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clave: "corte_suprema:providencia:SC088-2023 [2016-00099-01]"
titulo: "Corte Suprema: no se señala que una vez vencida la octava anualidad de la póliza con el pago No 8"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-05-15"
radicado: "2016-00099-01"
numero: "SC088-2023"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: no se señala que una vez vencida la octava anualidad de la póliza con el pago No 8

- **Título oficial / radicado:** SC088-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-05-15
- **Radicado:** 2016-00099-01
- **Número:** SC088-2023
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC088-2023%20%5B2016-00099-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC088-2023%20%5B2016-00099-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIzL0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzUuLSBNYXlvL1NlbnRlbmNpYXMvU0MwODgtMjAyMyBbMjAxNi0wMDA5OS0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Es preciso destacar que, en el ámbito de la prueba y para los propósitos casacionales debe refulgir la abierta e irreconciliable afirmación extraída por el Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios muestran.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 795 de 2003
- Constitución Política

## Extracto

En ese orden de ideas, si la rentabilidad proyectada del fondo de protección que con los ocho pagos se generaba no resultaba ser la esperada, « con los valores de cesión se iba a cubrir el pago de la prima y, una vez agotados dichos valores, el contrato debía terminar precisamente por ausencia del pago de la prima ». En consecuencia, al no existir primas anuales insatisfechas, los presupuestos de aplicación de la cláusula 6.2. no se configuran. Y es apenas obvio que el yerro de facto, cuya característica fundamental es el de que sea evidente, o como lo observa la doctrina de esta Corporación, que salte de bulto o brille al ojo, sólo se presenta cuando la única estimación acertada sea la sustitutiva que se propone. A saber: la cotización de la póliza y el contrato de seguro. Se condena a la parte demandada en agencias en derecho por valor de $10.000.000, teniendo en cuenta que el opositor se pronunció en término.

## Cita textual

> los jueces de apelación no pueden fallar de oficio sobre ningún asunto que no les haya sido propuesto

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación nº 11001-31-03-004-2016-00099-01
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC088-2023
Radicación n.° 11001-31-03-004-2016-00099-01
(Aprobado en sesión de dos de marzo de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por Global Seguros de Vida S.A. contra la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que promovió el señor José Chafic Aljure Caicedo contra la recurrente.
I. ANTECEDENTES
1. El actor solicitó que se declare civilmente responsable a Global Seguros de Vida S.A. por el
incumplimiento del contrato
de « Seguro de Vida Renta Dorada », consignado en la póliza n.° 1783 del 5 de marzo de 1997. Ello por cuanto esta fue terminada unilateralmente en marzo de 2015 por la demandada, con el propósito de no mantener la cobertura de riesgo, pese a que se pagó la totalidad del valor de la prima. En consecuencia, instó a que se ordene a la convocada a mantener la vigencia de la referida póliza « en las mismas condiciones generales y amparos allí establecidos como en sus modificaciones, esto es, quedar asegurado hasta la edad de 80 años, por haber cancelado la prima en ocho (8) pagos anuales, según el plan escogido y acordado al momento de suscribir el contrato de seguro ».
2. Como soporte fáctico, se adujeron los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio:
2.1. Seguros Fénix de Vida S.A. expidió póliza núm. 1783 del 5 de marzo de 1997, a solicitud del demandante, por el valor asegurado inicial de $20.000.000, « con incremento anual del valor asegurado del 20% y permanente anual de 8 años ». Al amparo básico se adicionaron los siguientes: « indemnización adicional por muerte accidental, invalidez total y permanente, y enfermedades graves ».
2.2. Aseveró que el contrato celebrado correspondía a « un seguro temporal a cuatro (4) años, renovable automáticamente por periodos de cuatro (4) años hasta la edad de ochenta (80) años, con generación de valores de cesión o de rescate, desde el segundo año de vigencia del mismo, sin que se hubiese pactado con el componente de "participación" ni con una prima exclusiva de "ahorro", a pesar de haberse hecho referencia de los mismos ». En ese sentido, indicó que la póliza fue concebida para ser pagada en ocho instalamentos anuales, que fueron sufragados en su totalidad por el señor Aljure. Así pues, estimó que « una vez cancelada la última prima de seguro en el año ocho, se presumía que este en calidad de tomador y asegurado, quedaba amparado hasta la edad de 80 años, pudiendo disponer, en vida de los valores de cesión o de rescate hasta los 78 años de edad ».
2.3. El 17 de noviembre de 2006, Royal & Sun Alliance Seguros de Vida Colombia S.A. –antes Seguros Fénix de Vida S.A.- comunicó al convocante la necesidad de variar a otro plan de seguro, pues « supuestamente de seguir bajo las condiciones pactadas inicialmente el fondo se agotaría y se haría imposible el pago de la prima anual, con lo cual la protección terminaría, estimando con fecha del agotamiento para mayo de 2014 ». El 21 de diciembre del mismo año, el señor José Chafic manifestó no acogerse al nuevo plan ofrecido. Pese a lo anterior, el 1 de julio del 2015, la aseguradora informó al demandante que su póliza había sido cancelada desde el mes de marzo del 2015. Aseveró que lo anterior se debió al agotamiento de las reservas que se constituyeron para cumplir con el pago de las primas. Más tarde, en documento adiado a 6 de agosto del mismo año, la entidad financiera concluyó que « en atención a la falta de pago de la prima de protección, ante la extinción de los valores de rescate acumulados en la póliza durante su vigencia, lo anterior debido a las condiciones del mercado, ajenas a la Aseguradora ».
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, a quien fue asignado por reparto el asunto, dispuso su admisión por auto de 26 de abril de 2016, ordenando el enteramiento de la interpelada (fl. 82 Cd1).
4. Global Seguros de Vida S.A. aceptó unos hechos, negó otros y manifestó no constarle el resto. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones que denominó « Terminación del contrato de seguro de vida individual no. 1783 plan renta dorada, conforme las condiciones del contrato y los hecho acaecidos » y « Global Seguros de Vida S.A. dio pleno cumplimiento a sus obligaciones contractuales » (folio 154 C.1).
5. Agotadas las etapas que le son propias a este tipo de asuntos, el juzgado cognoscente dirimió la instancia el 19 de octubre de 2016. En su proveído, declaró prósperas las excepciones de mérito. Y, en consecuencia, desestimó todas las súplicas de la demanda.
6. El Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil desató el recurso de apelación formulado por la demandante el 28 de febrero de 2018. Revocó en su totalidad la decisión de primer grado. En su lugar, declaró que Global Seguros de Vida S.A. incumplió el contrato de seguro a que refiere la póliza núm. 1783. Y la condenó « a mantener la vigencia de la póliza No. 1783 tomada por el señor José Chafic Aljure Caicedo el 5 de marzo de 1997, bajo las mismas condiciones generales y amparos allí establecidos como en sus modificaciones, por lo anotado ».
7. Inconforme con lo así decidido, el extremo vencido formuló recurso de casación, que fue admitido a trámite por esta Corporación.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal comenzó por exponer extensamente la doctrina existente sobre el contrato de seguro, su régimen jurídico y la buena fe que se predica frente a toda clase de relaciones contractuales. Cotejado tal recuento con el caso que ocupa la atención de la Sala, el ad quem aseveró que « no hay duda que entre las partes se ajustó un negocio aseguraticio que recoge la Póliza No. 1783, bajo la modalidad de "renta dorada", mediante el cual, la parte demandada cubría el riesgo de la muerte del asegurado, contrato que tenía una vigencia inicial de "4 años, renovable automáticamente por periodos de 4 años, hasta la edad de 80 años", y el cual, se inició con un valor asegurado de $20.000.000,00 que se aumentaría "cada año, contado a partir de la expedición de la póliza" en "un 20%". Así, se lee expresamente del texto de la póliza y su anexo obrante a folio 84 ». Y, en lo que atañe con el pago de la prima, « el plan que se pactó entre las partes correspondió al denominado "2.4 OCHO PAGOS" en donde el asegurado pagaría "primas por 8 años" con lo cual quedaría "asegurado hasta la edad de 80 años" generando valores de cesión automáticamente (fl. 14, C.1) ».
En ese orden de ideas, estimó que las partes pactaron explícitamente el término durante el cual el tomador debía pagar la prima –principal obligación-, « al señalarse que sería "por 8 años", deber de prestación que efectivamente cumplió el demandante al realizar el pago de aquella durante el tiempo y la forma estipulada, punto sobre el cual no se suscitó cuestionamiento alguno por parte de la convocada». Dicha circunstancia, considera el Colegiado, no «autorizaba» a la aseguradora para aplicar lo estipulado en la cláusula 6.2 de las condiciones generales. Y es que « no existe duda que el tomador del seguro honró la principal obligación que tenía frente a la aseguradora: pagar la prima "en la forma y tiempo debidos", si se considera que el demandante sufragó en su totalidad los ocho (8) pagos a que se comprometió en el negocio aseguraticio, de suerte que no le era dable a la aseguradora proceder a la "cancelación" de la póliza fundamentado ello en "el agotamiento de las reservas que se constituyeron para cumplir con el pago de las primas con el propósito de mantener la cobertura del riesgo" (fi 55, C.1) ». En otras palabras, si el asegurado cumplió en debida forma con el pago de las primas a las que se obligó, no era dable que la demandada ejecutara la cláusula 6.2, porque no habían primas por cubrir.
En cuanto a la defensa esgrimida por la convocada, en lo concerniente a la constitución de un fondo de protección (valor de cesión o rescate), se evidenció que « en la póliza no aparece que con la suma que se obligó el demandante a sufragar por concepto de primas (8 cuotas por 8 años), se conformaría un fondo, a partir del cual, según una proyección del "24%" anual de rendimiento "sujetas a la variación de las tasas de interés del mercado" se sufragarían las primas subsiguientes para mantenerse el seguro de vida hasta los 80 años de edad ». Por el contrario, lo pactado fue que el pago de las primas se haría en 8 desembolsos, en los que el tomador sufragaría el valor total de la prima en 8 pagos.
Así mismo, verificada la cotización remitida al demandante, « obrante a folios 133 a 134 de la encuadernación principal, no aparece que en el mismo se haya establecido lo alegado por la pasiva ». Lo que observa es que « el asegurado haría ocho (8) únicos pagos, con los cuales se cubriría el total de las primas de riesgo, generando con ello un valor de cesión el cual fue calculado hasta el año 2043, con un rendimiento del 24%. Además, no se señala que una vez vencida la octava anualidad de la póliza con el pago No 8, existirían más primas de riesgo o protección por cubrir por parte del tomador, y que si las mismas no eran satisfechas dentro de determinado plazo (pues al respecto nada se dijo) aquellas se cubrirían con los valores de cesión acumulados. Y por último, tampoco se observa una prima de ahorro y proyección de ahorro ». Así las cosas, para el ad quem es claro que la aseguradora infringió el contrato de seguro al «cancelarlo», sin existir causa legal ni contractual que respaldara tal determinación.
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se estudiarán delanteramente los cargos primero y tercero. Se terminará con el análisis del segundo.
PRIMER CARGO
Al amparo de la causal quinta de casación, acusó la sentencia de segundo grado de estar afectada de una nulidad procesal insaneable. En particular, al tenor del artículo 121 del Código General del Proceso, dicha providencia fue proferida luego de que hubiera fenecido el término de duración del proceso y su prórroga en segunda instancia. Indicó que el expediente llegó al juez colegiado el 26 de octubre de 2016, por lo que el término de 6 meses fenecía, en principio, el 26 de abril de 2017. Sin embargo, « mediante auto del 25 de abril de 2017, notificado el 26 de abril de 2017, el Honorable Magistrado Sustanciador, al abrigo del artículo 121 del Código General del Proceso, decidió prorrogar por seis (6) meses el término de duración de la segunda instancia, con lo cual el término máximo para proferir el fallo de segundo grado vencía el 26 de octubre de 2017 ». Pese a lo anterior, llegada esa fecha, tampoco se profirió el fallo. El 24 de enero de 2018, con ocasión de un memorial presentado por el demandante - que solicitó aplicar el canon 121 del Código General del Proceso-, la Magistrada Sustanciadora negó la petición. Consideró que, al haberse posesionado el 1 de septiembre del 2017, « tiene como termino máximo para pronunciase el 1 de marzo de 2018 ». En ese orden, por cuanto la providencia con la cual se resolvió la apelación fue dictada el 28 de febrero de 2018, « esto es, fue dictada luego del 26 de octubre de 2017, lo cual, sin más miramientos, la hace nula de pleno derecho, lo cual se traduce en que se trata una irregularidad insaneable, es decir, en una irregularidad que opera por ministerio de la Ley y cuya gravedad es de tal trascendencia que no puede subsanarse ni corregirse por el silencio o inactividad de las partes ».
CONSIDERACIONES
1. Con respecto a lo expresamente consagrado en el numeral 5º del artículo 336 del Código General del Proceso, esta Sala de Casación Civil ha dispuesto ciertos requisitos necesarios para su prosperidad, a saber:
«a) Que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente ; b) Que además de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades estén contempladas taxativamente [en el ordenamiento procesal]; y por último, c) Que ocurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades así en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o tácito de la persona legitimada para hacerlas valer»[footnoteRef:1] (se subraya). [1: CSJ SC 053 de 1997, Rad. 4850, reiterada en SC 16426-2015.]
A su vez, tiene dicho la Corte que, para invalidar la sentencia de segunda instancia por vía de casación, es indispensable observar el principio de trascendencia[footnoteRef:2] que cobija el régimen de las nulidades procesales. Es así como se exige que, en atención al primero, el defecto procesal menoscabe los derechos de los sujetos procesales -sus garantías fundamentales-. Lo dicho tiene su excepción cuando la falta alegada imponga un vicio insaneable. Porque su consumación priva a las partes de la defensa plena de sus derechos -aunado a su indis

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

nsecuencias del vencimiento del término para decidir no se alcanzarán de pleno derecho ni de forma automática, sino que están subordinadas a que se aleguen antes de la expedición de la sentencia. De forma literal, la Corte Constitucional manifestó:
[L]a declaratoria no tienen ninguna repercusión en las reglas contenidas en los incisos 1 y 5, que establecen la duración de los procesos, pues lo que la Corte consideró contrario a la Carta Política es el hecho de que la nulidad de las actuaciones que se adelantan por el funcionario que perdió la competencia por no concluir la instancia oportunamente, opere de pleno derecho, más no que el legislador haya fijado un límite temporal a los trámites que se surten en la Rama Judicial…
la pérdida de la competencia y la nulidad originada en este vicio debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, esto es, cuando expiren los términos legales contemplados en el artículo 121 del CGP. Con ello se pone fin a la práctica denunciada en este proceso por algunos intervinientes, en la que las partes permiten el vencimiento del plazo legal y guardan silencio sobre la pérdida automática de la competencia, para luego alegar la nulidad del fallo que es adverso a una de ellas (idem).
Explicado de otra manera, de acuerdo con el actual estado de cosas constitucional y la ratio decidendi de la citada decisión, cuando la parte respectiva solicita aplicar los efectos del artículo 121 ibidem , luego del vencimiento del plazo de duración de la instancia y antes de la expedición de la sentencia, indefectiblemente se configura una nulidad que conduce al quiebre del fallo y la renovación de las actuaciones viciadas.
La Corte Suprema de Justicia explicó que, después de conocido « que la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión de ‘pleno derecho’ contenida en el inciso sexto del artículo 121 del CGP, … significa que la nulidad no opera de pleno derecho, por tanto, debe ser alegada por las partes antes de proferirse la correspondiente sentencia, y esta puede sanearse de conformidad con la normatividad procesal civil (art. 132 y subsiguientes del CGP) » (AC5149, 4 dic. 2019, rad. n.° 2011-00299-01).
Poco tiempo después reiteró:
La Sala en la providencia AC5139-2019 de fecha 3 de diciembre del año que avanza, al reexaminar la temática concerniente a si la nulidad por falta de competencia por vencimiento del plazo para adoptar la providencia pertinente es o no saneable, estando en sede de casación, y ante la posibilidad que solo se utilice dicha herramienta jurídica como última carta para quebrar la sentencia cuya decisión le resultó contraria al impugnante extraordinario, como ocurrió en el sub examine, no obstante de haber tenido el recurrente la oportunidad para invocarla oportunamente, se apartó de la doctrina expuesta como juez constitucional en el sentido de que dicha nulidad debe formularse tempestivamente, so pena que quede saneada, y, por tanto, no hay lugar a su reconocimiento, doctrina que se encuentra orientada significativamente a realizar los derechos, principios y valores constitucionales… (AC791, 6 mar. 2020, rad. n.° 2014-00033-01).
3. En el caso de la radicación la Sala sostuvo que: (I) el cambio del funcionario competente es un motivo de interrupción del término de duración del proceso el cual, en consecuencia, debe volverse a computar, para lo cual citó la decisión CSJ STC 12660, 18 sep. 2019; (II) la expedición tardía de la sentencia es intrascendente y no transgrede el derecho fundamental al debido proceso; y (III) el auto del Tribunal que resuelve la petición de nulidad hace tránsito a cosa juzgada y resulta intangible para la Sala al resolver el recurso de casación.
3.1. En realidad, la Sala se basó en un precedente aislado (CSJ STC 12660, 18 sep. 2019) sobre los efectos del cambio del juez o magistrado en el cómputo del término previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso, para lo cual sostuvo que era causal de interrupción y reanudación. Sin embargo, la ley no establece ese efecto, razón suficiente para que la Sala no pudiera aplicarlo al caso concreto.
3.2. Por otro lado, se echa de menos de la decisión mayoritaria alguna explicación sobre por qué la transgresión del plazo de duración razonable del proceso no transgrede el derecho fundamental al debido proceso, a pesar de que la Corte Constitucional solamente declaró la inexequiblidad de las expresiones automática y de pleno derecho que acompañaban las consecuencias del vencimiento del término de duración de decurso previstas en el artículo 121 del Código General del Proceso, pero mantuvo tales efectos, es decir, que su desconocimiento sigue causando nulidad del trámite y pérdida de competencia, con la anotación de que ya no serán de pleno derecho ni automática.
3.3. Finalmente, resultaba inadecuado argumentar que la decisión interlocutoria de las instancias para negar la petición de nulidad tiene efectos de cosa juzgada. Tal argumento desconoce que la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia ejerce una doble función constitucional de máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en su especialidad y tribunal de casación (arts. 234 y 235 #1 de la C.P.; Cfr. CSJ SC048, 29 mar. 2023, rad. 2003-00891), razón por la que un auto proferido durante las instancias para resolver la petición de nulidad, por regla general, no le impide revisar si se configura la causal de casación invocada mediante recurso extraordinario de casación, pues se está creando un obstáculo inexistente para el ejercicio de sus competencias.
Además, como si lo anterior fuera insuficiente, la cosa juzgada se predica generalmente de las sentencias (art. 303 del CGP), y no de los autos, aspecto nuclear que fue pasado por alto en el proyecto.
En suma, de la manera como fue resuelto este asunto, resulta virtualmente imposible que se reconozca la nulidad por vencimiento del término de duración del proceso, posición que desconoce la causal de invalidez prevista expresamente por el artículo 121 del Código General del Proceso, inaplicado sin justificación en esta oportunidad.
4. En todo caso, reitero que la obligatoriedad del precedente jurisprudencial no se sustenta únicamente en la posición jerárquica ostentada por la autoridad judicial que lo establece, sino en valores constitucionales como la seguridad jurídica, la igualdad y la confianza legítima de los usuarios, donde es insuficiente que una nueva interpretación sea mejor o más elaborada para que se imponga sobre la jurisprudencia vigente (salvamentos de voto a las decisiones CSJ STC12660, 18 sep. 2019, rad. 2019-01830 y CSJ SC3255, 4 ag. 2021, rad. 2014-00116). Esto me lleva a dejar constancia de mis argumentos en torno a la nulidad por el vencimiento del término de duración del proceso y, de ahora en adelante, en aras de la coherencia de la jurisprudencia, aplicar el precedente de la Sala.
En los anteriores términos dejo sentada mi aclaración parcial de voto.
Fecha ut supra .
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC088-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2023-05-15. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2016-00099-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC088-2023%20%5B2016-00099-01%5D).
