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clave: "corte_suprema:providencia:SC1043-2021 [2013-00056-01]"
titulo: "Corte Suprema: la legislación mercantil no define el porte marítimo de mercaderías ni señala sus elementos configurantes"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-03-26"
radicado: "2013-00056-01"
numero: "SC1043-2021"
ponente: "Luis Armando Tolosa Villabona"
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# Corte Suprema: la legislación mercantil no define el porte marítimo de mercaderías ni señala sus elementos configurantes

- **Título oficial / radicado:** SC1043-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-03-26
- **Radicado:** 2013-00056-01
- **Número:** SC1043-2021
- **Ponente:** Luis Armando Tolosa Villabona
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1043-2021%20%5B2013-00056-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1043-2021%20%5B2013-00056-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBMdWlzIEFybWFuZG8gVG9sb3NhIFZpbGxhYm9uYS80Li0gQWJyaWwvU2VudGVuY2lhcy9TQzEwNDMtMjAyMSBbMjAxMy0wMDA1Ni0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

La legislación mercantil no define el porte marítimo de mercaderías ni señala sus elementos configurantes, pero determina que podrá tener como objeto “ una carga total o parcial, o cosas singulares, y ejecutarse en nave determinada o indeterminada”.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación: 11001-31-03-015-2013-00056-01 En consecuencia, demanda indemnizar los perjuicios irrogados a las primeras como subrogatarias y a Auteco directamente por los mayores costos de la operación, consistentes en gastos de salvamento y avería gruesa, cancelados al ajustador internacional en cuantía total de USD $459.937,53, reconociendo su equivalente a la tasa representativa del mercado a la fecha del pago. La infracción se traduce en la falta de realización del comportamiento prometido, su ejecución con retraso o el cumplimiento deficiente o apenas parcial, supuestos que menoscaban la utilidad procurada por el acreedor. Responsabilidad Civil Contractual, T, I. Santiago, 2011 AbeledoPerrot, p. 270. ] De lo expuesto emerge con claridad que la obligación de transporte reviste un carácter complejo, pues envuelve distintas prestaciones, cuya observancia produce la satisfacción de la finalidad del contrato.

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación: 11001-31-03-015-2013-00056-01
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
SC1043-2021
Radicación: 11001-31-03-015-2013-00056-01
Aprobado en Sala virtual de veintiocho de enero dos mil veintiuno
Bogotá, D. C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Se decide el recurso de casación que interpusieron Seguros Generales Suramericana S.A., Seguros Colpatria S.A., Chartis Seguros Colombia S.A., Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A., Seguros Comerciales Seguros Bolívar S.A., Allianz Seguros S.A. y Auteco S.A.S., frente a la sentencia de 12 de junio de 2018, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso incoado por las recurrentes contra Frontier Agencia Marítima S.A., Frontier Agencia Marítima del Caribe S.A.S. y Thien & Heyenga Bereederungs – UND Befrachtungs.
1. ANTECEDENTES
1.1. El petitum . El mandatario judicial especialmente constituido por Seguros Generales Suramericana S. A., quien, además, manifestó obrar como agente oficioso de las restantes compañías aseguradoras y de Auteco S.A.S., solicitó declarar que esta última, la sociedad alemana y las importadoras aseguradas celebraron sendos contratos de transporte, los cuales incumplió la armadora al permitir el encallamiento del buque “Stadt Bremen”.
En consecuencia, demanda indemnizar los perjuicios irrogados a las primeras como subrogatarias y a Auteco directamente por los mayores costos de la operación, consistentes en gastos de salvamento y avería gruesa, cancelados al ajustador internacional en cuantía total de USD $459.937,53, reconociendo su equivalente a la tasa representativa del mercado a la fecha del pago.
En subsidio, declarar a la propietaria de la motonave directamente responsable de los perjuicios causados con la negligencia del capitán de la embarcación y, en solidaridad, por el obrar descuidado del piloto práctico, secuela de lo cual debía resarcir los señalados rubros.
Respecto de las agencias marítimas, declarar su responsabilidad solidaria en los términos del artículo 1492 del Código de Comercio e imponerles la misma condena.
1.2. La causa petendi . Las personas jurídicas Arclad S.A., Mariscos Atlantic S.A., Incolmotos Yamaha S.A., Nalsani S.A., Alimentos Cárnicos S.A.S., Glormed de Colombia S.A., Muebles Jamar S.A., Quala S.A., Disrel S.A., Golosinas Trululú S.A., Casa de la Válvula S.A., Meico S.A., Bridgestone Firestone Colombiana S.A., Nestlé de Colombia S.A., Procter & Gamble Colombia Ltda., Solla S.A., Antillana S.A. Lamitech S.A., Materiales Emo S.A., Continente S.A., Kalagas Ltda., Rawnco S.A., Yazaki Ciemel S.A., Auteco S.A.S. y Colombiana Kimberly Colpapel S.A., contrataron los servicios del armador del buque “Stadt Bremen” para portear las mercancías de cada una, por valor total de USD$4.450.721,43, hasta el puerto de Barranquilla.
Algunas de las cargas se manejaron bajo contratos con otros buques y luego se transbordaron en la embarcación.
El acarreo de los efectos comerciales fue amparado por las compañías de seguros demandantes.
El 18 de noviembre de 2010, el buque encalló y sufrió varadura al ingresar al puerto de Barranquilla con la conducción del piloto práctico local contratado.
Acaecido el siniestro, el armador declaró la avería y procedió a procurar las operaciones de salvamento con la sociedad T & T Bisso Salvage Asia Pte Ltd.
Las actoras depositaron en moneda norteamericana el equivalente al 15% del valor de las cargas en las cuentas bancarias de la ajustadora alemana Groninger & Welke.
Realizada la liquidación definitiva de los gastos con los cuales cada uno de los importadores debía contribuir a la avería decretada, Auteco S.A.S. y las aseguradoras cancelaron los valores individuales correspondientes, que agregados asciendían a USD$459.937,53.
Frontier Agencia Marítima S.A. y Frontier Agencia Marítima del Caribe S.A.S. actuaron como agentes marítimos de la nave a su arribo al puerto de Barranquilla y se encargaron de las labores de descargue y representación.
La Dirección General Marítima – DIMAR-, a través de la Capitanía de Puerto, abrió una investigación por presuntas violaciones a normas de marina mercante.
Mediante escritos de 28 y 30 de noviembre de 2012, se efectuó requerimiento de pago a los representantes del armador con el fin de interrumpir la prescripción.
En la última fecha, los convocantes presentaron solicitud de conciliación prejudicial, fracasada según constancia de ausencia de acuerdo de 23 de enero de 2013.
1.3. Los escritos de réplica . Frontier Agencia Marítima del Caribe S.A.S. se opuso a las súplicas, argumentando que el contrato de transporte se cumplió; las acciones derivadas de este y de la avería gruesa prescribieron; por el mismo suceso se adelanta un juicio ante la DIMAR; las partes pactaron liberar de responsabilidad al armador; los contribuyentes a la avería no la objetaron; y el encallamiento fue producto de la imprevisible e irresistible presencia de corrientes causadas por una ola invernal y de la conducción del piloto práctico.
En esa dirección, formuló las excepciones de prescripción, inexistencia de incumplimiento contractual, exoneración de responsabilidad, fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero, peligros del mar, falta de jurisdicción y competencia, pleito pendiente, cosa juzgada, contrariar actos propios y ausencia de solidaridad.
Frontier Agencia Marítima S.A. también resistió el petitum aduciendo falta de representación o agenciamiento del armador y extinción de los mecanismos judiciales como fundamento de sus excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción.
La llamada en garantía, Mapfre Seguros Generales de Colombia, enfrentó las pretensiones acudiendo a la indebida representación de los demandantes, la prescripción de los instrumentos jurídicos, el cumplimiento de la operación de porte, la falla de Cormagdalena en el mantenimiento de los canales de ingreso al puerto de Barranquilla y del capitán del buque, amén de la excesiva pluviosidad que se registró en la época de los hechos.
En sentido similar se pronunció la convocada como garante, R&M Pilotos Ltda., adicionando la inexistencia de solidaridad con el armador de la nave.
1.4. La sentencia de primera instancia . El 16 de noviembre de 2017, el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, declaró probada la excepción previa de prescripción y, en consecuencia, negó las pretensiones.
Lo anterior, por cuanto el término para instaurar la acción de
incumplimiento del contrato
de transporte fenecía dos años después de concluido el viaje marítimo, esto es, el 4 de diciembre de 2012.
Aunque la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por los demandantes suspendió el conteo de este lapso, finalmente se consumó el 27 de enero de 2013, un día antes de radicada la demanda.
1.5. El fallo de segundo grado . Confirmó la decisión, al resolver la alzada que interpusieron los convocantes.
2. LA SENTENCIA IMPUGNADA
2.1. En cuanto a la naturaleza de la acción entablada, el Tribunal consideró que pese a mencionar la demanda la figura del incumplimiento contractual, el conflicto se ubicaba en los terrenos de la avería gruesa.
Dicho mecanismo fue el único transmitido a las compañías de seguros, pues el pago realizado por ellas, cuyo recobro persiguen, derivaba de las contribuciones exigidas a sus aseguradas para las labores de salvamento en razón del siniestro de la motonave.
Por esto, dijo, la pendencia relativa a la insatisfacción de las obligaciones del porteador no se transfirió a las demandantes, careciendo de legitimación por activa en un reclamo de esa índole.
2.2. Seguidamente, el juzgador dejó sentado que la avería común contaba con un régimen particular y un término específico de prescripción, consagrado en el artículo 1528 del estatuto mercantil.
Conforme a esa norma, el juicio debía incoarse en el lapso de un año, contado desde la finalización del viaje, límite que feneció el 2 de diciembre de 2011, sin mediar hechos constitutivos de interrupción o de suspensión.
3. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Los cinco cargos formulados por las recurrentes, demandantes en el litigio, y replicados por la otra parte, se fundaron en la violación de la ley sustancial. Los tres iniciales, rectamente, y los restantes, a raíz de la comisión de errores probatorios y de apreciación de la demanda.
La Corte analizará conjuntamente y, en primer lugar, los dos iniciales y el cuarto, porque fuera de mantener una vinculación argumental, enfrentan, desde distintos frentes, la consideración que de manera principal soportan la decisión impugnada, razón por la cual ameritan consideraciones comunes para su resolución.
A continuación, por guardanr independencia de los que anteceden y entre sí, se ocupará de manera separada del cargo tercero y seguidamente del ataque quinto.
3.1. CARGO PRIMERO
3.1.1. Las recurrentes, atendiendo la vía escogida para denunciar la trasgresión normativa, la directa, cuestionan la falta de aplicación de los artículos 1030, 1514, 1516 y 1519 a 1525 del Código de Comercio, falencia que impidió al Tribunal concluir que la normatividad rectora de la avería gruesa no regulaba las acciones de repetición contra el responsable de los sucesos desencadenantes del siniestro, ni tampoco las declarativas de su responsabilidad, las cuales dimanaban del canon 1520 y prescribían en el término bienal consagrado en la regla 993, ibídem .
El plazo extintivo de un año previsto en el precepto 1528, en sentir de la censura, aplicaba únicamente a los reclamos naturalmente vinculados al gasto extraordinario en que debió incurrirse, más no, al incumplimiento de las obligaciones del transportador, a quien le competía responder de la avería de las cosas acarreadas.
3.1.2. La infracción condujo al juzgador a considerar aplicable el régimen prescriptivo de un instituto jurídico ajeno a la responsabilidad del armador derivada del contrato de porte.
3.2. CARGO SEGUNDO
3.2.1. Acusan las casacionitas la violación de los preceptos 993 y 1096 del estatuto de los comerciantes por indebida aplicación al litigio.
3.2.1.1. El juzgador interpretó de modo inadecuado y restrictivo la segunda de las normas en cita, desconociendo así injustificadamente el derecho de las aseguradoras demandantes de subrogarse en el instrumento residual establecido en el artículo 1520 ejúsdem , el cual, en criterio de las impugnantes, no es otro que el reclamo de incumplimiento contractual.
Precisan, la acción de responsabilidad contra el transportista, ejercida por el subrogatario, es una de las tantas “indirectas” referidas por el canon 993 de la Ley Comercial, y otorga a la Compañía de Seguros el derecho a obtener el importe pagado a título de indemnización.
3.2.1.2. Concluyen que equivocadamente circunscribió a un solo mecanismo -el originado en la avería gruesa-, la posibilidad de reclamar los valores asumidos por el asegurado, y desechó la opción de discutir la responsabilidad del porteador, en un litigio cuya prescripción es regida por la previsión previamente mencionada, cual se expuso en la acusación precedente.
3.3. CARGO CUARTO
3.3.1. Se imputa al Tribunal la comisión de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de los supuestos fácticos y pretensiones de la demanda, por inobservar que la convocante Auteco S.A.S. no tiene la calidad de subrogataria, pues es importadora de una fracción de las mercancías transportadas.
Desacertó el juzgador, por tanto, al desconocer su legitimación para incoar la acción contractual, pese a tener la condición de parte en el convenio, así como la titularidad del derecho de demandar con base en el contrato de porte.
3.3.2. Advierte la censura, si bien la falencia puede no variar el resultado final de la litis , es notoria la utilización del fundamento jurídico incorrecto en la determinación reprochada, la cual, para identificar el plazo prescriptivo, debió soportarse en el artículo 993 del Código de Comercio.
3.4. CONSIDERACIONES
3.4.1. Los cargos inaugurales, encaminados por la causal primera de casación, reprochan el entendimiento equivocado del Tribunal sobre la naturaleza de la litis , como consecuencia de la inaplicación de las normas que gobiernan el asunto y la aplicación indebida de otros preceptos que no tenían incidencia alguna en el proceso.
El origen de la inconformidad radica en la subsunción del litigio en las disposiciones concernientes al instituto de la “avería gruesa”, pese a tratarse de una acción de responsabilidad contractual frente al armador, con fundamento en los mayores costos generados en el porte marítimo, debido al encallamiento del buque, o, en su defecto, una controversia relacionada con los actos de asistencia y salvamento ejecutados para reflotarlo.
3.4.2. La discusión en sede extraordinaria se centra, entonces, en definir el marco normativo regulador del conflicto sometido a composición de la jurisdicción, y a partir de éste resolver si el juzgador incurrió en la violación directa de preceptos sustanciales

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

gislador y se estructura en las correspondientes hipótesis normativas; y lo segundo, que la demanda presentada para sustentarlo constituye el marco de actuación de la Corte, razón por la cual no le es permitido replantear acusaciones mal formuladas, suplir deficiencias o superar inconsistencias, salvo cuando se trate de la casación oficiosa o de la selección positiva de ciertas sentencias, por lo mismo, en los casos y en la forma dispuesta en el ordenamiento (artículos 344, in fine , del Código General del Proceso, y 7º de la Ley 1285 de 2009).
De ahí, bajo la premisa de que el juzgador no desatinó, lo decidido ingresa al recurso extraordinario cobijado por la doble presunción de legalidad y acierto, y esto, precisamente, es lo que el casacionista, asido de las causales legales, debe desvirtuar; y la Corte, por su parte, resolver dentro del estricto marco que le ha sido propuesto.
3.9.4. Cuanto hace a la preterición de la prueba documental referenciada, esto es la determinación emitida por la Capitanía del puerto de destino, ésta no se estructura, por cuanto el juzgador se hallaba exento de pronunciarse sobre ese medio probatorio en la medida en que éste servía de fundamento a las pretensiones formuladas en la demanda y la defensa que prosperó tenía por efecto desestimarlas.
3.9.4.1. Si se está en presencia de la extinción de la acción judicial por hallarse cumplido el término prescriptivo fijado en la ley para ella, carece de sentido y sería contrario a la lógica, proceder a la valoración de las probanzas recaudadas en el juicio que versan sobre aspectos diferentes de la especie litigiosa.
La determinación de responsabilidad del capitán del buque y del piloto práctico en el siniestro marítimo por obrar de manera imprudente en el atraque de la máquina, nada aportan frente al punto discutido de la prescripción y por ello era innecesaria su mención y apreciación en la sentencia.
3.9.4.2. Ahora, como nada dijo el recurrente frente a la consideración fáctica del Tribunal sobre el transcurso de un año entre la terminación del viaje y la presentación de la demanda, aquella permanece incólume y, por lo tanto, presta firme apoyo a la determinación adoptada.
3.9.5. En lo que atañe a la orden de oficiar a la Dirección General Marítima a fin de obtener una copia del veredicto de segunda instancia proferido por ese órgano, tal alegación no es de recibo, puesto que no refiere a algún yerro que, en el tema probatorio, pueda cometer el ad quem , pues no se trata de un elemento persuasivo que, pese a su existencia en el proceso, es dejado de apreciar o se valora parcialmente, cercenando su contenido objetivo, y ello conduce a declarar acreditado un hecho o a no hacerlo.
La inconformidad de la censura desconoce, adicionalmente, que era su potestad solicitar la práctica de la prueba dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación, si se encontraba en alguno de los supuestos consagrados en el canon 327 del Código General del Proceso, oportunidad de la que no hizo uso, y ahora pretende subsanar aduciendo un inexistente error de hecho en la apreciación de los medios de convicción.
3.9.6. Finalmente, la protesta alusiva a la omisión de pronunciamiento sobre las pretensiones subsidiarias de la demanda, que, según la pate recurrente, se soportaban en la solidaridad que la ley comercial instituyó entre el armador y el capitán de la nave y en las obligaciones contraídas en el contrato de porte, tampoco tiene vocación de bienandanza, porque atendido el carácter dispositivo del recurso de casación, no le es posible a la Corte replantear una acusación erróneamente trazada para enmendar su formulación.
Recuérdese que de acuerdo con el artículo 336 del compendio general adjetivo “[l]a Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante”.
3.9.6.1. El supuesto de la alegación no es susceptible de estudiarse por el cauce del segundo motivo de impugnación extraordinaria, pues se trata de un vicio de actividad del juzgador y no de juicio o entendimiento, que el legislador consagró en el numeral 3° de la disposición precitada, a cuyo tenor es causal alegable “[n]o estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda , o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio” (se subraya) .
De modo que, si el sentenciador deja de pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis, se habilita recurrir a la sede de la Corte, invocándose la causal tercera y no otra diferente.
4. Conclusión
El recurso en su contexto deviene frágil e infundado, en compendio, porque: (i) el problema no era de
incumplimiento del contrato
de transporte marítimo, pues con independencia de las vicisitudes del viaje, las mercaderías arribaron sanas y salvas. (ii) El conflicto surgió de la relación de solidaridad entre los empresarios o dueños de las mercancías porteadas, pero por lo gastos derivados del encallamiento de la nave y de su salvamento, y no por otra cosa. Los gastos, por tanto, no podían imputarse al precio del transporte, entendido como mayor valor por dicho concepto. De ahí que la prescripción no abrevaba en el transporte de las mercancías, sino en la obligación de solidaridad antes dicha, que es algo totalmente distinto. (iii) Del mismo modo, el litigio no versó sobre si hubo o no salvamento de la nave, menos, entre quienes concurrieron a hacerlo, que no fueron los empresarios transportadores, pues únicamente concurrieron a sus gastos, que es también una cuestión totalmente diferente.
5. De todo lo expuesto se infiere, el Tribunal no cometió los errores denunciados en el recurso y, por consiguiente, no hay lugar a casar la sentencia impugnada
6. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 12 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso incoado por Seguros Generales Suramericana S.A., Seguros Colpatria S.A., Chartis Seguros Colombia S.A., Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A., Seguros Comerciales Seguros Bolívar S.A., Allianz Seguros S.A. y Auteco S.A.S., contra Frontier Agencia Marítima S.A., Frontier Agencia Marítima del Caribe S.A.S. y Thien & Heyenga Bereederungs – UND Befrachtungs.
Las costas en casación corren a cargo de la parte demandante recurrente. En la liquidación, inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6’000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que los opositores en el recurso replicaron todos los cargos.
Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente a la oficina de origen .
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1043-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-03-26. C.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Rad. 2013-00056-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1043-2021%20%5B2013-00056-01%5D).
