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clave: "corte_suprema:providencia:SC002-2021 [2011-00068-02]"
titulo: "Corte Suprema: en uno u otro evento es preciso ajustar el valor real del dinero para no incurrir en un enriquecimiento injusto en favor"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-01-15"
radicado: "2011-00068-02"
numero: "SC002-2021"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: en uno u otro evento es preciso ajustar el valor real del dinero para no incurrir en un enriquecimiento injusto en favor

- **Título oficial / radicado:** SC002-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-01-15
- **Radicado:** 2011-00068-02
- **Número:** SC002-2021
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC002-2021%20%5B2011-00068-02%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC002-2021%20%5B2011-00068-02%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS8xLi0gRW5lcm8vU2VudGVuY2lhcy9TQzAwMi0yMDIxIFsyMDExLTAwMDY4LTAyXS5kb2M%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

En uno u otro evento es preciso ajustar el valor real del dinero para no incurrir en un enriquecimiento injusto en favor de una de las partes, independientemente de si quien debe recibir la prestación es o no deudor incumplido o de mala fe.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Expresado de otro modo, esta clase de agravio a la ley sustancial es completamente independiente de cualquier yerro en la valoración probatoria; además, su estructuración se presenta por tres vías, de contornos bien definidos: la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de la norma de derecho sustancial. Pero si los contratantes anticiparon obligaciones del contrato a que se refería la promesa , verbi gratia, el pago del precio o la entrega del bien, las cosas, por regla general, deben volver al “mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”, según se declara en el artículo 1746 del Código Civil . En suma, para suprimir los efectos del pacto declarado nulo, debe asegurarse tanto la devolución exacta de lo entregado, como la compensación de lo que cada parte negocial dejó de percibir por haberse desprendido de aquello que entregó.

## Cita textual

> es diáfano que los frutos del dinero son los rendimientos o réditos que este genera, motivo por el cual, para que la restitución sea cabal, debe ordenarse su pago

## Texto del documento

Radicación n.° 68001-31-03-008-2011-00068-02
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC002-2021
Radicación n.° 68001-31-03-008-2011-00068-02
(Aprobado en sesión de veintinueve de octubre de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021).
Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por los actores contra el fallo de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso declarativo que promovieron Aníbal Corzo Martínez (y otros) contra Nicolás Alberto Serrano Mantilla (y otros).
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
Los señores Aníbal Corzo Martínez, Óscar Corzo Garcés, María Nelcy Camacho Pita, María Teresa Salcedo Vargas, Luis Enrique Páez Capacho, Jaime Ariza Centeno, Hely Ríos Vargas, Jorge Eduardo Corzo Garcés, Alonso Pérez Rojas y Fabio Corzo Ortiz, solicitaron « declarar que es absolutamente simulado el negocio jurídico contenido en la escritura pública de compraventa número 488 de febrero 28 de 2011 de la Notaría Octava de Bucaramanga, en la que Nicolás Alberto Serrano Mantilla, a través de apoderado, dijo vender las 2/5 partes de su cuota que le correspondía en el predio con matrícula inmobiliaria número 300-179324, a favor de Juan Carlos Navas Velandia, por cuanto tal negocio jurídico se realizó solo para evadir las obligaciones que adquirió el vendedor con los demandantes y con sus demás acreedores ».
Asimismo, reclamaron « declarar que el demandado Nicolás Alberto Serrano Mantilla, quien actuó como promitente vendedor, representado por su padre Alberto Serrano Navas, mediante poder general, incumplió la promesa de compraventa de fecha 24 de septiembre de 2010, y su acuerdo adicional de fecha 8 de noviembre de 2010, contratos celebrados con [los demandantes] , como promitentes compradores, respecto del pleno derecho de dominio y posesión que el primero tiene y ejerce sobre los siguientes bienes: 1) El 40% o 2/5 partes de (...) un inmueble rural denominado “Sport Country Club”, ubicado en la vereda Riofrío, municipio de Floridablanca (...) ; 2) El derecho de dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre el 66,66% del interés social o cuotas de interés que le correspondan (...) en la sociedad (...) Sport Country Club Ltda. »
En consecuencia, pidieron que, tras reconstituir su patrimonio, se ordenara al señor Serrano Mantilla cumplir las obligaciones derivadas del contrato preparatorio, recibiendo a cambio de ello « la suma pactada como precio de la compraventa, deducidos: 1.- La cantidad efectivamente recibida por el promitente vendedor ($219.000.000); 2.- la suma pactada como
cláusula penal
por incumplimiento ($200.000.000); 3.- Las sumas pagadas por los promitentes compradores por concepto de vigilancia del establecimiento de comercio (37.600.868), más los intereses moratorios al máximo permitido por ley; 4.- Las cantidades por concepto de impuestos, valorizaciones, servicios públicos y demás pasivos que graven al inmueble, a fin de ponerlo a paz y salvo: 5.- Las costas y demás gastos y honorarios que se hayan causado por razón del incumplimiento. Todas las anteriores sumas deducidas del precio, debidamente indexadas ».
En subsidio de lo anterior, y en el evento de « no ser posible, por cualquier causa, ordenar el cumplimiento de la promesa de compraventa », requirieron declarar la resolución del contrato, con las restituciones mutuas correspondientes.
2. Fundamento fáctico.
2.1. Los demandantes celebraron con el señor Alberto Serrano Navas, padre y apoderado general de Nicolás Alberto Serrano Mantilla, un contrato de promesa de compraventa, cuyo objeto lo constituyeron el inmueble y las cuotas sociales referidas previamente.
2.2. Como precio se pactó la suma de $1.100.000.000, pagadera en varios instalamentos, de los cuales sufragaron el primero, por valor de $212.000.000, que se destinó a cubrir una obligación fiscal vencida, en proceso de cobro coactivo. Posteriormente, entregaron anticipadamente al promitente vendedor $7.000.000 adicionales, « con destino al pago de [otras] deudas ».
2.3. Una vez « pagado el crédito a la Dian, con lo que se evitó el remate, el representante del demandado, promitente vendedor, Alberto Serrano Navas, junto con su compañera María Consuelo Fuentes Díaz, se dedicaron a realizar toda una serie de maniobras tendientes a burlar el cumplimiento del contrato y a explotar para su beneficio personal el club ».
2.4. Llegada la fecha pactada para la entrega del inmueble, y el pago de la parte del saldo que correspondía, « el promitente vendedor incumplió, comoquiera que nada entregó, y habiendo recibido los cheques de gerencia y a la vista, para cobrar por ventanilla, que se le entregaron, los devolvió aduciendo que el quería dinero en efectivo, a lo cual se le requirió para que nos acompañara al banco para cobrar los cheques, pero se negó a hacerlo y se retiró del lugar ».
2.5. Para salvar las diferencias surgidas a partir de ese suceso, las partes celebraron un acuerdo adicional, « en el que el promitente vendedor y la sociedad Sport Country Club Ltda. se comprometieron a continuar permitiendo el ingreso a las instalaciones del club a los promitentes compradores y a permitir la contratación de la vigilancia para controlar el acceso a las instalaciones, y a designar un contador para controlar los ingresos, de los que se deducirían los gastos de vigilancia, pero el demandado Serrano Navas junto con su compañera (...) optaron por impedir el ingreso de los promitentes compradores a las instalaciones donde funciona el club, y a negar tanto el control de los ingresos como el pago de la vigilancia ».
2.6. El 15 de diciembre de 2010, fecha pactada para llevar a cabo « el otorgamiento de la escritura pública de venta y de la suscripción y entrega de los poderes para proceder a la disolución y liquidación de la sociedad Sport Country Club Ltda. (...) el promitente incumplió nuevamente, comoquiera que no se hizo presente en la notaría con el ánimo de otorgar la escritura de venta, ni presentó los “paz y salvos” correspondientes, ni entregó los poderes para disolver y liquidar la sociedad ». Por consiguiente, los promitentes compradores tienen derecho a exigir el cumplimiento del contrato, o su resolución, junto con el pago de $200.000.000, estipulados como clausula penal.
2.7. Algunos días después, el señor Serrano Mantilla transfirió a Juan Carlos Navas Velandia, familiar cercano suyo, las alícuotas del inmueble que había prometido vender, « negocio jurídico simulado [que] realizaron los demandados (...) para defraudar a los demandantes, a fin de impedirles que hagan efectivo sus derechos que reclaman ».
3. Actuación procesal.
El auto admisorio de la demanda fue proferido el 18 de mayo de 2011, y de dicha providencia se notificó a los convocados personalmente.
El señor Serrano Navas se opuso al petitum , y formuló las defensas denominadas « invalidez del contrato de promesa de compraventa del 24 de septiembre de 2010, por objeto ilícito » y « nulidad del acuerdo del 8 de noviembre de 2010, por vicio del consentimiento », mientras que su hijo, Nicolás Alberto Serrano Mantilla, pidió que la anulación se hiciera extensiva a la promesa, « por el dolo y la fuerza empleada por los demandantes (...) o por causa [u] objeto ilícit[os] », y enarboló la excepción de contrato no cumplido.
A su turno, la Sociedad Sport Country Club Ltda. alegó la « inexistencia de vinculo » con los convocantes, y recabó en la nulidad del contrato « por objeto y causa ilícit[os] », y en la inoponibilidad de la promesa. Finalmente, Juan Carlos Navas Velandia excepcionó « contrato real y de buena fe ».
Agotadas las etapas previas, en audiencia de 21 de marzo de 2018 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga profirió sentencia, en la que declaró « la falta de legitimación en la causa de los demandantes », y denegó la totalidad de las pretensiones. Los actores apelaron.
SENTENCIA IMPUGNADA
En fallo de 12 de marzo de 2019, el tribunal revocó lo resuelto por el juez a quo , y declaró: (i) absolutamente simulado el contrato de compraventa que celebraron los señores Serrano Mantilla y Navas Velandia, y (ii) nulo absolutamente el contrato de promesa de compraventa que aquel celebró con los demandantes. Consecuencialmente, la colegiatura de segundo grado también dispuso « condenar al señor Nicolás Alberto Serrano Mantilla a pagarle a los demandantes la suma (...) de $355.758.827,82 ».
Dicha determinación se fincó en premisas que admiten el siguiente compendio:
(i) La frustración de la acción de simulación no relevaba al juez de primera instancia de su deber de pronunciarse sobre la validez de la promesa, pues los pedimentos acumulados no estaban interrelacionados entre sí; por ende, el aludido funcionario se equivocó al sustraerse de analizar lo atinente al negocio preparatorio.
(ii) Además, la legitimación por activa para demandar la simulación del contrato de compraventa, que extrañó aquel juzgador, refulge sin dubitaciones, porque el bien transferido a través del convenio cuestionado fue el mismo que se les prometió vender a los apelantes, y cuya tradición exigen, indirectamente, al suplicar el cumplimiento forzado del pacto preliminar.
(iii) El contrato de promesa que se examina carece de validez, ya que las partes « no colocaron el precio [individualizado] de cada una de las dos cosas que pretendían negociar », esto es, las dos quintas partes del predio distinguido con el folio de matrícula n.º 300-179324, y el 66,66% de las cuotas de interés de la sociedad Sport Country Club Ltda. Esto torna la promesa absolutamente nula, dada la indeterminación de uno de los requisitos esenciales del negocio prometido.
(iv) En desarrollo del contrato, el promitente vendedor recibió de su contraparte $219.000.000, que debidamente indexados equivalen « a $303.964.381,48 (sic)». Este importe debe ser reembolsado a los promitentes vendedores, como efecto connatural a la nulidad sustancial que fue decretada de manera oficiosa por el ad quem .
(v) El señor Serrano Mantilla « no obra de buena fe, cuando estando atado por el contrato de promesa de compraventa, le hace creer a sus contratantes que se adelantarán actos para solucionar los inconvenientes, pero le vende a su primo el mismo activo que prometió venderles a los acá demandantes. Eso es no obrar con lealtad, es no obrar con transparencia ».
(vi) En adición, en este caso existen una serie de indicios « serios y convergentes » que muestran, de manera inequívoca, que el acto traslaticio fue absolutamente simulado, ya que ni el propietario inscrito quería vender, ni el señor Navas Velandia tenía intención alguna de comprar; el primero deseaba, simplemente, distraer temporalmente su patrimonio, « para así evadir el cumplimiento de la promesa ».
(vii) Por ese mismo sendero, entre « los simulantes » existía un vínculo familiar estrecho; el precio pactado « es irrisorio o ridículo »; el negocio se celebró en una época sospechosa, y la cosa no fue entregada al adquirente; por el contrario, el mismo día que dijo comprar, Juan Carlos Navas Velandia enajenó el inmueble al padre del vendedor Serrano Mantilla, acto que si bien no se registró, señala a las claras la falta de seriedad de la convención atacada.
DEMANDA DE CASACIÓN
Los actores interpusieron el remedio extraordinario frente a la decisión del ad quem , y en su demanda de sustentación plantearon tres cargos, al amparo de las causales segunda, primera y tercera (en el orden propuesto) del artículo 336 del Código General del Proceso.
CARGO PRIMERO
Denunciaron que la sentencia de segunda instancia trasgredió, de manera indirecta, los artículos 1546, 1602, 1603, 1610, 1611, 1618, 1622, 1742 y 1746 del Código Civil y 822 del Código de Comercio, « como consecuencia de errores de apreciación probatoria ».
Para soportar su crítica, señalaron lo siguiente:
(i) El tribunal « incidiendo en protuberante yerro fáctico, cercenó el contenido de la promesa celebrada entre las partes el 24 de septiembre de 2010, habida cuenta que soslayó rotundamente la parte final de la cláusula primera, numeral segundo, en la que los contratantes (...) estipularon [que] “ la sociedad Sport Country Club Ltda. se someterá a liquidación definitiva” ». Además, « mutiló el contenido del parágrafo primero de la cláusula quinta de la promesa, en el que las partes convinieron [que] “no será necesario realizar el traspaso de los derechos o cuotas de interés social a favor de los promitentes compradores, pero sí otorgar los poderes necesarios para quienes gestionen su liquidación” ».
(ii) Esos pactos muestran de forma prístina que « el propósito de las partes no era el de enajenar y hacer la tradición de las acciones o cuotas de interés social de la sociedad Sport Country Club Ltda., sino el de liquidarla a la mayor brevedad posible, motivo por el cual no concibieron, ni podían hacerlo, comprometerse en un futuro a hacer ese traspaso, porque la sociedad, para ese momento, ya habría dejado

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

, deben computarse a la tasa prevista por el artículo 1617 ídem, como, en principio, es lo propio de las restituciones mutuas » (CSJ SC10097-2015, 31 jul.).
Finalmente, se reiteró que:
«(...) la compatibilidad de la indexación y de los réditos depende de la clase de estos últimos, pues si son los civiles nada impide la coexistencia de esos dos conceptos; en cambio, si se trata de los comerciales, en tanto ellos comprenden ese concepto (indexación indirecta), “imponer la corrección monetaria, per se, equivaldría a decretar una doble -e inconsulta- condena por un mismo ítem, lo que implicaría un grave quebranto de la ley misma, ya que ésta ha establecido, en forma imperativa, que la manera de hacer el ajuste monetario de las obligaciones dinerarias de abolengo mercantil, es por la vía de los intereses, por la potísima razón de que está entronizado en uno de los factores constitutivos o determinantes de la tasa reditual de mercado”.
Lo que sucede es que el interés legal comercial, el cual corresponde al interés bancario corriente al que alude el artículo 884 del estatuto mercantil, se certifica por la Superintendencia Financiera con base en las ponderaciones de los promedios de las tasas efectivamente cobradas por los establecimientos de crédito, operación ésta que atiende las condiciones de oferta y demanda de préstamo de los recursos; el riesgo inherente a la actividad; el fenómeno inflacionario de la economía y la devaluación que experimenta la moneda nacional en el mercado, de ahí que ese tipo de interés involucra un componente de corrección monetaria y otro de tasa pura.
Criterio que ha sido ratificado por la Sala en otras ocasiones, precisando que en la indexación efectuada a través de la tasa de interés comercial, el índice de corrección monetaria se aplica por vía refleja, pues «incluye la inflación (componente inflacionario) y que, por ende, ‘conlleva al reajuste indirecto de la prestación dineraria’, evento en el cual resulta innegable que ella, además de retribuir -y, en el caso de la moratoria, resarcir- al acreedor, cumple con la función de compensarlo por la erosión que, ex ante, haya experimentado la moneda (función típicamente dual)” (CSJ SC, 15 Ene 2009, Rad. 2001-00433-01; CSJ SC, 13 May 2010, Rad. 2001-00161-01).
Por consiguiente, si el Tribunal además de indexar la cantidad (...) que los promitentes vendedores recibieron como parte de pago del inmueble, los condenó a reconocer intereses comerciales sobre la suma actualizada desde el seis de julio de dos mil cinco, es evidente que incurrió en el error de estricta hermenéutica jurídica que le endilgó el impugnante, porque esos dos conceptos no resultaban compatibles de la manera en que fueron dispuestos en la sentencia (...) . En ese orden de ideas, en lugar de intereses comerciales bancarios, además de la indexación se ordenará el pago del interés legal previsto en el artículo 1617 de la codificación sustantiva civil, de la forma que se estima procedente » (CSJ SC11331-2015, 27 ago.; reiterada en CSJ SC 2307-2018, 25 jun.).
3. Liquidación de la suma a restituir.
Al abrigo del precedente, se liquidarán los réditos causados sobre los dineros que entregaron los promitentes compradores al señor Serrano Mantilla a la tasa del 6% anual, debiéndose insistir en que el resultado de esa operación se sumará al valor actualizado del capital, conforme la variación del IPC que certifica el DANE.
Para acometer dicha liquidación, debe recordarse que en el fallo de segunda instancia se dejó sentado –sin disputa de los litigantes– que los actores entregaron al promitente vendedor $219.000.000, en varios instalamentos, discriminados así: (i) $25.000.000, el 20 de septiembre de 2010; (ii) $12.000.000, el 25 de ese mes; (iii) $145.000.000 el día 27 siguiente; y (iv) $7.000.000 el 8 de octubre de la misma anualidad.
Desde esas calendas, hasta la fecha en que se discutió y aprobó esta decisión en Sala[footnoteRef:16], transcurrieron 121 meses (aproximadamente), de manera que los intereses legales causados ascienden a $132.495.000, pues [16: El cálculo no se extenderá hacia el futuro, en tanto el ad quem decidió, también sin queja de las partes, que la restitución dineraria debía realizarse «dentro el (sic) término de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia», y que, «a partir del vencimiento de los diez días correrán intereses comerciales a la tasa más alta permitida por la Superintendencia Financiera».]
Donde “ I” representa el interés; “ k ” el capital ($219.000.000); “ i ” la tasa de interés nominal mensual (0,5%), y “ n ” los meses transcurridos hasta la fecha (121). Entonces,
Finalmente, con el propósito de mantener actualizada la cantidad que entregaron los actores al demandado Serrano Mantilla en ejecución del contrato declarado nulo, se indexará ese importe hasta el hito temporal ya relacionado (la aprobación del presente proveído), lo que arroja el siguiente resultado
Y si bien esta suma es inferior a la que tasó el tribunal, será la que se tendrá en cuenta, no solo porque la referida colegiatura no expuso la manera en la que cuantificó el monto del capital actualizado, sino también porque, dados los precisos contornos de este litigio, no existen talanqueras formales para que la Corte realice la corrección pertinente.
4. Conclusión.
En definitiva, se modificará lo resuelto en el primer inciso del ordinal cuarto del fallo recurrido, con el propósito de precisar que Nicolás Alberto Serrano Mantilla deberá restituir a los demandados $448.878.443, que corresponde a la sumatoria del capital transferido en cumplimiento de la promesa que se declaró nula, debidamente actualizado ($316.383.443) y sus rendimientos o intereses –teóricos– ($132.495.000).
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 12 de marzo de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso declarativo que promovieron Aníbal Corzo Martínez (y otros) contra Nicolás Alberto Serrano Mantilla (y otros).
SIN COSTAS , dada la prosperidad del remedio extraordinario (artículo 349, Código General del Proceso).
Y situada en sede de instancia, esta Corporación
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el primer inciso del ordinal cuarto del fallo recurrido, el cual quedará así:
« Corolario de lo anterior, se condena al señor Nicolás Alberto Serrano Mantilla a pagar a los demandantes la siguiente suma de dinero: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($448.878.443) ».
SEGUNDO. En lo demás, permanecerá incólume lo resuelto en la sentencia de fecha y procedencia anotadas.
Notifíquese y cúmplase
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC002-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-01-15. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2011-00068-02. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC002-2021%20%5B2011-00068-02%5D).
