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clave: "corte_suprema:providencia:SC004-2019 [2009-00001-01]"
titulo: "Corte Suprema: la solicitud de invalidación debe fundarse en una de las causas de nulidad"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2019-01-23"
radicado: "2009-00001-01"
numero: "SC004-2019"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: la solicitud de invalidación debe fundarse en una de las causas de nulidad

- **Título oficial / radicado:** SC004-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2019-01-23
- **Radicado:** 2009-00001-01
- **Número:** SC004-2019
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC004-2019%20%5B2009-00001-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC004-2019%20%5B2009-00001-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE5L0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS8xLi0gRW5lcm8vU2VudGVuY2lhcy9TQzAwNC0yMDE5IFsyMDA5LTAwMDAxLTAxXS5kb2M%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

La solicitud de invalidación debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley; el tratamiento que debe darse a las nulidades como motivo del recurso extraordinario de casación está igualmente sometido a los principios generales que gobiernan este instituto procesal y, al de la ‘especificidad.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2651 de 1991
- Ley 448 de 1998

## Extracto

De esta manera, sostiene, el Tribunal no se percató de que el vínculo «era ineficaz, por no estructurarse el riesgo asegurable como elemento esencial de todo contrato de seguro». En punto de la taxatividad de los motivos que constituyen nulidades procesales ("especificidad"), la legislación colombiana siguió a la francesa de la Revolución y su gran apego o culto a la ley en cuyo desarrollo acuñó la máxima pas de nullité sans texte, esto es, que no hay defecto capaz de estructurar nulidad, sin ley que expresamente la establezca, consagrado sintéticamente en el encabezamiento del artículo 140 del estatuto de enjuiciamiento al decir que "el proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos...", especificidad que reafirma el inciso 4o. del artículo 143 ibídem, al disponer que "el juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta a las determinadas en este capítulo...".

## Cita textual

> el proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos

## Texto del documento

Radicación n.° 73001-31-03-001-2009-00001-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC004-2019
Radicación n.° 73001-31-03-001-2009-00001-01
(Aprobado en sesión de tres de octubre de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019).
En razón de que la ponencia inicial no obtuvo la mayoría necesaria, procede la Sala a decidir el recurso de casación interpuesto por Seguros del Estado S.A. frente a la sentencia de 14 de junio de 2012, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario promovido por Rosa Elvira Vengoechea Tovar contra RFP Inversiones Ltda. y la aludida impugnante extraordinaria.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
1.1. En el escrito de demanda se invocaron como pretensiones las siguientes:[footnoteRef:1] [1: Folios 89 a 93, Cuaderno n.º 1.]
1.1.1. De forma principal: (i) condenar a la demandada RFP Inversiones Ltda. a sanear los vicios redhibitorios que presentó el apartamento 703 del Edificio Torre Santa Lucia, ubicado en la calle 46 n.° 5A-55 de Ibagué; y (ii) ordenar la rescisión del contrato de compraventa contenido en la escritura pública n.° 346 otorgada el 9 de febrero de 2007 en la Notaria Primera de esa ciudad, con devolución del precio, junto con intereses comerciales liquidados desde la fecha del pacto e indemnización de perjuicios.
1.1.2. En subsidio, fue pedida la rebaja del precio efectivamente cancelado, así como la reparación de los daños irrogados «ya que en razón a su profesión y oficio de constructora conocía o debía conocer los mencionados vicios».
1.2. Por vía de reforma al escrito inicial, fue incluida como demandada Seguros del Estado S.A., respecto de quien se solicitó declarar «solidariamente responsable en las condenas y al pago de los perjuicios que se tasen en contra de RFP Inversiones Ltda.» [footnoteRef:2] . [2: ff. 133 y 134, ibídem.]
2. Causa fáctica.
2.1. Mediante la escritura pública mencionada, RFP Inversiones Ltda. otorgó a título de compraventa y en favor de Rosa Elvira Vengoechea Tovar, el apartamento 703 y el garaje n.° 20 del Edificio Torre Santa Lucia de Ibagué.
2.2. La entrega material de los bienes fue llevada a cabo el 2 de marzo de 2007; en esta ocasión, se dejó constancia de diversas fallas que presentaba la edificación, las cuales se allanó a subsanar la constructora demandada. No obstante las varias reparaciones que hizo, la humedad que desde el inicio presentó el techo de la cocina no fue remediada, y por el contrario se agravó, a más de que aparecieron otras deficiencias de similar naturaleza en otras paredes.
2.3. En razón de lo anterior, la adquirente contrató los servicios profesionales de un arquitecto y un ingeniero civil, quienes dictaminaron que la filtración de agua procedía de la piscina construida sobre la placa del edificio, ante la falta de impermeabilización y la mala instalación de la membrana de poliuretano; errores que hicieron ceder «los muros de contención» por lo que en su consideración, «en ese caso la causa es estructural».
2.4. Las partes referidas celebraron conciliación extrajudicial, acto en el cual la vendedora asumió el nuevo compromiso de reparar el inmueble, con excepción de la humedad del techo de la cocina. Este acuerdo apenas se cumplió parcialmente, de donde se infiere que la totalidad de las reparaciones requeridas no fueron atendidas, «ocasionando múltiples perjuicios».
2.5. El objeto social de la convocada es la construcción de inmuebles, por lo que debieron ser de su conocimiento las fallas que presenta el apartamento y el garaje materia del pacto, las que así mismo puso de presente la reclamante.
2.6. Las deficiencias existían para la fecha de la compraventa, porque otros apartamentos del Edificio Torre de Santa Lucia habían reportado deterioros similares, siendo que la constructora no informó de esos daños a la compradora, quien de haberlos conocido no habría adquirido los bienes raíces.
2.7. A través de la póliza de seguro de cumplimiento 072500370, tomada el 15 de febrero de 2007, RFP Inversiones Ltda. «asignó la entrega a satisfacción del apartamento 703 (…) y el parqueadero 20 adquirido por la doctora Rosa Elvia Vengoechea Tovar (...). (sic). // Dicha póliza tiene los siguientes valores asegurados: // Cumplimiento $26'700.000. // Estabilidad $17'800.000».
3. Actuación procesal.
3.1. Integrado el contradictorio, las convocadas se opusieron a las pretensiones. RFP Inversiones Ltda., invocó la excepción de prescripción, «porque de acuerdo con lo establecido en el art. 1923 del C.C. ya operó la prescripción de la acción redhibitoria, pues al tenor de la mencionada obra esta prescribe en un año respecto de los bienes raíces, el que empezará a contarse desde la entrega real del bien inmueble transferido (…)» (ff. 116 a 119, ibíd ).
Por su parte, Seguros del Estado S.A., junto a la mencionada excepción de prescripción, que en su caso cimentó no sólo en el canon 1923 del Código Civil, sino principalmente en la preceptiva 938 del Código de Comercio, acompañó su postura de las defensas que denominó: «ausencia de cobertura»; «inexistencia de responsabilidad»; «inexistencia de la obligación de indemnizar» (ff. 148 a 152, idem ).
3.2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, con proveído de 20 de septiembre de 2011, declaró probada la excepción de prescripción y negó todas las peticiones de la demanda (ff. 331 a 340, id ).
II. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la convocante, mediante sentencia de 14 de junio de 2012, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, revocó en su totalidad la decisión apelada, para en su lugar, acceder a la súplica rescisoria, con desestimación de las demás pretensiones.
Consecuencialmente, dispuso que la accionante devuelva a RFP Inversiones Ltda. los inmuebles objeto de la compraventa, al tiempo que de forma solidaria, ordenó a las demandadas restituir el precio que pagó la compradora, corregido monetariamente y con intereses legales calculados desde la fecha del negocio.
Adicionalmente, decretó la inscripción de la sentencia en el registro inmobiliario y condenó en costas de ambas instancias a las enjuiciadas (ff. 76 a 81, C. 3).
2. Para resolver en tal sentido, el juzgador ad quem determinó que la acción redhibitoria prescribe en el lapso de seis meses, término que transcurrió en el sub lite porque los inmuebles adquiridos por la demandante le fueron entregados el 8 de febrero de 2007, al paso que radicó el escrito iniciador del pleito el 19 de diciembre de 2008.
Sin embargo, estimó, las convocadas renunciaron a ese fenómeno extintivo, porque en la conciliación prejudicial suscrita por las partes y en la comunicación signada por la constructora accionada, fueron reconocidos los daños que presentaban los bienes y esta última se comprometió a componerlos.
3. Seguidamente, el fallador colegiado consideró que la pretensión bajo estudio está soportada en el artículo 1914 del Código Civil y que RFP Inversiones Ltda. aceptó la humedad, fisuras y deterioros de la vivienda, daños que fueron ratificados con el informe técnico, las fotografías allegadas y los testimonios recaudados.
Así, en criterio del Tribunal, fue acreditado el vicio oculto que presentaban los bienes enajenados, el cual existía al momento de la compraventa y que persistió con posterioridad, dando lugar a la «rescisión del contrato, sin indemnización de perjuicios al tenor del artículo 1918 ibd».
4. La aludida exoneración en materia de reparación de daños, fue inferida por el ad quem al destacar que los problemas de los inmuebles no eran conocidos por la vendedora, ni apreciables a pesar de tratarse de una entidad experta en construcción, de allí que fueron inadvertidos al momento de la venta, incumpliéndose el presupuesto de conocimiento y ocultación que viabiliza el referido reclamo en particular.
III. DEMANDA DE CASACIÓN
1. Presentación del escrito de sustentación.
La aseguradora convocada, previa acotación preliminar en punto de la diversa naturaleza sustancial y procesal de las sendas acciones que afirma desplegadas por la promotora del juicio, planteó dos cargos en el escrito de sustentación del recurso extraordinario de casación, los cuales precisó: «versan y se estructuran única y exclusivamente respecto a lo que atañe (sic) resolución de la controversia planteada con fundamento en la acción directa que la demandante ejerció frente a SEGUROS DEL ESTADO S.A. con apoyo en el contrato de seguros (sic) de cumplimiento (…)».
La censura inicial se dirige a obtener la anulación del fallo, invocando para el efecto la configuración de un supuesto de falta de motivación; mientras la segunda endilga al Tribunal el desconocimiento indirecto de la ley sustancial, debido a errores de hecho en la apreciación del material probatorio (ff. 16 a 46, C. 4).
2. Síntesis de los cargos.
CARGO PRIMERO
1. Con base en la causal quinta de casación prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, denuncia que la sentencia atacada, en lo que atañe a la acción ejercida contra la recurrente, «es violatoria del artículo 380, numeral 8º ibidem, esto es, “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso”, por cuanto, sin motivación alguna, se condenó a la compañía aseguradora demandada –SEGUROS DEL ESTADO S.A.- en forma solidaria con la constructora RFP INVERSIONES LTDA. (…)».
2. En respaldo de su cuestionamiento, la recurrente invoca doctrina jurisprudencial sobre la viabilidad de reclamar, «con apoyo en la causal quinta, la nulidad de la sentencia por falta total o ausencia de motivación», pasando a destacar la trascendencia de la exposición de razones, en tanto herramienta de proscripción de la arbitrariedad en la adopción de una providencia jurisdiccional ajustada al ordenamiento jurídico.
Luego, de cara al caso, reitera que la censura refiere puntualmente a «la ausencia o falta de motivación de la sentencia atacada respecto de la acción directa ejercida por la demandante (…) frente a SEGUROS DEL ESTADO S.A. con apoyo en el contrato de seguro de cumplimiento particular instrumentada mediante la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 072500370».
3. En orden a la demostración del cargo se esgrimió puntualmente:
3.1. El contrato de seguro «ni siquiera es mencionado en el texto de la sentencia de segundo grado».
3.2. La única alusión que en la parte motiva mereció la aseguradora, «fue la que atañe al examen de la excepción de mérito de prescripción de la acción redhibitoria», cuando sostuvo el Tribunal que ambas demandadas renunciaron al fenómeno liberatorio en la audiencia de conciliación de 27 de octubre de 2008.
Lo anterior, además, se califica como «una apreciación falsa», en tanto que Seguros del Estado S.A. no intervino en esa diligencia «y, por ende, no es dable considerarse como una real motivación».
3.3. La solidaridad establecida en la condena que se vertió en la parte resolutiva (ordinal tercero) respecto de ambas sociedades demandadas, no estuvo precedida de «siquiera una elemental consideración tendiente a exponer los razonamientos o reflexiones de índole fáctico, jurídico, o de cualquier otra naturaleza que le sirvieron de soporte (…)».
4. La sumatoria de las anteriores circunstancias, aduce la recurrente, condujo respecto de ella, a que el fallo de origen fuera revocado y en su lugar impuesta una condena sin justificación alguna, en tanto que «en el caso sub iudice no se está frente de (sic) una motivación incompleta, lacónica, corta o insuficiente, sino frente de (sic) una absoluta falta de motivación (…)».
En consecuencia ruega el decreto de nulidad «de las decisiones contenidas en los numerales PRIMERO y TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia (…), únicamente respecto de la compañía aseguradora demandada (…) y se ordene remitir el negocio al Tribunal de origen para que profiera sentencia complementaria (…)».
CARGO SEGUNDO
1. Fundado en la primera causal, inciso 2º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la convocada denuncia la sentencia por vulnerar de manera indirecta los preceptos 897, 1045, 1054, 1056, 1057, 1072, 1077, 1079, 1080, 1083, 1088, 1089, 1133 y 822 del Código de Comercio, así como los cánones 1602, 1568, 1923 y 2514 del Código Civil, a consecuencia de varios errores de hecho en la apreciación de las pruebas.
2. En desarrollo de la censura, fueron atribuidas al pronunciamiento del Tribunal, las siguientes deficiencias:
2.1. No haber «apreciado, ni valorado el contenido de la póliza de seguro de cumplimiento particular No. 072500370»; preterición de la cual derivó las siguientes secuelas:
2.1.1. Impidió, en contravención del artículo 1054 del Código de Comercio en armonía con el precepto 1880 del Estatuto Civil, que se diera por demostrado el hecho según el cual el contrato de seguro es posterior a la celebración de la compraventa garantizada y a la existencia de los vicios redhibitorios que luego se agravaron.
De esta manera,

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

americana de Derechos Humanos, Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, sentencia de 1 de julio de 2011). [4:
Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 121, párr. 77 y Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 147, párr. 208.] [5: Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrs. 152 y 153; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 153, y Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 147, párr. 139. Asimismo, la Corte Europea ha señalado que los jueces deben indicar con suficiente claridad las razones a partir de las cuales toman sus decisiones. Cfr. ECHR, Hadjianastassiou v. Greece, judgment of 16 December 1992, Series A no. 252, para. 23.
] [6: Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 122 y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 121, párr. 78.] [7: Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 121, párr. 78. Por su parte el Comité de Derechos Humanos consideró que cuando un tribunal de apelación se abstuvo de fundamentar por escrito la sentencia, ello reducía las posibilidades de éxito del acusado si solicitaba autorización para apelar ante un tribunal superior impidiéndole así hacer uso de un remedio adicional. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Hamilton v. Jamaica, Communication No. 333/1988, CCPR/C/50/D/333/1988, 23 de marzo de 1994.]
3. La ausencia de motivación como causal de nulidad originada en la sentencia en el recurso de revisión.
Aunque no era necesario que la decisión ut supra se pronunciara sobre la referida causal de invalidación del fallo en tratándose del mecanismo extraordinario de revisión, por tratarse de un tema extraño al caso que ocupaba la atención de la Corte, basta, para disentir de tal argumento planteado en la decisión mayoría, remitirme a la sentencia SC5408 de 11 de diciembre de 2018, rad. 2014-00691, en la cual esta misma Sala adoptó una decisión que avaló esa causal de nulidad.
4. El segundo cargo.
4.1. A pesar de considerar próspero el primer cargo y que el efecto legalmente previsto es la devolución del expediente al ad-quem para que subsane el error de procedimiento detectado, si en gracia de discusión hubiera que analizar el segundo reproche, también se evidencian falencias en la postura mayoritaria, porque la desestimación que hizo de este cuestionamiento se muestra contradictoria, pues tilda la censura como desenfocada, al considerar que las alegaciones de la recurrente « no cuestionaron la argumentación del ad-quem », no obstante que, como ya se vio, el Tribunal no había plasmado consideración alguna en relación con la acción derivada del contrato de seguros.
En otros términos, al casacionista no podía exigírsele que enfocara sus reclamos frente a las consideraciones del juzgador de segunda instancia, cuando precisamente este no las expuso.
De allí que la Corte señale que en el cargo « las deficiencias planteadas en cuanto al contenido de la póliza, su vigencia, el riesgo asegurado y el límite de a responsabilidad asegurada no cuestionaron la argumentación del ad-quem.» Pero seguidamente, en una craza antinomia, agrega que « Incluso, resultan ajenas a[l] razonamiento [del Tribunal], dado que para su resolución no consideró ninguna acción contractual de tipo aseguraticio » (páginas 20 a 21).
Es decir que la Sala termina concluyendo que el fallo de segunda instancia no contiene consideraciones respecto de la acción ejercida con base en el contrato de seguro, a pesar de que previamente le impuso a la recurrente la carga de replicarlas y negó el primer cargo en que develó esta anomalía.
4.2. De otro lado, la sentencia de la Corte reprocha a la recurrente por no dirigir su cuestionamiento a la interpretación que a la demanda dio el Tribunal, toda vez que este omitió un trato diferencial a las dos (2) pretensiones acumuladas de la demandante (numeral 6.2., página 21).
Sin embargo, ello resultaba imposible para el casacionista, porque la Corte le endilgó al juzgador de instancia consideraciones ajenas a este, al indicar que « aunque sin duda la providencia no hace alusión expresa a la situación sustancial de la codemandada Seguros del Estado S.A., lo cierto es que ello obedece a la circunstancia según la cual, el Tribunal comprendió, como se infiere de lo argumentado, que las integrantes del extremo pasivo merecían similar motivación, tratamiento y resolución en tanto destinatarias de las pretensiones de la demanda » (Página 18).
Con otras palabras, según la Corte, la aseguradora demandada fue condenada por el Tribunal a título de interviniente en el contrato de compraventa como vendedora, a pesar de que tal alegación no provino de las partes y tampoco aparece en la sentencia de segunda instancia.
Efectivamente, en manera alguna la providencia del ad-quem adujo que Seguros del Estado S.A. fungió como vendedor de la vivienda objeto de la compraventa ajustada entre la demandante y RFP Inversiones Ltda., o que existiera algún vínculo de tipo contractual o mandato legal que le impusiera compartir las obligaciones de ésta última.
Por lo tanto, no era de recibo imponer al recurrente la carga de censurar una argumentación a la sazón inexistente.
4.3. Finalmente, la providencia también colige que « si la aseguradora era destinataria de una acción diversa a la redhibitoria que determinó su condenación, la sustentación debía exaltar un fenómeno liberatorio y, por ende, ajeno a la mencionada ‘responsabilidad contractual (…) derivada del contrato de seguro de cumplimiento’, circunstancia que no acreditó. » (Página 22).
Esto traduce que a la compañía de seguros se le exigió que alegara un fenómeno extintivo de la condena a ella impuesta, el cual no podía desprenderse de las acciones objeto de debate (rescisoria por vicios redhibitorios ni aseguraticia), lo cual implica, sin más, una carga no prevista en el ordenamiento procesal en materia del recurso extraordinario de casación, a más de alejada a los linderos del litigio.
5. Conclusión.
En suma, el primer cargo era próspero porque se configuró el vicio de nulidad alegado por la recurrente, el que, conforme a la doctrina probable de la Corte, es susceptible de alegación a través de la causal 5ª de casación.
Como consecuencia, debió retornar el expediente al Tribunal Superior que conoció del mismo para que hiciera el estudio que omitió, a través del recurso correspondiente.
Además, los defectos formales del segundo reproche eran inexistentes, lo que imponía el respectivo estudio de fondo que obvió la Corte a través de una serie de argumentos, a veces contradictorios.
Fecha ut supra.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC004-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2019-01-23. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2009-00001-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC004-2019%20%5B2009-00001-01%5D).
