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clave: "corte_suprema:providencia:S- 30-09-2005 [1998-01037-01]"
titulo: "Corte Suprema: ya se sabe que el éxito de la acusación no podría obtenerse sino mediante el combate in integrum de los cimientos de la sentencia"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2005-09-30"
radicado: "1998-01037-01"
numero: "S- 30-09-2005"
ponente: "Manuel Ardila Velasquez"
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# Corte Suprema: ya se sabe que el éxito de la acusación no podría obtenerse sino mediante el combate in integrum de los cimientos de la sentencia

- **Título oficial / radicado:** S- 30-09-2005 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2005-09-30
- **Radicado:** 1998-01037-01
- **Número:** S- 30-09-2005
- **Ponente:** Manuel Ardila Velasquez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2030-09-2005%20%5B1998-01037-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:S-%2030-09-2005%20%5B1998-01037-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDA1L0RyLiBNYW51ZWwgQXJkaWxhIFZlbGFzcXVlei85LSBTZXB0aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvUy0gMzAtMDktMjAwNSBbMTk5OC0wMTAzNy0wMV0uZG9j/Civil/arrendamiento

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 283 de 1990
- Decreto 2651 de 1991
- Decreto 353 de 1991

## Extracto

Y a la verdad que esto resulta apenas obvio, porque el yerro de facto, cuya característica fundamental es de que sea evidente, o como lo observa la doctrina de la Corporación, que ‘salte de bulto’ o ‘brille al ojo’, sólo se presenta cuando la única estimación aceptada sea la sustitutiva que se propone. Los cargos, en ese orden de ideas, son frustráneos. Lo que no es todo, pues en el fondo, si se admitiera que la riña que trae el cargo puede escenificarse en el ámbito de la causal primera, es claro que el hecho de deducir perjuicios vino a sumar como otra razón del tribunal para indicar que la cuerda apropiada para el asunto es la del proceso abreviado, argumento en cuyo soporte trajo a capítulo el artículo 408 del código de procedimiento civil, era del resorte del recurrente fustigar también ese puntal. Ya se sabe que el éxito de la acusación no podría obtenerse sino mediante el combate in integrum de los cimientos de la sentencia.

## Síntesis temática

El juez examina conjuntamente los diversos cargos formulados contra la sentencia en sede de casación al analizar con rigor la hermenéutica del contrato de subarriendo de una estación de servicio, evaluando si el objeto negociado constituía un establecimiento de comercio o simplemente el inmueble junto con edificaciones, equipos, instalaciones y anexidades, destacando expresamente que el sentenciador no incurre en error evidente de hecho cuando una cláusula se presta a interpretaciones razonables o posibles conforme a las reglas del Código de Comercio relativas al arrendamiento y a la renovación del contrato, determinando que la ambigüedad del clausulado admite la decisión adoptada por el ad quem, por lo que la acusación planteada por el recurrente no sale adelante en el trámite extraordinario.

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
25
mav. exp. 1998-01037-01
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala de Casación Civil
Magistrado Ponente:
Manuel Isidro Ardila Velásquez
Bogotá, treinta (30) de septiembre de dos mil cinco (2005).
Ref: Expediente 1998-01037-01
Decídese el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 15 de julio de 2004, proferida por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de Bogotá en este proceso ordinario de Servicampestre Limitada contra Esso Colombiana Limited.
I.- Antecedentes
La demanda, que reformada fue por la demandante, pidió declarar que el contrato A-1010, por el cual la Esso le subarrendó el lote de terreno junto con las edificaciones, equipos, instalaciones y anexidades en que funciona la estación de servicio “Campestre”, es inexistente, y que el contrato de
arrendamiento
contenido en la escritura 487 de 7 de marzo de 1991 corrida en la notaría segunda de Barranquilla celebrado entre la demandada y Lía de Vivero de Espinosa, es absolutamente simulado.
En subsidio, que el contrato de subarriendo es ineficaz, o bien, que es absolutamente simulado y, por consiguiente, que inexistente es también el contrato de
arrendamiento
de que da cuenta la citada escritura 487 o, en su defecto, que fue incumplido por la Esso y, en consecuencia, que se encuentra terminado.
Y, secuela de las súplicas anteriores, condenar a la demandada a pagar los perjuicios irrogados a la demandante.
El fundamento fáctico de tales pedimentos se compendia como sigue:
El terreno de la estación de servicio lo adquirió Servicampestre Ltda. de manos de Lía de Vivero de Espinosa por escritura 3082 de 17 de diciembre de 1991 corrida en la notaría 2ª de Barranquilla, inmueble que a su turno la vendedora había hipotecado con anterioridad (el 7 de marzo de ese año) a favor de la Esso, instrumento público en el que, a la par, le entregó el bien en
arrendamiento
.
No obstante, amén de que dicho
arrendamiento
no se inscribió en el registro mercantil, la estación nunca fue entregada a ningún título a favor de la Esso; así, Servicampestre terminó la obra y en octubre de 1992 ratificó la hipoteca. Por su lado, la demandada le "impuso" el contrato A1010 de 21 de octubre siguiente, denominado “contrato de
arrendamiento
de estaciones de terceros”, como requisito para el otorgamiento de crédito en la venta de lubricantes, documento el cual no fue suscrito por el representante de la Esso ni reconocido, ni inscrito.
El término de los contratos, tanto el de arriendo como el de subarriendo, se pactó por quince años, y el precio del
arrendamiento
en cincuenta mil pesos mensuales, los cuales se pagaban mediante un cruce de cheques que se realizaba una vez al año, estipulándose, además, que para dar cumplimiento al mismo, en particular la adecuada reventa de los productos de la Esso, la demandante actuaba “en forma autónoma e independiente y sin vinculación (…) como agente comercial o representante o mandatario de la Esso u otros vínculos semejantes”, lo que demuestra cómo nunca hubo intención de pactar un
arrendamiento
, sino una figura distinta que “podría caber dentro del esquema del contrato de suministro”.
De igual modo, se fijó un pacto de exclusividad durante la vigencia de los contratos, plazo que contraría lo dispuesto por el artículo 976 del código de comercio, que prohíbe el suministro por más de 10 años.
La Esso incurrió en mora de pagar el
arrendamiento
correspondiente al año 1997, pues envió el cheque a nombre de persona distinta a la demandante, lo cual implica incumplimiento del contrato; y aunque en febrero de 1998 realizó una consignación para tal efecto, ésta no constituye pago válido.
La demandada, en su respuesta, se opuso, negando que el contrato de subarriendo haya recaído sobre un establecimiento comercial, asegurando que tuvo como objeto los bienes aislados, que el contrato celebrado con Lía de Vivero fue ratificado por la actora, la cual carece de legitimación para promover la acción, e igualmente que la simulación no desgaja inexistencia, y que es posible arrendar cosa propia.
La primera instancia fue ultimada con fallo que dio despacho favorable a las súplicas principales de la demanda, el que revocó el tribunal al resolver la apelación venida a causa de la alzada interpuesta por las partes, que en su lugar denegó las pretensiones, salvo "la primera subsidiaria de la segunda principal y la primera consecuencial (sic) de la primera subsidiaria de la segunda principal" sobre las cuales se inhibió.
Contra esta última determinación la actora interpuso recurso de casación que pasa ahora a decidirse por la Corte.
II. - La sentencia del tribunal
El tribunal expone en torno a la controversia, los siguientes planteamientos:
a. El hecho de que César Augusto Niño Hernández no tuviera representación de la Esso al suscribir el contrato es intrascendente, desde que dicha entidad no ha negado su condición de subarrendadora, ni la demandada la de subarrendataria, al punto que ejecutaron el contrato sin problema durante más de cinco años. Tratóse de una estipulación por otro, algo que no mina la eficacia del contrato.
b. La demandante, a la suscripción del contrato de subarriendo, ya era propietaria del bien; y nada impedía que lo tomara en esa condición, porque tal acuerdo no atenta contra el orden publico ni las buenas costumbres, ni existe prohibición legal al respecto.
c. El contrato, a su vez, recayó sobre “el inmueble que consiste en el lote de terreno (...) junto con las edificaciones, equipos, instalaciones y anexidades en él existentes”, no respecto de un establecimiento de comercio, por lo cual no era menester cumplir las exigencias de los artículos 526 y 533 del código de comercio y, en especial, las consignadas en el artículo 78 del decreto 283 de 1990.
Y aunque el contrato advirtió que en el inmueble funcionaba "la estación de servicios para automotores que se conoce con el nombre de la Estación de servicio 'CAMPESTRE' ", no por ello puede decirse que tuvo como objeto un establecimiento de comercio, pues ni existió acuerdo expreso en tal sentido ni la Esso operaba en el establecimiento al momento del contrato, cual se desprende de los testimonios de César Augusto Niño Hernández y Andrés Manuel Vuelvas Guzmán.
d. Aun suponiendo que tuvo por objeto el establecimiento de comercio, lo cierto es que, según el decreto 2651 de 1991, la autenticidad del contrato se presumía, circunstancia que hacía innecesarias las mentadas exigencias, amén de lo cual tampoco se requería su inscripción a fin de dar publicidad a terceros.
Por lo demás, la falta de entrega, que se aduce también como fundamento de la inexistencia, a lo más constituye incumplimiento, pues ésta no es de la esencia del
arrendamiento
; y cuanto al precio, no hay evidencia que diga que fue irrisorio. Que el testigo Niño Hernández afirme que el
arrendamiento
de una estación de servicio ascendiera a $1’100.000,oo y que los peritos lo calcularan en algo más de tres millones de pesos no conlleva lo contrario, pues ellos se refieren al
arrendamiento
“ de una estación de servicio ordenada como establecimiento de comercio abierto al público y con cierta trayectoria en el mercado. Y un bien de naturaleza tal no fue arrendado por Esso Colombiana Limited a Servicampestre Limitada, pues lo arrendado fue sencillamente el bien raíz con algunas edificaciones y anexidades ”.
La inexistencia y la ineficacia del subarriendo, por ende, deben denegarse.
e. Relativamente a la simulación, examinó prolijamente las probanzas descartándola en los contratos fustigados, habida cuenta que consagran el verdadero querer de las partes al celebrarlos.
En este sentido, al cabo de recordar cuáles fueron los términos del contrato consignado en la escritura 487 de 1991, celebrado entre la Esso y Lía de Vivero, y de cómo llegó el predio a manos de la demandante, observa que en últimas, según dedujo del clausulado pertinente, al lado del subarriendo coexistió un contrato de suministro, lo cual, sin embargo, no encarna de ninguna forma su inexistencia, desde que no resultan excluyentes entre sí, ni tampoco contravienen el orden público y las buenas costumbres.
La causa de dichos contratos, el subarriendo y suministro, fue la de obtener para la Esso “una adecuada reventa de los productos en que ésta tiene interés y que El Contratista actúe en esas actividades en forma autónoma e independiente”, algo que reconoció el a-quo y que a su vez menciona el testigo Niño Hernández, al afirmar que la Esso “tenía que asegurar que dicha estación, que no era propiedad de la Esso no se fuera hacia otra compañía distribuidora de combustibles...”; además, en la demanda promovida por la Esso contra Servicampestre y Terpel, se dice que el objeto del contrato es “la explotación de la estación de servicio” así como que su propósito económico “propende a distribuir en el mercado los productos de su marca, de manera estable y permanente y por períodos de tiempo lo suficientemente amplios para recuperar las cuantiosas inversiones que son necesarias para operar las estaciones de servicio para automotores”, algo para lo cual se sirvieron de otros contratos paralelos, tales como el comodato sobre tanques de almacenamiento y otros muebles, desvirtuándose así la simulación del subarriendo, en concreto la intención de ocultar el verdadero pacto.
f. Por último, inhibióse de resolver las pretensiones enderezadas a declarar el incumplimiento, la consiguiente terminación del
arrendamiento
y la condena en perjuicios, en cuanto que el artículo 408 del código de procedimiento civil establece que ese tipo de asuntos se tramitan por la cuerda del proceso abreviado.
III.- La demanda de casación
Tres cargos integran la demanda, formulados en el ámbito de la causal primera de casación, los cuales se despacharán en su orden, pero conjuntados los dos primeros, por las razones que en su momento se expondrán.
Primer cargo
Acúsase la infracción indirecta, por falta de aplicación, de los artículos 78 del decreto 283 de 1990, 515, 516, 526 y 533 del código de comercio, a cuenta de errores de hecho en la apreciación de pruebas.
En el desenvolvimiento afirma que el tribunal apreció indebidamente el documento en que se hizo constar el “subcontrato”, el certificado de la Cámara de Comercio en que consta que Servicampestre es la propietaria de la estación de servicio “Campestre”, establecimiento matriculado el 3 de octubre de 1991, así como las comunicaciones cruzadas entre las partes y demás documentos relacionados con el desarrollo de esas relaciones contractuales -los que enuncia- y el interrogatorio del representante de la demandada al igual que la prueba testifical.
A renglón advierte que el tribunal negó que el subarriendo tuvo por objeto el establecimiento de comercio, porque no encontró acuerdo expreso en ese sentido, al margen de que la Esso, al momento del contrato, no operaba ni administraba la estación de servicio.
Pero diversas pruebas apuntan a que el contrato versó precisamente sobre el establecimiento de comercio, de donde el tribunal acabó pretiriendo tal material demostrativo, empezando por el “subcontrato”, en cuyas cláusulas, redactadas por la demandada, se anotó que en el inmueble “ venía funcionando la estación de servicio para automotores que se conoce con el nombre de la ‘Estación de Servicio Campestre’ ”, que “ la Esso prohibe, y así lo acepta el CONTRATISTA, que el inmueble y la Estación de Servicio se utilice para estacionamiento o parqueadero ”, y que se obligó a venderle “ los productos y artículos para mantener surtida la estación de servicio ”, comprometiéndose por su lado Servicampestre a “ mantener el inmueble, la Estación de Servicio, equipos, muebles y anexidades en perfecto estado de funcionamiento ” y a asumir los gastos para el “ buen estado de funcionamiento del inmueble, así como la estación de servicio ”, cosas que la Esso podría verificar, contando incluso con la facultad de dar por terminado el contrato en caso de suspensión del funcionamiento de la estación. Además, estableció también que el subarrendatario renunciaba a cualquier pretensión sobre el good-will que pudiera corresponder al local, y que se tomaron las previsiones para dar cumplimiento al decreto 283 de 1990, en particular para aumentar los servicios a prestar en la estación.
Pasa luego a referir algunos pasajes de la prueba testimonial, conformada por las declaraciones de Carlos Alberto Jaimes, César Augusto Niño, Manuel Guillermo Vuelbas Guzmán, Andrés Manuel Vuelbas Guzmán y Jaime Jaramillo, en donde hablan los testigos de la forma en que la Esso realiza ese tipo de contratos para la explotación comercial del negocio de la venta de combustibles.
Adicionalmente, pone de presente cómo los documentos relativos al pago del impuesto de timbre del contrato, cuyos folios indica, “ hacen referencia al
arrendamiento
de una estación de servicio ”, lo mismo que las comunicaciones cruzadas entre las partes, agregando que el certificado de la Cámara de Comercio señala que l

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ón de servicio” como un “establecimiento de comercio”, nada trae la acusación que diga que ese conjunto de bienes desarticulado, conformado apenas por un inmueble y unos equipos y unas instalaciones, apreciación del juzgador que el recurrente no logró demoler, equivale a una estación de servicio, obviamente, bajo los criterios a que aluden los preceptos mencionados.
Es más que evidente, si dichas previsiones involucran en el concepto “estación de servicio” muchos más elementos que los que físicamente refiere el contrato, del resorte del impugnador era, entonces, demostrar, con argumentos macizos e incontestables, que, ciertamente, los escasos bienes que comprendió el subarriendo debían tenerse como una estación de servicio, labor que, no hay para qué decirlo, jamás abordó.
Y esto con otro agravante, pues al desarrollar la segunda acusación arremete el censor contra el tribunal asegurando -siempre sobre la idea de que el objeto del contrato fue un establecimiento de comercio y no ese conjunto de bienes tomados en forma aislada-, que dio unos alcances equivocados al precepto 25 del decreto 2651 de 1991, norma que no era aplicable, toda vez que la autenticidad que encontró en el documento no bastaba para suplir la solemnidad establecida en la ley, vital para el perfeccionamiento del contrato; pero acá echa al olvido el impugnador que refriega de esos alcances, vista su genuina dimensión, no permitía enderezar esa queja por la vía indirecta, como lo hizo el recurrente, pues antes que encarnar una disputa sobre la aplicación de la ley probatoria, comporta una polémica tocante con la forma solemne del contrato de
arrendamiento
de establecimientos de comercio, controversia que, por su marcado contenido jurídico, ha debido plantear por la vía directa.
Es paladino, la única controversia posible, alegándose como se alega que la solemnidad que reclaman las normas en comento tiene que cumplirse desde el momento mismo en que el contrato se perfecciona, tiene un perfil puramente jurídico, del cual, por razones obvias y de técnica de casación, no podía escapar de ese terreno. Dicho de otro modo, “ es literalmente imposible la riña probatoria que el recurrente montó en los cargos, pues no tiene contendor a la vista si es que el tribunal coincide con él [en la tesis probatoria que esgrime] (...) Antes que enfrentados, se muestran armoniosos. De donde se larga la conclusión que para invocar la vía indirecta no vale suponer refriegas probatorias; imprescindible es que la polémica sea real y no aparente ” (cas. civ. sent. de 2 de abril de 2003, exp. 7501).
Algo que, de todos modos, adviene indiferente, pues, como se anotó, intangible la conclusión del tribunal, con arreglo a la cual el contrato no tuvo por objeto más que esos bienes y no propiamente un establecimiento de comercio, la disputa del segundo cargo pierde sentido.
Los cargos, en ese orden de ideas, son frustráneos.
Tercer cargo
Por éste, tíldase la sentencia de ser violatoria, en forma indirecta y por falta de aplicación, de los artículos 822, 870 y 871 del código de comercio, y 1602, 1627, 200, 2002 y 2003 del código civil, como consecuencia del error de hecho en que incurrió el tribunal en la interpretación de la demanda.
El reparo probatorio se concreta en que al inhibirse de resolver sobre las peticiones encaminadas a la restitución del bien y la consiguiente indemnización de perjuicios, no percató que la demanda por ningún lado suplica la restitución, lo que en últimas conllevó la infracción de las normas sustanciales aludidas.
Consideraciones
El cargo viene formulado como si el tribunal se hubiese inhibido sobre una pretensión que no fue impetrada en el libelo introductorio; lo que de entrada indica que, en ese orden de ideas, la acusación ha debido enderezarse no por la causal primera, sino por la prevista para traer a casación ese tipo de controversias.
La verdad es, sin embargo, que la demanda no habló escuetamente de restitución; incluso, destácase, en capítulo específico aclaró que la terminación del
arrendamiento
suplicada, que fue la pretensión sobre la cual sobrevino la inhibición, no encarnaba algo semejante; pero ello no fue óbice para que el juzgador explorara el genuino sentido de la sobredicha pretensión, así que al escrutar la teleología de la terminación fue del parecer que en ciernes no existía otro objetivo que la restitución.
Y, como según ese criterio, la terminación conllevaba la restitución, dedujo entonces que la cuerda que había de seguir ese específico debate es la del proceso abreviado, cuanto más si buscábase también la reparación de perjuicios derivados de ello; en distintos términos, el tribunal concibió, fruto de esa labor que de suyo concierne a los juzgadores de descubrir el sentido de la demanda, que el efecto postrero de lo pretendido era la restitución.
Mas, si eso fue lo que hizo el juzgador, la tarea del recurrente, enderezando la queja por la causal primera de casación, concebida para denunciar los vicios in-iudicando del sentenciador, era abatir esa consideración específica del fallo, haciendo ver porqué entraña un yerro mayúsculo considerar que la demanda, a pesar de la advertencia previa que hizo, no pretendió la restitución, cosa que lejos estuvo siquiera de intentar, carencia suficiente para el naufragio de la censura.
Lo que no es todo, pues en el fondo, si se admitiera que la riña que trae el cargo puede escenificarse en el ámbito de la causal primera, es claro que el hecho de deducir perjuicios vino a sumar como otra razón del tribunal para indicar que la cuerda apropiada para el asunto es la del proceso abreviado, argumento en cuyo soporte trajo a capítulo el artículo 408 del código de procedimiento civil, era del resorte del recurrente fustigar también ese puntal.
Ya se sabe que el éxito de la acusación no podría obtenerse sino mediante el combate in integrum de los cimientos de la sentencia. Obviamente que dejándose intangible tan sólido soporte del fallo en ese aparte, vana es toda la aspiración vertida en el cargo, porque como sin cesar se ha repetido, la Corte está relevada de estudiar la acusación “ si la sentencia trae como base principal de ella una apreciación que no ha sido atacada en casación, ni por violación de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciación es más que suficiente para sustentar el fallo acusado ” (LXXI, p. 740; LXXIII, p. 45; LXXV, p. 52).
En esas condiciones el cargo no puede alcanzar prosperidad.
IV.- Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha y procedencia preanotados.
Costas a cargo de la recurrente.
Oportunamente, vuelva al tribunal de origen para lo de su cargo.
Notifíquese.
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA
MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia S- 30-09-2005 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2005-09-30. C.P. Manuel Ardila Velasquez. Rad. 1998-01037-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2030-09-2005%20%5B1998-01037-01%5D).
