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clave: "corte_suprema:providencia:S- 11-11-1912 [068]"
titulo: "Corte suprema: S  11 11 1912"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "1912-11-11"
radicado: "068"
numero: "S- 11-11-1912"
ponente: "Rafael Navarro Eusse"
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# Corte suprema: S  11 11 1912

- **Título oficial / radicado:** S- 11-11-1912 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 1912-11-11
- **Radicado:** 068
- **Número:** S- 11-11-1912
- **Ponente:** Rafael Navarro Eusse
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2011-11-1912%20%5B068%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:S-%2011-11-1912%20%5B068%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8xOTEyL0RyLiBSYWZhZWwgTmF2YXJybyBFdXNzZS8xMS0gTm92aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvUy0gMTEtMTEtMTkxMiBbMDY4XS5ET0M%3D/Civil/arrendamiento

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 169 de 1896
- Ley 49 de 1907
- Constitución Política

## Extracto

Si la hubiera hallado fundada, habría debido acceder a la demanda. Por consiguiente, no se ha justificado, ha juicio de esta sala, la causal de casación que se alega, consistente en la incongruencia de la sentencia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. Este error de hecho evidente condujo al Tribunal a violar las leyes de que os he hablado y a inferir a mi parte agravio, que solo vosotros podréis reparar. Dice también que el montaje de la planta no podía hacerse por Julio Barriga sino mientras este fuera arrendatario y que por lo mismo debía ejecutarlo dentro del termino que duro el arrendamiento , que fueron dos años por lo cual, expirado ese termino, quedo el arrendatario constituido en mora de cumplir su obligación. Hacen constar los otorgantes que las deliberaciones y acuerdos de la junta directiva se extenderán en un libro especial de actas que deberán ser suscritas por todos los miembros de dicha junta.

## Texto del documento

Sentencia C – SC - 068 de 1912
OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR PERJUICIOS/ No nace de la voluntad de las partes contratantes/ Es una disposición legal.
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS/ No se debe sino cuando el deudor se ha constituido en mora de la obligación de hacer, y solo desde que halla constituido en mora según los artículos 1610 1615 del Código Civil.
SENTENCIA JUDICIAL/ El fallo debe referirse a los hechos existentes al momento de la presentación de la demanda.
“…toda sentencia debe referirse al estado que tenían las cosas al tiempo de intentarse la demanda, de manera que si el demandante carece entonces por cualquier motivo del derecho que pretende hacer efectivo, aunque en el curso del juicio adquiera ese derecho, no puede ser condenado al demandado, por que lo que se debate en el juicio es si al intentar su demanda el actor tenia el derecho por el reclamado”.”
CONSTITUCIÓN EN MORA DEL DEUDOR/ Necesidad de reconvención judicial.
“La reconvención es la formalidad que la ley requiere en ciertos casos para que el deudor se repute constituido en mora; y no puede tener ese carácter la demanda encaminada a obtener indemnización de perjuicios por la mora, demanda que supone necesariamente que ya el deudor ha sido constituido en mora.”
REFERENCIA:
GACETA JUDICIAL Nº 1105 y 1106
PROCEDENCIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
PETICIONARIO:
Juan Fonnegra
MAGISTRADO PONENTE:
RAFAEL NAVARRO Y EUSE
Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación.
Bogotá, once de noviembre de mil novecientos doce.
Vistos:
El tres de abril de mil novecientos siete demandó Juan Fonnegra, ante el juez tercero del circuito de Bogotá, a Ana Barriga de Valenzuela, Elvira Barriga de Calderón, a los menores adultos Santiago y Julio Barriga Páez, al impúber Jorge Barriga, para que en juicio ordinario, y por sentencia definitiva, se les condene como herederos de Julio Barriga:
“Primero: A que me cubran –dice- la cantidad de veinte mil pesos oro en que estimo los perjuicios por la mora en el cumplimento de las obligaciones que el contrato de diez y seis de mayo de mil ochocientos noventa y seis le impuso a su causante señor General Julio Barriga.
“Segundo: A que me cubran la cantidad de cuarenta mil pesos oro en que estimo los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.
“Tercero: A que, en el caso de que la anterior estimación de perjuicios fuere exagerada, me cubran los que en juicio se acredite que he sufrido, tanto por la mora en el cumplimiento del contrato, como por la infracción de él.
“El derecho, causa o razón de esta demanda –continua diciendo el demandante- lo consagran, entre otras disposiciones legales, los articulos1620, 1608, 1602, 1603, 1155, 1291, 1298,1302 y1527 del código civil.
Los hechos en que fundo esta demanda son los siguientes:
1. Que el día Diez y seis de mayo de mil ochocientos noventa y seis arrendé yo al señor General Julio Barriga el derecho proindiviso que tenia y tengo en la hacienda y ferrería de La pradera y predio de La Piñeda, ubicados en el municipio de Subachoque del departamento de Cundinamarca.
2. En virtud de este contrato de
arrendamiento
debía destinar el precio del
arrendamiento
, con otras cantidades, al montaje, por su cuenta, de una planta de acero en la ferrería de La Pradera, naturalmente de la capacidad necesaria para manufacturar el mineral producido en ella.
3. Que el contrato de
arrendamiento
de que se trata estuvo vigente por el término de 2 años.
4. Que ni el señor General Julio Barriga ni sus herederos han cumplido las obligaciones que el referido contrato le impuso al primero.
Previamente y en debida forma notificados de ella, los demandados la contestaron así, el 28 de Octubre del mismo año:
“Desconocemos en absoluto el derecho del demandante”.
“Los señores Pablo Barriga Juan María Fonnegra dieron en
arrendamiento
a señor General Julio Barriga, el 16 de Mayo de 1896, sus derechos proindivisos en la hacienda y ferrería La pradera y el predio de la Piñeda, situados en el municipio de Subachoque, y deslindados como aparece en el documento otorgado en la fecha citada.
“El precio del
arrendamiento
en la parte correspondiente al señor Fonnegra fue de $2.500 por el año de duración del contrato.
“En la cláusula cuarta del contrato se dijo:
Que ese precio de
arrendamiento
(las cuotas correspondientes a los arrendadores), con mas la cantidad de diez mil pesos ($10.000) anuales también que debe poner el arrendatario por su parte o sus derechos en la comunidad, se destina al montaje de una planta de fabricación de acero en la ferrería de “La Pradera”, montaje que es de cargo del arrendatario.
“Los contratantes –arrendadores y arrendatario- se comprometieron a destinar, aquellos, el precio de
arrendamiento
, y este, $10.000 para montar un planta de fabricación de acero. El compromiso del arrendatario fue destinar diez mil pesos para la obra expresada.
“En el documento se dice que el montaje de la planta de fabricación de acero es de cargo del arrendatario; pero estas expresiones son tan generales que no imponen obligación alguna, si no se refieren a un contrato anterior que no se conoce, o a un contrato posterior que no se conoce, o a un contrato posterior que no se sabe si se celebro. No hay un solo tipo, una sola planta de fabricación de acero; las hay de diferentes fuerzas, de diferentes dimensiones y capacidades. Del contexto del contrato no aparece obligación alguna de montar la planta e fabricación de acero.
“Para el caso en que se crea que dicha obligación existe, oponemos la excepción perentoria de petición antes de tiempo, o de modo indebido, fundada en que se demanda indemnización de perjuicios antes que el deudor haya sido constituido en mora.
“El contrato celebrado por los señores Pable Barriga y Juan Maria Fonnegra con el señor Julio Barriga es de administración de una cosa común, en la cual, además de los citados señores, tiene parte como condueño el señor Juan Manuel Dávila; y conforme a la escritura publica numero 1928 otorga en esta ciudad el 10 de noviembre de 1894 ante el notario segundo de este circuito, los cuatro comuneros constituyen una Junta Directiva encargada de la administración de la cosa común, Junta cuyas determinaciones deben acordarse por unanimidad de votos, y ningún acto administrativo puede llevarse a efecto sin el voto unánime de los cuatro socios. El contrato no esta aprobado por los cuatro miembros de la Junta Directiva, requisito indispensable, cuando menos, para llevar a efecto el contrato en el aparte relativo al montaje de la planta de acero.
“Si existen obligación de montar una planta de acero, tal obligación tiene que nacer, o de un contrato de
arrendamiento
para la confección de la obra, o de un contrato de sociedad.
“El contrato de
arrendamiento
es bilateral y en este caso el General Julio Barriga no estaría en mora mientras la otra parte contratante, es decir, los señores Pablo Barriga y Juan Maria Fonnegra no cumpla la obligación de destinar el precio del
arrendamiento
a la construcción de la obra; y el señor Pablo Barriga no destino a la confección de dicha obra su cuota parte en los
arrendamiento
s: la cobro y se le pago en dinero, como se comprobara a su tiempo.
“Si la obligación del General Barriga, naciera de un contrato de sociedad y no de uno de los socios quien tendría acción para pedir resarcimiento de perjuicios por la mora, y eso, para ella no para uno de los socios. El derecho de los socios seria para dar la sociedad por disuelta.
“Además, se ha pedido, de un modo indebido, por cuanto cobrándose como se cobra una que a existir seria deuda hereditaria -deuda que, por lo mismo, ni es solidaria ni es indivisible, puesto que, lo demandado es dinero,- se exige el cumplimiento total de la supuesta obligación de todos los herederos del supuesto deudor, siendo así que las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas y cada heredero es responsable solo de una cuota proporcional de la deuda.
“A los hechos en que la demanda se apoya contestamos así:
1. Es cierto con la advertencia de que el contrato citado fue celebrado por el demandante y el señor Pablo Barriga como arrendatarios conjuntos.
2. Los arrendadores, no el arrendatario, debían estimar el precio del
arrendamiento
al montaje de una planta de acero en la hacienda y ferrería La Pradera, sin determinación de ninguna clase, montaje que no era por cuenta del arrendatario.
3. Negamos este hecho por que no nos consta.
4. Es cierto.
Las excepciones que hemos propuesto para el caso en que se crea que el General Barriga contrajo obligación de montar una planta de acero, tiene por base estos hechos:
a) El contrato de
arrendamiento
celebrado el 16 de Mayo de 1896, base de este pleito, todavía no ha sido aprobado por el voto unánime de la junta directiva administradora de los bienes arrendados.
b) La parte arrendadora dejo de cumplir la obligación que contrajo de destinar el precio del
arrendamiento
al montaje de una planta para la fabricaron de acero.
c) Ni el general Barriga se le constituyo en mora, se les ha hecho requerimiento judicial alguno para constituirlos en mora.
d) El demandante, en el supuesto de que hubiera constituido al deudor en mora no ha recibido perjuicios de ninguna clase por la mora, ni siquiera por el retardo.
e) En virtud de esta contestación se abrió el juicio a pruebas y se surtió por todos sus tramites, hasta ponerle termino con la sentencia definitiva de primera instancia, dictada el 7 de septiembre d 1909, cuya parte resolutoria dice así:
“Por lo expuesto, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, absuelve a los demandados de todos los cargos formulados en la demanda, sin costas.”
Apelada por el demandante, el Tribunal Superior de este Distrito Judicial la confirmó por sentencia de dos de septiembre de mil novecientos diez, y condenó en las costas del recurso al apelante.
Notificada la sentencia del Tribunal por edicto desfijado el 22 del mismo mes, interpuso contra ella oportunamente, el dos de octubre del mismo año, el recurso de casación interpuesto por el Doctor Rodríguez Piñeres, con apoderado especial de Fonnegra, fundándolo desde luego en las dos primeras causales establecidas por el articulo segundo de la ley 169 de 1896; o sea, en no estar las sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, y en ser violatoria de la ley sustantiva.
Concedido el recurso de casación y sustanciado en debida forma se procede a decidirlo, previas las siguientes consideraciones:
I. Es admisible y se admite por que fue interpuesto oportunamente y por persona hábil por que la sentencia contra la cual se interpuso es de aquellas que lo comportaran con arreglo a los artículos 149, 150 y 169 de la ley 49 de 1907.
II. Tanto el escrito en que se interpuso, como en el alegato del recurrente ante la Corte, se sostiene que la sentencia recurrida es casable, porque absolvió a los demandados, debiendo solo declarar probada la excepción perentoria de petición antes de tiempo propuesta por ellos en la contestación de la demanda se apoyo; y solo se funda para absolverlos en que no se habían constituido enamora de cumplir la obligación que, como a herederos del General Julio Barriga se les atribuye, de montar una planta para la fabricación de acero en la ferrería de la pradera. Dice el recurrente que conforme al ordinal segundo, articulo segundo de la ley 169 1896, es causal de casación “no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por os litigantes ya por que no se falle sobre alguna de las excepciones perentorias alegadas, si fuere el caso de hacerlo”; y sostiene que era el caso de que el Tribunal, en lugar de absolver a los demandados, fallara sobre aquella excepción declarándola probada; por que esto no impediría que el demandante volviera a ejercitar su acción cuando fuera tiempo de hacerlo , por que los demandado se hubieran constituido en mora de cumplir el contrato, mientras absolviéndoseles como se les absolvió de la demanda, ellos podrían oponerle ya, en cualquier tiempo, la excepción perentoria de efectividad cosa juzgada, lo que implicaría la ineficacia o inefectividad del contrato, contra lo reconocido expresamente por el mismo Tribunal sentenciador.
Esto es lo que se deduce claramente de la parte petitoria de la demanda: considerándolos el demandante constituidos en mora de cumplir la obligación de hacer la planta para la fabricación de acero, conforme al articulo 1610 del código civil, a preferido a la ejecución de la obra pedirles la indemnización de la mora y de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.
De suerte que la sentencia al absolverlos de la demanda no ha hechos otra cosa que absolverlos de la obligación de indemnizar perjuicios por la mora que se les imputa, y en que, a juicio del Tribunal no se ha constituido.
La sentencia no ha declarado ni la inexistencia ni la nulidad, ni siquiera la extinción de la obligación de dicho

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

icación de acero, ni al incumplimiento o el cumplimiento que hubiera habido por parte del general Julio Barriga del contrato que antes, el 16 de mayo de 1896, habían celebrado con el mismo Fonnegra y con Pablo Barriga.
En resumen, pues, acerca del error de hecho evidente que imputa a la sentencia de segunda instancia, la sola expresión “montaje que es de cargo del arrendatario”, que contiene la cláusula cuarta del contrato de 1896, de la cual se deduce que ese contrato le impuso efectivamente al general Julio Barriga la obligación de construir una planta de caer en la ferrería La pradera, no determinó con claridad el termino o el tiempo en que debiera montarla; y por consiguiente el Tribunal sentenciador, al apreciar, como aprecio, la referida cláusula en el sentido de que para constituir al arrendatario Barriga en mora de hacer el susodicho montaje, era necesario, de conformidad con el articulo 1608 de código civil, que se le reconviniera judicialmente para que lo ejecutara, no incurrió en ningún error de hecho que aparezca de un modo evidente en los autos; por lo cual, y según el inciso segundo del articulo segundo de la ley 169 de 1896, esta sala no se puede variar aquella apreciación del Tribunal, para el efecto de anular, por tal error, la sentencia recurrida.
IV. Y como según el articulo 1610 del mismo código, cuando la obligación es de hacer, se necesita que el deudor se haya constituido en mora de cumplirla para que puedan exigírsele, junto con la indemnización de la mora, que indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato, se sigue que la sentencia que absolvió de tal cargo a los demandados no es violatoria de los mismos artículos 1608 1610, como lo afirma el recurrente.
V. Los demás artículos que este cita como violados a saber: 1155, 1291, 1298, 1299 y 1302, tampoco lo fueron, porque se refieren al cumplimiento de obligaciones hereditarias, y si el Tribunal no los aplico al caso del pleito, no fue por que desconociera que los demandados son herederos de Julio barriga, sino porque considero que ni este ni ellos se habían constituido en mora para la fabricación de acero de que se habla en la demanda.
VI. La cita que el Tribunal hizo en la sentencia de los artículos 2002 y 2044 del código civil tuvo por objeto demostrar que, como según ellos, Julio Barriga no estaba obligado a pagar el canon del
arrendamiento
sino por años vencidos, era claro que no estaba tampoco en la obligación de suministrar anticipadamente fondos para la ejecución del montaje de la planta que, según se dice en el contrato era de su cargo ejecutar. Por consiguiente, y dadas las explicaciones que sobre el particular se han hecho en el curso de esta providencia tampoco puede estimarse que el Tribunal hubiera violado en su sentencia ese disposiciones de la ley sustantiva.
VII. Alega por ultimo el recurrente que para constituir a los demandados en mora de cumplir la obligación que tenia su causante Julio Barriga, de hacer el montaje de aquella planta, basto con que se les hubiere notificado, como se les notifico, a demanda con que se promovió el pleito. Dice que esa notificación equivale a la reconvención judicial de que se trata el articulo 290 del código judicial, y que, por lo mismo, el Tribunal incurrió en un manifiesto error de derecho en la interpretación de las piezas que constituyen el cuasicontrato de litis contestatio , al negarle a la demanda su carácter de solicitud de la deuda que le da el articulo citado, error que lo condujo a violar esa disposición legal que, para el recurrente, es de carácter sustantivo, por que confiere un derecho: el de que por la notificación que en ella se previene se surtan los efectos de la constitución en mora.
El artículo 290 del código civil dice así:
“En los casos en que las leyes requieren que el deudor sea reconvenido judicialmente por el acreedor para el efecto de reputarlo constituido en mora, se entenderá hecha la reconvención cuando se le notifique personalmente, por mandato del juez, la solicitud de acreedor en que se le pida la deuda, con la representación del documento autentico, compruebe de ella”.
Tanto el juez de la primera instancia como el Tribunal Superior de este Distrito Judicial se opusieron al demandante en tal sentido, sentando la doctrina de que la notificación de la demanda no suple la falta del requerimiento previo o no produce los efectos de este, por que toda sentencia debe referirse al estado que tenían las cosas al tiempo de intentarse la demanda, de manera que si el demandante carece entonces por cualquier motivo del derecho que pretende hacer efectivo, aunque en el curso del juicio adquiera ese derecho, no puede ser condenado al demandado, por que lo que se debate en el juicio es si al intentar su demanda el actor tenia el derecho por el reclamado”.
Esta sala estima correcta la expresada doctrina, por que juzga que la reconvención judicial de que trata el articulo copiado ha de ser previa a la demanda en que se trata de hacer efectivo el derecho del acreedor; puesto que, ciertamente, la reconvención judicial de que trata ese artículo tiene simplemente por objeto que al deudor se le notifique, por mandato del juez, la solicitud en que el acreedor le pide la deuda, con exhibición del documento que lo comprueba; mientras que la demanda según el articulo 263 del mismo código, es la petición que se dirige, no propiamente al deudor sino a un Juez para que este mande hacer efectiva la obligación. La reconvención se surte y queda terminada con la notificación que se hace al deudor de la solicitud en que el acreedor le pide la deuda, mientras que la demanda es apenas la iniciación del juicio correspondiente, que debe terminar con la sentencia del juez, en que se mande hacer efectiva la obligación materia del juicio, o se absuelva al demandado. La reconvención es la formalidad que la ley requiere en ciertos casos para que el deudor se repute constituido en mora; y no puede tener ese carácter la demanda encaminada a obtener indemnización de perjuicios por la mora, demanda que supone necesariamente que ya el deudor ha sido constituido en mora.
Estima pues, la sala que no se ha justificado ninguna de las causales de casación alegadas por el recurrente.
Por tanto, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley, se declara que no hay motivo para infirmar, y no se infirma, la sentencia proferida en este pleito con fecha dos de septiembre de mil novecientos diez, Por el Tribunal Superior de este Distrito Judicial y contra la cual se interpuso el recurso de casación que pro la presente se decide.
Condenase en las costas del recurso a la parte recurrente. Tasadas que sean con arreglo a la ley, devuélvanse los autos al Tribunal de su origen.
Notifíquese cópiese esta sentencia y publíquese en la Gaceta Judicial.
EMILIO FERRERO-Rafael Navarro y Euse-, Manuel José Angarita-Constantino Barco-Tancredo Nannetti-Luis Eduardo Villegas- El Conjuez. Gonzalo Pérez-Vicente Parra R, Secretario en propiedad.

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia S- 11-11-1912 — Sentencia Sala de Casación Civil. 1912-11-11. C.P. Rafael Navarro Eusse. Rad. 068. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2011-11-1912%20%5B068%5D).
