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clave: "corte_suprema:providencia:SC001-2019 [2016-03020-00]"
titulo: "Corte Suprema: a solicitud de parte podrá pedirse la anulación del laudo"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2019-01-14"
radicado: "2016-03020-00"
numero: "SC001-2019"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
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# Corte Suprema: a solicitud de parte podrá pedirse la anulación del laudo

- **Título oficial / radicado:** SC001-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2019-01-14
- **Radicado:** 2016-03020-00
- **Número:** SC001-2019
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC001-2019%20%5B2016-03020-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC001-2019%20%5B2016-03020-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE5L0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by8xLi0gRW5lcm8vU2VudGVuY2lhcy9TQzAwMS0yMDE5IFsyMDE2LTAzMDIwLTAwXS5kb2M%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

A solicitud de parte podrá pedirse la anulación del laudo cuando se pruebe que el acuerdo arbitral « no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley colombiana ».

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 315 de 1996
- Ley 906 de 2004
- Decreto 2279 de 1989

## Extracto

En suma, el orden público internacional se refiere a las nociones más básicas de moralidad y justicia, que sirven de sustrato a las instituciones jurídicas patrias, tanto sustanciales como procesales, vistas de forma restrictiva (SC9909, 12 jul. 2017, rad. n.° 2014-01927-00). El caso concreto Aplicadas las anteriores consideraciones a la petición de anulación del laudo arbitral de 27 de abril de 2016, encuentra la Sala que deberá rehusarse su prosperidad, pues no se configuran los supuestos de hecho de ninguna de las causales alegadas, como se mostrará a continuación. Validez del pacto arbitral por existencia de voluntad. Con todo, cuando es la parte afectada quien dio lugar a esta divergencia, sin intervención de su cocontratante, se configura una reserva mental, que no puede servir para negar efectos a la declaración de voluntad, porque debe darse prevalencia a la confianza creada en este último.

## Cita textual

> no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley colombiana

## Texto del documento

SC -T- No
Radicación n.° 11001-02-03-000-2016-03020-00
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado Ponente
SC001-2019
Radicación n.° 11001-02-03-000-2016-03020-00
(Aprobada en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019).
Decídese el recurso de anulación formulado por Viviane y Michael Ventura frente al laudo arbitral de 27 de abril de 2016, proferido en el caso n.° 19728/ASM administrado por la Cámara de Comercio Internacional, en el proceso que en su contra promovieron Esther Ventura de Rendón y Juan María Rendón Gutiérrez.
ANTECEDENTES
1. Michael y Viviane Ventura solicitaron la anulación del laudo en el que se les impuso la obligación de pagar, a los demandantes, ochocientos mil dólares (US$800.000) y cien mil dólares (US$100.000), respectivamente, por la desatención de las obligaciones que adquirieron en los contratos de transacción firmados los días 21 y 22 de septiembre de 2010.
2. Los hechos relevantes de la solicitud pueden compendiarse de la siguiente manera (folios 2 a 18 del cuaderno principal):
2.1. Esther Ventura de Rendón y Juan María Rendón Gutiérrez, el 20 de septiembre de 2013, presentaron solicitud de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional -CCI-, en la que se pretendió se declarara que los recurrentes incumplieron las obligaciones de no adelantar acciones en contra de ellos, así como de abstenerse de hacer manifestaciones y divulgar la existencia de los contratos de transacción por ellos celebrados, con la orden de pagar dos millones cuatrocientos mil dólares (US$2.4000.000) a título de
cláusula penal
.
2.2. Los convocados se opusieron a las súplicas, rehusaron que fuera internacional y deprecaron la invalidez del acuerdo arbitral. También promovieron demanda de reconvención tendiente al reconocimiento de la inexistencia y/o nulidad de los acuerdos de transacción, o parte de los mismos.
2.3. La Corte Internacional de Arbitraje de la CCI fijó como sede del arbitraje la ciudad de Bogotá y designó como árbitros a Rodrigo Zamora Etcharren (mexicano), Eduardo Zuleta Jaramillo (colombiano) y Cristian Conejero Roos (chileno), ante la falta de acuerdo entre las partes.
2.4. Posesionado el Tribunal Arbitral, por orden procesal y en aplicación de la ley 1563, se definió que el trámite era de naturaleza internacional.
2.5. Por la imposibilidad de solventar la provisión de gastos del proceso, el 25 de septiembre de 2014 se retiró la demanda reconvencional, con la advertencia de que no se renunciaba a la facultad de adelantar otros procesos por hechos iguales o análogos.
2.6. Agotada la instrucción, Michael y Viviane Ventura reclamaron la suspensión del proceso por prejudicial, por haber formulado denuncia penal contra Esther Ventura de Rendón y Juan María Rendón Gutiérrez, la que fue negada por los árbitros.
2.7. El laudo final se profirió el 27 de abril de 2016 y se condenó a los demandados a pagar conjuntamente novecientos mil dólares (US$900.000), por el incumplimiento de los contratos de transacción, « al haber instado una segunda conciliación y, en el caso de Viviane Ventura, al haber intervenido en la Entrevista con la W Radio ».
2.8. La solicitud de interpretación y/o aclaración del laudo, presentada el 2 de junio de 2016, fue rehusada el 31 de agosto del mismo año.
TRÁMITE DEL RECURSO
1. Esta Corporación admitió el remedio extraordinario y, en el mismo auto, negó las solicitudes probatorias realizadas por los opugnantes (folios 178 y 179 del cuaderno principal), decisión que fue confirmada el 21 de noviembre de 2017 al desatarse la súplica formulada (folios 248 a 251 idem).
2. Surtido el enteramiento a los afectados, éstos se opusieron y allegaron múltiples documentos como soporte de sus aseveraciones (folios 262 a 864).
3. Por auto de 4 de julio de 2018 se incorporaron como pruebas las documentales allegadas con la contestación, se negaron las que fueron arrimadas extemporáneamente y se anexaron oficiosamente otros (folios 870 y 871).
4. El día 12 del mismo mes se negó la solicitud de complementación del anterior proveído, por la cual se pretendió la incorporación oficiosa de algunos documentos y declaraciones realizadas en el trámite arbitral (folio 896).
FUNDAMENTOS DE LA ANULACIÓN
Viviane y Michael Ventura, después de aclarar que no renunciaron al recurso y de insistir en la oportunidad de su interposición, invocaron la configuración de las siguientes causales de anulación:
1. Invalidez del pacto arbitral por ausencia de voluntad real.
Al abrigo del numeral 1° del artículo 108 de la ley 1563, sostuvieron los impugnantes que la cláusula de arbitraje contenida en el contrato que firmó Michael Ventura es inválida, o inexistente, por falta de voluntad, amén de que las partes únicamente discutieron los elementos de la transacción, sin hacer lo propio respecto a aquélla.
Expusieron como fundamento el artículo 1502 del Código Civil, que exige que entre la voluntad interna y la exteriorizada haya correspondencia, lo que se echa de menos frente al convenio arbitral. Además, con apoyo en los principios de separabilidad y autonomía, arguyeron que el consentimiento expresado para transigir no era extensible al arbitramento.
Exigieron el mayor rigor para establecer los supuestos del principio de habilitación, en tanto « la sola circunstancia de haber discutido el Señor Michael Ventura los elementos esenciales del contrato de transacción, no permitía al tribunal arbitral sostener sin ningún análisis adicional, que también habría existido voluntad real para acordar y obligarse por un pacto arbitral válidamente celebrado » (folio 39 del cuaderno principal).
Insistieron en que, según las pruebas del expediente, las partes no negociaron el pacto de marras, no aceptaron su inclusión ni su extensión, y fue introducido unilateralmente por los abogados de Esther Ventura de Rendón y Juan María Rendón Gutiérrez, sin que los asesores de Michael Ventura lo analizaran. Explicaron que el demandado únicamente pretendió la venta de su participación accionaria y que, en todo caso, el contrato se firmó en una lengua que no es la suya.
Lo recurrentes, con base en múltiples declaraciones, rechazaron que Michael fuera acompañado por un experto en derecho, pues su intervención fue anterior a la firma del contrato. En adición, el abogado Jxxxx Lxxxxxx no tuvo acceso al documento antes de su celebración, ni aconsejó su suscripción.
Aseguraron que « Michael Ventura fue engañado por parte de las personas que integran el denominado ‘comprador’ en el contrato de transacción 2, en relación con el valor real de la citada participación, para obtener una renuncia de todas las acciones civiles y criminales… mediante el ofrecimiento de un valor irrisorio » (folio 53).
En escrito adicional precisaron que, si bien el tribunal arbitral en desarrollo del principio competencia-competencia resolvió igual pedimento, su decisión no pudo controvertirse por la ausencia de recursos contra ella, siendo procedente la anulación.
2. Invalidez del pacto arbitral por desconocimiento de los requisitos para su internacionalidad.
Con fundamento en la misma causal, sostuvieron los impugnantes que los convenios arbitrales son ineficaces por la ausencia de pacto expreso sobre su carácter internacional, en contravención de la ley 315 de 1996.
Arguyeron que, como al contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, los convenios arbitrales debían satisfacer los requisitos de la ley anterior sobre la materia, que exigía un acuerdo inequívoco sobre su internacionalidad, como mecanismo de protección de la voluntad y evitar las consecuencias negativas de éste, tales como ausencia de recursos, mayores costos administrativos, decisiones sin motivación, entre otros. Condición que no puede inferirse, amén de que los antecedentes del proyecto de ley insisten en el carácter expreso y sin que el señalamiento de la Cámara de Comercio Internacional como entidad administradora demuestre esta calidad, pues tal función también la ejerce para arbitrajes domésticos.
Citaron varios autores nacionales y providencias del Consejo de Estado que estimaron desatendidas, porque el tribunal aplicó la ley 1563 en una indebida retroactividad, bajo el argumento de que la decisión era procesal y no sustancial. Yerro que, en criterio de los recurrentes, tuvo profundas repercusiones, por aplicarse un régimen normativo irregular.
Igual que en la causal precedente, recordaron en nuevo escrito que el tribunal arbitral resolvió esta objeción de forma contraria a sus intereses, lo que habilita la interposición del presente remedio extraordinario.
3. Nulidad por violación del procedimiento arbitral.
Con fundamento en el literal d) del numeral 1 del artículo 108 de la ley 1563, retomaron que el arbitraje era local, por lo que al aplicarse las normas del internacional se desconoció el trámite pactado por las partes y se integró indebidamente el panel.
Reiteraron los argumentos precedentes respecto a la necesidad de un pacto expreso para que haya arbitraje internacional, relievando que, en el presente caso, casi todos los elementos eran domésticos -el contrato se celebró en Colombia, los demandantes están domiciliados aquí, los hechos del incumplimiento acaecieron en el país, la ley aplicable es la nacional y la sede fue Bogotá-.
Así las cosas, conceptuaron que el trámite debió corresponder al de la sección primera de la ley 1563, el cual impone que los árbitros sean abogados colombianos, constituyéndose en los jueces naturales de la controversia, so pena de violar las formas propias del juicio.
4. El laudo es contrario al orden público internacional.
Deprecaron la anulación oficiosa del laudo por ser contrario al público internacional de Colombia, amén del desconocimiento del debido proceso de los accionados al no haberse decretado la prejudicialidad penal.
Precisaron que la causa que motivó el caso « se encuentra sometida a conocimiento de la justicia penal, como lo es la ilicitud, nulidad y pérdida de eficacia de los contratos de transacción celebrados por las partes de este arbitraje los días 21 y 22 de septiembre de 2010, al formar parte de los artificios mediante los cuales se habría consumado el delito de estafa, por parte de Esther Ventura sobre Viviane y Michael Ventura » (folio 83).
En sustento, alegaron que la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de denuncia presentada el 25 de diciembre de 2012, solicitó audiencia de formulación de imputación por estafa agravada -la que no pudo realizarse por la dilación de la demandante-, por hechos que guardan íntima relación con el arbitramento, en tanto el juez penal puede dejar sin efectos los contratos de transacción, como forma de restablecer sus derechos con base en el artículo 22 de la ley 906 de 2004.
Afirmaron que la litispendencia es aplicable al proceso arbitral, con el fin de evitar duplicidad de decisiones, siempre que aquél se encuentre en trámite, exista identidad de partes, objeto y causa, y que los foros sean competentes para conocer de las disputas, como en el presente asunto. « Por ello… la jurisdicción arbitral debe ceder ante la jurisdicción nacional que conoce del ilícito penal cometido presuntamente a través de los contratos de transacción, pues a pesar de existir un pacto arbitral que posibilita el estudio sobre la existencia, validez, eficacia e incumplimiento de los contratos, la cuestión prejudicial que debe examinarse, en primer lugar, como lo es el carácter ilícito de los contratos base del trámite arbitral y su permanencia o desaparición del mundo jurídico, es una materia no arbitrable, de competencia privativa y excluyente de las autoridades penales en Colombia » (folio 106).
Insistieron que la falta de decreto de la prejudicialidad puede conducir a fallos contrapuestos, incluso generando un provecho con base en un ilícito penal, con quebranto del principio de la unidad de la jurisdicción.
5. Nulidad por violación del procedimiento acordado por las partes.
Los impugnantes criticaron que el tribunal decidiera sobre excepciones que, si bien fueron anunciadas en la contestación a la petición de arbitraje y, por ende, están contenidas en el acta de misión, no se presentaron en el escrito de contestación de la demanda principal.
Asintieron que, en su primer escrito, incluyeron como defensas la inexistencia, nulidad absoluta por objeto y causa ilícita, y nulidad relativa por dolo y error de los contratos de transacción, pero con la advertencia de que con posterioridad serían formuladas en el momento procesal dispuesto para esto. Sin embargo, el 25 de septiembre de 2014 se retiró la demanda reconvencional y se manifestó que las excepciones que continuarían serían las señaladas en el numeral 2, párrafo 44, 45, y literales a) a f) del párrafo 46, a lo cual se accedió en la orden procesal n.° 3.
Al formularse la contestación no se desarrolló ninguna de las oposiciones que quedaron desterradas, constituyéndose en « ma

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

etidos al conocimiento de los árbitros comprometían intereses privados de libre disposición, relativos al deber de confidencialidad, reserva y renuncia a iniciar nuevos procesos en las materias transigidas, como bien se precisó en el laudo recurrido[footnoteRef:13]. [13: «…mediante los Contratos de Transacción las Partes pusieron fin a las disputas existentes entre ellas, disputas que están descritas en la Cláusula Primera de los Contratos de Transacción. Es con respecto a esas diferencias o controversias, y no a otras, que las Partes acordaron, entre otras cosas, el pago, por una parte, y el desistimiento y las renuncias, por la otra, a través de los mecanismos de la transacción, renunciando a llevar esas controversias ante el juez (folios 73 y 74 del cuaderno anexos).]
8. En consecuencia, se declaran infundados los motivos de anulación alegados por los recurrentes contra el laudo de 27 de abril de 2016.
Es procedente la condena en costas a cargo de Viviane y Michael Ventura, en aplicación del numeral 4 del artículo 109 ejusdem , para lo cual se tendrá en cuenta que hubo oposición.
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar infundado el recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral de 27 de abril de 2016, proferido en el caso n.° 19728/ASM administrado por la CCI, en el proceso de Esther Ventura de Rendón y Juan María Rendón Gutiérrez contra Viviane y Michael Ventura.
Se condena en costas a los recurrentes en anulación.
Por secretaría inclúyase en la liquidación la suma de seis millones de pesos ($6.000.000), por concepto de agencias en derecho.
En su oportunidad, archívese la actuación.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de la Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Radicación
2016-03020-00
Clase proceso
ANULACIÓN LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL
Origen
Cámara de Comercio Internacional – Paris
Partes
Recurrentes : Viviane Ventura y Michael Ventura
Apoderado: Carlos Felipe Mayorga Patarroyo
Convocados : Esther Ventura de Rendón y Juan María Rendón
Apoderado: Luis Alfredo Barragán
Pretensiones
Se pidió la anulación del laudo arbitral de 27 de abril de 2016, proferido en el caso n.° 19728/ASM administrado por la Cámara de Comercio Internacional-CCI, en el proceso que Esther Ventura de Rendón y Juan María Rendón Gutiérrez promovieron contra Viviane y Michael Ventura, en el que estos últimos fueron condenados a pagar US$900.000 por el incumplimiento de los contratos de transacción que habían suscrito.
Motivos de anulación y decisión
Primer motivo. Invalidez del pacto arbitral por ausencia de voluntad real, fundado en que cuando Michael Ventura suscribió el contrato no revisó el contenido y, por tanto, no negoció ni asintió en el pacto arbitral. Además, no estuvo asistido por un abogado y el castellano no es su idioma nativo.
SE REHÚSA . El consentimiento de Michael Ventura se expresó con la firma del contrato, sin que pueda alegar su propia incuria a su favor. Además, no hizo constancias ni manifestó objeciones al firmar, por lo que con su actuar asintió en la propuesta de contrato que le fue presentada. Se recuerda que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, que tenía un asesor jurídico designado y que rindió su declaración en el proceso arbitral en español.
Segundo motivo. Invalidez del pacto arbitral por faltar el pacto expreso de internacionalidad, como lo exigía la ley 315.
SE REHÚSA . De acuerdo con los artículos II de la CNY, 1502 del Código Civil y 3 del decreto 2279 de 1989 -modificado por la ley 446 de 1998 y compilado por el decreto 1818 de 1998-, la validez del pacto arbitral no reclama un convenio expreso de internacionalidad. La ley 315 se limitó a establecer los criterios parar considerar un arbitraje como internacional, asunto que es de resorte procesal por limitarse a definir el trámite aplicable, por lo que esta exigencia fue suprimida con la entrada en vigencia de la ley 1563, que eliminó tal necesidad. En todo caso, la ley 315 no exigió que el acuerdo fuera expreso, por lo que era dable inferir este linaje del pacto celebrado entre las partes, quienes señalaron como entidad administradora a la Cámara de Comercio Internacional.
Tercer motivo. Nulidad por violación del procedimiento arbitral porque, a pesar de ser nacional, se aplicaron las reglas del internacional, en concreto, para la integración del panel.
SE REHÚSA . Como se clarificó en precedencia, el arbitraje era internacional, amén de que las partes tenían domicilios en países diferentes. Además, la designación de los árbitros se ajustó al reglamento de arbitraje de la CCI, que fue el que pactaron las partes expresamente.
Cuarto motivo. El laudo es contrario al orden público internacional, en tanto los árbitros no decretaron la prejudicialidad penal solicitada, sin tener en cuenta que se había iniciado un proceso por estafa, en el cual podrían tomarse decisiones respecto a los contratos de transacción.
SE REHÚSA . La prejudicialidad penal no hace parte del orden público internacional de Colombia, pues el Código General del Proceso la eliminó, se trata de una medida que únicamente procede a instancia de parte y es eminentemente temporal. En todo caso, no se cumplían las condiciones señaladas en el Código General del Proceso para su decreto: no existía proceso penal -no se había vinculado a la causa a la indiciada-, y los asuntos que serían resueltos por el juez penal se propusieron en el proceso arbitral (nulidad de los contratos de transacción).
Quinto motivo . Nulidad por violación del procedimiento acordado por las partes, en tanto el tribunal arbitral decidió sobre excepciones que no se formularon en el litigio.
SE RECHAZA . Los hechos alegados se refieren a la congruencia y no al procedimiento, por lo que esta materia debió sustentarse en la causal especialmente diseñada para estos fines.
Sexto motivo. Nulidad del laudo por ocuparse de materias no sometidas a arbitraje, en tanto las excepciones de nulidad por causa ilícita, dolo y error fueron excluidas del proceso al retirarse la demanda de reconvención.
SE REHÚSA. Conforme al precedente SC5207, 18 ab. 2017, rad. n.° 2016-01312-00, la congruencia a que se refiere la ley 1563 se predica del pacto arbitral y no de la demanda o contestación, el cual es comprensivo de cualquier controversia relativa a la ineficacia de los contratos de transacción, por lo que era posible estudiar la nulidad de marras. En todo caso, las excepciones no fueron retiradas, pues habían sido alegadas en la contestación a la solicitud de arbitraje, la exposición sumaria de peticiones y contenidas en el acta de misión. Además, en el escrito de contestación se alegó una defraudación, por lo que era razonable entender que seguían sub judice las excepciones relacionadas con esta materia.
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC001-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2019-01-14. C.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Rad. 2016-03020-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC001-2019%20%5B2016-03020-00%5D).
