---
clave: "corte_suprema:providencia:SC1170-2022 [2013-00031-02]"
titulo: "Corte Suprema: dados como están los requisitos establecidos en la parte final del artículo 336 del Código General del Proceso"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-04-08"
radicado: "2013-00031-02"
numero: "SC1170-2022"
ponente: "Alvaro Fernando García Restrepo"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1170-2022%20%5B2013-00031-02%5D"
---

# Corte Suprema: dados como están los requisitos establecidos en la parte final del artículo 336 del Código General del Proceso

- **Título oficial / radicado:** SC1170-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-04-08
- **Radicado:** 2013-00031-02
- **Número:** SC1170-2022
- **Ponente:** Alvaro Fernando García Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1170-2022%20%5B2013-00031-02%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1170-2022%20%5B2013-00031-02%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY%2B1hIFJlc3RyZXBvLzQuLSBBYnJpbC9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTE3MC0yMDIyIFsyMDEzLTAwMDMxLTAyXS5kb2N4/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

Las facultades del funcionario que conoce de la impugnación interpuesta por un apelante único e stán restringidas a las recriminaciones exteriorizadas por éste, lo cual corresponde al desarrollo del principio de congruencia, en tanto al fallador de segunda instancia le está vedado manifestarse sobre asuntos no propuestos ante él.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 270 de 1996
- Ley 1285 de 2009
- Constitución Política

## Extracto

En suma, no se configura el vicio de incongruencia cuando el juzgador de segundo grado analiza la satisfacción de los presupuestos de la pretensión radicada por el demandante, aun cuando estos no sean objeto de reparo en la apelación (SC3918 de 2021, rad. 2008-00106) (SC 5473 del 16 de diciembre de 2021, Rad. n.° 2017-40845-01; se subraya). No obstante que queda definido que la obligación cuyo cumplimiento persiguieron los demandantes, era y es exigible, resulta necesario explorar la pertinencia de la constitución en mora exigida por el ad quem . Así las cosas, dados como están los requisitos establecidos en la parte final del artículo 336 del Código General del Proceso, se casará la sentencia de segunda instancia dictada en este proceso. En consecuencia, así se ordenará en la parte resolutiva de este fallo. Por la Secretaría de la Sala, ofíciese como corresponda.

## Síntesis temática

El juez de segunda instancia debe limitar, por regla de principio, su pronunciamiento a los reparos concretos sustentados por el apelante conforme al artículo 327 y al canon 328 del Código General del Proceso, sin que la pretensión impugnaticia torne absoluta la restricción frente a materias no expuestas en la alzada. Dicha limitación opera sin perjuicio de las decisiones que el juzgador de segundo grado deba adoptar de oficio en los casos previstos por la ley, como potestad intrínseca al recurso ordinario de apelación orientada a garantizar la armonía del fallo y el cumplimiento del deber de promulgar el derecho sustancial debatido. En consecuencia, el superior está habilitado para sentenciar motu proprio sobre temáticas íntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento cuando el ordenamiento jurídico así lo impone, tales como las restituciones mutuas derivadas de distintas modalidades de decaimiento de un acuerdo de voluntades o el deber de reexaminar en juicios coactivos los requisitos del título ejecutivo aportado.

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n.° 11001-31-03-036-2013-00031-02
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC1170-2022
Radicación n.° 11001-31-03-036-2013-00031-02
(Aprobado en sesión virtual del siete de abril de dos mil veintidós)
Bogotá, D. C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022).-
Procede la Corte a pronunciarse oficiosamente, en sede de casación, respecto de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, en el proceso que FANNY CECILIA VEGA RUEDA , NELSON JOSÉ SPELL GRACIA , DAVID CASTAÑEDA RUIZ , LUZ MARINA GÓMEZ DE MARTÍNEZ , CARLOS LEOBARDO SUÁREZ MATEUS , MARÍA EVANGELINA GARCÍA ROJAS , LUIS EDUARDO BUSTAMANTE MARTÍNEZ , LUIS IGNACIO CHARRY FIERRO , JORGE ARMANDO RAMÍREZ RAMOS , GERMÁN ROBELTO PINZÓN , CUSTODIA GARZÓN DE CALLEJAS , MIRTA SOFÍA CALLEJAS GARZÓN , JORGE ENRIQUE PERALTA , JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ GUZMÁN , ANA EMPERATRIZ GÓMEZ SILVA , HILDA ROSA PIÑEROS ARIAS, SINTRAOTIS y VIVIANA VANESSA MORENO PARRA , JUAN SEBASTÍAN MORENO PARRA y CARMEN CECILIA PARRA , como sucesores procesales de Alfonso Moreno Mora (q.e.p.d.), adelantaron en contra de la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS METALÚRGICAS ELÉCTRICAS MECÁNICAS DE COLOMBIA - FETRAMECOL -, DISYCONS LTDA. y CONSTRUCTORA EL BAMBÚ LTDA .
ANTECEDENTES
1. En demanda con la que se dio inicio al proceso se solicitó, en síntesis:
1.1. Declarar que la Federación de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas Eléctricas Mecánicas de Colombia -Fetramecol- incumplió las promesas y los contratos de compraventa que celebró con todos y cada uno de los actores, como quiera que no les entregó las obras a que se obligó, “referente [s] a [c] alles pavimentadas, sardineles, redes de aguas potable, negras y lluvia [s] , red eléctrica, piscina, canchas deportivas múltiples, [p] arqueaderos para visitantes, encerramientos exteriores, planta de tratamiento de aguas servidas (negras), caseta de portería, ciclo vías, sede social remodelada y muro de contención sobre la quebrada la ‘GUADUALA’” .
1.2. Declarar que las sociedades Disycons Ltda. y Constructora El Bambú Ltda., “son [s] olidariamente responsables por el incumplimiento en la entrega de las obras civiles” mencionadas.
1.3. Ordenar a las accionadas que ejecuten “la obra debida enunciada en la cláusula primera [,] [p] arágafo 2º” , de las promesas de compraventa y en la “cláusula [p] rimera, parágrafos 1 y 2 [,] de las escrituras de compraventa” , en el plazo que prudencialmente se determine con tal fin.
1.4. Se condene en costas a las convocadas.
2. Como fundamento de esos pedimentos, se adujo:
2.1. En relación con cada uno de los actores, se repitieron los mismos hechos, que en suma corresponden a los siguientes:
2.1.1. La Federación de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas Eléctricas Mecánicas de Colombia -Fetramecol- mediante escritura pública, cuyo número, fecha y notaría se indicó en cada caso, vendió al respectivo demandante, uno de los lotes, identificado por su número y linderos especiales, que forma parte de la “URBANIZACIÓN EL BAMBÚ” , ubicada en el municipio de Melgar, departamento del Tolima.
2.1.2. En “la cláusula primera, parágrafo [s] 1 y 2 [,] del documento de compraventa LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS METALÚRGICAS ELÉCTRICAS MECÁNICAS DE COLOMBIA -FETRAMECOL- se comprometió a elaborar las obras de [c] alles pavimentadas, sardineles, redes de aguas potable, negras y lluvia [s] , red eléctrica, piscina, canchas deportivas múltiples, parqueaderos para visitantes, encerramientos exteriores, planta de tratamiento de aguas servidas (negras), caseta de portería, ciclo vías, sede social remodelada y muro de contención sobre la quebrada la ‘GUADUALA’” .
2.1.3. La precitada persona jurídica celebró con los promotores de la controversia promesa de compraventa y “dentro de la CLÁUSULA CUARTA ” se comprometió a entregar, “ A LA FIRMA DE LA ESCRITURA ” , las obras civiles atrás relacionadas.
2.2. Las accionadas, “hasta la fecha de radicación de esta demanda [,] no han dado cumplimiento a la elaboración de las obras civiles” .
2.3. Adicionalmente, “encerraron el predio de mayor extensión donde están ubicados los lotes de mis poderdantes, (…) le han colocado celador y no les permiten la entrada” .
2.4. Los actores se han visto perjudicados, pues compraron los lotes con el propósito de construir sus casas y no han podido hacerlo.
3. El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta capital, al que le correspondió por reparto el conocimiento del asunto, admitió el libelo introductorio con auto del 5 de febrero de 2013, que notificó personalmente a la Federación de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas Eléctricas Mecánicas de Colombia -Fetramecol-, por intermedio del apoderado judicial que designó para que la representara, en diligencia cumplida el 8 de julio de 2013.
No habiendo sido posible la vinculación de las otras demandadas, se decretó su emplazamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, mediante auto del 16 de diciembre de año en cita. Surtido el mismo, se les designó curador ad litem , con quien se verificó el enteramiento del proveído admisorio en diligencia del 2 de abril de 2014.
4. La Federación de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas Eléctricas Mecánicas de Colombia -Fetramecol- replicó en tiempo el escrito generatriz de la controversia, memorial en el que se opuso a sus pretensiones; respecto de los hechos alegados, reclamó su comprobación; y propuso las excepciones meritorias que denominó “FALTA DE INTERÉS SERIO Y ACTUAL” , sustentado en que no se fijó “un plazo ni una condición para la ejecución de la obra a la cual se refiere la demanda” , e “INDETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN RECLAMADA” , toda vez que “ [e] xiste imprecisión en cuanto a la identificación, cuantificación, calidad, plazos y demás características de las obras cuya ejecución es base de la resolución o ejecución demandada” .
En memorial separado, planteó las excepciones previas de “INEPTA DEMANDA” y “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA PASIVA EN RELACIÓN CON LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, Y EN SUBSIDIO, DE LA TERCERA ACUMULADA” , que fueron denegadas mediante providencia del 26 de febrero de 2015, que se mantuvo pese a los recursos que se interpusieron en su contra.
Por su parte, el curador ad litem que representó a las otras convocadas, en la contestación de la demanda que presentó, manifestó, sobre las pretensiones, atenerse a lo que resulte probado, y en relación con los hechos, que parecen ciertos, de acuerdo con los documentos allegados.
5. Agotado el trámite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento, en audiencia celebrada el 20 de noviembre de 2017, dictó sentencia, en la que declaró el incumplimiento por parte de la Federación de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas Eléctricas Mecánicas de Colombia -Fetramecol- respecto a los contratos de compraventa que celebró con los actores; le ordenó cumplir la obligación de realizar y entregar las obras reclamadas y con ese fin le concedió “un término no superior a 6 meses a partir de la ejecutoria del presente proveído” ; excluyó del proceso a Disycons Ltda. y Constructora El Bambú Ltda.; y condenó a la demanda inicialmente mencionada, al pago de las costas.
6. En virtud de la apelación que contra dicho fallo propuso Fetramecol, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, mediante providencia del 20 de noviembre de 2018, lo revocó, y en su lugar, negó las pretensiones del libelo introductorio, levantó las medidas cautelares practicadas y condenó en perjuicios y costas a los promotores del litigio, de conformidad con las previsiones de los numerales 5º y 10º del artículo 597 del Código General de Proceso, en concordancia con el canon 365 de la misma obra.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Luego de reconocer la satisfacción de los presupuestos procesales, descartar deficiencias en lo actuado, no advertir ningún impedimento, avizorar la salvaguarda de las garantías fundamentales de las partes y observar que solamente una de ellas apeló, razón por la cual la decisión debe sujetarse a los reclamos del impugnante, salvo los pronunciamientos oficiosos que deban hacerse, el ad quem , para arribar a las decisiones que adoptó, esgrimió los argumentos que enseguida se compendian:
1. De entrada, se refirió a las acciones de resolución o cumplimiento consagradas en los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, según la naturaleza del contrato celebrado; puntualizó, con ayuda de la jurisprudencia, que de esas prerrogativas dispone el contratante que atendió o procuró satisfacer sus deberes contractuales frente al que no lo hizo; y que para el éxito del proceso dirigido a obtener uno de esos fines, deben acreditarse todos los presupuestos que le son propios, a saber: “(i) existencia de un contrato bilateral válido; (ii) que el demandante haya cumplido o se haya allanado a cumplir; y (iii) que el demandado haya incumplido” .
2. Tras recordar lo pedido en la demanda y advertir que el cumplimiento perseguido versó sobre una obligación accidental de los contratos de compraventa celebrados por las partes, pasó a “revisar si se cuenta con la condición de exigibilidad” de la misma o “si contrario a ello, se adelantaron las tareas legales en aras de reconvenir en mora al obligado, para que conforme a este asunto se le irrogara la carga de efectuar la [s] obras de infraestructura que por esta vía se demandan” .
3. Sin más, el Tribunal estimó que el “primer aspecto [,] esto es, la exigibilidad” , no estaba cumplido, puesto que la obligación objeto de reclamación “es pura y simple” , en la medida que “no se encuentra sometida a plazo, condición o modo” y que, por lo mismo, “los actores tenían la carga de reconvenir previamente a la obligada para dar paso a tal exigencia contractual” y de acreditar la satisfacción de este requisito, según las premisas del artículo 167 del Código General del Proceso, mandato que antes contemplaba el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, planteamiento en pro del cual reprodujo parte de un fallo de esta Corporación.
Previa reproducción del contenido del artículo 1608 del Código Civil, añadió que “nos encontramos ante el tercer evento, puesto que no se estipuló plazo alguno y la [l] ey tampoco lo prevé” , tesis que sustentó con otros fallos de la Sala, que reprodujo en lo que estimó pertinente.
4. En tal orden de ideas, concluyó:
De lo discurrido, encuentra la Sala que no se cumple con uno de los requisitos esenciales que permitan arribar a la conclusión que Fetramecol es contratante incumplido, pues aun cuando es cierto que se comprometió a efectuar unas obras de infraestructura en el predio denominado Urbanización El Bambú en Melgar [,] Tolima, también lo es que aquélla situación es insuficiente para acudir a la vía deprecada, en tanto, como quedó revelado [,] no se pactó plazo o condición para la realización de aquéllas labores y tampoco se acató la carga que impone la [l] ey de constituir en mora al deudor a propósito de este convenio, sin que pueda suplirse con la presentación de la demanda, en tanto el artículo 90 del C. de P.C., vigente para cuando se introdujo este expediente, establecía que la notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la [l] ey lo exigía para tal fin, si no se hubiere efectuado antes, verbi gratia, para que el arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, por expreso mandato del artículo 2007 del C.C., ‘…será necesario requerimiento del arrendador’ y a falta de éste la notificación mencionada produce ese efecto .
5. Luego de anunciar la revocatoria de la sentencia de primera instancia para, en su lugar, “declarar probada la excepción denominada ‘falta de interés serio y actual’” , toda vez que fue soportada en la inexistencia de un plazo para la realización de las obras convenidas, agregó:
Así las cosas, estima la Sala que el a quo soslayó la ausencia de un postulado principal para este tipo de expediente, sin que pueda señalarse que esta colegiatura esté excediéndose en sus funciones, como quiera que la decisión de todo litigio debe ‘…empezar por el estudio del derecho pretendido y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del demandado se impone ; pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen’ (G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)’, precedente que además se acompasa con los artículos 281 y 282 [d] el CGP., según lo señala el inciso 3º del artículo 282 ibídem.
6. Para terminar, consideró necesario proveer sobre el levantamiento de las cautelas practicadas y, como consecuencia de ello, condenar en perjuicios a los actores. Adicionalme

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

nto de la precitada deudora, esto es, la resolución del contrato (art. 1546, C.C.).
Ello significa que el fallo del ad quem tornó irresoluble la situación derivada de la desatención contractual imputada a Fetramecol en este proceso, que ella aceptó incluso al sustentar la apelación que interpuso contra el fallo de primera instancia, estado de cosas que resulta, desde la perspectiva constitucional, inaceptable, en tanto que deja sin acción un derecho legítimo de los demandantes, como quiera que proviene de un contrato legalmente celebrado.
De lo expuesto se sigue la abierta vulneración de la garantía constitucional del “derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia” , prevista en el artículo 229 Superior, que comporta no solamente la posibilidad formal de adelantar ante los jueces de la República un juicio, sino la sustancial de obtener efectiva y cumplida justicia.
Así lo dejó plasmado la Corte Constitucional desde cuando hizo la revisión de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270 de 1996) y observó, en relación con su artículo 2º, que:
Como se expresó en el acápite anterior, el derecho de todas las personas de acceder a la administración de justicia se relaciona directamente con el deber estatal de comprometerse con los fines propios del Estado social de derecho y, en especial, con la prevalencia de la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo , el respeto a la dignidad humana y la protección a los asociados en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades (Art. 1o y 2o C.P).
El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley . Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales ; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados . Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos fundamentales, susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior (Corte Constitucional, sentencia C-037 del 6 de febrero de 1996; se subraya).
En relación con el quebranto irrogado a los actores por el fallo de segunda instancia dictado en ese asunto, debe ponerse de presente que la Sala, en tiempo muy próximo, casó oficiosamente uno, precisamente, porque infirió que él generaba la paralización del derecho de las partes, proveído en el que señaló:
Por lo demás, mantener intacta la sentencia de segunda instancia conllevaría a dejar en estado de letargo una situación contractual de muy difícil o imposible resolución , porque con la actitud procesal de la parte demandada (quien demandó en reconvención la lesión enorme), no hay manera de que las partes consigan el cumplimiento voluntario (y no se diga forzado) de lo convenido en su momento en el contrato de promesa .
Y la justicia como valor constitucional y eje central del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva , exige que los juzgadores, en cualquier escala o grado, allanen los caminos para la efectiva y civilizada composición de los litigios, y acá, ese camino, en efecto, lo otorga la novedosa figura de la casación oficiosa, con la que se pone fin a un prototípico caso de estancamiento contractual, irresoluble con la institución del mutuo disenso, o con las tradicionales acciones alternativas del artículo 1546 ibídem (CSJ, SC 3666 del 25 de agosto de 2021, Rad. n.° 2012-00061-01; se subraya).
7. Así las cosas, dados como están los requisitos establecidos en la parte final del artículo 336 del Código General del Proceso, se casará la sentencia de segunda instancia dictada en este proceso.
PRUEBAS DE OFICIO
Antes de proferirse el correspondiente fallo sustitutivo, se estima necesario, como pruebas oficiosas (art. 170, C. G. del P.), el allegamiento, por una parte, de la escritura pública No. 971 del 11 de abril de 2003, otorgada en la Notaría Cincuenta y Ocho de Bogotá, contentiva del régimen de propiedad horizontal a que fue sometida la urbanización “El Bambú” ; y de otro, de toda la actuación administrativa adelantada ante la Secretaría de Obras Públicas de Melgar, Tolima, que concluyó con la expedición de la licencia de urbanismo No. 003 del 15 de enero de 2003.
En consecuencia, así se ordenará en la parte resolutiva de este fallo.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 20 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído y, actuando en sede de segunda instancia, con base en el artículo 170 del Código General del Proceso, DECRETA de oficio la práctica de las siguientes pruebas:
1. Ordenar se allegue copia auténtica de la escritura pública No. 971 del 11 de abril de 2003, otorgada en la Notaría Cincuenta y Ocho de Bogotá, contentiva del régimen de propiedad horizontal a que fue sometida la urbanización “El Bambú” , con todos sus anexos y, particularmente, los planos descriptivos de las zonas comunes de la misma, lo que deberá hacer la parte demandante. Con tal fin, de requerirlo dicha parte, la Secretaría de la Sala libre oficio comunicando esta determinación.
2. Disponer que la Secretaría de Obras Públicas de Melgar, Tolima, remita, a la mayor brevedad posible, copia auténtica de toda la actuación administrativa adelantada y que concluyó con la expedición de la licencia de urbanismo No. 003 del 15 de enero de 2003, expedida por esa dependencia. Deberá incluirse, por lo tanto, la solicitud que dio lugar a ese trámite, los planos en que se sustentó la misma y todas las pruebas recaudadas. Por la Secretaría de la Sala, ofíciese como corresponda.
Sin costas en casación, como quiera que el quiebre de la sentencia de segunda instancia derivó de la actuación oficiosa de la Corte.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Comisión de servicios
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
32

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1170-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-04-08. C.P. Alvaro Fernando García Restrepo. Rad. 2013-00031-02. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1170-2022%20%5B2013-00031-02%5D).
