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clave: "corte_suprema:providencia:S- 20-11-1906 [015]"
titulo: "Corte Suprema: y preciso es llegar la conclusión de que él es infundado"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "1906-11-20"
radicado: "015"
numero: "S- 20-11-1906"
ponente: "Germán D. Pardo"
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# Corte Suprema: y preciso es llegar la conclusión de que él es infundado

- **Título oficial / radicado:** S- 20-11-1906 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 1906-11-20
- **Radicado:** 015
- **Número:** S- 20-11-1906
- **Ponente:** Germán D. Pardo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2020-11-1906%20%5B015%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:S-%2020-11-1906%20%5B015%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8xOTA2L0RyLiBHZXJt4W4gRC4gUGFyZG8vMTEgLSBOb3ZpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TLSAyMC0xMS0xOTA2LSBbMDE1XS5kb2M%3D/Civil/arrendamiento

## Regla de decisión

Y tampoco olvida que en tal supuesto la interpretación es y debe ser restrictiva por tratarse de una excepción.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 169 de 1896

## Extracto

La diligencia de inspección se produce así en el punto que se discute: Porque conviene observar que, como lo dice el Tribunal, “de autos aparece perfectamente comprobado con testigos y con la misma confesión del demandado, a lo menos en lo substancial, que el estado de los mencionados potreros de El Mango, Las Peñas, Mejía, Gutiérrez es deplorable, ya se les considere juntos o separadamente, y que ellos se hallan completamente perdidos, no sirviendo ya para su uso natural de mantener animales, puesto que están convertidos en rastrojos”. En fin, podrían hacerse todas las combinaciones posibles sobre la base de que el calificativo Las Bestias era aplicable a todas y cada una de las porciones distintas de la hacienda en que pastaban las bestias de la misma. Y preciso es llegar la conclusión de que él es infundado. La Corte encuentra una confirmación de estas opiniones en la sentencia de primera instancia.

## Texto del documento

Corte Suprema de Justicia—Bogota, Noviembre veinte de mil novecientos seis
Sentencia C – SC – 015 de 1906
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
/ Objeto
“El contrato de
arrendamiento
de cosas consiste, esencialmente, en que el arrendador se obliga a conceder al arrendatario el goce de una cosa, y en que éste se obligue, por su parte, a pagar por ese goce un precio determinado (Código Civil, artículo 1973). Tales son las causas de las recíprocas obligaciones de las partes. Sin la concurrencia de esas causas el contrato no existe o degenera en otro de diversa naturaleza. (Ibidem, artículo 1501)”.
OBLIGACIONES CONTRACTUALES/ Libre autonomía de la voluntad
“Porque es principio de derecho que en las obligaciones contractuales rige, casi soberanamente, el querer libre de las partes o el principio de la libertad jurídica. Salvo lo relativo a la esencia misma de las contrataciones, las reglas que en esta materia consigna el Código Civil, refiriéndose a los casos de ordinaria ocurrencia, e interpretan la voluntad presunta de las partes, cuando ellas, en ejercicio de su libertad, no la han expresado de otro modo. Eso constituye para ellas una ley, ley privada, particular y relativa, es cierto, pero de imperioso cumplimiento entre ellas por ser eso así en sana filosofía jurídica y por ordenarlo el legislador de acuerdo con ella. (Código Civil, artículo 1602)”.
INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL
“No echa en olvido la Corte el principio de derecho según el cual no debe aceptarse, sin dificultad y sin maduro examen, una interpretación del contrato que conduzca a admitir una derogación de las reglas ordinarias del mismo y un apartamiento de su propia naturaleza. Y tampoco olvida que en tal supuesto la interpretación es y debe ser restrictiva por tratarse de una excepción. Pero cuando la voluntad de las partes es terminante, y ella dentro de lo lícito se aparta de la ley, en ejercicio de la natural soberanía individual de los contratantes, es necesario que los jueces respeten dicha voluntad y la cumplan. En tales casos argüir con la ley general en contra de la ley del contrato es violar la libertad jurídica y quebrantar a la vez esa ley general del pacto, que en razón de elevados principios de derecho se acomoda a la ley al propio tiempo que parece apartarse de ella”.
AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD/ Renuncia de derechos/ Manifestación expresa de la voluntad de los contratantes
“Recuérdese que no es interpretación de recibo, salvo casos excepcionales, aquella que admite en un pacto su separación de la naturaleza general de los mismos, y no se olvide que entonces la interpretación es restrictiva. Y ello debe de ser así, porque todo eso implica una renuncia de derechos, y la renuncia no se presume. Esto de un lado. Y de otro, aunque las partes, haciendo uso de su libertad, pueden derogar en ciertos casos la ley, lo común es que no usen de esta facultad extraordinaria.
Las reglas que da el Código en estas materias, según se hizo notar, interpretan la presunta voluntad de las partes. Supone el legislador que estas celebran sus convenciones en los propios términos en que él los reglamenta. Un proceder en otra forma va, pues, en contra de una presunción. Es necesario en consecuencia que el hecho aparezca de manifiesto, que sea cierto e inequívoco, que la voluntad de las partes sea perentoria y que no se amolde a la ley común, para que se admita una derogación de la misma ley”.
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
/ Naturaleza
“Es pues de la naturaleza del contrato de
arrendamiento
el que el colono maneje la cosa arrendada como administraría su propia cosa un padre de familia diligente”.
DERECHO DE GOCE/ No limitación del derecho de
dominio
“…El derecho de goce no limita el de dominio del dueño, no es un desprendimiento de ese dominio, no es, en resumen, una parte del dominio mismo”.
DERECHO DE GOCE/ Limitación
Si este es el principio, autorizar al colono para que destruya la finca es darle un derecho real, es hacerlo dueño y desnaturalizar el contrato. Si el arrendador es el dueño y el colono sólo tiene un derecho personal, el derecho de goce, es obvio que para que estos derechos subsistan hay que conceder a las partes una fiscalización recíproca que evite los abusos. La ley consagra una serie de derechos cuyo ejercicio durante el
arrendamiento
, a la vez que ampara el propio derecho, somete al otro contratante al cumplimiento de sus obligaciones. El arrendador puede exigir fianzas y cauciones que aseguren su derecho de propiedad contra el abuso del arrendatario, puede reclamar daños y perjuicios y puede, sobre todo, pedir la caducidad del contrato en casos graves (artículos 1997, 2837 y concordantes). Estos derechos serían nugatorios si el colono tuviese el derecho de abusar”.
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
/ Obligaciones de las partes
“Si el arrendador no cumple su obligación de entregar la cosa en estado de servir para el fin con que fue arrendada, y el arrendatario, en vez de ejercitar su derecho, remite esa obligación al arrendador, aunque sea por asentimiento tácito, no puede después, apoyándose en falta del arrendador al cumplimiento de sus obligaciones, sustraerse al cumplimiento de las suyas. En tal situación el arrendatario da por cumplidos los deberes del otro contratante, y no le queda otro recurso que cumplir sus propios deberes”.
INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL/ Respeto del querer de los contratantes
“…cabe observar que en los contratos debe suponerse un pensamiento uniforme en quienes los celebran. Cuando ellos son obscuros se ilustran mediante la interpretación. Esta es una operación que reproduce el querer de las partes como la interpretación de la ley general reproduce los fines del legislador.
Una interpretación que rompe la armonía del contrato, sus fines generales y particulares conocidos, subordinados estos a aquéllos, porque esto es de rigor lógico, es tan desechable como la que destruye la congruencia de las leyes. La interpretación es obra de razón…”.
LEGISLACIÓN/ Vacio normativo
“…cuando en la reglamentación de la excepción se advierte un vacío, para llenarlo se acude a la disposición general o a los principios generales del derecho”.
REFERENCIA:
GACETA JUDICIAL Nros. 894 y 895
PROCEDENCIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA
PETICIONARIO:
EMILIO A. ESCOBAR
MAGISTRADO PONENTE:
GERMÁN D. PARDO
Corte Suprema de Justicia—Bogota, Noviembre veinte de mil novecientos seis.
Vistos:
El ocho de Abril de mi novecientos uno, según consta de la escritura pública número 231 otorgada ante el Notario de Jericó, Fernando A. Arango dio en
arrendamiento
a Emilio A. Escobar y a Alberto Gaviria B. la hacienda de Montecristo, ubicada en aquel lugar y distinguida por los linderos que indica la misma escritura.
Se excluyó del contrato la parte abierta desmontada de los lotes denominados La Candelaria y La Serranía.
Se celebró el pacto por el término de diez años, a razón de ocho mil quinientos pesos (8,500) anuales, que se pagarían en la forma estipulada por las partes.
Se expresaron en el contrato las condiciones del mismo, a fin de asegurar la posición jurídica que corresponde a los contratantes en un
arrendamiento
de fincas rurales, Pero sólo se consignarán aquí aquellas que por relacionarse directamente con el recurso de casación pendiente ante la Corte, y del cual se hablará luego, han de estudiarse para resolver el recurso. Son estas:
a) Los arrendatarios sostendrán los potreros en buen estado, arrancando con barra las malezas, como se acostumbra en las demás fincas; pero no son obligados a limpiar el potrero De las Bestias o El Mango, sino cuando lo estimen necesario.;
b) Entregarán en buen estado al vencimiento del arriendo los cafetales con sus casas y enseres, salvo que el mal estado provenga del deterioro ocasionado por el tiempo;
c) Usarán y gozarán de la cosa como buenos padres de familia en los términos del contrato, cuidarán de su conservación de la manera estipulada en él y ejecutarán las reparaciones locativas;
d) Por último, restituirán al fin del
arrendamiento
la cosa arrendada en el estado en que se les entrega, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos.
El once del mismo mes Gaviria B., con facultades suficientes, dio en subarriendo a Escobar R. la mitad de la hacienda de Montecristo, en las propias condiciones previstas en el contrato principal.
Así aparece del instrumento público número 235 de la fecha citada, otorgado en la Notaría de Jericó.
Y más tarde, el quince de Mayo de mil novecientos tres, en escritura número 159 otorgada en Medellín, el indicado Gaviria B. cedió a Fernando A. Arango sus derechos como subarrendador de la mitad de la hacienda.
Desavenidas las partes en cuanto a la inteligencia de algunas cláusulas del contrato y en orden a la manera como Escobar R. hacía uso de la finca, y cuando aún pendían ante el Poder Judicial del Sur de Antioquia unas diligencias seguidas por aquél sobre pago por consignación del valor del semestre vencido el ocho de Abril de mil novecientos tres, Arango inició demanda por medio de apoderado ante el Juez 1ª de Jericó, el veintiocho de Mayo siguiente, para que con audiencia de Escobar R. se resuelva en resumen:
1º. Que están resueltos o han expirado o cesado en sus efectos los contratos de
arrendamiento
y sub
arrendamiento
de la hacienda de Montecristo de que ya se ha hablado, y que en consecuencia Escobar R. debe restituir con todos sus enseres, en el plazo que se fije, la cosa arrendada;
2°. Que debe pagar, a justa tasación de peritos, el valor de los frutos percibidos y de los que se hubieran podido percibir de la misma hacienda desde que está en mora el arrendatario, y el valor de los perjuicios ocasionados por la mora, y en general los que procedan de la infracción de aquellos contratos.
3º. Que debe pagar también las costas del juicio; Se funda la demanda, estimada en miles de pesos, en la doctrina de los artículos 1546, 1608, 1610, 1613, 1614, 1996, 1997, 2000, 2007 y 2008 del Código Civil, y en compendio, por ser ellos los que tienen aplicación en el debate que se surte en la Corte, en estos dos hechos:
“g) Escobar R. no ha sostenido en buen estado todos los potreros de la hacienda, arrancando las malezas como se acostumbra en las demás fincas;
“h) Escobar R. ha mantenido y mantiene en malísimo estado de conservación las empresas de café que hay en la finca, cuando así por la ley como por el contrato mismo se halla en el deber de atender a ellas con el cuidado de un buen padre de familia”.
Admitida la demanda y corrido al demandado el traslado legal, negó absolutamente la exactitud de los dos hechos ya expresados.
Abierto el juicio a prueba, seguido un interesante debate entre los contendores, en que cada cual hizo uso de sus derechos con grandísima amplitud, recogidos todos los elementos de convicción que tuvieron a bien aducir las partes, y llenadas todas las ritualidades del procedimiento, el Juez 1º de Jericó, en sentencia de trece de Julio de mil novecientos cuatro, absolvió al demandado de todos los cargos que se formularon contra él. Apeló el demandante, y se le concedió el recurso. Se remitió el proceso al extinguido Tribunal del Sur de Antioquia, a quien competía conocer, y allí se surtió la segunda instancia, en que los litigantes adujeron nuevas pruebas y alegaron ampliamente en pro de sus respectivas pretensiones.
Y cuando ya se les había citado para sentencia, nuevas reglas orgánicas del Poder Judicial dieron la jurisdicción en el asunto al Tribunal Superior de Antioquia, y por eso se le pasó el expediente.
En oportunidad este Tribunal decidió la alzada en sentencia motivada de veinticuatro de Octubre del año próximo pasado, en la que previa revocación del fallo inferior declaró que han caducado y cesado en sus efectos, desde el día siguiente a aquel en que se estableció la demanda, o sea desde el veintinueve de Mayo de mil novecientos tres, los contratos materia de la controversia; condenó al demandado a restituir al demandante la hacienda de Montecristo con todas sus anexidades, por los linderos que expresa la escritura de
arrendamiento
; lo condenó igualmente al pago de los frutos percibidos y de los que pudieran haberse percibido de la hacienda desde el indicado día veintinueve de Mayo, con derecho al abono de los gastos de producción, y al pago de los perjuicios que haya sufrido Arango “como consecuencia inmediata del mal estado de conservación en que el arrendatario ha mantenido los cafetales de la finca de Montecristo y los potreros de esta denominados De las Bestias, Mejía, Gutiérrez y Las Peñas”. Se agregó que en cuanto a las prestaciones mutuas que se deben las partes, se seguirían las reglas del derecho común, considerándose al demandado como poseedor de buena fe, y que todo lo referente a la determinación del monto de los cargos ilíquidos de que trata la sentencia sería materia, con arreglo a la ley, de un juicio separado.
Conocido este fallo por las partes, en tiempo oportuno interpuso recurso de casación el demandado mismo. Se admitió el recurso, y con ese motivo se envió el proceso

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

omo la sentencia condenó además al colono a indemnización de perjuicios, y esta sanción si se halla consagrada en el derecho común y en el artículo 1997 citado, relativo al
arrendamiento
de cosas en general, no la contempla expresamente el artículo 2037, referente al
arrendamiento
de predios rústicos, y esta es la materia del debate, se alega, como ya se vio, que la sentencia quebrantó ese artículo porque aplicó una sanción que él no contiene, y que violó también el 1997, por no ser pertinente.
En sentir de la Corte no existe la violación de leyes que se atribuye en este punto a la sentencia.
Es verdad que el artículo 2037 no trae expresamente la sanción de indemnización de perjuicios. Pero la consigna el artículo 1997, aplicable al
arrendamiento
de toda clase de cosas. Para que esta sanción no fuera aplicable en el caso de aquel articulo, por ser ley especial, sería necesario que la disposición fuese terminante, y que en su letra o en su espíritu excluyese, lo que no es exacto, la aplicación de los principios contenidos en la regla. Porque es cosa sabida que cuando en la reglamentación de la excepción se advierte un vacío, para llenarlo se acude a la disposición general o a los principios generales del derecho.
Estos principios consagran la sanción, ya se tenga en cuenta el artículo 1997, ya se acuda al principio más general aún, por ser de derecho común, que se contiene en el artículo 1612 del mismo Código Civil.
No podrá menos de admitirse, con efecto, que la obligación que la ley impone al colono de usar y gozar de la cosa como buen padre de familia le impide consecuencialmente abusar de la cosa. Se trata, pues, en el fondo de una obligación o de obligaciones de no hacer. Y sabido es que una obligación de esta clase se resuelve en la de indemnizar los perjuicios en caso de contravención (articulo 2612).
De otro lado, si el mal uso de las cosas en general sujeta al arrendatario a indemnizar los perjudicados que de ello resulten al propietario, no se ve qué razón tuviera el legislador para exonerar de la misma obligación al colono en caso de faltar en esa materia a sus compromisos. Son los predios rurales los que producen frutos naturales y los que contribuyen directamente al desarrollo agrícola e industrial. No se comprende porqué el legislador miraba con desdén o con poco cuidado estos grandes intereses y porqué no amparaba al propietario rural con la indemnización de los perjuicios que le causara el colono.
Y para razonar así seguramente no se ha advertido que de esa manera se dejaría sin sanción, en orden a los perjuicios causados, la violación del artículo 1997 y aún la del 1996, que se refiere a la obligación de no cambiar el destino de la cosa arrendada.
Con efecto, y por lo que toca al primer artículo, obsérvese que en las reglas particulares referentes al
arrendamiento
de predios rurales y urbanos (artículos 2028 a 2044) no se contiene una sola que consagre la obligación de indemnizar perjuicios por el mal uso de la cosa o por no gozar de ella el arrendatario como buen padre de familia. Si pues la regla del artículo 1997 no se aplicara ni a los predios urbanos ni a los rurales, ¿cuál seria su aplicación? Se daría el resultado singular, si los hay, de que aunque es principio de derecho el de que el arrendatario de cosas debe usar y gozar de ellas como buen padre de familia, y que si así no lo hace responde de los perjuicios que cause al propietario, el principio seria baldío porque las reglas particulares relativas al
arrendamiento
de cada una de esas cosas no lo repitieron y lo hicieron absolutamente inaplicable en todas estas, si es exacta la teoría jurídica que se examina.
Lo propio ocurriría con el artículo 1996.
Ya se dijo que el habla de la obligación que tiene todo arrendatario de cosas de usar de ellas con arreglo a su destino, ya provenga este de lo pactado por las partes, ya sea el que naturalmente tiene cosa, o surja el de las circunstancias del contrato o de los usos locales.
El quebranto de una obligación tan importante da derecho al dueño para obtener la resolución del contrato con indemnización de perjuicios, o esta sola indemnización, a voluntad del acreedor.
Para los predios rústicos no se repite esa obligación respecto del colono ni se repiten las sanciones.
En tratándose de predios urbanos sólo existe en tan grave materia el artículo 2031, aplicable a un caso especialísimo.
Si vale la tesis que se analiza, el colono puede impunemente cambiar el destino de la cosa, y lo propio puede hacer el inquilino, salvo el caso del artículo citado.
De suerte que el artículo 1996 seria letra muerta para los colonos, y sólo en un caso ampararía al propietario urbano contra su inquilino. Ya se comprende que una interpretación de la ley que por no ampliar la excepción en casos de verdadero vacío acaba con la regla misma, que hace inaplicable, y deroga sin motivo en una materia dada, principios generales de derecho y nociones claras de jurisprudencia universal, debe desecharse.
De consiguiente, la Corte concluye que si bien pudo el Tribunal apoyarse, para fallar sobre la resolución o extinción del contrato de
arrendamiento
y sobre la indemnización de perjuicios, en el articulo 2037 del Código Civil más bien que en el 1997, el haberse fundado en este y no en aquel no implica ni un quebranto de la ley ni menos una lesión de derechos de la parte demandada. Uno y otro artículo, sobre la base de hecho que estableció la Sala, autorizan la resolución o extinción del contrato de
arrendamiento
; y uno y otro, el último en su letra y el primero en su espíritu manifiesto, acorde en ello con el derecho común, dan eficacia a la acción de perjuicios deducida por la parte demandante.
SEGUNDA CAUSAL
Arriba se indicaron los motivos en que ella se funda. Compréndase que en la demanda se tomaron como cosas sinónimas la resolución, la cesación y la extinción del contrato de
arrendamiento
.
El Tribunal estimó que la resolución en sí misma debe producir efectos de pretérito, y que ello no es posible en tratándose de un contrato de cumplimiento continuo o sucesivo como el de
arrendamiento
, cuyos efectos consumados, que implican un cumplimiento parcial en el orden del tiempo, no pueden aniquilarse. De ahí que resolviera sobre la extinción o cesación que obran en el futuro. Es decir, que el Tribunal falló sobre la acción de resolución, dándole efectos de futuro y no de pretérito, o sea, decidió sobre una resolución relativa.
No hay pues incongruencia entre la demanda la sentencia.
Por todo lo expuesto la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es el caso de infirmar el fallo acusado, y condena en las costas a la parte recurrente. Tásense en la forma legal.
Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.
BALTASAR BOTERO URIBE — Felipe Silva—Miguel W. Angulo —Isaías Castro V. — Enrique Esguerra — Germán D. Pardo - Alberto Portocarrero — Anselmo Soto Arana, Secretario en propiedad.

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Corte Suprema de Justicia. Providencia S- 20-11-1906 — Sentencia Sala de Casación Civil. 1906-11-20. C.P. Germán D. Pardo. Rad. 015. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2020-11-1906%20%5B015%5D).
