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clave: "corte_suprema:providencia:S- 20-08-1936 [053]"
titulo: "Corte Suprema: las dos peticiones subsidiarias se encaminan a obtener el pago de las mejoras que reclaman los demandantes"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "1936-08-20"
radicado: "053"
numero: "S- 20-08-1936"
ponente: "Liborio Escallón"
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# Corte Suprema: las dos peticiones subsidiarias se encaminan a obtener el pago de las mejoras que reclaman los demandantes

- **Título oficial / radicado:** S- 20-08-1936 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 1936-08-20
- **Radicado:** 053
- **Número:** S- 20-08-1936
- **Ponente:** Liborio Escallón
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2020-08-1936%20%5B053%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:S-%2020-08-1936%20%5B053%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8xOTM2L0RyLiBMaWJvcmlvIEVzY2FsbPNuL1NlbnRlbmNpYXMvOC0gQWdvc3RvL1MtIDIwLTA4LTE5MzYtIFswNTNdLmRvYw%3D%3D/Civil/arrendamiento

## Regla de decisión

Las dos peticiones subsidiarias se encaminan a obtener el pago de las mejoras que reclaman los demandantes; la primera subsidiaria, que es la que la Corte debe estudiar, se encamina a obtener este pago, caso de que no existan las mejoras, y la segunda únicamente al pago de las mejoras.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 105 de 1890

## Extracto

Cuando la pérdida o privación de la posesión o tenencia provienen de un juicio que posteriormente se declara nulo, las consecuencias jurídicas y legales son distintas y no puede decirse que en virtud de esa nulidad haya habido despojo, entre otras razones porque cuando se priva de la posesión o tenencia es de suponer que es en cumplimiento de un juicio que aún no ha sido declarado nulo, es decir, que rige mientras no venga la declaratoria de esa nulidad. Pero cuando esa situación se varía, desconoce o modifica, a petición de un tercero y por medio de la autoridad, el principio fundamental de los interdictos posesorios desaparece y entonces el fenómeno jurídico y legal que se produce por esa privación o modificación en la posesión, es muy distinto del principio que domina en los interdictos posesorios. Resulta de esta norma que la relación personal en ese caso es entre el que ha edificado, plantado o sembrado y el dueño del terreno.

## Texto del documento

76
Sentencia C – SC - 053 de 1936
INTERDICTOS POSESORIOS/ Concepto.
“Los interdictos posesorios están dominados, desde el tiempo del Derecho Romano, por este concepto: posesión por una parte, perturbación o embarazo en el goce de la posesión por otra, perturbación, privación o embarazo de la posesión, por la acción directa de un tercero, con quien se supone no esté ligado el poseedor” .
ACCIONES POSESORIAS/ Procedencia/ Posesión.
“Considerando que el poseedor es reputado como dueño, teniendo en cuenta que la posesión constituye un hecho jurídico, la ley protege a quien se halla en esa situación legal, contra las actuaciones y abusos de un tercero, que por sí y ante sí quiere desconocer ese estado. Pero cuando esa situación se varía, desconoce o modifica, a petición de un tercero y por medio de la autoridad, el principio fundamental de los interdictos posesorios desaparece y entonces el fenómeno jurídico y legal que se produce por esa privación o modificación en la posesión, es muy distinto del principio que domina en los interdictos posesorios. Fuera del caso de despojo, privación de la posesión o tenencia, sin previo juicio, por parte de la autoridad, no tiene lugar el ejercicio de las acciones posesorias cuando la autoridad por resolución es la que ha modificado el statu quo” .
CONTRATO DE TRABAJO/ Relación histórica con el contrato de
arrendamiento
.
CONTRATO DE TRABAJO/ Derecho de huelga.
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
/ Reembolso de mejoras.
“…el arrendador no esta obligado a reembolsar el costo de las mejoras útiles, en que no ha consentido, con la expresa condición de abonarlas; pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada; a menos que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que valdrían los materiales considerándolos separados”.
REFERENCIA:
GACETA JUDICIAL Nº 1914 y 1915
PROCEDENCIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ
PETICIONARIO:
Ignacio Rivas Putnam
MAGISTRADO PONENTE:
LIBORIO ESCALLÓN
DEMANDA DE NULIDAD DE UN JUICIO, DE PETICION DE CARENCIA DE DERECHO DE LOS DEMANDADOS PARA PROMOVER UNA DEMANDA, SOBRE PAGO DE MEJORAS, PERJUICIOS, ETC.
El concepto de despojo que contemplaba, en uno de sus casos, el artículo 282 de la Ley 105 de 1890, no tiene cabida sino cuando el poseedor es privado de la posesión, o el tenedor de la tenencia, por la autoridad, pero sin previo Juicio. Cuando la pérdida o privación de la posesión o tenencia provienen de un juicio que posteriormente se declara nulo, las consecuencias jurídicas y legales son distintas y no puede decirse que en virtud de esa nulidad haya habido despojo. Cuando la situación del poseedor se varía, desconoce o modifica a petición de un tercero y por medio de la autoridad, el principio fundamental de los interdictos posesorios desaparece y entonces el fenómeno jurídico y legal que se produce por esa privación o modificación en la posesión, es muy distinto del principio que domina en los Interdictos posesorios. No habiéndose tratado de un juicio por despojo en aquél a que el presente se refiere, ni del ejercicio de la acción del artículo 977 del C.C., fue del todo errada la conclusión del Tribunal sentenciador.
Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación Civil.
Bogotá, agosto veinte de mil novecientos treinta y seis,
ANTECEDENTES
Ignacio Rivas Putnam, por medio de apoderado inició demanda de desahucio y lanzamiento ante el juez municipal de Purificación, contra Antonio Rodríguez y otros, para que se decretara la desocupación las estancias que en los mangones denominado El Cucharo y Minas o Saldaña, de la hacienda de El Baurá, ocupaban a título de arrendatarios los demandantes.
El juicio siguió su curso y los demandados fueron lanzados de los estancias señaladas en la demanda.
LA DEMANDA
Una vez terminada esta actuación, y consumados los hechos, los desahuciados y lanzados, por medio de apoderado, iniciaron demanda ordinaria ante el juez 1º del Circuito de Purificación contra Ignacio Rivas Putnam, Inés Leyva de Rivas y Leoncio M. Valdés, para que se hicieran las siguientes declaraciones, que pueden sintetizarse así:
a) Que se decrete la nulidad de toda la actuación promovida por Manuel Escobar, ante el Juez Municipal de Purificación, la nulidad y ningún valor ni efecto jurídico de los autos pronunciados por dicho juez municipal sobre desahucio y lanzamiento, y la nulidad de todo ese juicio.
b) Que se declare que Ignacio Rivas Putnam y la señora Inés Leyva de Rivas, carecen de derecho para promover demanda de desahucio y lanzamiento contra los demandantes, y que los mangones de Minas o Saldaña y El Cucharo no pertenecen en dominio y propiedad a los expresados Rivas Putnam y Leyva de Rivas.
c) Que los demandantes vienen ocupando con casa de habitación, cultivos y ganados hace más de cuarenta años, por sí y por medio de sus antecesores, los mangones dichos y han poseído las mejoras especificadas en la demanda dentro de esos mangones.
d) Que como consecuencia de la nulidad o nulidades solicitadas se condene a los demandados solidariamente a pagar a los demandantes el valor de sus respectivas mejoras y los perjuicios que hayan sufrido los demandantes por razón de la demanda de desahucio y lanzamiento, más los gastos del presente juicio.
Como primera subsidiaria pidieron los demandante que se condenara a los demandados a restituirles sus mejoras, con sus frutos naturales y civiles, a justiprecio de peritos o el valor de las mejoras, caso de no existir éstas, con sus frutos naturales y civiles, más los perjuicios que han sufrido los demandantes por el desahucio y lanzamiento y las costas del juicio.
Como segunda subsidiaria pidieron que los demandantes fueran condenados a pagar a los actores el valor de sus mejoras a justiprecio de peritos y las costas del juicio y que se declare cualquiera que sea la acción que triunfe, que los demandantes tienen derecho a retener las mejoras mientras no se verifique el pago de éstas o se asegure su pago conforme a la ley. En primera instancia y por sentencia de cinco de agosto de mil novecientos treinta y dos, el Juez del Circuito de Purificación desató la litis en estos términos: declaró nulos y de ningún valor los autos pronunciados por el Juez Municipal de Purificación sobre desahucio y lanzamiento promovido por el apoderado de Ignacio Rivas Putnam, contra Martín Barrios y otros, fechados el diez y nueve de abril y diez y nueve de agosto de mil novecientos veintisiete y consecuencialmente nulos los lanzamientos practicados como efecto de esos autos; declaró que ni Rivas Putnam en su propio nombre, ni como representante de Inés Leyva de Rivas, demostraron que tuvieran derecho a proponer el desahucio, ni demostraron que los mangones de Saldaña o Minas y el Cucharo sean de propiedad de Ignacio Rivas Putnam, ni de Inés Leyva de Rivas; declaró que los demandantes determinados en el numeral 5° de la sentencia, demostraron que tenían la posesión de las mejoras relacionadas en la parte motiva del fallo y ubicadas en los mangones de Saldaña o Minas y el Cucharo; condenó a Rivas Putnam a pagar a cada uno de los demandantes el valor de los perjuicios que les causó con el desahucio; declaró que los demandantes tienen derecho a seguir ocupando las porciones de terreno de los mangones expresados; condenó a Rivas Putnam a pagar las costas del juicio, negó las peticiones primera, quinta y sexta de la demanda, declaró no probadas las excepciones perentorias propuestas y absolvió a Inés Leyva de Rivas Putnam y a Leoncio M. Valdés de todos los cargos de la demanda.
Ignacio Riva Putnam apeló del fallo y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en sentencia de veinticuatro de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, fallo así el pleito:
a) Confirmó los puntos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9’ y 10° de la parte resolutiva de la sentencia; reformó el punto tercero en el sentido de declarar que ni Ignacio Rivas, ni Inés Leyva de Rivas, carecen del derecho a proponer desahucio y lanzamiento contra los actuales demandantes en el juicio y aclaró que los demandantes tienen derecho a seguir ocupando los mangones de Saldaña, Minas y el Cucharo únicamente en las porciones donde están las mejoras, mientras no se ejerciten y prosperen contra ellos las acciones legales que competen al dueño del terreno. Ignacio Rivas Putnam interpuso recurso de casación contra dicho fallo, recurso que previa la tramitación legal, pasa hoy a decidirse.
Análisis de la sentencia y del recurso
Sobre el concepto de que los efectos de la nulidad del juicio de desahucio y lanzamiento, son los del despojo, el Tribunal para condenar al demandado Rivas Putnam al pago de mejoras y perjuicios a favor de los demandantes y para declarar que los actores tienen derecho a seguir ocupando los mangones de Saldaña o Minas y el Cucharo, se fundó en los artículos 977 y 1987 del C. C. Para el Tribunal los demandantes fueron despojados de las mejoras y al efecto se expresa así: “ de donde resulta que estando los demandantes en posesión de sus mejoras y habiéndoseles despojado de ellas en virtud del lanzamiento sin las formalidades legales, tienen derecho a ser indemnizados, y aun en caso de
arrendamiento
el hecho de turbarse al arrendatario en el goce de la cosa, da derecho a la indemnización, como lo prescribe el artículo 1987 del C.C” .
Existe, pues, para el Tribunal el concepto de despojo y el concepto de perturbación del
arrendamiento
, por el arrendador y son esos conceptos el fundamento de su sentencia, la cual como acaba de expresarse se funda en los artículos 977 y 1897 del C. C.
El recurrente de acuerdo con el fallo enfocó su demanda de casación atacando la sentencia por violación e indebida aplicación de los dos artículos en que se funda el fallo recurrido y al efecto dice: “ El Tribunal violó las disposiciones contenidas en los artículos a que me refiero (977 y 1897 del C. C.), porque estimó que el señor Ignacio Rivas Putnam había despojado de su posesión a los demandantes, o al menos los había perturbado en el goce de la cosa arrendada”.
Antes de proseguir en el análisis de la sentencia y en el estudio de los cargos, es necesario precisar el alcance de este juicio y del fallo atacado. Los demandantes no alegan dominio sobre el terreno de los mangones sino sobre sus mejoras y reconocen sobre dichos mangones dominio ajeno. De modo, pues, que el presente litigio no puede entenderse como el ejercicio de ninguna acción que le dispute o le desconozca el derecho de dominio que tenga o pueda tener el demandado Y éste es un extremo aceptado por las partes, aceptado por el Tribunal fallador y que está fuera del recurso.
Siendo así las cosas todo el problema se reduce a averiguar la posesión jurídica de los demandantes respecto del demandado, en lo que atañe a las mejoras que aquellos le reclaman.
El concepto del despojo, según el artículo 282 de la ley 105 de 1890, vigente cuando se inició el juicio de desahucio y cuando se inició el presente litigio tenía lugar en tres casos: 1° Cuando se privaba a una persona de la posesión o tenencia de una cosa valiéndose de la fuerza. 2° Cuando en ausencia del poseedor o tenedor otro se apoderaba de la cosa y volviendo el tenedor o poseedor era repelido por la fuerza, y 3° Cuando la autoridad, fuera de los casos de la ley, privaba a cualquiera de la posesión o tenencia de la cosa, sin previo juicio. Los dos primeros casos nada tienen que ver en este debate, es sólo el último el que debe estudiarse. La privación de la posesión o tenencia de una cosa no entraña despojo cuando es la consecuencia del cumplimiento de una sentencia. El concepto de despojo en el extremo que se estudia no tiene cabida sino cuando el poseedor es privado de la posesión, o el tenedor de la tenencia, por la autoridad, pero sin previo juicio. Cuando la pérdida o privación de la posesión o tenencia provienen de un juicio que posteriormente se declara nulo, las consecuencias jurídicas y legales son distintas y no puede decirse que en virtud de esa nulidad haya habido despojo, entre otras razones porque cuando se priva de la posesión o tenencia es de suponer que es en cumplimiento de un juicio que aún no ha sido declarado nulo, es decir, que rige mientras no venga la declaratoria de esa nulidad. El concepto de nulidad procesal y de sus consecuencias y el concepto de despojo y también sus consecuencias, son bien distintas y en el último entra en juego el factor de arbitrariedad, por parte de las autoridades, que nada tiene que ver cuado se trata de la nulidad adjetiva de un proceso judicial.
Síguese de lo anterior que no puede sostenerse que los demandantes en este juicio hayan sido víctimas de un despojo, en concepto que ya se ha expresado y si así hubiera sido, la acción de los despojados sería la del artículo 283 de la ley 105 de 1890.
Los interdictos posesorios están dominados, desde el tiempo del Derecho Romano, por este concepto: posesión por una parte, perturbación o embarazo en el goce de la posesión por otra, perturbación, privación o embarazo de la pose

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ron, con título precario, con reconocimiento de derecho ajeno, sobre desconocimiento y violación del contrato, además de hacer imposible la vida jurídica y ordenada, establecen un desequilibrio social que refluye en un perjuicio general.
La efectividad de estos contratos, es más práctica cuanto más justos sean ellos y las cláusulas que por vía de seguridad o de sanción han figurado por tanto tiempo en esas convenciones, lejos de hacer prácticas tales convenciones son causa de controversias y de perturbaciones funestas muchas veces.
d) Reembolso de las mejoras.
Sobré la base claramente establecida de la existencia de las mejoras reclamadas y de la propiedad de éstas, por parte de los demandantes surge el problema de si el arrendador Rivas Putnam debe o no rembolsar el costo de las mejoras útiles a los demandantes. Se observa como cuestión previa que la señora Inés Leiva de Rivas, fue absuelta de todos los cargos de la demanda en la sentencia de primera instancia y que los demandantes no apelaron de ese fallo. Quedó, pues, descartada dicha señora en virtud de ese fallo y como único demandado y condenado el señor Rivas Putnam por cuanto el señor Leoncio M. Valdés, también fue absuelto.
Según el artículo 1994 del C. C., el arrendador no esta obligado a reembolsar el costo de las mejoras útiles, en que no ha consentido, con la expresa condición de abonarlas; pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada; a menos que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que valdrían los materiales considerándolos separados.
No está comprobado que el arrendador y demandado Rivas Putnam se hubiera obligado a rembolsar las mejoras útiles a los arrendatarios y demandantes Por este aspecto y en frente del texto legal que acaba le citarse no encuentra la Corte que pueda prosperar la acción de los demandantes sobre pago o reembolso de las mejoras en este juicio.
En las reglas especiales sobre
arrendamiento
de predios rústicos contenidos en el capítulo veintiséis del libro cuarto del C. C., no existe ninguna disposición respecto del abono o reembolso de mejoras, luego debe aplicarse sobre el particular la regla general del artículo 1994 del C. C.
Pudiera entonces creerse que al caso que se contempla sería de pertinente aplicación el principio que informa el artículo 739 del C. C. Mas suponiendo, por vía de hipótesis, esa aplicabilidad, que no existe en el presente caso, porque dicha norma parte de la base de que no exista ninguna relación contractual, el principio consagrado en ella no favorecería a los demandantes porque sólo cuando se ha edificado, plantado o sembrado, a ciencia y paciencia del dueño del terreno, es cuando éste para recobrarlo es obligado a pagar el valor de la edificación, plantación o sementera.
Resulta de esta norma que la relación personal en ese caso es entre el que ha edificado, plantado o sembrado y el dueño del terreno. Por eso la Corte ha sostenido en muchas sentencias que la acción que tiene el que ha hecho plantaciones o edificaciones en terreno ajeno, es personal contra el que era dueño del fundo cuando se hicieron las mejoras y que tácitamente permitió.
Ahora bien: como está establecido en autos y es además una cuestión en que las partes están de acuerdo, que el demandado Rivas Putnam no es dueño de los mangones tantas veces citados, se concluye que la petición subsidiaria que se estudia en lo que se refiere al pago de las mejoras, aún en la hipótesis de que pudiera aplicarse el artículo 739 del C. C., habría estado mal dirigida, puesto que los actores habrían debido demandar para esa prestación al dueño de los mangones.
Caso pues, de la aplicabilidad de dicho artículo habría habido acción errada, por parte de los demandantes y falta de personería sustantiva en el demandado, para ser obligado a pagar tales mejoras. De modo, pues, que cualquiera que sea el aspecto por donde se considere el asunto, se impone la absolución de Rivas Putnam respecto del pago de las mejoras.
La segunda parte de la acción subsidiaria que se estudia, es decir, la condenación en perjuicios por el desahucio y lanzamiento, no puede prosperar por lo ya expresado al casar el fallo del tribunal, pero la Corte cree del caso sobre ese particular hacer las siguientes consideraciones.
El juicio de lanzamiento es el ejercicio de una acción reconocida al arrendador para recuperar el predio dado en
arrendamiento
. El ejercicio de una acción, cuando ésta es adecuada, como es adecuada la acción de lanzamiento para recuperar el predio, no entraña abuso del derecho y por lo tanto al ejercitarla no puede nacer la acción de perjuicios contra el que la ejercita y a favor del demandado. Los perjuicios por perturbaciones que sufra el arrendatario, por culpa del arrendador o por cualquiera persona a quien éste pueda vedarlo, surgen cuando es la obra, el acto o la conducta del arrendador la que da lugar a ellos, según el artículo 1896 del C.C. y cuando no se ha ejercitado una acción judicial.
Al estudiar la sentencia acusada se vio que no es procedente la en las mejoras, a los demandantes, porque con el hecho de la notificación del desahucio, terminó el contrato de
arrendamiento
. Por eso enseña el artículo 2014 del C. C. que terminado el
arrendamiento
por desahucio, no se entenderá en caso alguno que la aparente aquiescencia del arrendador a la retención de la cosa por el arrendatario, es una renovación del contrato. Por otra parte, los arrendatarios no se opusieron al lanzamiento y éste se consumó.
La petición h) de la primera subsidiaria así como también la súplica de esa petición, sobre restitución de las mejoras a los demandantes, de las mejoras relacionadas en el punto séptimo de la demanda, no pueden, pues, prosperar.
La segunda subsidiaria debe correr la misma suerte por las razones en que la Corte se apoya para negar la primera petición subsidiaria.
El demandado propuso las excepciones perentorias de falta de acción y petición de un modo indebido, defensas que no es necesario estudiar por lo mismo que el demandante ha de ser absuelto de todos los cargos de la demanda.
Fallo
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa la sentencia dictada en este pleito por el Tribunal Superior de Ibagué con fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, revoca la sentencia dictada por el Juez del Circuito de Purificación, con fecha cinco de agosto de mil novecientos treinta y dos, y en su lugar sentencia:
Absuélvase al demandado Ignacio Rivas Putnam de todos los cargos deducidos contra él, tanto en la acción principal, como en las dos subsidiarias.
No hay costas en el proceso.
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la GACETA y devuélvase al Tribunal de su origen.
Antonio Rocha, Liborio Escallón, Ricardo Hinestrosa Daza, Miguel Moreno J., Juan Francisco Mújica, Eduardo Zuleta Angel. — Emilio Prieto Hernández, Srio, interino.

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia S- 20-08-1936 — Sentencia Sala de Casación Civil. 1936-08-20. C.P. Liborio Escallón. Rad. 053. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2020-08-1936%20%5B053%5D).
