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clave: "corte_suprema:providencia:S- 08-09-1950 [025]"
titulo: "Corte Suprema: no me consta en la forma como se expre​sa"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "1950-09-08"
radicado: "025"
numero: "S- 08-09-1950"
ponente: "Jose M. Blanco Nuñez"
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# Corte Suprema: no me consta en la forma como se expre​sa

- **Título oficial / radicado:** S- 08-09-1950 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 1950-09-08
- **Radicado:** 025
- **Número:** S- 08-09-1950
- **Ponente:** Jose M. Blanco Nuñez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2008-09-1950%20%5B025%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:S-%2008-09-1950%20%5B025%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8xOTUwL0RyLiBKb3NlIE0uIEJsYW5jbyBOdfFlei9TZW50ZW5jaWFzLzktIFNlcHRpZW1icmUvUy0gMDgtMDktMTk1MCAtIFswMjVdLmRvYw%3D%3D/Civil/arrendamiento

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 57 de 1887
- Ley 200 de 1936

## Extracto

Por tanto, en cuanto existan -y existen en este caso- determinadas disposiciones especiales que gobiernan esta clase de contratos, tales dis​posiciones tienen un valor prevalente sobre cualquiera otra norma legal relativa a tales contratos. Chuquín, al mismo tiempo que se opuso a la demanda de lanzamiento, por las razones que anteriormente había alegado, solicitó reposición del auto admisorio de la demanda por no ser competente el Juez Municipal de Anolai​ma para conocer de una demanda del mismo Mu​nicipio de Anolaima contra un particular, y des​pués promovió articulación para que se declara​ra nulo lo actuado por incompetencia de jurisdic​ción improrrogable en el Juzgado del conocimien​to, pero el Juez le negó ambas peticiones en au​tos de fechas de 27 de septiembre y 26 de no​viembre de 1941. 4° No es precisamente así como se enuncia en la demanda.

## Texto del documento

Sentencia C – SC – 025 de 1950
ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
CELEBRADO POR UN MUNICIPIO EN RELACIÓN CON UN PREDIO RUSTICO DE PROPIEDAD DEL MISMO.
1-Para la Sala no es dudoso ver que se está ante el caso especial de un contrato de
arrendamiento
de un predio rural de pro​piedad de una entidad de derecho público: el Municipio de Anolaima. Por tanto, en cuanto existan -y existen en este caso- determinadas disposiciones especiales que gobiernan esta clase de contratos, tales dis​posiciones tienen un valor prevalente sobre cualquiera otra norma legal relativa a tales contratos.
Sobre el particular el artículo 207 del C. de R. P. Y M. (Ley 4ª de 1913) dice así: " Todo
arrendamiento
de fincas municipa​les se hará en pública subasta, y podrá ce​lebrarse hasta por cinco años, prorrogables por cuatro más, cuando el arrendatario haya hecho mejoras considerables en la finca, y las deje a favor del común".
Se trata, pues, de una disposición legal que no sólo es de carácter sustantivo, sino de carácter especial y de orden público ad​ministrativo, por cuanto con miras a la me​jor defensa de los intereses de los munici​pios como entidades de derecho público, es​tablece determinados requisitos en su favor que no le es dable a sus representantes modificar, omitir, sustituir por otros, ni menos aún, renunciar.
La ley suprema de un contrato es la volun​tad de las partes, pero cuando no es la ley misma la que se opone a que ellas pacten contra determinadas condiciones o requisitos esenciales establecidos para la debida firme​za o validez del acto o contrato. En este caso que es el de autos, no puede aceptar la cor​te, como lo hizo el Tribunal, erróneamente desde el punto de vista de hecho y de de​recho, ninguna interpretación ni ninguna aplicación de las cláusulas del contrato de
arrendamiento
de que se trata, que no se ajusten estricta y preferentemente a las claras y expresas regulaciones del artículo 207 del C. de R. P. y M.
Al dar aplicación al artículo 2014 del C.C. con preferencia al citado artículo 207 del C. de R. P. y M., el Tribunal incurrió en expresa, evidente y directa violación de éste último y debe, en consecuencia, prosperar, porque es fundado, el cargo que por este as​pecto hace el recurrente a la sentencia que la Corte analiza, tanto más cuanto esta in​debida aplicación' del mencionado artículo 2014 del C. C. indujo al Tribunal a incurrir en manifiesto error de hecho y de derecho al atribuirle a una cláusula del contrato un alcance que no puede dársele en presencia de la especial y preferente disposición del artículo 207 del C. Político y Municipal.
2-No habiendo el legislador de 1913 incorporado en el artículo 207 del C. de R. P. Y M., para el caso de
arrendamiento
de predios rurales pertenecientes a Municipios, lo que sobre prórroga del contrato de
arrendamiento
y sobre desahucio establecen los artículos 2014 y 2043 del C. C., es inacep​table que ninguna circunstancia dependiente, de la mera voluntad de las partes, como, por ejemplo, el pago de cánones posteriores al vencimiento del plazo máximo autoriza​do o el consentir el arrendador en que el arrendatario continuara en el goce de la fin​ca, pueda derogar, modificar, remplazar o excluir aquellos requisitos que el legislador ha establecido como esenciales para el ma​yor beneficio de esas entidades de derecho público y para la mejor defensa de sus pa​trimonios. Quienes contratan con ellas, se presume que de antemano conocen las severas​ limitaciones y modalidades especiales a que quedan sujetos sus contratos tanto en su celebración como en sus efectos o conse​cuencias ulteriores.
La prórroga permitida por el artículo 207 del C. de R. P. y M. debe, por tanto, ser siempre expresa, mediante la demostración previa de que se han llenado por el arren​datario y por el arrendador los requisitos exigidos por este artículo, en las cláusulas del contrato relativas a esa prórroga. Y la cláusula establecida en el contrato de
arrendamiento
de " servir la vacante" después de la expiración del plazo señalado en el mis​mo contrato, no significa un derecho del arrendatario, consistente en gozar de una tá​cita prórroga o de un nuevo plazo, forzoso para el Municipio para no recobrar la te​nencia y libre disposición de la finca, tá​cita prórroga que el artículo 207 citado no permite ni en su letra ni en su espíritu. Tal cláusula implica sólo una obligación a cargo del arrendatario, aún sujeto al even​to del nuevo remate del
arrendamiento
, obli​gación consistente en continuar pagando los cánones del arriendo por la provisional te​nencia de la finca, mientras a un nuevo arrendatario no se haya hecho entrega de ella por el Municipio.
3-El hecho de que el arrendatario hubie​ra estado obligado a conocer cuando con​trató con el Municipio el
arrendamiento
de un predio rural perteneciente a éste, y tam​bién cuando compró a los estancieros las mejoras que éstos habían establecido en la hacienda, que no era posible la prórroga tá​cita del plazo del
arrendamiento
, por oponerse a esta presunción la disposición es​pecial y preferente del artículo 207 del C. de R. P. Y M., no significa, en concepto de la Corte, porque ello conduciría a un enri​quecimiento injusto por parte del Munici​pio, que éste tenga que quedarse gratuitamente con tales mejoras o con lo que és​tas valían el día de la restitución de la finca.
4-Entendió acertadamente el Juez del Circuito, al conocer de la apelación inter​puesta por una de las partes dentro del juicio de lanzamiento seguido por el munici​pio arrendador contra el arrendatario ante el Juez Municipal del lugar de ubicación del predio arrendado, que aunque se trataba del juicio especial de lanzamiento, era de aplicar al caso la articulación de nulidad regu​lada por el artículo 456 del C. J., por cuanto el Juez Municipal no podía conocer de ese juicio en el cual era parte como demandante el municipio arrendador de la finca.
5-No existiendo prórroga expresa del contrato de
arrendamiento
, ni siendo legal​mente posible la prórroga tácita en tratán​dose de
arrendamiento
de predios rústicos pertenecientes a los municipios, no acepta la Corte que si el arrendatario siguió por cualquier motivo en la tenencia de la cosa con posterioridad a la fecha en que expiró el término por el cual se pactó el arrenda​miento, deba hacerse el cálculo y avalúo de frutos pendientes de árboles y demás culti​vos hasta la fecha en que habría durado el contrato si se hubiera llevado a cabo una prórroga expresa o si hubiera sido legalmente posible la prórroga tácita, sino que ese cálculo y avalúo deben limitarse en cuanto a lo que a esto concierne, a las me​joras existentes el día en que por cualquier motivo tuvo lugar la restitución de la finca por parte del arrendatario, siempre que hu​bieran existido ese día y que las hubiera recibido el Municipio arrendador.
6-Aunque se aceptara, en gracia de dis​cusión, que la violación de un contrato no equivale al incumplimiento de éste, y que el lanzamiento de una persona no equivale a la expulsión de ésta del inmueble que ocupa, el cargo, además de infundado por este concepto, carece de efecto práctico y es también inoperante, pues la Corte reconoce que aunque irregular en la forma o procedimiento, no hubo por parte del Mu​nicipio ni violación ni incumplimiento del contrato de
arrendamiento
en cuanto a ha​ber obtenido la entrega de su finca, por cuanto el plazo de ese contrato estaba ya vencido cuando el Municipio arrendador so​licitó y obtuvo la entrega de la dicha finca, vencido ya el tiempo determinado en el con​trato que celebró con el arrendatario, sin que conste que éste hubiera hecho nada para que, por medio de la expresa prórroga pre​vista en el mismo contrato, se hubiese pues​to fin a la situación de inestabilidad en que lo colocaba la obligación que contrajo de servir la vacante mientras no se hubiera ve​rificado un nuevo remate del arrendamien​to, remate que podía ocurrir en cualquier momento desde luego que no se limitó tiem​po para efectuarlo.
REFERENCIA:
GACETA JUDICIAL Nº 2087 y 2088
PROCEDENCIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
PETICIONARIO:
El Municipio de Anolaima e Irenio Chuquín.
MAGISTRADO PONENTE:
JOSÉ M. BLANCO NÚÑEZ
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci​vil
Bogotá, septiembre ocho de mil novecien​tos cincuenta.
I-ANTECEDENTES.
Son antecedentes del presente negocio, los de que dan cuenta los siguientes pedimentos, fun​damentos y hechos de la demanda promovida por Irenio Chuquín contra el Municipio de Anolaima:
Pedimentos
"1° A pagar a Irenio Chuquín todos los per​juicios, previstos o imprevistos, comprensivos de lucro cesante y daño emergente, que le causó con la violación del contrato de
arrendamiento
de la hacienda de " Tocarema " que consta en la es​critura número 156 de la Notaría de Anolaima, de fecha 22 de mayo de 1932, renovado tácitamente por quinita vez en mayo de 1941, y con el lan​zamiento de esa finca el 3 de febrero de 1942, perjuicios cuyo valor será fijado en la sentencia o en el procedimiento establecido por el artículo 553 del C. J.
"2° A pagar a Irenio Chuquín el valor de las mejoras puestas en a misma hacienda y compra​das por éste a terceros según relación expresada en el hecho décimo octavo, y el valor de los frutos de esas mejoras que Chuquín hubiera po​dido percibir con mediana inteligencia y activi​dad, si las hubiera tenido en su poder, desde el 3 de febrero de 1942 hasta el pago de las mejoras, valores que se fijarán en el fallo o en el pro​cedimiento de ejecución de la condena.
Fundamentos
"La causa de esta demanda se halla en los he​chos expuestos y como fundamentos de derecho invoco los artículos 63, 1494, 1602, 1603, 1609, 1612 a 1616, 1982, 1987, 2014, 2043, del Código Civil, 8° de la Ley 57 de 1887, 21 a 23 de la Ley 200 de 1936, 109, 152, 179, 196, 232, 734 a 739, 312 a 315 del Código Judicial, 145, 234 del Código Po​lítico y Municipal y las demás disposiciones con​cordantes de los mismos códigos y leyes adicio​nales y reformatorias".
Hechos
Como hechos de tal demanda, expuso los si​guientes dicho señor Chuquín:
"' Primero. Previa licitación pública en que se le adjudicó el negocio conforme a un pliego de cargos, y con aprobación del Concejo Municipal, Irenio Chuquín tomó en
arrendamiento
al Municipio de Anolaima, por la escritura pública nú​mero 156 de 22 de mayo de 1932, de la Notaría de Anolaima, el predio rural denominado "Toca​rema" de 156 hectáreas y 2.880 metros cuadrados de superficie, situado en jurisdicción de ese Mu​nicipio y alinderado como lo expresa esa escri​tura, con una plantación de 60.000 cafetos en pro​ducción, con árboles frutales, con edificios, má​quinas y herramientas para el beneficio del café.
" Segundo. El plazo del
arrendamiento
fue de cinco años contados desde el 20 de mayo de 1932, prorrogables por cuatro años en ciertas condicio​nes de que hablan las cláusulas tercera y undé​cima.
" Tercero. El precio del
arrendamiento
fue el de ochocientos seis pesos ($ 806.00) anuales, pa​gaderos en la Tesorería Municipal por mensua​lidades vencidas, de sesenta y siete pesos con diez y seis centavos ($ 67.16) cada una.
" Cuarto. Los arrendatarios que tenían estancias en "Tocarema", quedaron por cuenta de Chuquín, a quien se prohibió, en la parte final de la cláu​sula séptima, enajenar a terceros mejoras de las que él hiciera en la hacienda, "salvo las que sean de propiedad de los arrendatarios".
" Quinto. Vencido el plazo del arriendo, Chuquín debía servir la vacante, en las mismas con​diciones del contrato, mientras se verificaba nue​vo remate del
arrendamiento
de "Tocarema"'. (Cláusulas sexta y undécima).
"Sexto. A la expiración de los cinco años del contrato Chuquín siguió con el goce de la finca y pagó puntualmente en la Tesorería Municipal la renta correspondiente a los años que vencieron el 20 de mayo de cada uno de los años de 1938, 1939, 1940 Y 1941, así como pagó puntualmente las mensualidades vencidas del 20 de mayo de 1941 a enero de 1942 inclusive, correspondien​tes a la renta del año que vencía el 20 de mayo de 1942.
"Séptimo. Después del 20 de mayo de cada uno de los años de 1937, 1938, 1939, 1940 Y 1941, el
arrendamiento
se renovó tácitamente cinco veces, cada una por un año que era el tiempo necesario para que el arrendatario utilizara las labo​res principiadas y cogiera los frutos pendientes, como el café, las frutas, otras plantaciones y los pastos, pues en la finca arrendada la cosecha de café llamada mitaca no se verifica sino en los meses de octubre, noviembre y diciembre la cosecha grande no se empieza a coger sino en el mes de febrero y continúa la recolección en los meses de marzo, abril y mayo y aun parte de junio. Así, pues, en agosto y septiembre de 1941 estaba re​novado tácitamente el
arrendamiento
por quinta vez y por un año cuyo vencimiento era el 20 de mayo de 1942.
"Octavo. Con posterioridad al vencimiento de los cinco, años del
arrendamiento
, el Municipio de Anolaima nunca sacó a licitación pública el
arr

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

que el Mu​nicipio deba pagar a Chuquín como valor de las mejoras que este señor compró a los estancieros;
4° Aunque la Corte, según ya se expuso, reco​noce que fue irregular en su forma, aunque no en su oportunidad, el lanzamiento que se llevó a cabo contra Chuquín, considera que la poste​rior inspección ocular efectuada en el terreno por el Juez del Circuito de Facatativá, contradice la afirmación del apoderado del Municipio, con respecto a que no consta que se hubieran hallado en la hacienda y en buen estado de producción y cultivo, ciento cincuenta mil árboles de café y otros árboles frutales porque los peritos no los hubieran contado uno a uno.
En consecuencia de todo lo dicho, se rechaza por infundado este cargo del recurrente , como ya se dijo antes.
VI
Segunda causal. La hace consistir el recurren​te en que, según lo afirma, no está la sentencia en consonancia con las pretensiones oportuna​mente deducidas por los litigantes, por cuanto, según lo afirma también, en síntesis, el deman​dante Chuquín pide que el Municipio sea conde​nado a indemnizarlo por haberlo lanzado de la finca, hecho generador del perjuicio según el demandante, que descartó el Tribunal en su sen​tencia, el cual habla de incumplimiento del con​trato, lo que en sentir del recurrente "constitu​ye un hecho jurídico distinto al de la violación" y porque condenó a pagar perjuicios sin antes declarar la violación del contrato por el medio indicado por el demandante, o sea, por haberse llevado a cabo el lanzamiento", terminando por acusar también de ultra petita el fallo, por cuan​to éste incluye entre las bases para fijar el valor de los perjuicios, que la producción de la ha​cienda anualmente ascendía a 270 cargas de café e igualmente por haberse excedido el Tribunal al determinar que el valor de las mejoras que debe pagar el Municipio debe ser el que tenían el día del lanzamiento y no el que rezan los documentos de compras.
Se considera:
Aunque se aceptara, en gracia de discusión, que la violación de un contrato no equivale al incum​plimiento de éste, y que el lanzamiento de una persona no equivale a la expulsión de ésta del inmueble que ocupa, el cargo, además de infun​dado por este concepto, carece de efecto prác​tico y es también inoperante, pues la Corte re​conoce que aunque irregular en la forma o procedimiento, no hubo por parte del Municipio ni violación ni incumplimiento del contrato de arren​damiento en cuanto a haber obtenido la entre​ga de su finca, por cuanto el plazo de ese contrato estaba ya vencido cuando el Municipio so​licitó y obtuvo la entrega de la hacienda Toca​rema, vencidos ya los cinco años determinados en el contrato que con Chuquín celebró, sin que conste que éste hubiera hecho nada para que, por medio de la expresa prórroga prevista, se hubiese puesto fin a la situación de inestabilidad en que lo colocaba la obligación que contrajo de servir la vacante mientras no se hubiera verifi​cado un nuevo remate del
arrendamiento
, re​mate que, como ya queda dicho, podía ocurrir en cualquier momento, desde luego que no se limitó tiempo para efectuarlo.
Por el aspecto que se deja analizado, la Corte declara infundado el cargo del recurrente, según ya se expresó arriba.
VII
La demanda de reconvención
Después de dejar ya extensamente examina​das y resueltas las diversas cuestiones a que se refieren el recurso de casación del recurrente, las del opositor -representante del demandante Irenio Chuquín- y las de la sentencia materia del recurso, es poco lo que ahora tiene que expre​sar la Corte en relación con la demanda de re​convención promovida por el Municipio de Anolaima contra Chuquín, dada la intima relación que guardan entre si las varias cuestiones que constituyen la presente controversia y a las cua​les se refieren esas piezas del proceso.
Ya se dijo en otra parte de la presente sen​tencia, que en la inspección ocular practicada en Tocarema el 12 de marzo de 1942 con asistencia del Personero de Anolaima, fue calculada la existencia en esa finca de 150.000 árboles de ca​fé en buen estado de producción y cultivo y que Chuquín entregó lo que debía restituir. Sobre el particular, la Corte se remite a lo que ya expre​só en la V parte de este fallo titulada " Mejoras ", lo mismo que en lo relativo a todas las mejo​ras que Chuquín hubiera comprado a los estan​cieros o subarrendatarios. Por tanto, se niega que Chuquín hubiese entregado una cantidad de ca​fetos en mal estado o en menor número del que debía entregar al vencimiento del plazo del con​trato o que hubiera dejado de entregar lo que debía; y se niega también que el Municipio no esté obligado a pagar a este señor las mejoras que Chuquín hubiere comprado a los estancie​ros, pues no consta que él hubiese subarrendado el terreno aumentando el número de aquellos es​tancieros de quienes se hizo cargo.
No consta tampoco que Chuquín se hubiese va​lido de ningún medio irregular para impedir las licitaciones que del
arrendamiento
de Tocarema trató de hacer el Municipio de Anolaima, y por consiguiente, no hay lugar a condenarlo a indem​nizar por este concepto a dicho Municipio.
Por cuanto queda expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administran​do justicia en nombre de la República de Co​lombia y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia de fecha quince de junio de mil novecientos cuarenta y ocho, del Tribunal Su​perior del Distrito Judicial de Bogotá, y refor​mando la de primera instancia, falla este pleito así:
Primero- Niégase que el Municipio de Anolai​ma, al pedir y obtener la entrega de su finca " Tocarema ", a la cual se refiere el contrato de
arrendamiento
que había celebrado con Irenio Chuquín, haya violado este contrato. Por consi​guiente, absuélvese a dicho Municipio de pagar los perjuicios que Irenio Chuquín exige en el punto primero de los pedimentos de su demanda;
Segundo- Condénase al Municipio de Anolai​ma a pagar a Irenio Chuquín el precio de todas las mejoras que existían en Tocarema, compra​das por dicho señor a los estancieros de dicha hacienda, precio que debe ser el que tales mejo​ras hubieren tenido el tres de febrero de mil no​vecientos cuarenta y dos (1942). El precio de ta​les mejoras será fijado por peritos con arreglo a las bases señaladas en la parte V motiva del presente fallo, puntos 1° y 2°, y con arreglo al procedimiento determinado en el articulo 553 del Código de Procedimiento Civil. No se condena al Municipio al pago de las demás mejoras, esto es, de las que él mismo puso en la finca.
Tercero- Absuélvese a Irenio Chuquín de los cargos y peticiones formulados contra él en la demanda de reconvención que le promovió el Municipio de Anolaima en el presente juicio.
Sin costas, por no ser el caso de condenar en ellas.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase.
Pedro Castillo Pineda-José M. Blanco Núñez. Alberto Holguín Lloreda-Pablo Emilio Manotas. Arturo Silva Rebolledo-Manuel José Vargas. Pedro León Rincón, Secretario en propiedad.

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia S- 08-09-1950 — Sentencia Sala de Casación Civil. 1950-09-08. C.P. Jose M. Blanco Nuñez. Rad. 025. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:S-%2008-09-1950%20%5B025%5D).
