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clave: "corte_suprema:providencia:S- 10-12-1999 [5277]"
titulo: "Contratación estatal: situación de suyo diferente se presenta cuando se está frente a una “cláusula de vigilancia a favor del arrendatario”"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "1999-12-10"
radicado: "5277"
numero: "S- 10-12-1999"
ponente: "Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo"
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# Contratación estatal: situación de suyo diferente se presenta cuando se está frente a una “cláusula de vigilancia a favor del arrendatario”

- **Título oficial / radicado:** S- 10-12-1999 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 1999-12-10
- **Radicado:** 5277
- **Número:** S- 10-12-1999
- **Ponente:** Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2010-12-1999%20%5B5277%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:S-%2010-12-1999%20%5B5277%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8xOTk5L0RyLiBDYXJsb3MgSWduYWNpbyBKYXJhbWlsbG8gSmFyYW1pbGxvL1NlbnRlbmNpYXMvMTItRGljaWVtYnJlL1MtIDEwLTEyLTE5OTkgLSBbNTI3N10uZG9j/Civil/arrendamiento

## Regla de decisión

Es así como se ha indicado que uno de los presupuestos de esta responsabilidad es la existencia precedente de un contrato o de una obligación negocial surgida entre las partes, de suerte que para fijar sus reales alcances, si fuere necesario puede acudirse a la interpretación de los contratos.

## Decisión

SENTENCIA

## Puntos clave

- Corte suprema de justicia corte suprema de justicia�privado �� sala de casacion civil y agraria magistrado ponente: carlos ignacio jaramillo jaramillo santa fe de bogotá d.c., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) referencia : expediente no. 5277 decídese el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 7 de diciembre de 1.993, proferida por el tribunal superior del distrito judicial de guadalajara de buga, sala civil, en el proceso ordinario promovido por carolina salguero caycedo y diana molano camacho contra la conferencia de superiores mayores religiosos. i. antecedentes 1. las referidas carolina salguero caycedo y diana molano camacho, mediante apoderado judicial constituido para el efecto y con escrito presentado ante el juez civil del circuito de santa fe de bogotá, demandaron a la conferencia de superiores mayores religiosos para que, previos los trámites propios del proceso ordinario de mayor cuantía, se hicieran las declaraciones y condenas que a continuación se relacionan: a. que la entidad demandada era responsable de la celaduría de la oficina no. 205, ubicada en el edificio localizado en la calle 71 no. 11-14 de éste distrito capital; b. que como consecuencia de la anterior responsabilidad, la persona jurídica demandada deberá cancelar a las demandantes la suma de $ 7'850.950,oo moneda corriente, correspondiente al valor del instrumental hurtado en la oficina arrendada; c. que también deberá cancelar la demandada, a título de lucro cesante y daño emergente por el mencionado hurto, la suma estimada en $6'500.000,oo moneda corriente, así como los daños morales sufridos por las demandantes, de valor incalculable, pero tasados en $6’000.000.oo moneda corriente; d. la corrección monetaria establecida por el gobierno nacional, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta cuando se verifique el pago o, en su defecto, los intereses a que haya lugar; e. al pago de las costas y gastos en que se incurra en el proceso. 2. los hechos invocados por las demandantes como fundamento de sus pretensiones, se resumen de la siguiente manera: a. las demandantes suscribieron con la entidad demandada un contrato de arrendamiento respecto de la oficina no. 205, ubicada dentro del inmueble distinguido con el no. 11-14 de la calle 71 de esta ciudad, que sería destinada exclusivamente a consultorio odontológico, comprometiéndose la arrendadora al pago de los servicios de agua, energía eléctrica y celaduría. b. la secretaria general de la conferencia de superiores mayores religiosos, hermana lucía arbelaez, con nota del día 29 de enero de 1.982, ratificó que el servicio de celaduría quedaría incluido en el contrato. c. entre los días 3 y 4 de febrero de 1.988, se presentó un hurto calificado en el local arrendado, acto delictuoso que fue denunciado ante la unidad investigativa de la calle 40, previa elaboración del correspondiente inventario del material sustraído. d. la entidad demandada, el 9 de febrero de 1.988, envió a las arrendatarias una comunicación en la que les solicitaba cambiar las guardas de las cerraduras y también reforzarlas, asumiendo la arrendadora los gastos y aceptando que no tenían seguro contra ‘robo’, petición que fue prontamente atendida por las demandantes con un costo de $ 23.300,oo moneda corriente, valor cancelado íntegramente por aquella. e. extrajudicialmente las demandantes solicitaron a la demandada el reconocimiento de los perjuicios ocasionados con tal hecho, petición que fue rechazada. f. los duplicados de las llaves del local eran guardados en la presidencia de la demandada, y al ser solicitados por las arrendatarias no aparecieron, pero días después se encontraron en el lugar que les correspondía. g. el día 30 de junio de 1.988 las demandantes entregaron el inmueble arrendado, el cual fue recibido a plena satisfacción por la conferencia de superiores mayores religiosos. h. se destaca en el libelo generatriz que el servicio de celaduría era prestado directamente por la arrendadora, quien: aducen las demandantes -, asumió el riesgo y, por ende, debe responder por los perjuicios causados a ellas. i. por último, afirman quienes demandan que como consecuencia de los hechos narrados, carolina salcedo, una de las demandantes, por la angustia y depresión experimentadas, ha tenido que someterse a un tratamiento sicológico. 3. admitida la demanda, se ordenó correrla en traslado a la entidad demandada, quien por intermedio de apoderado judicial la contestó oponiéndose a las pretensiones formuladas. propuso como excepciones perentorias las que denominó: falta de legitimación en la causa pasiva, limitación de la responsabilidad por pacto entre las partes, culpa de las demandantes, exoneración de responsabilidad de la demandada por culpa de las demandantes y ausencia de los presupuestos para la responsabilidad tanto contractual como extracontractual. 4. adelantado el trámite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento profirió sentencia el 10 de noviembre de 1.992, en virtud de la cual resolvió declarar probada la excepción denominada "ausencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual”, negar por consiguiente las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora. 5. el apoderado de las demandantes, inconforme con la decisión precedente, interpuso en su oportunidad recurso de apelación, que con fundamento en lo dispuesto en el decreto 2651 de 1.991, fue resuelto por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de buga con sentencia del 7 de diciembre de 1.993, confirmatoria de la decisión del a-quo. 6. contra el fallo de segundo grado propuso la parte demandante el recurso extraordinario de casación, que por haber sido concedido condujo el asunto en comento al conocimiento de esta corporación. ii. la sentencia del tribunal luego del acostumbrado recuento del litigio y del trámite procesal surtido por el a-quo, precisó el tribunal que el contrato de arrendamiento genera para las partes una serie de obligaciones acordes con su naturaleza. sin embargo, agregó, suele ocurrir que las partes dentro del margen de libertad autorizado por el legislador, pacten obligaciones que no sean de la esencia del contrato, caso en el cual deben los contratantes estipular sus condiciones, plazo y forma en que deben prestarse, para que en el evento de un incumplimiento se pueda solicitar por parte del contratante que ha cumplido, la sanción convenida o aquella consagrada en la normatividad que la rige. descendiendo al estudio del caso sub judice, se preguntó el tribunal cuál fue el compromiso adquirido por la "conferencia de superiores mayores religiosos" al suscribir el contrato de arrendamiento con las demandantes. encontró que, en efecto, “no se estipuló la entidad del compromiso adquirido”, como tampoco lo relacionado con el incumplimiento concerniente al servicio de celaduría, omisiones éstas que imponen al juez el deber de “desentrañar la naturaleza y el contenido de la obligación, cuando el contrato se presenta para que se condene al pago de los perjuicios”, respecto del contratante que ha incumplido con lo pactado (fl 21 c.2). afirmó, pues, dicha colegiatura, que en el contrato de arrendamiento suscrito el 1° de febrero de 1.982 (folio 2 cdno. 1), se acordó que “los servicios de agua, energía eléctrica y, celaduría son por cuenta de los arrendadores y los demás por cuenta de los arrendatarios”, estipulación que, a juicio del tribunal, permite apreciar que los contratantes nada dijeron respecto a la naturaleza de la obligación, pero que fácilmente se colige que el compromiso del arrendador “no se extendía más allá del pago de los servicios, como bien claro aparece en el contrato, el cual se hizo extensivo al pago del celador” (fl. 21 vlto. c.2). del mismo modo, anotó el juzgador de segunda instancia que en el acuerdo objeto de análisis, no se dijo que en desarrollo de esta obligación se garantizaba que los bienes de las arrendatarias no serían sustraídos del local arrendado. tampoco, siguió afirmándose, estaba la arrendadora obligada a custodiar los bienes de las demandantes como lo pretende el recurrente, pues, de lo que se trataba, según se desprende de la naturaleza y contenido de la referida obligación, era de proveer el pago de la celaduría, así como lo hacía con los servicios de agua y energía, débito éste que no ha sido desconocido por la demandada, ya que, de acuerdo con los testimonios recibidos dentro del proceso, no hay duda de que el deudor voluntaria y cabalmente cumplió, como quiera que los testigos señalaron que en el edificio en donde se encontraba el consultorio había un vigilante en forma permanente durante las 24 horas del día. Concluyó el Tribunal anotando que la estipulación adicional introducida por las partes en el contrato de arrendamiento , no le fijó un norte diferente al establecido por la ley, pues es claro que la celaduría, como tal, no estaba a cargo de la demandada, sino simplemente su pago, por lo que de acuerdo con los términos del correspondiente acuerdo, contrario a lo afirmado por el apelante, allí nada se dijo alrededor de la forma como dicha prestación debía cumplirse. De ahí que en su entender, jamás se podrán producir los efectos invocados en el libelo y en los alegatos, en donde el recurrente hace referencia a los presupuestos propios del contrato de celaduría, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 848 de 1.990, reglamentario de la vigilancia privada, diferentes en todo caso a los que estereotiparon el anunciado negocio jurídico. No existiendo entonces en el contrato de arrendamiento estipulación expresa que obligara a los arrendadores a vigilar y cuidar el local arrendado, afirmó el Tribunal, erraron las recurrentes al endilgarle responsabilidad a la entidad demandada, razón por la que encontró ajustada a derecho la providencia atacada, por lo que decidió su confirmación. III. LA DEMANDA DE CASACION Dos cargos formula el recurrente contra la sentencia del Tribunal, ambos apoyados en la causal primera de casación, prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, censuras que se analizarán conjuntamente por tener consideraciones comunes. CARGO PRIMERO Acusó el casacionista la sentencia del Tribunal por violatoria de la ley sustancial en sus artículos 1.494, 1.495, 1.496, 1.497, 1.501 y 1.527 del C.C., además del artículo 871 del C. de Co., por interpretación errónea como consecuencia de error de hecho, consistente en la violación medio de los artículos 174, 175, 183, 187, 252 y 279 del Código de Procedimiento Civil, en el que incurrió el fallador al no haberle dado valor probatorio al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y a las demás pruebas aportadas con la demanda, específicamente a la comunicación del 29 de enero de 1982, suscrita por la Secretaria General de la entidad demandada, obrante a folio 6 del cuaderno No. 1 del expediente, dirigida a las demandantes. En la fundamentación de su censura, anotó el casacionista que resulta importante analizar la consideración hecha por el ad-quem, punto de partida de su decisión, acerca de cual fue el compromiso adquirido por la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos al suscribir el citado contrato de arrendamiento con las demandantes, por lo que estimó oportuno y preciso remitirse a los documentos aportados al proceso, particularmente al contrato de arrendamiento en donde se consignó claramente que la arrendadora pagaría los “servicios de agua, energía eléctrica y celaduría” (folio 2 del cdno. No. 1), acuerdo que tuvo origen en la comunicación suscrita por la Secretaría General de la entidad demandada (folio 6 cdno. No. 1), la que en sus principales apartes expresa: “En confirmación a nuestra conversación del día de ayer, me permito presentarles por escrito las dos alternativas del contrato de arrendamiento que tratamos personalmente, consideradas las circunstancias de alzas de celaduría y administración.” Luego de sucedido el hurto, señaló el recurrente, la entidad demandada, por intermedio de su Presidente y su Secretario General, dirigió a las demandantes la comunicación que obra a folio 10 del cuaderno No. 1, en la que les solicitan su colaboración para reforzar las medidas de seguridad, verbigracia el cambio de guardas de las cerraduras, asumiendo los gastos que ello implicara, lamentándose también por el insuceso y ofreciendo su colaboración en la investigación tendiente a la recuperación del material sustraído. En el presente asunto, sostuvo el censor, las partes expresaron con claridad sus obligaciones en el contrato de arrendamiento . En efecto, en él se aludió al pago del servicio de celaduría, motivo por el cual, no existiendo duda acerca de la obligación contraída por parte de la arrendadora, el recurrente concluye que la demandada debe responder por lo sustraído. Afirmó también que prestar el servicio de vigilancia conlleva, previamente, tomar las precauciones debidas con el fin de preservar la seguridad de los bienes de fortuna. De igual manera adujo que, en el presente caso, dichas medidas se tomaron luego de ocurridos los hechos, circunstancia que hace responsable a la demandada, quien deberá responder por su impericia o negligencia, responsabilidad de la que no puede ser liberada, dado que esta actividad, por su naturaleza, es peligrosa. Estimó, del mismo modo, que la apreciación de las pruebas debió hacerse considerándolas conjuntamente, porque así lo establece el artículo 187 del C. de P. C., y no de manera aislada, porque se da así una “... figuración totalmente errática”, como sucedió con la sentencia atacada, en la que se varió el concepto de celaduría, convirtiéndolo en un simple pago. La realidad contractual, siguió anotando en su escrito el casacionista, se encuentra plasmada en los documentos aportados. CARGO SEGUNDO Con igual apoyo en la causal primera de casación, le endilgó el recurrente a la sentencia del Tribunal ser violatoria de la ley sustancial en sus artículos 1494, 1495, 1496, 1.497, 1.501 y 1.527 del C.C., y el artículo 871 del C. de Co., por interpretación errónea, como consecuencia de error de hecho, consistente en la violación medio de los artículos 174, 175, 183, 187 y 198 del Código de Procedimiento Civil, en que incurrió el fallador al no haberle dado valor probatorio al interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada y a los testimonios recepcionados a instancia de la misma. A continuación, en su recurso, el recurrente analizó las respuestas dadas con ocasión del interrogatorio de parte que considera trascendentes, para entender demostrados, con fundamento en ellas, “... los presupuestos contractuales” y el convenio de la prestación del servicio de celaduría celebrado entre las partes, así como " lo que es aún más profundo de sus obligaciones y responsabilidades" (sic). Insistió el censor en reprochar la interpretación hecha por el ad-quem, en el sentido de que la Conferencia de Superiores Religiosos tan solo se limitaba a pagar el servicio de celaduría, contrario a lo afirmado en el interrogatorio de parte absuelto por su representante legal (respuesta No. 6), en el que habla de la prestación del servicio de celaduría y no del pago de un celador, argumentando que ambos supuestos son bien diferentes. De otra parte, afirmó el acusador que los testimonios presentados como prueba por la “Conferencia de Superiores Mayores Religiosos”, ratifican lo ya planteado. Es así como la deponente Mariela Mogollón, señaló que “la vigilancia era pagada por las Conferencias Religiosas”, aserto que coincide con las narraciones de Alejandra Vergara Chaparro y Sonia Esther Maya Caro. Concluyó manifestando el casacionista que los dos cargos planteados hunden sus raíces en la valoración aislada de las pruebas, sin buscar para ello puntos de enlace o coincidencia entre las mismas, lo cual condujo a la factura de una sentencia alejada de la realidad procesal. IV. CONSIDERACIONES 1. Tratándose de la responsabilidad que pretenda fundarse en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento , resulta imperativo para el juzgador determinar previamente, con exactitud y medida, los elementos que le son característicos a ese negocio jurídico, las obligaciones que de él fluyen, así como el alcance de los acuerdos que de manera particular vinculen a los contratantes. En efecto, la acentuada inseguridad que, en general aqueja a la ciudadanía patria, sobre todo en los últimos lustros -, ha conducido a que dentro de ciertos contratos

## Extracto

Algo similar, pero en forma consecuencial, se produce en el caso de la “cláusula de vigilancia a nombre del arrendador”, en la medida en que se traduce en un pacto adherido o agregado al contrato de arrendamiento - con arreglo a su estructura medular -, en virtud del cual el arrendador asume el encargo de obrar como representante del arrendatario en la contratación del servicio de vigilancia con un tercero (persona natural o jurídica), hipótesis en la que las relaciones y sus consecuencias legales de rigor, se generan entre el arrendatario representado (por cuya cuenta y riesgo se está actuando) y el contratista prestatario del servicio de vigilancia (arts. 1505, 2142, 2177 y concordantes del C.C.). Doctrina de la Corte que de continuo ha venido proclamando” De no ser así, el recurso de casación no pasaría de ser una instancia más, y ello no encuentra respaldo en el derecho que regula dicho recurso”

## Cita textual

> El locatario debe conformarse en todo a la ley del contrato

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA�PRIVADO ��
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente:
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
Santa Fe de Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999)
Referencia : Expediente No. 5277
Decídese el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 7 de Diciembre de 1.993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por CAROLINA SALGUERO CAYCEDO y DIANA MOLANO CAMACHO contra la CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES RELIGIOSOS.
I. ANTECEDENTES
1. Las referidas Carolina Salguero Caycedo y Diana Molano Camacho, mediante apoderado judicial constituido para el efecto y con escrito presentado ante el Juez Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, demandaron a la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos para que, previos los trámites propios del proceso ordinario de mayor cuantía, se hicieran las declaraciones y condenas que a continuación se relacionan:
A. Que la entidad demandada era responsable de la celaduría de la oficina No. 205, ubicada en el edificio localizado en la calle 71 No. 11-14 de éste Distrito Capital;
B. Que como consecuencia de la anterior responsabilidad, la persona jurídica demandada deberá cancelar a las demandantes la suma de $ 7'850.950,oo moneda corriente, correspondiente al valor del instrumental hurtado en la oficina arrendada;
C. Que también deberá cancelar la demandada, a título de lucro cesante y daño emergente por el mencionado hurto, la suma estimada en $6'500.000,oo moneda corriente, así como los daños morales sufridos por las demandantes, de valor incalculable, pero tasados en $6’000.000.oo moneda corriente;
D. La corrección monetaria establecida por el gobierno nacional, desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta cuando se verifique el pago o, en su defecto, los intereses a que haya lugar;
E. Al pago de las costas y gastos en que se incurra en el proceso.
2. Los hechos invocados por las demandantes como fundamento de sus pretensiones, se resumen de la siguiente manera:
A. Las demandantes suscribieron con la entidad demandada un contrato de
arrendamiento
respecto de la oficina No. 205, ubicada dentro del inmueble distinguido con el No. 11-14 de la calle 71 de esta ciudad, que sería destinada exclusivamente a consultorio odontológico, comprometiéndose la arrendadora al pago de los servicios de agua, energía eléctrica y celaduría.
B. La Secretaria General de la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos, hermana Lucía Arbelaez, con nota del día 29 de Enero de 1.982, ratificó que el servicio de celaduría quedaría incluido en el contrato.
C. Entre los días 3 y 4 de febrero de 1.988, se presentó un hurto calificado en el local arrendado, acto delictuoso que fue denunciado ante la Unidad investigativa de la Calle 40, previa elaboración del correspondiente inventario del material sustraído.
D. La entidad demandada, el 9 de Febrero de 1.988, envió a las arrendatarias una comunicación en la que les solicitaba cambiar las guardas de las cerraduras y también reforzarlas, asumiendo la arrendadora los gastos y aceptando que no tenían seguro contra ‘robo’, petición que fue prontamente atendida por las demandantes con un costo de $ 23.300,oo moneda corriente, valor cancelado íntegramente por aquella.
E. Extrajudicialmente las demandantes solicitaron a la demandada el reconocimiento de los perjuicios ocasionados con tal hecho, petición que fue rechazada.
F. Los duplicados de las llaves del local eran guardados en la Presidencia de la demandada, y al ser solicitados por las arrendatarias no aparecieron, pero días después se encontraron en el lugar que les correspondía.
G. El día 30 de Junio de 1.988 las demandantes entregaron el inmueble arrendado, el cual fue recibido a plena satisfacción por la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos.
H. Se destaca en el libelo generatriz que el servicio de celaduría era prestado directamente por la arrendadora, quien - aducen las demandantes -, asumió el riesgo y, por ende, debe responder por los perjuicios causados a ellas.
I. Por último, afirman quienes demandan que como consecuencia de los hechos narrados, Carolina Salcedo, una de las demandantes, por la angustia y depresión experimentadas, ha tenido que someterse a un tratamiento sicológico.
3. Admitida la demanda, se ordenó correrla en traslado a la entidad demandada, quien por intermedio de apoderado judicial la contestó oponiéndose a las pretensiones formuladas. Propuso como excepciones perentorias las que denominó: Falta de legitimación en la causa pasiva, Limitación de la responsabilidad por pacto entre las partes, Culpa de las demandantes, Exoneración de responsabilidad de la demandada por culpa de las demandantes y Ausencia de los presupuestos para la responsabilidad tanto contractual como extracontractual.
4. Adelantado el trámite de la primera instancia, el Juzgado del conocimiento profirió sentencia el 10 de Noviembre de 1.992, en virtud de la cual resolvió declarar probada la excepción denominada "Ausencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual”, negar por consiguiente las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora.
5. El apoderado de las demandantes, inconforme con la decisión precedente, interpuso en su oportunidad recurso de apelación, que con fundamento en lo dispuesto en el decreto 2651 de 1.991, fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga con sentencia del 7 de Diciembre de 1.993, confirmatoria de la decisión del a-quo.
6. Contra el fallo de segundo grado propuso la parte demandante el recurso extraordinario de casación, que por haber sido concedido condujo el asunto en comento al conocimiento de esta Corporación.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Luego del acostumbrado recuento del litigio y del trámite procesal surtido por el a-quo, precisó el Tribunal que el contrato de
arrendamiento
genera para las partes una serie de obligaciones acordes con su naturaleza. Sin embargo, agregó, suele ocurrir que las partes dentro del margen de libertad autorizado por el legislador, pacten obligaciones que no sean de la esencia del contrato, caso en el cual deben los contratantes estipular sus condiciones, plazo y forma en que deben prestarse, para que en el evento de un incumplimiento se pueda solicitar por parte del contratante que ha cumplido, la sanción convenida o aquella consagrada en la normatividad que la rige.
Descendiendo al estudio del caso sub judice, se preguntó el Tribunal cuál fue el compromiso adquirido por la "Conferencia de Superiores Mayores Religiosos" al suscribir el contrato de
arrendamiento
con las demandantes. Encontró que, en efecto, “no se estipuló la entidad del compromiso adquirido”, como tampoco lo relacionado con el incumplimiento concerniente al servicio de celaduría, omisiones éstas que imponen al Juez el deber de “desentrañar la naturaleza y el contenido de la obligación, cuando el contrato se presenta para que se condene al pago de los perjuicios”, respecto del contratante que ha incumplido con lo pactado (fl 21 c.2).
Afirmó, pues, dicha colegiatura, que en el contrato de
arrendamiento
suscrito el 1° de Febrero de 1.982 (folio 2 Cdno. 1), se acordó que “los servicios de agua, energía eléctrica y, celaduría son por cuenta de los arrendadores y los demás por cuenta de los arrendatarios”, estipulación que, a juicio del Tribunal, permite apreciar que los contratantes nada dijeron respecto a la naturaleza de la obligación, pero que fácilmente se colige que el compromiso del arrendador “no se extendía más allá del pago de los servicios, como bien claro aparece en el contrato, el cual se hizo extensivo al pago del celador” (fl. 21 vlto. c.2). Del mismo modo, anotó el juzgador de segunda instancia que en el acuerdo objeto de análisis, no se dijo que en desarrollo de esta obligación se garantizaba que los bienes de las arrendatarias no serían sustraídos del local arrendado. Tampoco - siguió afirmándose - estaba la arrendadora obligada a custodiar los bienes de las demandantes como lo pretende el recurrente, pues, de lo que se trataba, según se desprende de la naturaleza y contenido de la referida obligación, era de proveer el pago de la celaduría, así como lo hacía con los servicios de agua y energía, débito éste que no ha sido desconocido por la demandada, ya que, de acuerdo con los testimonios recibidos dentro del proceso, no hay duda de que el deudor voluntaria y cabalmente cumplió, como quiera que los testigos señalaron que en el edificio en donde se encontraba el consultorio había un vigilante en forma permanente durante las 24 horas del día.
Concluyó el Tribunal anotando que la estipulación adicional introducida por las partes en el contrato de
arrendamiento
, no le fijó un norte diferente al establecido por la ley, pues es claro que la celaduría, como tal, no estaba a cargo de la demandada, sino simplemente su pago, por lo que de acuerdo con los términos del correspondiente acuerdo, contrario a lo afirmado por el apelante, allí nada se dijo alrededor de la forma como dicha prestación debía cumplirse. De ahí que en su entender, jamás se podrán producir los efectos invocados en el libelo y en los alegatos, en donde el recurrente hace referencia a los presupuestos propios del contrato de celaduría, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 848 de 1.990, reglamentario de la vigilancia privada, diferentes en todo caso a los que estereotiparon el anunciado negocio jurídico.
No existiendo entonces en el contrato de
arrendamiento
estipulación expresa que obligara a los arrendadores a vigilar y cuidar el local arrendado, afirmó el Tribunal, erraron las recurrentes al endilgarle responsabilidad a la entidad demandada, razón por la que encontró ajustada a derecho la providencia atacada, por lo que decidió su confirmación.
III. LA DEMANDA DE CASACION
Dos cargos formula el recurrente contra la sentencia del Tribunal, ambos apoyados en la causal primera de casación, prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, censuras que se analizarán conjuntamente por tener consideraciones comunes.
CARGO PRIMERO
Acusó el casacionista la sentencia del Tribunal por violatoria de la ley sustancial en sus artículos 1.494, 1.495, 1.496, 1.497, 1.501 y 1.527 del C.C., además del artículo 871 del C. de Co., por interpretación errónea como consecuencia de error de hecho, consistente en la violación medio de los artículos 174, 175, 183, 187, 252 y 279 del Código de Procedimiento Civil, en el que incurrió el fallador al no haberle dado valor probatorio al contrato de
arrendamiento
suscrito entre las partes y a las demás pruebas aportadas con la demanda, específicamente a la comunicación del 29 de enero de 1982, suscrita por la Secretaria General de la entidad demandada, obrante a folio 6 del cuaderno No. 1 del expediente, dirigida a las demandantes.
En la fundamentación de su censura, anotó el casacionista que resulta importante analizar la consideración hecha por el ad-quem, punto de partida de su decisión, acerca de cual fue el compromiso adquirido por la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos al suscribir el citado contrato de
arrendamiento
con las demandantes, por lo que estimó oportuno y preciso remitirse a los documentos aportados al proceso, particularmente al contrato de
arrendamiento
en donde se consignó claramente que la arrendadora pagaría los “servicios de agua, energía eléctrica y celaduría” (folio 2 del cdno. No. 1), acuerdo que tuvo origen en la comunicación suscrita por la Secretaría General de la entidad demandada (folio 6 cdno. No. 1), la que en sus principales apartes expresa: “En confirmación a nuestra conversación del día de ayer, me permito presentarles por escrito las dos alternativas del contrato de
arrendamiento
que tratamos personalmente, consideradas las circunstancias de alzas de celaduría y administración.”
Luego de sucedido el hurto, señaló el recurrente, la entidad demandada, por intermedio de su Presidente y su Secretario General, dirigió a las demandantes la comunicación que obra a folio 10 del cuaderno No. 1, en la que les solicitan su colaboración para reforzar las medidas de seguridad, verbigracia el cambio de guardas de las cerraduras, asumiendo los gastos que ello implicara, lamentándose también por el insuceso y ofreciendo su colaboración en la investigación tendiente a la recuperación del material sustraído.
En el presente asunto, sostuvo el censor, las partes expresaron con claridad sus obligaciones en el contrato de
arrendamiento
. En efecto, en él se aludió al pago del servicio de celaduría, motivo por el cual, no existiendo duda acerca de la obligación contraída por parte de la arrendadora, el recurrente concluye que la demandada debe responder por lo sustraído. Afirmó también que prestar el servicio de vigilancia conlleva, previamente, tomar las precauciones debidas co

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

rarias a las obtenidas por éste, porque en tal evento ha de prevalecer, en principio, el juicio sacado por el ad quem, por venir protegido por la presunción de acierto. De no ser así, el recurso de casación no pasaría de ser una instancia más, y ello no encuentra respaldo en el derecho que regula dicho recurso” (G.J. T. CCXLIX. 2do. sem. 1997, pág. 801)
C. No obstante todo lo anterior, aún dejando de lado los anunciados defectos de técnica que, por sí solos, hacen imprósperas las acusaciones formuladas, éstas últimas tampoco están llamadas a tener éxito.
Efectivamente, dan cuenta los antecedentes que: a) la entidad demandada es propietaria del local No. 205, ubicado en el inmueble de la calle 71 No. 11-14 de esta ciudad, el que entregó en
arrendamiento
desde el 1o. de Septiembre de 1.976, a las ahora demandantes Carolina Salguero Caycedo y Diana Robayo Camacho; b) que dicha relación contractual continuó hasta su última prórroga que se efectuó mediante contrato celebrado el 1o. de Febrero de 1.982, cuyo documento contempla en una de sus cláusulas que, los “servicios de agua, energía eléctrica y celaduría” correrán de cuenta de la arrendadora, servicios que han sido contratados en favor de los arrendatarios con incidencia directa en la renta del
arrendamiento
(folio 6, cdno. No. 1) y, c) que entre los días 3 y 4 de febrero de 1.988, se presentó un hurto en el local arrendado, hecho que originó que las arrendatarias reclamaran judicialmente a la entidad arrendadora el resarcimiento de los daños y perjuicios por responsabilidad contractual, pretensiones que negó el Juez de primera instancia y confirmó el Tribunal concluyendo que el compromiso adquirido en el contrato de
arrendamiento
por la entidad demandada, esto es, por la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos, como arrendadora del local, fue el pago del servicio de celaduría, pero que, con ello, no estaba garantizando que los bienes de las arrendatarias no serían sustraídos del inmueble arrendado, y que tampoco se obligó a custodiar dichos bienes, razón por la que halló a la demandada ausente de responsabilidad.
Siendo así las cosas, la Corte no observa que se haya cometido error de apreciación, como quiera que le asiste razón al sentenciador cuando dice que el arrendador solamente se obligó a sufragar el pago de la celaduría o vigilancia, pues a su juicio la cláusula pertinente sólo expresa la obligación de sufragar los servicios públicos de agua y energía eléctrica, en la que se incluyó el costo del servicio de vigilancia, compromiso éste que no va más allá, puesto que fuera de contemplar su reconocimiento, realmente, nada más se dijo.
En efecto, este tipo de cláusulas es de aquellas que se denominan de vigilancia en favor del arrendatario o residente, donde, como ya se dejo precisado en la primera parte de las consideraciones de la providencia, el arrendador se compromete a sufragar el costo de la celaduría en favor del arrendatario, pero la responsabilidad que surja del incumplimiento de este negocio jurídico, ora total o parcial, sólo se pregona del titular del derecho (el arrendatario) y de la entidad o persona encargada de la vigilancia, según el caso. Además, el relato de los anteriores medios de prueba igualmente demuestra que su ejecución se acomoda al sentido dado por el Tribunal, porque ciertamente la entidad arrendadora, vale decir, la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos, realizó el pago del servicio de vigilancia.
Más aún, esta conclusión también guarda armonía con las reglas de orientación interpretativa, porque el Tribunal encontró en el contenido de la cláusula del contrato relacionada con el pago de los servicios, claro su sentido, cual es que el aducido compromiso de la vigilancia no iba más allá o excedía de su simple pago, lo mismo que sucede, según su propio texto, con los servicios de agua y energía eléctrica. De allí que no se observe error en esta tarea interpretativa, - menos de la envergadura exigida para la prosperidad del cargo que se cimenta en la comisión de un error de hecho -, circunstancia que corrobora la falta de legitimación pasiva para reclamarle a la demandada la responsabilidad aludida.
Ahora bien, como ya se anticipó, lo reseñado precedentemente relieva la inexistencia de un error evidente en la interpretación del contrato, porque se trata de un examen que, además de razonable, tiene respaldo en el acervo probatorio apreciado por el juzgador. Efectivamente, cuando el contrato, de un lado, dice que el pago de los servicios de agua, energía eléctrica y celaduría correrán por cuenta de la arrendadora y, del otro, señala que “los gastos de desinfección o de cualquier otra medida tendiente a restablecer la salubridad y seguridad del inmueble serán por cuenta de los arrendatarios”, permite inferir, razonablemente, que la obligación contraída por la entidad arrendadora respecto a la vigilancia, no iba más allá de su escueto pago, porque las medidas de seguridad, rectamente entendidas, seguían gobernándose con sujeción al contrato, a cargo de las arrendatarias.
Finalmente, como también se resaltó en otro aparte de este fallo, no puede colegirse otra cosa de lo que normalmente tiene lugar en el tráfico contractual contemporáneo, porque lo cotidiano, lo usual, lo que ordinariamente sucede, es que el arrendatario sea el obligado a la vigilancia y al cuidado de los bienes que mantiene en el inmueble arrendado. El pacto que imponga tan peculiar e intensa obligación al otro extremo de la relación arrendaticia, no por ello inválido, claro está, debe aparecer expresa y claramente reflejado en el contrato, vale decir, manifestada dicha voluntad de manera inequívoca, de suerte que no arroje la menor duda. Una cosa es comprometerse a pagar el servicio de vigilancia, como efectivamente lo hizo la entidad demandada, y otra muy diferente es responder por los perjuicios derivados de la sustracción de unos bienes supuestamente atribuible a la negligencia de los encargados del precitado servicio, prestación ésta divergente de aquella.
Por consiguiente se desestiman los cargos.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 7 de Diciembre de 1.993, en virtud de la cual culminó el proceso ordinario promovido por DIANA BEATRIZ MOLANO CAMACHO y CAROLINA SALGUERO CAYCEDO contra la CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES RELIGIOSOS, que se adelantó en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y que se falló por el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, conforme a lo dispuesto en el decreto 2651 de 1991.
Costas a cargo de la parte recurrente. Tásense.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
MANUEL ARDILA VELASQUEZ
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
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CIJJ. Exp. 5277

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia S- 10-12-1999 — Sentencia Sala de Casación Civil. 1999-12-10. C.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Rad. 5277. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2010-12-1999%20%5B5277%5D).
