banco de la República, más los intereses corrientes establecidos para las entidades bancarias tal como están establecido [s] en el Código de Comercio, por el término que transcurra hasta que se de el pago total de la obligación.
Octava: Que como efecto de la declaratoria de revisión del contrato de préstamo cambiario hipotecario entre mis poderdantes y la demandada, se revise este contrato eliminando el cargo adicional que mis poderdantes tienen, como lo es el pago de un seguro de terremoto e incendio, el que debe estar a cargo de la entidad demandada, ya que es la titular del riesgo y el interés asegurable del objeto jurídicamente amparado que es el crédito.
Novena: Que como consecuencia de la revisión de los contratos existentes entre mis mandantes y la entidad demandada, en el evento en que el exceso pagado, no solo afecte en su resultado a los intereses cancelados, sino también el capital pagado, en concordancia con el tenor del Art. 72 de la Ley 45 de 1990, se servirá el señor Juez decretar extinguida la obligación contenida en el pagaré N° 4509 0001046-0 , (…).
De igual manera, si resulta un excedente a favor de mis prohijados por causa de un cobro excesivo en el capital y los intereses, ordene usted a la demandada a devolver ese valor a mis mandantes, dinero al que se le deberá adicionar el porcentaje correspondiente a la corrección monetaria ( [i] ndexación) de acuerdo con la certificación que expida el Banco de la República, más los intereses corrientes establecidos para la entidades bancarias tal como están establecido [s] en el Código de Comercio, por el término que transcurra hasta que se de el pago total de la obligación.
Décima: Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas que el ejercicio de esta acción ocasione.
2. En sustento de tales súplicas, se adujeron los hechos que pasan a resumirse:
2.1.
La suscripción por parte de los actores, en favor de la entidad accionada, del pagaré relacionado en las pretensiones, “deuda pactada por pago por instalamentos mensuales a una tasa efectiva de interés anual del 14.0% más la tasa variable correspondiente a la corrección monetaria, contrato de mutuo con intereses, regido por el sistema crediticio de Unidad de poder Adquisitivo Constante, Upac, hoy UVR” , con garantía hipotecaria constituida sobre el inmueble ubicado en la carrera 7 A N° 6-42 de Valledupar, identificado también por los linderos y características suministrados en el hecho segundo del libelo de que se trata.
2.2.
Dicho crédito, al momento de la presentación de la demanda, se encontraba al día en el pago, sin que, para entonces, se tuviera noticia de la existencia de algún proceso ejecutivo promovido por el banco aquí convocado.
2.3.
Tal contrato de mutuo, con el paso del tiempo, sufrió “una serie de variaciones” , así:
2.3.1.
En primer lugar, desaparecieron “los motivos” que indujeron a los promotores del juicio a celebrarlo, que fueron la consecución de una vivienda y, con tal adquisición, mejorar sus activos patrimoniales, en beneficio de la familia que tienen conformada, toda vez que “la entidad demandada, al igual que las demás de su clase, empezaron a desvirtuar el fin o el espíritu de los créditos hipotecarios de vivienda inicialmente regidos por el Decreto 1229 de 1972, últimamente regulados por la Ley 546 de 1999, dándole al contrato de mis clientes un tratamiento de préstamo comercial que ha desbordado todas las posibilidades de pago” , amén que ellos “creyeron que la sumatoria de las 180 cuotas iban a estar representadas en el valor nominal del predio sobre el cual recaía la garantía hipotecaria, pero resulta que el valor del predio fue quedándose rezagado frente al desbastador aumento del valor del crédito que se ha ido acumulando, hasta llegar al punto de no retorno en que el valor de predio no alcanza para garantizar el pago de la inflada deuda que existe en la situación personal de mis poderdantes” .
2.3.2.
Y en segundo término, con posterioridad a su celebración, surgieron una serie de “circunstancias imprevistas” que lo afectaron negativamente, como fueron:
a) Los “efectos del manejo que las autoridades monetarias han dado de manera omisiva al sistema de financiación por la línea UVR, la cual ha ido cayendo en los mismos vicios que se presentaron con el Upac” .
b) El “aumento desmesurado, injusto e insensible del valor de cada UVR y del manejo caprichoso que a las condiciones financieras del crédito le ha dado la entidad demandada” , particularmente, porque a esas unidades “se le suma una absurda, corrupta e inequitativa tasa de intermediación” .
c)
La determinación adoptada por los bancos, pese a la Ley 546 de 1999 y a las normas reglamentarias de la misma, respecto de “las tasas de interés realmente aplicadas a los créditos hipotecarios de vivienda” , como quiera que fruto de ellas, se ha colocado nuevamente a los deudores en “una circunstancia de no retorno, tal como la que viven mis prohijados, consistente en que el valor de la cuota de amortización mensual del mutuo se ha visto más alejada de [su] capacidad de pago” .
d)
La “recesión económica que vive nuestra región a partir de la histórica situación socioeconómica por la que ha venido atravesando, acompañada de políticas económicas del mismo Estado que no mira la protección a las clases menos favorecidas, sino que deja todo al juego de la libre oferta y demanda, que imponen los emporios económicos financieros, que validos de normas permisivas convierten a cautos e indefensos deudores en víctimas de su sistema, impuesto a espaldas de la equidad que se pregona en los Arts. 51 y 458 de nuestra Constitución Nacional” .
e)
Los “insospechados niveles bajos de ingresos que han sufrido los colombianos, ya sea con ingresos laborales o por medio de labores o profesiones independientes lo que es un hecho notorio” .
2.4.
Como consecuencia de lo anterior, el referido crédito quedó incurso en un acentuado “desequilibrio financiero” , el cual, de un lado, ha sido “soportado por un solo extremo del contrato” (deudores) y, de otro, “fue o está siendo propiciado” por el otro extremo (acreedor), puesto que las condiciones reales del contrato han conducido a que los gestores de la controversia no hayan obtenido, ni vayan a obtener, “ninguna utilidad” , mientras que, por el contrario, el banco se ha lucrado “desproporcionadamente” con él, “enriqueci [éndose] injustamente a costa del detrimento patrimonial de los deudores (…), quienes en forma desesperada ven cómo sus ingresos van a parar a las arcas de la entidad demandada y como contraprestación recibe [n] diariamente un aumento injusto del valor del crédito” , que los expone a verse imposibilitados “de pagar las cuotas pactadas” , esto es, a “no poder seguir ejecutando el contrato en la forma convenida” .
2.5.
Los aludidos cambios son ajenos a los accionantes, pero podían ser “presumid [o] s por la entidad demandada” , habida cuenta que los primeros no son expertos en “análisis financiero matemático” , ni ocupan en el contrato una “posición dominante” , condiciones que sí son predicables en relación con la segunda.
2.6.
Los gestores del litigio celebraron el contrato base del mismo de buena fe, en tanto que el banco no, lo que se infiere de su “conducta abusiva” ; de “la falta de información a los clientes, ya que (…) nunca advirtió a [aquéllos] sobre los efectos de la forma de liquidación de la Upac, hoy de la UVR” ; y de que “con su comportamiento ha variado el sentido y deber social que le impone el Art. 58 de la Constitución Política (…), pues nadie más que los bancos (…) deben orientar su conducta a desarrollar el principio de emplear la propiedad en busca de la equidad, para que el manejo de ese patrimonio, como lo es el dinero, vaya orientado a buscar un equilibrio justo entre las partes y no aprovechar situaciones de debilidad de su contraparte, rompiendo al mismo tiempo el principio de confianza y de la buena fe (Art. 83 ibídem) que todo

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tes demostraran lo contrario, esto es, que pese a las disposiciones de la Ley 546 de 1999, la determinación de la corrección monetaria comprendió algún elemento extraño al IPC, lo que ellos no hicieron.
Llegados a este punto, debe relievarse que, aparte de la prueba documental, la única solicitada por la parte actora y que, en efecto, se decretó y practicó, fue el dictamen pericial rendido por el señor Orlando Amaris Mcausland, que obra en los folios 49 a 59 del cuaderno No. 2, aclarado y complementado mediante escrito militante en los folios 134 a 136 siguientes.
Dicho medio de convicción, como se señaló y analizó al estudiarse el único cargo propuesto en casación, fue objetado por error grave por la parte demandada, quien, en frente del mismo, reprochó, fundamentalmente, que el auxiliar de la justicia, al reliquidar el crédito, no aplicó la Circular Externa No. 0007 del 2000, expedida por la, en ese tiempo, denominada Superintendencia Bancaria; tomó como valor inicial de la deuda uno distinto al real; imputó doblemente el alivio ordenado en la Ley 546 de 1999; y contabilizó pagos inexistentes.
El juzgado del conocimiento desestimó dicho reclamo, en razón a que tanto el nombrado perito, como el experto Gabriel Sánchez, quien elaboró el “informe técnico” que el banco allegó con el escrito de objeciones (fls. 151 a 158, cd. 2), “actuaron con la mayor idoneidad” , elaboraron un trabajo que “se ajusta a la realidad procesal” y las conclusiones de uno y otro “están acordes” , de modo que “la diferencia entre ellos es mínima” .
Añadió que “la liquidación efectuada en el dictamen por experto en la materia se ajustó a la metodología que brinda la Ley de Vivienda y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria” ; y que pese a que el banco, de conformidad con la Ley 546 de 1999, reliquidó el crédito y le aplicó el alivio en ella contemplado, “el resultado de la diferencia con lo pagado no está claro” .
Dedúcese, pues, que el a quo , al apreciar la comentada prueba, incurrió en similares errores a los de hecho que cometió el Tribunal y que se dejaron explicados al resolver la acusación introducida en desarrollo del recurso extraordinario ya analizado, toda vez que no vio que el punto de arranque de la liquidación (capital mutuado) no corresponde al efectivamente prestado a los actores, que no se aplicó la metodología establecida en la Circular Externa No. 007 del 2000 de la hoy Superintendencia Financiera de Colombia, y que el auxiliar de la justicia imputó dos veces el alivio ordenado por la precitada ley, desatinos que califican de graves, pues comportaron la desfiguración del crédito objeto de la pericia y que, como consecuencia de ello, sus conclusiones no sean confiables, ni, por ende, atendibles.
En suma, la objeción habrá de acogerse y, en tal virtud, se desechará la experticia.
5.3.6.
Así las cosas, es del caso reiterar, entonces, que en el proceso no milita ni una sola prueba que evidencie la ocurrencia, con posterioridad a la celebración del contrato de mutuo que vinculó a las partes, de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles que hubieren ocasionado el desequilibrio económico de las cuotas previstas para el pago del crédito, causadas a partir del 2 de junio de 2007.
Nada permite pensar que la cuantía de ellas, se precisa, de esas específicas prestaciones periódicas, en lo que refiere al cálculo de la corrección monetaria y/o a los intereses cobrados, que en esencia fue el otro motivo de queja de los actores, no guardó plena sujeción a la Ley 546 de 1999 y que, por lo mismo, se vio indebidamente incrementada por un error en el cómputo de esos factores.
Total fue, por lo tanto, la orfandad probatoria en que quedó la alegación de los actores, relativa a la ocurrencia de hechos sobrevinientes al crédito, que afectaron su equilibrio económico en perjuicio de ellos.
5.3.7.
Al respecto, es del caso añadir que el acogimiento de la revisión contractual perseguida, mal podría estar soportado en el advenimiento de circunstancias tan generales y abstractas como las señaladas en la demanda, referidas al indebido manejo tanto por parte de las autoridades monetarias, como de los bancos, del sistema de crédito expresado en UVR; al aumento desmesurado de estas unidades de cuenta; a la recesión económica experimentada en la región donde residen los demandantes; y/o a los bajos ingresos de los colombianos.
El éxito de la acción exigía la comprobación de esas eventualidades y, sobre todo, de que ellas incidieron de manera real y cierta, en el alcance económico de las prestaciones periódicas pendientes de ejecutarse. No bastaba con la mera alegación de ellas, que, en últimas, fue lo que aconteció en este proceso.
5.3.8.
Resultado de todo lo anterior, es que el requisito axiológico en estudio no se cumple en el caso sub lite .
6.
La ausencia de la condición precedentemente analizada, permite afirmar el fracaso de la acción y releva a la Corte del estudio de las excepciones alegadas por el banco.
7.
En definitiva, se negarán la totalidad de las pretensiones elevadas en la demanda; se declarará probada la objeción por error grave, que contra el dictamen pericial rendido en el curso de lo actuado propuso el banco accionado, con las medidas que le son consecuentes; y se condenará al pago de las costas de ambas instancias, a los actores. En las de segunda, por concepto de agencias en derecho, se fijará la suma de $7.600.000.oo.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 8 de agosto de 2012, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil - Familia, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído; y en sede de segunda instancia, REVOCA la de primer grado; y en su lugar, RESUELVE :
Primero :
NEGAR las pretensiones elevadas en la demanda.
Segundo :
DECLARAR PROBADA la objeción que, por error grave, propuso el banco convocado contra el dictamen pericial rendido como prueba en el curso de lo actuado.
No hay, por ende, lugar al pago de los honorarios fijados al auxiliar de la justicia. De haber sido consignados, devuélvanse los mismos a quien los sufragó. Si se entregaron al perito, se ordena a éste reintegrar la suma que hubiere recibido.
Tercero :
CONDENAR en las costas de ambas instancias, a los actores. Tásense en oportunidad. En la liquidación de las de segunda, que habrá de realizar la secretaría del ad quem , inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma de $7.600.000.oo.
Cuarto : Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC12743-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2017-08-23. C.P. Alvaro Fernando Garcia Restrepo. Rad. 2007-00086-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC12743-2017%20%5B2007-00086-01%5D).
