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clave: "corte_suprema:providencia:S- 26-09-2002 [6346]"
titulo: "Corte Suprema: no puede sindicársele de haberla contemplado jurídicamente en forma desacertada"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2002-09-26"
radicado: "6346"
numero: "S- 26-09-2002"
ponente: "Jorge Antonio Castillo Rugeles"
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# Corte Suprema: no puede sindicársele de haberla contemplado jurídicamente en forma desacertada

- **Título oficial / radicado:** S- 26-09-2002 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2002-09-26
- **Radicado:** 6346
- **Número:** S- 26-09-2002
- **Ponente:** Jorge Antonio Castillo Rugeles
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2026-09-2002%20%5B6346%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:S-%2026-09-2002%20%5B6346%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDAyL0RyLiBKb3JnZSBBbnRvbmlvIENhc3RpbGxvIFJ1Z2VsZXMvU2VudGVuY2lhcy85LSBTZXB0aWVtYnJlL1MtIDI2LTA5LTIwMDIgWzYzNDZdLmRvYw%3D%3D/Civil/arrendamiento

## Regla de decisión

Puede sí configurar vicio de nulidad, como sucede cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 120 de 1928
- Ley 50 de 1936
- Ley 51 de 1943

## Extracto

...Esta causal de nulidad, que si bien consiste o se basa en la falta de competencia, fue regulada en la legislación actual con entidad propia o autónoma, y de su lectura se infiere que comprende tres hipótesis: a) Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, como acontece cuando el a quo desconoce lo decidido por el ad quem. b) Cuando el juez revive procesos que legalmente han culminado, como ocurre respecto de los que han fenecido por sentencia ejecutoriada o providencia en firme que acepta un desistimiento o una transacción, o declara una perención.....c) Y, finalmente, cuando se decide el litigio omitiéndose en él íntegramente una instancia, lo cual se traduce en que si la omisión es parcial y no total, no se configura el vicio de nulidad por la causal tercera. Además, el Tribunal dejó de valorar el certificado de tradición y libertad del inmueble.

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
Magistrado Ponente:
Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles
Bogotá Distrito Capital, veintiséis (26) de septiembre de dos mil dos (2002).
Ref. Expediente No. 6346
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 11 de julio de 1996, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario adelantado por BERTHA INES SALINAS DE RIAÑO frente a HERNANDO ARANA CORREA y personas indeterminadas.
ANTECEDENTES
1.-
Al Juzgado Décimo Civil del Circuito de esta ciudad le correspondió, por reparto, el conocimiento de la demanda presentada por la mencionada actora para que, previos los trámites de un proceso ordinario a surtirse con citación y audiencia del señalado demandado y el emplazamiento de las personas indeterminadas que tuviesen algún derecho sobre el inmueble, se le declarase dueña del lote de terreno alindado e identificado como se indica en el respectivo escrito y para que, ejecutoriada la sentencia, se ordenase su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos pertinente.
2.-
Adujo, para sustentar sus pedimentos, que ha poseído con ánimo de señora y dueña por más de 20 años y en forma quieta, pacífica, pública e ininterrumpida, el lote de terreno denominado “Las Brisas”, junto con parte de la casa de habitación levantada sobre el mísmo; y que durante dicho tiempo ha realizado en él reparaciones locativas y mejoras consistentes en la colocación de cercas, siembra de pastos, árboles ornamentales y hortalizas; que lo ha explotado instalando canchas de tejo y enramadas para cría de cerdos, amén de que lo ha hecho respetar frente a los particulares y las autoridades, las cuales la han tratado como dueña en varias ocasiones.
3. El demandado, por su parte, al contestar la demanda, negó los hechos que la soportan y frente a las pretensiones, propuso la excepción de mérito que denominó “AUSENCIA O FALTA DE LEGITIMACION EN CAUSA DE PERSONERIA SUSTANTIVA EN EL DEMANDANTE”.
Surtido el emplazamiento de los indeterminados y agotadas las demás ritualidades de la primera instancia, a ella puso fin el juzgador a quo mediante sentencia estimatoria de las pretensiones, decisión que, habiendo sido recurrida por el demandado, fue revocada mediante la absolutoria proferida por el superior.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El Ad quem, luego de cerciorarse de la cabal presencia de los presupuestos procesales y de acotar que no existían irregularidades que impidieran proferir fallo de mérito, abordó el examen de las pruebas allegadas, con miras a determinar si se podía colegir que la demandante, sin reconocer dominio ajeno, había ejercido la posesión material por el tiempo exigido en la ley para la prescripción extraordinaria.
Al respecto señaló que el juzgador a quo encontró demostrado que la demandante era poseedora material del bien, “excluyendo aquella parte que aceptó tener en
arrendamiento
, recibido precisamente del demandado”, a la par que denegó los argumentos de la defensa en cuanto consideró que la prueba documental no reunía los requisitos necesarios para valorarla.
Luego de rememorar las reflexiones medulares del escrito de apelación, cuestionó si únicamente por medio de las copias expedidas por la Oficina de registro podían evidenciarse “tales hechos”, interrogante que despejó diciendo que habría sido suficiente que el fallador de primer grado apreciara la confesión contenida en el escrito de contestación de la excepción propuesta por la parte demandada, pues allí se dijo que “ ‘… mi mandante estaba en posesión del inmueble a usucapir y del local de la calle 170 Nº 7-01 desde en vida (sic) de su propietario López Rodríguez y su señora Celmira Sánchez, y continuo después de su fallecimiento en 1947 y 1965 respectivamente. Durante el proceso Ejecutivo que le adelantaron contra herederos de Juvenal López T., mi mandante estando en posesión, no fue estorbada ni perturbada en su poseción (sic). El día de la diligencia de entreqa que una inspección de Policía de Bogotá, le hizo del inmueble al señor Hernando Arana ella mi mandante se encontraba visitando, una hermana, una vez que regresó siguió en la posesión sin ser molestada ni perturbada; por el contrario el señor Hernando Arana le manifestó que podía continuar ahí y que como de los (sic) único que podía tener un beneficio económico era del local se lo arrendabas (sic) así duraron durante (sic) tres años con un contratoverbal (sic), hasta que en 1.977 decidieron hacerlo por escrito; pero únicamente del local, del otro globo de terreno ella siguió mandando con ánimo de sñor (sic) y dueña sin reconocer a nadie de dueño’…” (Subrayado textual).
Igualmente, las copias de los avisos de consignación judicial de los cánones de
arrendamiento
efectuadas por la demandante en favor del demandado, correspondientes a los años, 1986, 1987 y 1988, y en las que figura como dirección del inmueble la que se relaciona en la demanda, documentos que no fueron redargüidos por la demandante, como tampoco nada se dijo respecto de aquellos obrantes a folios 27 a 33 del mismo cuaderno, comunicaciones cursadas entre las Empresas Distritales y el aquí demandado.
Además, la demandante aceptó que celebró el contrato de
arrendamiento
, expresando que para conocer al demandado fue “…‘porque él fue allá después de muchos años de haber muerto don Juvenal López a que le firmara un contrato de
arrendamiento
, le contesté señor yo porque (sic) le voy a firmar a usted, yo no lo conozco a Ud., él insistió e insistió y yo estaba un poco enferma porque hacía poco había salido de la clínica entonces yo le dije bueno’ …”. Aceptó, además, que hizo los pagos del
arrendamiento
en el Banco Popular y que los primeros meses le canceló personalmente al demandado, de lo cual tiene recibos. Al referirse a la diligencia de entrega aseveró que tal vez no estaba ese día, ya que podría estar celebrando sus cumpleaños, por lo que no sabía nada al respecto. Del mismo modo, en relación con el “cedro”, plantado en inmueble, precisó que llamó al demandado para que le aconsejara cuánto podía valer el árbol, pero no para pedir autorización para disponer de él; y en cuanto al motivo por el cual dejó de cancelar los
arrendamiento
s afirmó que “… ‘Dejé de pagar porque la casa se caryó (sic) y la dirección a donde yo venía a pagar los
arrendamiento
s se mandó un comunicado que la casa de (sic) había caído…”.
El Tribunal coligió de todo ello que la demandante no siempre ha estado en posesión del inmueble, pues aceptó que la misma empezó “…aún en vida de los iniciales propietarios, quienes fallecieron en 1947 y 1965, luego sería a partir de este último período que comenzaría su posesión, pero en 1975 se realizó una diligencia de entrega del inmueble por una Inspección de Policía de Bogotá al rematante de ese inmueble señor Hernando Arana, que ella no estaba en ese momento, pero que cuando regresó continúo (sic) en la posesión, ‘…por el contrario el Señor Hernando Arana le manifestó que podía continuar ahí…’ (fl.53 Cdo. Ppal.) que luego suscribió un contrato de
arrendamiento
, aunque reitera que no es de todo el inmueble…”. Advierte, entonces, el fallador que la posesión alegada por la actora sufrió interrupción, al haberse practicado una diligencia de entrega sobre el bien materia de litigio en favor del ahora demandado, circunstancia que lleva a pensar que solamente después de 1975, aquella se reveló nuevamente contra ese señorío, ejecutando actos de aquellos que hacen presumir la posesión, tales como la instalación de canchas de tejo y las siembras e, inclusive, luego de instaurada la demanda realizó la construcción que hoy existe en el inmueble, como se infiere de la prueba documental pertinente y con la experticia practicada en el predio. “Y como quiera que la demanda se instauró en febrero de 1988, no se cumplieron los veinte años, que consagra el derecho sustancial para poder adquirir el inmueble y fallando uno de los elementos de la prosperidad de la acción, no es necesario el estudio de los demás, ni de las defensas propuestas por la parte demandada”.
Para finalizar, subrayó el sentenciador que la interrupción de la prescripción consiste en todo hecho apto para destruir las condiciones fundamentales de la prescripción, es decir, la posesión en el tercero y la inactividad del propietario, de manera que en tratándose de la “civil”, sería toda acción o pretensión del propietario de recuperar la posesión del bien e, incluso, ejercer los actos propios del dueño. Como no acreditaron los requisitos indispensables para adquirir el dominio por el modo pretendido en la demanda, se deben negar las pretensiones allí incoadas.
EL RECURSO DE CASACION
Los cinco cargos que en ella se enfilan contra el fallo arriba extractado, se despacharán en el siguiente orden: primeramente el quinto, en el cual el recurrente denuncia la nulidad del proceso; seguidamente el cuarto, relativo a un eventual yerro de inconsonancia de la sentencia; finalmente, los cargos restantes, en forma conjunta, habida cuenta que, trazados todos ellos con sustento en la causal primera de casación, evidencian en su formulación falencias de similar naturaleza.
QUINTO CARGO
Se acusa la sentencia de segundo grado por haberse proferido en un proceso viciado de nulidad por cuanto, a juicio del censor, se pretermitió íntegramente una instancia (artículo 140, numeral 3º), concretamente, la concerniente con el “…incidente de excepciones previas que consagra el art. 97 del C.C.”.
Y agrega: “El Tribunal no aplicó las normas sustanciales arts.762, 780, 2512, 2351 del C.C. y las normas procedimentales art.413 hoy 407 del C. de P.C. numeral 1º”.
Inicialmente, dice, con auto de 21 de junio de 1989, el juzgado de conocimiento decidió la excepción previa, pero como en proveído de marzo 5 de 1990 se declaró nulo lo actuado a partir del auto calendado el 11 de noviembre de 1988, la declaración de invalidez afectó la actuación comprendida entre estas dos fechas.
Posteriormente, añade, mediante auto del 7 de noviembre de 1990, se ordenó correr traslado, por el término de tres días, de la excepción previa propuesta por el demandado, término que la actora aprovechó para decir que “la excepción previa en la (sic) indebida presentación de la demandante, se pidió pruebas (sic)”.
Y, renglones adelante, sostiene lo contrario, es decir, que el a quo no corrió traslado de dicha excepción, ni decretó pruebas “ni mucho menos haberlas fallado” y al dictar en esta forma sentencia el 27 de junio de 1994, incurrió en la causal de nulidad señalada en la parte final del ordinal 3º del artículo 140 del C. de P.C., la cual no es saneable.
SE CONSIDERA
Como paladinamente lo consagra el precepto en mención, la aludida causal solamente se configura cuando se pretermite, en forma total una instancia del proceso, de manera que cualquier otra irregularidad acaecida en su trámite deberá ser corregida en la forma dispuesta por el parágrafo de dicha norma, a riesgo de quedar saneada, a menos, claro está, que se configure otra causal, caso en el cual, el asunto se gobernará por las reglas respectivas.
Al respecto, ha dicho la Corte:
“...Esta causal de nulidad, que si bien consiste o se basa en la falta de competencia, fue regulada en la legislación actual con entidad propia o autónoma, y de su lectura se infiere que comprende tres hipótesis: a) Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, como acontece cuando el a quo desconoce lo decidido por el ad quem. b) Cuando el juez revive procesos que legalmente han culminado, como ocurre respecto de los que han fenecido por sentencia ejecutoriada o providencia en firme que acepta un desistimiento o una transacción, o declara una perención.....c) Y, finalmente, cuando se decide el litigio omitiéndose en él íntegramente una instancia, lo cual se traduce en que si la omisión es parcial y no total, no se configura el vicio de nulidad por la causal tercera. Puede sí configurar, según la entidad de la omisión, vicio de nulidad, pero por causal diferente, como sucede cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión” (Sent. de 18 de febrero de 1990).
Y, concretamente, en relación con la omisión del trámite de un incidente, esta Corporación, en sentencia de 31 de agosto de 1972, puntualizó: “De otro lado, adviértese que el hecho alegado como constitutivo de la causal de nulidad consagrada en el punto 3 del artículo 152 (hoy 140) del Código de Procedimiento Civil, aún en el caso de que efectivamente hubiera ocurrido, no encajaría en tal disposición, pues haber dejado de tramitar un incidente, de ninguna manera equivale a pretermitir íntegramente la respectiva instancia. Además, si el hecho denunciado efectivamente constituyera una irregulari

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

probatorio.
SE CONSIDERA :
1. Como ya se advirtiera, los cargos atrás reseñados se encuentran perfilados con sustento en la causal primera de casación y denotan diversas y ostensibles deficiencias técnicas en su formulación, que impiden su examen de fondo.
En efecto, el primer cargo de la demanda se encuentra abiertamente desenfocado, habida cuenta que las imputaciones en él contenidas no están encaminadas a enervar los argumentos que sustentan la decisión recurrida. Ciertamente, el Tribunal, tras reparar en que el juzgador a quo le había negado valor probatorio a la copia del acta de entrega del inmueble, se propuso demostrar, sin ratificar o negar esa apreciación, cómo de otras pruebas allegadas al proceso podía obtenerse la misma inferencia que se desprendía del aludido documento.
Señaló, para tal fin, en primer término, que bastaba con examinar el escrito de contestación de las excepciones propuestas por el demandado, en el que, entre otras cuestiones, la actora admitió la existencia de la diligencia de entrega; igualmente los recibos de consignación de los cánones de
arrendamiento
en los que se alude al inmueble en litigio y, finalmente, las distintas atestaciones asentadas por la demandante en el transcurso del interrogatorio de parte que absolviera en el proceso, todo lo cual lo llevó a colegir que en 1975, una Inspección de Policía de Bogotá realizó una diligencia de entrega del inmueble al rematante del mismo, señor HERNANDO ARANA, en la que la actora no estuvo presente, pero que cuando regresó continuó en la posesión porque aquél le manifestó que podía seguir ahí; que luego suscribió un contrato de
arrendamiento
, aunque no sobre todo el inmueble, de manera que la posesión alegada por la actora sufrió interrupción al haberse practicado una diligencia de entrega en favor del demandado, circunstancia que pone de presente que solamente después de 1975, aquella se rebeló nuevamente contra ese señorío, ejecutando actos de aquellos que hacen presumir la posesión.
Empero, el recurrente, en lugar de empeñarse en refutar esas reflexiones del juzgador que, como ya se destacara, constituyen el soporte cardinal de su determinación, se aplicó a asentar algunas elucubraciones abiertamente divorciadas de la argumentación que sustenta la sentencia. Inclusive, las imputaciones de la censura tienen como punto de partida una errónea apreciación del fallo, toda vez que no es cierto que el sentenciador hubiese calificado a la demandante de simple tenedora, pues por el contrario, lo que aquél dedujo fue que, por virtud de la anotada interrupción de la posesión, la misma solamente debía computarse a partir de 1975.
Pero, además, el cargo, del cual el impugnante afirmó que estaba trazado por la vía directa, comporta un conjunto de recriminaciones relativas a la apreciación de los hechos que, en cuanto tales, le estaba vedado al censor trazarla por la vía escogida. Así por ejemplo, refuta que la demandante sea mera tenedora del predio, como en su parecer lo aseveró el Tribunal, a la par que destaca que en el proceso está probado que ella posee desde el 17 de marzo de 1965, acusaciones estas que, como es patente, aparejan un reexamen de la cuestión fáctica del litigio.
2. Igualmente, abrió el cargo segundo con un conjunto de imputaciones relativas a la estimación jurídica de la fotocopia de la diligencia de entrega, tangiblemente desenfocado, habida cuenta que acusa al juzgador ad quem de haberla valorado indebidamente, sin reparar, empero, en que éste, como ya se advirtiera, sin prohijar o desmentir las afirmaciones del juzgador de primer grado respecto de dicho documento, encontró demostrado, de la mano de otros medios probatorios, los mismos hechos que de ellas se infieren. En consecuencia, dado que el Tribunal dejó de lado la referida fotocopia, no puede sindicársele de haberla contemplado jurídicamente en forma desacertada.
Del mismo modo, dicho cargo contiene una serie de recriminaciones indebidamente planteadas, toda vez que el censor, habiéndolas perfilado como errores de derecho en la estimación probatoria, trató de demostrarlas como si se tratase de yerros fácticos. Así, por ejemplo, acusa al juzgador de haber incurrido en aquella especie de error (el de derecho), por no haber examinado debidamente el contenido del certificado de libertad del inmueble; o por no haber advertido que el escrito por medio del cual la parte demandante descorrió el traslado de las excepciones fue presentado extemporáneamente. Inclusive, respecto de esta última sindicación lo acusa de haber violado algunas disposiciones del Código de Procedimiento Civil concernientes con el modo y la oportunidad para presentar memoriales, concretamente, el relativo a la contestación de las excepciones propuestas por el demandado, pero que no guardan ninguna relación con el valor de la confesión contenida en él, cuestión ésta a la que se refirió el Tribunal.
3. Finalmente, los cuestionamientos al cargo tercero evidencian diversas contradicciones. Débese destacar, en efecto, cómo en él se acusa al sentenciador de segunda instancia de haber incurrido en errores de hecho en la apreciación de los recibos de consignación, del contrato de
arrendamiento
y del acta de entrega, pero seguidamente se le reprocha haber quebrantado, por ende, diversas normas de derecho probatorio.
Así mismo, que el juzgador dedujo la existencia de algunos hechos, concretamente la entrega del inmueble a favor del demandado, con base en pruebas no admitidas por la ley, a pesar de que en el punto, según el censor, ésta exige ineludiblemente la prueba documental, acusación que, de ser cierta, no comportaría un error de hecho, como fue anunciado, sino de derecho. Y aún, haciendo caso omiso de esa incorrección, lo cierto es que tampoco demostró el error, es decir, no indicó cuáles son las normas que exigían imperiosamente la demostración de ese hecho únicamente con la prueba documental.
Igualmente, lo acusó de haber incurrido en error de hecho por no haber examinado en conjunto algunas pruebas, empero, de ser cierta esa imputación, el error por el que habría que denunciar al Tribunal seria por el derecho.
En fin, todo ese nutrido conjunto de deficiencias en la formulación de los cargos aparejan su improsperidad.
DECISION
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 11 de julio de 1996, para dirimir el proceso ordinario instaurado por BERTHA INES SALINAS DE RIAÑO frente a HERNANDO ARANA CORREA Y PERSONAS INDETERMINADAS.
Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente. Tásense en su oportunidad.
NOTIFIQUESE
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
MANUEL ARDILA VELASQUEZ
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
JORGE SANTOS BALLESTEROS
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
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JACR. EXP. 6346

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Corte Suprema de Justicia. Providencia S- 26-09-2002 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2002-09-26. C.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Rad. 6346. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2026-09-2002%20%5B6346%5D).
