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clave: "corte_suprema:providencia:SC12437-2016 [2008-00485-01]"
titulo: "Corte Suprema: se podía alegar esta circunstancia en torno a la acción de dominio"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2016-09-06"
radicado: "2008-00485-01"
numero: "SC12437-2016"
ponente: "Alvaro Fernando Garcia Restrepo"
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# Corte Suprema: se podía alegar esta circunstancia en torno a la acción de dominio

- **Título oficial / radicado:** SC12437-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2016-09-06
- **Radicado:** 2008-00485-01
- **Número:** SC12437-2016
- **Ponente:** Alvaro Fernando Garcia Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC12437-2016%20%5B2008-00485-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC12437-2016%20%5B2008-00485-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE2L0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY2lhIFJlc3RyZXBvLzkuIFNlcHRpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzEyNDM3LTIwMTYgWzIwMDgtMDA0ODUtMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

El apoderamiento de un bien, por parte de quien no es su propietario, constituye, sin duda, la mayor afrenta al derecho de dominio, toda vez que “el poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”, amén que las cosas ajenas pueden adquirirse por prescripción, siempre y cuando se hayan poseído en la forma y términos de ley.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 20 de 1969
- Decreto 1275 de 1970
- Decreto 2655 de 1988

## Extracto

Superado el análisis anterior, pertinente es anotar que la Corte, en casos como el presente, es decir, cuando se ha dado la ocupación permanente de inmuebles por parte de una entidad pública, los cuales no pueden ser restituidos materialmente a su titular, por resultar gravados con el uso público o con un servicio del mismo linaje, ha reconocido la pertinencia de la acción reivindicatoria ficta o figurada prevista en el artículo 955 del Código Civil. Con otras palabras: en el referido supuesto, de un lado, se presenta la desmembración de los atributos propios del dominio, como quiera que el dueño conserva el derecho de disponer y perseguir la cosa, en tanto que el poseedor puede servirse de ella y obtener su frutos; y, de otro, hay lugar a que, cuando se cumplan en favor del segundo los requisitos para usucapir, éste obtenga para sí dicho derecho y, con ello, extinga el mismo respecto del propietario.

## Cita textual

> el poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Radicación n.° 05001-31-03-009-2008-00485-01
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC12437-2016
Radicación n.° 05001-31-03-009-2008-00485-01
(Aprobado en sesión de quince de marzo de 2016)
Bogotá, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).-
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que interpuso la demandada, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN , frente a la sentencia que el 15 de diciembre de 2011 profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario seguido en su contra por los señores DIONISIO ELKIN DE JESÚS PALACIO AVENDAÑO , JOSÉ JAIRO MÁRQUEZ VARGAS , MARTA ELENA MÁRQUEZ VARGAS , ELVIA JUDITH MÁRQUEZ VARGAS , JAIME IVÁN MÁRQUEZ VARGAS , ÓSCAR GONZALO MÁRQUEZ VARGAS , ALBERTO ANTONIO MÁRQUEZ VARGAS , GUILLERMO MÁRQUEZ VARGAS , LIBIA DEL SOCORRO MÁRQUEZ VARGAS y JAVIER MÁRQUEZ VARGAS , dentro del que concurrieron para integrar la parte demandante, las señoras INÉS FABIOLA PALACIO DE QUIROZ y ÁNGELA RITA PALACIO AVENDAÑO ; fueron citados como litisconsortes por activa, los señores DIONISIO ALBERTO PALACIO CÁRDENAS , GILDARDO DE JESÚS PALACIO CÁRDENAS y JAIRO AUGUSTO PALACIO CÁRDENAS ; y se llamó en garantía a LA NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA .
ANTECEDENTES
1.
En el escrito con el que se dio inicio a la controversia, que obra en los folios 106 a 119 del cuaderno principal, en relación con la mina de oro denominada “Versalles” , ubicada en los municipios de Santa Rosa de Osos y Entrerríos, se solicitó, en síntesis, que se declarara que es de propiedad de la comunidad conformada, entre otros, por los actores; que se encuentra en posesión de la accionada, quien en desarrollo del proyecto hidroeléctrico “Riogrande II” , la inundó “en forma permanente y definitiva (…), imposibilitando su devolución a sus titulares” ; y que la demandada carece de “justo título” respecto de ella.
Como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, se pidió, además, que se condenara a la empresa convocada, por no ser factible la devolución material del indicado yacimiento, “a pagar el valor correspondiente (…) previo peritazgo (…), es decir, aplicar lo concerniente a la figura conocida como acción reivindicatoria figurada o por equivalencia” ; a cancelar a los gestores del litigio los “perjuicios” que les ocasionó “a partir del día cinco (5) de septiembre de 1997, por la imposibilidad de la explotación de la mina VERSALLES, fecha a partir de la cual se le informó (…) el contenido del fallo proferido por el Honorable Consejo de Estado el día 5 de junio de 1997” ; y a sufragar las cosas del proceso.
2.
En sustento de tales pedimentos, se expusieron los hechos que a continuación se compendian:
2.1.
El 12 de enero de 1957, la Gobernación de Antioquia otorgó a Joaquín Márquez Echeverry y a Dionisio Palacio Gómez el título minero No. 2, en relación con “la mina de oro en aluvión llamada ‘VERSALLES’” , identificada por los linderos y características posteriormente precisados, título que fue inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No. 025-0004508 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Osos.
2.2.
Acaecido el fallecimiento de los mencionados señores, fueron sucedidos por sus herederos, los aquí demandantes.
2.3.
La Ley 20 de 1969 “determinó que todas las minas pertenecen a la Nación” , excepción hecha de aquellas respecto de las que, con anterioridad, se hubiere reconocido propiedad privada, caso en el cual, según el Decreto 1275 de 1970, reglamentario de dicha ley, el titular del dominio estaba obligado a solicitar que se mantuviera su derecho, para lo que tenía que acreditar que ya había iniciado la correspondiente explotación económica, petición que debía resolverse dentro de los cuatro meses siguientes a su presentación, porque de lo contrario operaba el silencio administrativo positivo, como aconteció frente a la reclamación que sobre el particular elevaron los propietarios de la mina “VERSALLES” , situación que ellos protocolizaron mediante escritura pública.
2.4.
Mucho después, los dueños del yacimiento de que se trata, con sujeción al Decreto 2655 de 1988, pidieron al Ministerio de Minas que inscribiera en el registro minero su título de propiedad, actuación que la entidad se negó a realizar para, en cambio, ordenar “la cancelación de la escritura pública que consagraba el silencio administrativo positivo” .
2.5.
Mediante Resolución No. 31822 del 8 de julio de 1982, la Gobernación de Antioquia, a solicitud de la aquí demandada, declaró “la utilidad pública” y el “interés social” de “las zonas de terreno localizadas en jurisdicción de los Municipios de Santa Rosa de Osos y Entrerríos, en donde se encuentra ubicada la mina VERSALLES” .
2.6.
En 1988 la accionada y los propietarios de dicho bien, iniciaron conversaciones tendientes a que la primera lo adquiriera, tratativas a las que el gerente de las Empresas Públicas de Medellín les puso fin con la comunicación del 26 de abril de 1990, en la que expuso que “(…) ‘…por sustracción de materia, la empresa no puede NEGOCIAR LOS DERECHOS MINEROS sobre las minas mencionadas, por tratarse legalmente de yacimientos de propiedad de la Nación’ (…)” .
2.7.
También en atención a la solicitud que le elevara la accionada, el Ministerio de Minas y Energía, a través de la Resolución 5-1062 del 2 de septiembre de 1991, prohibió la explotación, entre otras, de la mina “VERSALLES” , determinación que dio lugar a la realización de la diligencia de “lanzamiento de las dragas que estaban operando” allí, que tuvo lugar el 17 de diciembre de ese mismo año.
2.8.
En virtud de los hechos anteriores y “estando agotada la vía gubernativa, los titulares de los derechos Germán Márquez Vargas y Carmen Vargas de Márquez, demandaron ante el Honorable Consejo de Estado en el año de 1992, la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos proferidos por el Ministerio de Minas y Energía que desconocieron la propiedad (…) sobre los yacimientos mineros que constituían la zona (…) varias veces mencionada, en la cual se incluye la mina VERSALLES” , acción que esa Corporación resolvió favorablemente a sus promotores, el 5 de junio de 1997.
2.9.
En firme tal sentencia, en la que se reconoció el derecho de dominio de los aquí demandantes y se ordenó el registro minero de su título, éstos solicitaron a la aquí convocada continuar las conversaciones finiquitadas en 1990, petición sobre la que la empresa se pronunció “en comunicación del mes de septiembre de 1998, (…) aceptando que únicamente la mina ‘VERSALLES’ se ubica dentro del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Riogrande II, anotando que la mencionada mina está en predio de propiedad de Empresas Públicas de Medellín, confundiendo los términos de la solicitud presentada, toda vez que en momento alguno se había pedido la compra del predio o terreno como tal, sino por el contrario la adquisición de los yacimientos mineros cuyos derechos se encuentran debidamente inscritos en la oficina de registro de Santa Rosa de Osos y en el registro minero que obra en el Ministerio de Minas y Energía, hoy MINERALCO” , sin que sea admisible, desde ningún punto de vista, entremezclar “estos dos (2) tipos de propiedad, regulados por nuestro ordenamiento civil y el Código de Minas (Dto. 2655/98)” .
3.
Admitida que fue la demanda por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, al que por reparto le correspondió conocer el asunto (auto del 3 de febrero de 2000, fl. 124, cd. 1), comparecieron al proceso las señoras INÉS FABIOLA PALACIO DE QUIROZ y ÁNGELA RITA PALACIO AVENDAÑO, quienes por intermedio de un mismo apoderado judicial, solicitaron que se les reconociera como litis consortes necesarias por activa, pedimento al que dicha autoridad accedió el 14 de marzo siguiente (fl. 133, cd. 1).
4.
Sin haberse verificado la efectiva vinculación de la accionada a la controversia, ella compareció voluntariamente y, asistida por la apoderada que designó para que la representara, efectuó las siguientes actuaciones:
4.1.
Contestó tanto el libelo introductorio como la solicitud de intervención litisconsorcial, en virtud de lo cual se opuso al acogimiento de las pretensiones elevadas en uno y otra, se pronunció de distinta manera sobre los hechos que les sirvieron de sustento y formuló el mecanismo defensivo meritorio que denominó “ [t]asación [e]xcesiva del [p]erjuicio ” (fls. 342 a 356, cd. 1).
4.2.
Planteó la excepción previa de “ falta de integración del litisconsorcio necesario por activa ” (fls. 2 a 5, cd. 2).
4.3.
Y llamó en garantía a LA NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (fls. 1 a 6, cd. 3).
5.
El juzgado, respecto de las dos últimas solicitudes en precedencia relacionadas, resolvió:
5.1.
Acoger la excepción previa y, como consecuencia de ello, citar a los señores DIONISIO ALBERTO, GILDARDO DE JESÚS y JAIRO AUGUSTO PALACIO CÁRDENAS (auto del 1º de marzo de 2002, fls. 12 y 12 vuelto, cd. 2).
5.2.
Admitir el llamamiento en garantía y, por ende, vincular al proceso al ente convocado, según auto del 21 de julio de 2000 (fl. 40, cd. 3).
6.
Los hermanos Palacio Cárdenas fueron notificados personalmente, en diligencias verificadas los días 6 y 27 de agosto de 2002 (fls. 376 y 377, cd. 1).
Representados por la misma apoderada judicial, pero en diferentes escritos, allegaron las demandas que obran a folios 106 a 127 del cuaderno No. 4 y 156 a 179 del cuaderno No. 5, que fueron rechazadas con autos del 12 de noviembre de 2002 (fls. 128, cd. 4; 180, cd. 5; y 380, cd. 1), determinaciones que el Tribunal Superior de Medellín confirmó en su proveído del 9 de mayo de 2003 (fls. 23 a 29, cd. 7).
7.
La NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA fue notificada personalmente por conducto de la Jefe de la Oficina Jurídica del último, en diligencia realizada por intermedio de comisionado, el 20 de octubre de 2000 (fl. 78, cd. 3).
En defensa de sus intereses, respondió la demanda y el llamamiento en garantía que se le hizo (fls. 59 al 68 del cuaderno No. 3), escrito en el que se opuso a las súplicas elevadas por los actores, aludió a los fundamentos fácticos que ellos invocaron y planteó las excepciones de fondo que nominó “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA” y “PAGO” .
Por separado, formuló la excepción previa de “COSA JUZGADA” (fls. 1 a 3, cd. 6), que la oficina judicial encargada del litigio denegó en la audiencia de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, practicada el 2 de agosto de 2005 (fls. 403 a 406, cd. 1).
8.
Cuando el proceso se encontraba al despacho para el proferimiento de sentencia, el Juzgado de conocimiento, mediante auto del 28 de noviembre de 2007, corregido el 14 de diciembre siguiente, con apoyo en la Ley 1107 de 2006, ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Antioquia a efecto de que continuara allí su tramitación (fls. 567 a 568, cd. 1).
9.
El precitado Tribunal, a su turno, en providencia del 14 de febrero de 2008, declaró “su incompetencia para asumir el conocimiento del proceso de la referencia” y dispuso el envío del mismo a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que dirimiera el conflicto suscitado (fls. 582 a 586, cd. 1).
10.
Esta última Corporación, en auto del 25 de junio de 2008, resolvió que “es la Jurisdicción Ordinaria, la competente para conocer del presente asunto” y, por lo tanto, se lo devolvió al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, para lo de su cargo (fls. 4 a 10, cd. 11).
11.
El 15 de abril de 2011 dicha autoridad emitió el fallo de primera instancia, en el que desestimó las pretensiones del libelo introductorio y condenó en costas a sus promotores (fls. 601 a 620 vuelto, cd. 1).
12.
Inconformes con ese pronunciamiento, los gestores del litigio lo apelaron. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar la alzada, en el suyo, que data del 15 de diciembre de 2011 (fls. 344 a 364 vuelto, cd. 19), lo revocó y, en su remplazo, ordenó “la reivindicación ficta o por equivalencia a los demandantes de la mina Versalles, que fue identificada en los hechos de la demanda; en consecuencia la accionada Empresas Públicas de Medellín deberá pagar a los actores, en la proporción a lo que a cada uno le pertenece en la comunidad propietaria de la mina, la suma de $8.050’773.813, dinero que será indexado con el IPC a partir del 15 de septiembre de 2006, hasta el día del pago” .
Adicionalmente, desestimó “el llamamiento en garantía hecho por la accionada a la Nación Ministerio de Minas y Energía, así como las excepciones propuestas” , e impuso a la convocada las costas de las dos instancias.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Las precedentes determinaciones del ad quem están sustentadas en los argumentos que a continuación se compendian:
1.
De entrada, el juzgador de segunda instancia señaló que los problemas jurídicos planteados en la apel

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

enios propietarios, señores José Joaquín Márquez y Dionisio Palacio, que corresponden a las sentencias dictadas por los Juzgados Noveno Civil del Circuito y Segundo de Familia de Medellín, así como por la Notaría Cuarta de esa capital.
1.2.
Y, en segundo término, que en el presente asunto no era dable la aplicación analógica del artículo 955 del Código Civil, como quiera que la utilización de ese recurso sólo procede en “aquellos casos donde no se disponga de una norma aplicable, es decir, por existir una laguna jurídica” , presupuesto que en el sub lite no se cumple, toda vez que “para el momento en que se produjo la ocupación de la mina por una entidad industrial y comercial del Estado (EPM) , antes y aún después de la declaratoria de nulidad de las resoluciones ya mencionadas, el Código Contencioso Administrativo se encontraba vigente, con una norma jurídica que regula[ba] cabalmente el caso, es decir, la ocupación permanente de la mina ‘Versalles’ por una entidad para desarrollar un proyecto de interés social y de utilidad pública, que bien podía someterse al conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa para su reparación (indemnización)” .
Sobre el particular explicó, de un lado, que “no es posible aplicar analogía legis a un caso que se encuentra regulado por norma especial ” ; de otro, que “no puede perderse de vista que la analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamenta la ratio juris o razón de ser de la norma” ; y, finalmente, que tampoco se puede soslayar que la referida aplicación tiene límites, “como lo es, la no operancia cuando coexisten normas especiales que regulan el asunto ” , en este caso particular, una que se acerca más a los “elementos que l[o] estructuran” , en cotejo con “la consagrada en el art. 955 del C. Civil[,] que trae un presupuesto disímil, en tanto (…) alude a eventos en [los] que el poseedor ha enajenado el bien haciendo imposible su restitución” .
En tal orden de ideas, el Tribunal acogió la tesis expuesta por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-696 de 2010, que reprodujo en parte, habida cuenta que “en este caso, de ocupación permanente del bien por parte de EPM donde no es posible la restitución de la posesión material a los propietarios de la mina ‘Versalles’” , no es factible “la acción (…) reivindicatoria, que consagra el art. 946 del régimen civil” , como tampoco la “aplicación analógica del art. 955 ibídem, para disponer la compensación del precio, pues como antes se dijo (…), la existencia de norma expresa y especial que regula la materia y asigna competencia a los Jurisdicción Contencioso Administrativa, impide que salga favorable la pretensión sometida a conocimiento de este Juzgado” .
2.
Independientemente de la validez del primero de esos planteamientos, cuyo estudio sólo procedería en el supuesto de hallarse viable la acción intentada, encuentra la Corte que las razones que sustentan el segundo, guardan coincidencia con los razonamientos esgrimidos por la Sala para colegir la prosperidad del cargo tercero propuesto en casación.
3.
De unos y otros se infiere, que fue desacertada la vía escogida por los demandantes para reclamar de la entidad accionada, el pago del precio del bien de propiedad de aquéllos ocupado por ésta para desarrollar el proyecto hidroeléctrico “Riogrande II” , correspondiente a la mina de oro denominada “Versalles” , identificada plenamente en el libelo introductorio.
4.
En efecto, según el análisis efectuado por esta Corporación, quedó establecido que dicha pretensión comportaba la reclamación del perjuicio consistente en el daño emergente por pérdida del indicado bien y que, por lo tanto, para su adecuada definición, era necesaria la realización del correspondiente juicio de responsabilidad de la entidad demandada, en los términos de los artículos 90 de la Constitución Política, 82 y 86 del Decreto 01 de 1984, modificados respectivamente por los artículos 30 y 31 de la Ley 446 de 1998, es decir, el adelantamiento del correspondiente proceso de reparación directa previsto en la segunda de tales disposiciones, entre otros supuestos, para el caso de “la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa” .
5.
Como los actores optaron por la formulación de una acción de dominio ficta o figurada, contemplada en el artículo 955 del Código Civil, que contempla una hipótesis fáctica bien distinta, esto es, la venta por parte del poseedor del bien por él detentado, que imposibilita a su dueño la recuperación material del mismo, forzoso es inferir que ella no estaba, ni está, llamada a acogerse.
6.
Siendo eso lo que decidió el a quo , su fallo, por consiguiente, habrá de confirmarse.
7.
Las costas en segunda instancia correrán a cargo de la demandante apelante.
Para la fijación de agencias en derecho, se observa que en la demanda no se determinó el valor de las pretensiones y que la sentencia de primer grado fue desestimatoria. Por consiguiente, no es aplicable el porcentaje señalado para la “segunda instancia” en el numeral 1.1. del artículo 6º del Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, modificado por su Acuerdo 2222 del mismo año.
Así las cosas, siguiendo las pautas del artículo 5º y teniendo en cuenta la tarifa fijada para la segunda instancia de asuntos de familia “con pretensiones que acrezcan de cuantía” , se establecerá como tal el equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído; y, en sede de segunda instancia,
RESUELVE :
Primero :
CONFIRMAR el fallo que en ese mismo asunto, dictó el 15 de abril de 2001 el Juzgado Noveno Civil del Circuido de la mencionada ciudad.
Segundo :
CONDENAR en costas por el trámite de la apelación, a su proponente. Tásense. Inclúyase como agencias en derecho, una suma equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Secretaría del ad quem elabore la correspondiente liquidación.
Sin costas en casación por la prosperidad del recurso.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
� Dicho régimen legal fue derogado por la Ley 1437 de 2011, mediante la cual se expidió el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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