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clave: "corte_suprema:providencia:S- 21-03-1938 [013]"
titulo: "Corte Suprema: durante los dos años del contrato, éste puede terminar y de hecho terminará caso"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "1938-03-21"
radicado: "013"
numero: "S- 21-03-1938"
ponente: "Arturo Tapias Pilonieta"
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# Corte Suprema: durante los dos años del contrato, éste puede terminar y de hecho terminará caso

- **Título oficial / radicado:** S- 21-03-1938 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 1938-03-21
- **Radicado:** 013
- **Número:** S- 21-03-1938
- **Ponente:** Arturo Tapias Pilonieta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2021-03-1938%20%5B013%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:S-%2021-03-1938%20%5B013%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8xOTM4L0RyLiBBcnR1cm8gVGFwaWFzIFBpbG9uaWV0YS9TZW50ZW5jaWFzLzMtIE1hcnpvL1MtIDIxLTAzLTE5MzggLSBbMDEzXS5kb2M%3D/Civil/arrendamiento

## Regla de decisión

Durante los dos años del contrato, éste puede terminar y de hecho terminará caso de que la señora Angel venda el edificio y de que el comprador no convenga en subrogarse en el contrato.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Así las cosas, las argumentaciones del recurrente tendientes a demostrar que sí hubo documento escrito, no son de recibo en casación, cuyas causales deben perseguir el fin práctico de desquiciar fundamentalmente los soportes del fallo inferior y no meramente el de suscitar discusiones académicas alrededor de consideraciones incidentales del sentenciador, sin repercusión alguna en la solución que éste le diera concretamente a las cuestiones planteadas en la demanda. Y mediación en que también está de acuerdo el demandante. En consecuencia, el cargo examinado tampoco se recibe. De esta manera el sentenciador con la apreciación errada de los hechos y de sus pruebas, incidió en error de derecho que lo condujo a la violación de los Arts. 1973, 1982 No 3°, 1937 y 2004 del C.C., disposiciones normativas de los contratos de arrendamiento con cláusula de poder subarrendar. Pero es más; nada dice este testigo de subarriendos.

## Texto del documento

Sentencia C – SC – 013 de 1938
CASACIÓN/ Finalidad.
“Así las cosas, las argumentaciones del recurrente tendientes a demostrar que sí hubo documento escrito, no son de recibo en casación, cuyas causales deben perseguir el fin práctico de desquiciar fundamentalmente los soportes del fallo inferior y no meramente el de suscitar discusiones académicas alrededor de consideraciones incidentales del sentenciador, sin repercusión alguna en la solución que éste le diera concretamente a las cuestiones planteadas en la demanda”.
CONTRATO DE MANDATO/ Clases.
“El mandato puede ser general, para todos los negocios del mandante; o puede estar más o menos restringido a uno o varios negocios, o a determinada gestión de naturaleza más o menos transitoria o duradera. En todo caso es un mandato, llamado también poder, porque da la facultad de obrar comprometiendo al mandante. El mandato puede también conferirse por escrito y aun verbalmente. Siempre dará la facultad de obrar, o de ser el intermediario entre las partes contratantes” .
REFERENCIA:
GACETA JUDICIAL Nº 1933
PROCEDENCIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
PETICIONARIO:
Arturo Londoño Peláez
MAGISTRADO PONENTE:
ARTURO TAPIAS PILONIETA
COBRO DE PERJUICIOS.-CAUSALES DE CASACIÓN. - MANDATO.
Las causales en casación deben perseguir el fin práctico de desquiciar fundamentalmente los soportes del fallo inferior, y no meramente el de suscitar discusiones académicas alrededor de consideraciones incidentales del sentenciador, sin repercusión alguna en la solución que éste le diera concretamente a las cuestiones planteadas en la demanda. 2.-Desde que se reconozca a una persona el carácter de intermediario o vocero de otra en la verificación de determinado negocio, se está afirmando el poder especial que el intermediario tuvo para adelantar la comisión por cuenta del comitente. El mandato puede ser general, para todos los negocios del mandante; o puede estar más o menos restringido a uno o varios negocios, o a determinada gestión de naturaleza más o menos transitoria o duradera. En todo caso es un mandato, llamado también poder, porque da la facultad de obrar comprometiendo al mandante. El mandato puede también conferirse por escrito y aun verbalmente. Siempre dará la facultad de obrar, o de ser el intermediario entre las partes contratantes.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil.
Bogotá, marzo veintiuno de mil novecientos treinta y ocho.
I
El señor Arturo Londoño Peláez, por medio de apoderado, demandó en juicio ordinario a la señora Deyanira Ángel de Uribe para que se le condene a pagarle la “ Indemnización de perjuicios a que hubiere lugar o que se prueben durante este juicio, causados por la turbación en el goce de tres locales de propiedad de la demandada y que ésta le arrendó por contrato celebrado en la ciudad de Manizales, donde se encuentran situados, así como por los perjuicios originados por incumplimiento del contrato de
arrendamiento
citado”.
En su demanda afirmó el señor Londoño Peláez:
1°- Que el 23 de junio de 1924 celebró con la señora Deyanira Angel de Uribe un contrato de
arrendamiento
respecto de tres locales pertenecientes a un edificio, de propiedad de la citada señora, situado en la carrera de la Expansión de la ciudad de Manizales;
2°- Que el término de duración del contrato fue el de dos años, contados desde el 1° de junio de 1924;
3°- Que el contrato se celebró por conducto de intermediario de la arrendadora, doctor Manuel Valencia Arias;
4°- Que el intermediario nombrado manifestó a Londoño Peláez que podía subarrendar los locales, y así lo hizo éste, una vez al señor Sixto Mejía, y en otra ocasión al señor Juan Antonio Toro;
5°- Que la arrendadora recibía mes por mes lo cánones de
arrendamiento
por conducto de su intermediario el doctor Valencia Arias, quien entregaba el recibo correspondiente;
6°-Que en junio de 1925 Londoño Peláez subarrendó uno de los locales citados, con consentimiento de la arrendadora, expresado por conducto de su intermediario, doctor Valencia Arias, al Banco del Ruíz entendiéndose para ello con los señores Emilio Toro y Manuel Mejía;
7°-Que en agosto del mismo año, cuando Londoño Peláez quiso entregar al doctor Manuel Valencia Arias el valor del
arrendamiento
de todos los locales, este señor por orden de la señora Deyanira, negóse a recibirlo, alegando que no había contrato y que los inquilinos no se entenderían con él, sino con el intermediario o con el señor Mariano Mejía;
8°-De esta manera el arrendatario fue privado del goce de los locales, dejándosele tan solo uno de los tres, el más pequeño, hasta la expiración del contrato.
En la contestación de la demanda, la demandada dice que “ es cierto que el demandante ocupó los locales por más de un año, pero no por virtud del contrato a que se refiere la demanda ”; que los cánones de
arrendamiento
“ que recibiera el doctor Manuel Valencia Arias, no los percibió por virtud del contrato a que se refiere la demanda” ; que oportunamente demostrará “ cuál fue el contrato que se celebró con el demandante y cuáles las condiciones en que él fue hecho, condiciones distintas de aquellas a que se refiere el libelo” ; que el señor Londoño Peláez no quiso firmar el documento que se le entregó para comprobar el contrato de
arrendamiento
a que se refiere el libelo, no quiso devolverlo; y por último que la señora Deyanira no tenía por qué autorizar al señor Londoño para que subarrendara, ni éste subarrendó.
El juez en primera instancia absolvió a la demandada. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó esta absolución en sentencia de segunda instancia, proferida el 28 de enero del año próximo pasado. Inconforme con la absolución del demandado, Londoño Peláez interpuso el recurso de casación, el que admitido por la Corte y debidamente sustanciado, determina ahora su estudio.
II
La Sentencia Del Tribunal
Para abordar en orden lógico el examen de las causales de casación invocadas, y fijar con certeza y claridad la fuerza de las distintas impugnaciones, conviene tener siempre presente que el fallo del Tribunal contiene motivaciones diversas, agrupables así:
A) El Tribunal no acepta que el contrato de
arrendamiento
en que se apoya el demandante esté comprobado con el texto del siguiente documento privado, traído al juicio por el actor, durante el término de la primera instancia del juicio:
“Conste por el presente documento que yo, Arturo Londoño Peláez, varón, mayor, vecino y residente en este municipio, he recibido en
arrendamiento
de la señora Deyanira Angel v. de U., mayor y vecina de Bogotá, tres locales pertenecientes a un edificio de su propiedad en la planta baja de la calle, situado en la ciudad de Manizales en la carrera de la Exponsión que son dos piezas y una tienda con dos piezas más unidas. Estos locales los tengo recibidos a mi entera satisfacción y el término del contrato es por dos años a contar desde el primero del presente mes y a razón de sesenta pesos cada mensualidad, que pagaré por mensualidades vencidas en la Plaza de Manizales. Caso de demora en el pago de cualquiera de las mensualidades, durante la demora pagaré intereses a razón del uno y medio por ciento mensual, sin perjuicio de que la arrendadora pueda dar por terminado el contrato y exigir la restitución y entrega de los locales. Durante los dos años del contrato, éste puede terminar y de hecho terminará caso de que la señora Angel venda el edificio y de que el comprador no convenga en subrogarse en el contrato. Para constancia firmo el presente en Manizales a 23 de junio de 1924 y advierto que los locales los he recibido en buen estado y que de la misma manera me obligo a devolverlos al terminar este contrato. Fecha ut supra.-Arturo Londoño Peláez.- testigo: José Rubio C. Testigo: Horacio Jaramillo.”
Refiriéndose a este documento dice el Tribunal que no arroja ninguna prueba contra la demanda, ya que no se puede decir que dicha parte esté obligada por él, puesto que no lo ha firmado, y, además el Art. 637 del C.J. no da fuerza probatoria sino a los documentos privados que contengan obligaciones a cargo de los otorgantes, lo que vale decir a cargo de las personas que los han suscrito o expedido. Por lo tanto, no obstante haber figurado en el proceso el documento sin haber sido redargüido de falso, no es prueba del contrato de
arrendamiento
sobre el cual versa el pleito, por no estar otorgado por la arrendadora, la que en consecuencia carece del carácter de parte obligada en el documento en el sentido del Art. 645 ibídem.
Por otra parte, los testigos Rafael Suárez y Roberto Cano, traídos a declarar en el juicio por petición del actor, aseveran que vieron el documento en que se hizo constar el contrato de
arrendamiento
de que trata la demanda, y en él se decía que el doctor Manuel Valencia Arias actuaba como intermediario de la arrendadora. En el documento trascrito no figura ese pasaje.
a) Empero, no obstante que el Tribunal descarta el documento como prueba del contrato a que se refiere la demanda, enseguida entra a examinar si el contrato está acreditado con otras pruebas. Y valiéndose de las declaraciones de Mariano Mejía, quien fue apoderado general de doña Deyanira, en Manizales, de Jesús Antonio Aristizábal, Rafael Suárez, Roberto Cano Uribe, Alfonso Cardona y Gonzalo Medina, concluye que el doctor Manuel Valencia Arias, actuando como intermediario o representante de la señora Angel de Uribe, “ celebró en el mes de junio de 1924, un contrato de
arrendamiento
con el señor Arturo Londoño Peláez, por el termino de dos años y referente a tres locales, situados en la plante baja de un edificio de dicha señora ubicado en el cruzamiento de la calle 10 con la carrera de la Expansión de la ciudad de Manizales”, y por la suma de sesenta pesos mensuales.
b) Sobre la base, pues, de que el contrato de
arrendamiento
planteado en el libelo, está suficientemente demostrado con la prueba testimonial antedicha, el Tribunal analiza la defensa del demandado. Tomando nota de lo que al respecto rededuce de las declaraciones de Horacio Hoyos, Jesús Antonio Aristizábal, Alfonso Cardona y Rafael Abad, sienta este postulado: “ Todas estas declaraciones, que concuerdan en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, demuestran que el primitivo contrato de
arrendamiento
referente a los tres locales fue terminado por mutuo acuerdo de las partes y que en su lugar se celebró un nuevo contrato de la misma índole que con respecto al primero presenta las siguientes diferencias: el nuevo contrato tuvo por objeto dos locales únicamente; el canon se redujo, y no se pactó tiempo determinado para su duración.”
Así pues, el Tribunal, como resumen de su pensamiento acerca de la existencia de un nuevo contrato, dice, ya para terminar el fallo: “ De lo dicho se desprende que el demandante no ha probado su acción porque el contrato en que ésta se funda fue novado y sustituido por otro diferente en cuanto a la cosa arrendada, al precio y al termino de duración”.
c) Pero como la parte actora afirma que a ella se le confirió por el intermediario doctor Valencia Arias la facultad de subarrendar, en el contrato que le ha servido de apoyo, lo cual explica que cuando ocurrió el incendio de la ciudad de Manizales no estuvieran en su poder sino dos de los locales, esa afirmación carece de asidero, según el concepto del sentenciador, quien para infirmarla trascribe en primer lugar la respuesta a la segunda de las posiciones que Lodoño absolvió en primera instancia. La pregunta con su respuesta dicen: “¿Cómo es cierto que no habiendo querido usted firmar el mencionado contrato de
arrendamiento
, celebró con el doctor Manuel Valencia un nuevo contrato de
arrendamiento
verbal, por dos de aquellos locales y por tiempo indefinido? ” Dijo el absolvente: “ No es cierto. Lo que pasó fue lo siguiente: yo tenía en
arrendamiento
de la señora Deyanira los tres locales de que hablan las posiciones; mas como no los necesitaba todos, el doctor Manuel Valencia Arias, comisionado de la señora Deyanira me autorizó para hacer subarriendos y efectivamente desde el principio subarrendé un local. Luego se me presentó el doctor Valencia Arias y me pidió que le subarrendara a él el local que yo tenía subarrendado a otra persona y efectivamente se lo subarrendé y lo ocupó el abogado Horacio Hoyos, pero el contrato que yo tenía con la señora Deyanira estaba vigente”.
Esta explicación la rebate el Tribunal así: “ Esta explicación que parece inverosímil, está contradicha con la declaración de Horacio Hoyos y Jesús Antonio Aristizábal, quienes como lo vimos atrás, afirman que el primitivo contrato se dio por terminado y que se hizo uno nuevo y que en su presencia el demandante convino en que el nuevo
arrendamiento
de los dos locales sería por tiempo indefinido.”
Luego agrega: “ Por lo demás, la parte demandante no ha probado en forma alguna, ni siquiera ha intentado probar, la existencia del contrato de subarriendo que dice haber celebrado con el doctor Valencia Arias, por lo cual esa afirmación no encuentra respal

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

locales al Banco del Ruiz. Eso es evidente. El testigo no declara por percepción directa.
Y de la declaración de Cano Uribe observa que tampoco da la razón de su dicho. Ello es cierto.
También dice el Tribunal, y esta afirmación no se puede contradecir, que al admitir las declaraciones sería para probar que Londoño había subarrendado sin facultad, porque lo que es esta potestad ni siquiera se intentó probar. Londoño habría subarrendado contra un contrato que no le otorgaba ese derecho.
Además el Tribunal se vale especialmente de las declaraciones de Horacio Hoyos y Jesús Aristizábal en orden a estimar acreditado que el primitivo contrato se dio por terminado, pactándose uno nuevo y que en presencia de los testigos quedó convenido por el demandante Londoño que el nuevo
arrendamiento
de los dos locales sería por tiempo indefinido.
No está pues en manera alguna probado el cargo.
Cuarto. –Por último se dice que el Tribunal infringió el Art. 1769 del C.C. , como resultado del error de derecho por no haber apreciado debidamente la confesión contenida en la declaración rendida en el juicio por el señor Mariano Mejía, quien tenía el carácter de apoderado general de la demanda en la época en que sucedieron los hechos litigiosos; la declaración del doctor Manuel Valencia Arias, intermediario; un certificado del gerente del Banco de Colombia, sucursal de Manizales; y el contenido de la confesión del apoderado de la demanda en el juicio al proponer excepciones dilatorias.
El recurrente desenvuelve de la siguiente manera su acusación:
Que el sentenciador dejó de apreciar la confesión de Mariano Mejía, lo que constituye grave error, porque esa confesión acredita que corriendo el término concedido a Londoño en el contrato de 1924, la señora Uribe arrendó uno de los locales al Banco del Ruiz.
El señor Mejía dice que a mediados de julio de 1925 el Banco del Ruiz ocupó un local de propiedad de doña Deyanira, situado en la carrera de la Exponsión de la ciudad de Manizales, por contrato que celebró con el intermediario doctor Manuel Valencia Arias.
Se observa:
Esta objeción se contesta con solo observar que precisamente la defensa que encontró acreditada el Tribunal fue la de que el contrato de
arrendamiento
celebrado en 1924 no subsistía cuando en 1925 doña Deyanira arrendó uno de los locales que había ocupado como arrendatario Londoño, al Banco del Ruiz. No habiéndose destruido la apreciación del Tribunal, es inconducente hacer cita de pruebas tendientes a establecer la existencia del contrato de 1924 que no fue desconocido por el sentenciador, sino simplemente reconocido como existente a mediados de 1925, en que intervino un convenio de novación entre las partes.
Dice igualmente que el Tribunal no apreció la declaración del señor doctor Manuel Valencia Arias, ni por tanto la relacionó con la del apoderado general de la demanda, que se acaba de comentar en el aparte anterior, porque de haberlo hecho habría notado todo el empeño cuidadoso del recomendado para ocultar la verdad sobre los negocios en que intervino, a riesgo de quedar contradicho con el testimonio del citado apoderado general.
Se observa:
Tan vacua es esta objeción como la anterior, y como las dos que van a verse en seguida.
El doctor Valencia Arias en la declaración motejada dice que no sabe o no recuerda en virtud de qué el Banco del Ruiz ocupó el local de la calle de la Exponsión.
Pues bien; ni en esta declaración ni en la que rindió Mariano Mejía, el Tribunal se fundó para ver realizada la novación del contrato de 1924, con el pacto, sobre otras bases de otro contrato de
arrendamiento
.
El hecho de que un testigo trate de ocultar las verdades que él conoce y que se están ventilando en un pleito, nada quita ni agrega a la sentencia que para probar determinado hecho no ha tenido en cuenta ese testimonio.
Que el Tribunal dejó de apreciar el certificado del gerente del Banco de Colombia, sucursal de Manizales, poseedor del archivo y de los haberes del extinguido Banco del Ruiz, en que manifiesta que “ su antecesor el Banco del Ruiz tomó a la señora Deyanira Angel, desde el mes de julio de 1925, un local en
arrendamiento
situado en la carrera 13 con calle 10, al precio de…,
arrendamiento
que se pagó a dicha señora, según consta de los archivos del extinguido Banco del Ruiz”.
Que tampoco apreció este certificado relacionándolo con la declaración del apoderado general a que ya se hizo mención, con la confesión hecha por la demandada en la undécima posición de las que ella absolvió y con la declaración de Valencia Arias. Todo lo cual demuestra que el
arrendamiento
fue por el termino de dos años y no por tiempo indefinido.
Se observa:
Vuelve a repetirse que las acusaciones que versan sobre la existencia del contrato de 1924, admitido por el Tribunal, son impertinentes cuanto menos, en presencia de que el Tribunal admitió la existencia de ese contrato y sobre esa base lo declaró novado en 1925.
Que el Tribunal dejó de apreciar la prueba resultante de la confesión hecha por el apoderado de la demandada en el escrito de excepciones dilatorias.
Esa confesión la encuentra el recurrente en el escrito de excepciones dilatorias, en el cuaderno No 2, y el siguiente párrafo: “1° La demandada señora Deyanira Angel v. de Uribe, en primer término fue demandada, en Manizales por el mismo demandante Arturo Londoño Peláez, porque fue allí donde celebró dicho señor un contrato verbal con el doctor Manuel Valencia Arias, quien procedió, no como apoderado de la misma señora, sino como recomendado”.
Se observa:
Es suficiente la sola trascripción hecha y la enunciación del cargo para verle su carencia de seriedad.
El Tribunal aceptó que el doctor Manuel Valencia Arias como intermediario de la señora Deyanira Angel de Uribe pactó con Londoño Peláez. Sobre ese hecho precisamente se funda la sentencia.
Conclusión
En suma ninguno de los cargos propuestos tiene siquiera mediano fundamento de legalidad. Debiéndose observar además que si la Corte se ha ocupado de ellos ha sido más bien con ánimo de abundar en el estudio, pues como se ve, el recurrente dejó de atacar la motivación del sentenciador contenida bajo la letra E) del capitulo segundo, suficiente ella sola, por sí misma, para sostener en pie la absolución del demandado.
Por las consideraciones legales que preceden, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve que no hay lugar a infirmar y en efecto no infirma la sentencia materia del presente recurso de casación, la cual lleva fecha 28 de enero del año próximo pasado, proferida en el juicio ordinario de Arturo Londoño Peláez contra Deyanira Angel de Uribe.
Condénase al recurrente en las costas del recurso. Tásense.
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en la Gaceta judicial.
Juan Francisco Mujica - Liborio Escallón - Ricardo Hinestrosa- Fulgencio Lequerica - Hernán Salamanca - Arturo Tapias Pilonieta - Pedro León Rincón, Srio en pdad.

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia S- 21-03-1938 — Sentencia Sala de Casación Civil. 1938-03-21. C.P. Arturo Tapias Pilonieta. Rad. 013. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2021-03-1938%20%5B013%5D).
