---
clave: "consejo_estado:providencia:88001233300020190002001-66102-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-08"
radicado: "88001233300020190002001"
numero: "66102"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:88001233300020190002001-66102-sentencia"
---

# Consejo de Estado: se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-08
- **Radicado:** 88001233300020190002001
- **Número interno:** 66102
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** MAURICIO JOSE RODRIGUEZ COTUA, FERNANDO LEON DIAZ CARDONA, UNION TEMPORAL I.E. FLOWERS HILL
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:88001233300020190002001-66102-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/88001233300020190002001/95A6D78754A0264817073999CD3B655DFDF555A9F3AB5BE63299B88CFD8510D2/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=880012333000201900020011100103

## Problema jurídico

¿Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales en las que incurrieron los ex gobernadores del departamento demandado, en la celebración de dicho negocio jurídico?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Tiene valor probatorio el preacuerdo suscrito entre el ex gobernador del departamento y la Fiscalía General de la Nación?
- ¿Los preacuerdos suscritos por los ex gobernadores del departamento demandado y la Fiscalía, contaron con respaldo probatorio y gozan de validez al haber sido aprobados por el juez…
- ¿El reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas dentro de un contrato que posteriormente es declarado nulo por objeto o causa ilícita…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, art. 44 núm. 3
- Ley 84 de 1873, art. 1743

## Extracto

Las sentencias condenatorias sirven de plena prueba de lo que en ellas se decidió, esto es, que tanto la señora… como el señor… al celebrar el contrato… y sus adicionales no se guiaron por los fines que se procuran satisfacer a través de la contratación estatal, defraudando el patrimonio público.

## Síntesis temática

El contrato estatal y sus adicionales se encuentran viciados de nulidad absoluta por causa ilícita y desviación o abuso de poder cuando su celebración no obedece a los fines esenciales de la contratación estatal sino a conductas contrarias a la legalidad que defraudan el patrimonio público, conforme al artículo 1743 del Código Civil y el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Para acreditar fehacientemente tales irregularidades, las sentencias penales condenatorias y los preacuerdos celebrados con la fiscalía general de la nación ofrecen suficiencia probatoria sobre los hechos relevantes y la responsabilidad penal de los intervinientes, sin que ello signifique una renuncia al poder punitivo por parte del Estado ni afecte el control judicial sobre la validez del negocio jurídico.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, CAUSA ILÍCITA, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER, OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL EXGOBERNADOR, RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, SENTENCIA PENAL CONDENATORIA, CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, COHECHO PROPIO, CONTRATO ADICIONAL ESTATAL, CONTRATACIÓN ILEGAL, UNIÓN TEMPORAL, PREACUERDOS, ADJUDICACIÓN ILEGAL DEL CONTRATO ESTATAL, TRANSPARENCIA PÚBLICA, APLICACIÓN DE LOS PREACUERDOS, OBJETO DE LOS PREACUERDOS, FINALIDAD DE LOS PREACUERDOS, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, PROCESO PENAL, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL, ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LABOR INVESTIGATIVA, JUSTICIA CONSENSUAL, RECOLECCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, ACEPTACIÓN DE CARGOS, PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN PODER PUNITIVO, CONTROL POR PARTE DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO, APROBACIÓN JUDICIAL DEL PREACUERDO, ACEPTACIÓN DEL PREACUERDO, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, REDUCCIÓN DE LA PENA POR SENTENCIA ANTICIPADA, AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÚBLICO, INCREMENTO DEL PATRIMONIO NO JUSTIFICADO DEL SERVIDOR PÚBLICO, REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO, PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, GARANTÍAS A LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL, VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, RESTITUCIONES MUTUAS, NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS, PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS, CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, DESAPARECIMIENTO DEL FUNDAMENTO JURÍDICO, EFECTOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, PAGO AL CONTRATISTA, ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO, PERJUICIOS POR OBRA DE INTERÉS PÚBLICO, INEXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, ILEGALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, UTILIZACIÓN DE DINERO EN PROVECHO PROPIO, PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA, IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS, IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR, INDEBIDO PROVECHO PATRIMONIAL, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL, INDEBIDA DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL, NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL, CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL, PLURALIDAD DE DEMANDANTES

## Guías prácticas relacionadas

- [Liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion.md): Qué hacer para cerrar un contrato y cuándo la liquidación queda firme.
- [Terminación unilateral](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/terminacion-unilateral.md): Cuándo puede la entidad terminar el contrato por sí misma y cómo se diferencia de la caducidad.
- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.
- [Adición y prórroga del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/adicion-prorroga.md): Hasta dónde puede modificarse un contrato en valor y plazo, y por qué vía.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Medio de control de controversias contractuales: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020180069302-69655-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233300020120017302-59965-sentencia.md)
- [Tribunal Administrativo de Cundinamarca — El artículo 83 de la Constitución Política impone a los particulares y a las autoridades el deber de ajustar sus actuaciones a la buena fe, la cual no solo se presume, sino que constituye un mandato objetivo de conducta.](https://adjudicalo.com.co/documento/tribunal_administrativo:providencia:25000233600020190090400-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:66001233100020090001601-59357-sentencia.md)

## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSA ILÍCITA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL EXGOBERNADOR / RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA / CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO / INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS / COHECHO PROPIO / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / CONTRATACIÓN ILEGAL / UNIÓN TEMPORAL / PREACUERDOS / ADJUDICACIÓN ILEGAL DEL CONTRATO ESTATAL / TRANSPARENCIA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales en las que incurrieron los ex gobernadores del departamento demandado, en la celebración de dicho negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as sentencias condenatorias sirven de plena prueba de lo que en ellas se decidió, esto es, que tanto la señora (…) como el señor (…) al celebrar el contrato (…) y sus adicionales no se guiaron por los fines que se procuran satisfacer a través de la contratación estatal, defraudando el patrimonio público. Ahora, es cierto que el contenido del acuerdo celebrado entre los mencionados ex - gobernadores y la Fiscalía General de la Nación, así como las sentencias que con base en ellos se profirieron sólo dan cuenta de su responsabilidad penal, no así de la de los integrantes de la UT en la comisión de un delito; sin embargo, debe distinguirse que el análisis que acá se aborda no versa en torno a un reproche de carácter punitivo respecto de aquéllos, sino que de lo que se trata es de determinar si el motivo que condujo a la celebración del contrato y sus adicionales fue contrario a la ley y si, por tanto, se encuentran viciados de nulidad por causa ilícita (art. 1743, Código Civil) y desviación o abuso de poder (art. 44, núm. 3, Ley 80 de 1993), de lo cual dan cuenta, con suficiencia, el análisis de las sentencias condenatorias y de los preacuerdos, en la medida que ponen en evidencia que la suscripción de dichos negocios jurídicos no obedeció al fin que corresponde a la contratación estatal, sino que a través suyo lo que se pretendió fue cumplir un pacto contrario a la ley que se había concertado con el objeto de que quienes entonces fungían como gobernadores, pudieran devolver los recursos que recibieron para su campañas electorales con los dineros públicos de la contratación, de los cuales se beneficiarían al recibir un 10% de aquéllos. (…) [L]as pruebas que obran en el proceso no solo permiten constatar que en la celebración del contrato No. 1190 de 2013 se configuraron las causales de nulidad de causa ilícita y desviación de poder a las que aludió el Tribual, sino también la de objeto ilícito, por cuanto se demostró que la entonces gobernadora (…) dio trámite a la adjudicación y posterior celebración de ese negocio jurídico sin observar los requisitos legales esenciales contemplados en la normativa aplicable, al manipular los procedimientos de selección para favorecer con la adjudicación, no al mejor proponente como imperativamente lo señala la ley, sino a quienes la apoyaron económicamente durante su campaña política, todo ello como parte de un actuar deliberado de quien, en lugar de atender los mandatos de probidad, rectitud y transparencia en la actividad contractual del Estado, exhibió una conducta reprochable, que hizo parte de una multiplicidad de actos de corrupción.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las causales de nulidad del contrato administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2007, rad. 28010, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1743
APLICACIÓN DE LOS PREACUERDOS / OBJETO DE LOS PREACUERDOS / FINALIDAD DE LOS PREACUERDOS / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PROCESO PENAL / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / LABOR INVESTIGATIVA / JUSTICIA CONSENSUAL / RECOLECCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / ACEPTACIÓN DE CARGOS / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN PODER PUNITIVO / CONTROL POR PARTE DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO / APROBACIÓN JUDICIAL DEL PREACUERDO
Problema jurídico:
¿Tiene valor probatorio el preacuerdo suscrito entre el ex gobernador del departamento y la Fiscalía General de la Nación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en ese acápite no se relacionó dicho preacuerdo, lo cierto es que la
defensa de la entidad pública se sustentó en ese documento, al que hizo alusión
expresa para explicar las razones de su oposición y que adjuntó con la
contestación, con la indicación específica de que servía de base para que “se
comprendan las circunstancias fácticas que rodearon los hechos expuestos”. (...) Frente a los cuestionamientos del valor probatorio del preacuerdo, es pertinente poner de presente lo siguiente: A través del mismo el sujeto compareciente reconoce su responsabilidad en la comisión de uno o varios tipos penales mediando su renuncia al juicio con el fin de que se dicte sentencia anticipada, a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo, sin que ello signifique una renuncia al poder punitivo por parte del Estado. (…) [A]un cuando es cierto que el preacuerdo que celebró el señor (...) con la Fiscalía General de la Nación no supone que se haya surtido la fase de contradicción de las pruebas que soportaban la existencia de las conductas por cuya comisión aceptó responsabilidad, ello no significa que los hechos relevantes en los que se basó carezcan de mérito probatorio, de manera que el contenido de tal documento ofrece serias razones para considerar que en la celebración del contrato No. 1190 de 2013 y sus adicionales se presentaron circunstancias contrarias a la legalidad con proyección sobre su validez.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio del preacuerdo, ver: Corte Constitucional, sentencia SU 479 de 2019, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado; sentencia C 372 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 15 de noviembre de 2018, AP4947-2019, M. P. Fernando Alberto Castro Caballero.
FUENTE FORMAL:
LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 350 INCISO 1
ACEPTACIÓN DEL PREACUERDO / APROBACIÓN JUDICIAL DEL PREACUERDO / RESPONSABILIDAD PENAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DEL EXGOBERNADOR / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / REDUCCIÓN DE LA PENA POR SENTENCIA ANTICIPADA / AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÚBLICO / INCREMENTO DEL PATRIMONIO NO JUSTIFICADO DEL SERVIDOR PÚBLICO / REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / GARANTÍAS A LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL / VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / CONTROL POR PARTE DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO
Problema jurídico:
¿Los preacuerdos suscritos por los ex gobernadores del departamento demandado y la Fiscalía, contaron con respaldo probatorio y gozan de validez al haber sido aprobados por el juez, quien posteriormente profirió sentencia penal anticipada?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el preacuerdo del 22 de mayo de 2019, celebrado entre el señor (…) -ex gobernador del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- y la Fiscalía General de la Nación, el primero de los referidos aceptó la comisión de múltiples punibles durante el ejercicio del mencionado cargo de elección popular. (…) Lo tocante al contrato que dio origen al sub examine, fue incluido en el hecho uno (1) de la negociación (…). Sobre la base de tal reconocimiento, en el preacuerdo se concertó la rebaja de la pena privativa de la libertad -la cual se calculó, en atención al delito más grave por monto y naturaleza de la sanción-, más el reintegro del incremento patrimonial de que trata el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 (…). La gravedad de los hechos de los que da cuenta el preacuerdo y el posible compromiso que representaron para el patrimonio público, impusieron a la Sala la necesidad de ratificar tales circunstancias (…). En este punto, es pertinente mencionar que el preacuerdo que celebra el procesado con la Fiscalía pasa por la aprobación o convalidación del juez, quien, si bien no efectúa un control pleno e ilimitado sobre aquél, sí debe verificar que no desconozca o trasgreda límites constitucionales y legales ni las garantías fundamentales de las partes intervinientes. En este ejercicio debe examinar, entre otras cosas, que los hechos en los que se sustente la negociación tengan respaldo en elementos materiales probatorios, evidencia e información recopilada por el ente acusador. Avalado el acuerdo en esos términos, el juez dicta sentencia anticipada, escenario en el que, aunque no se trata de un juicio igual al que acontece cuando el fallo se emite en desarrollo de la etapa de juicio oral, puede emitir un fallo condenatorio basado en el respaldo demostrativo suficiente que lo soporte.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aprobación de los preacuerdos penales por el juez, ver: Corte Constitucional, sentencia SU 479 de 2019; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 26 de septiembre de 2018, SP4191-2018, M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
FUENTE FORMAL:
LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 349
RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS / PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DESAPARECIMIENTO DEL FUNDAMENTO JURÍDICO / REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / EFECTOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO AL CONTRATISTA / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / PERJUICIOS POR OBRA DE INTERÉS PÚBLICO / INEXISTENCIA DE ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / ILEGALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / UTILIZACIÓN DE DINERO EN PROVECHO PROPIO / PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA
Problema jurídico:
¿El reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas dentro de un contrato que posteriormente es declarado nulo por objeto o causa ilícita, será procedente sólo cuando se pruebe un beneficio para la entidad contratante dirigido a la satisfacción del interés público?
Respuesta al problema jurídico: Si
La nulidad absoluta de un acuerdo negocial, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la expedición del acto o contrato declarado nulo y, por lo mismo, cada una de las partes está en el deber de devolver a la otra aquello que ha recibido como prestación durante la vigencia del acto contractual, tal como lo dispone el artículo 1746 del C.C. (…) En este orden de ideas, la declaración de nulidad no impide el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas, haciendo especial énfasis que en los casos de nulidad por objeto o causa ilícita solo será procedente cuando se pruebe un beneficio para la entidad contratante. De modo que, si el interés público no se ha satisfecho en alguna medida, no habrá lugar a algún reconocimiento o pago. La Sala estima pertinente precisar que el beneficio al que se refiere el citado artículo 48 de la Ley 80 de 1993 no supone el reconocimiento de una utilidad a favor del contratista, esencialmente, por dos razones, una porque la utilidad parte de la existencia y validez de la fuente que la habría de generar. Como la nulidad supone retrotraer las cosas al estado anterior al momento de la celebración del contrato, no podría sostenerse que al hacerse el ejercicio de las restituciones mutuas deba incluirse en ellas la utilidad que se habría podido derivar de la ejecución misma del contrato, en la medida que éste ha sido retirado del ordenamiento jurídico; la otra, porque, aun si se pasara por alto lo anterior, si se constatara que el contratista ha obrado a sabiendas de la ilicitud , reconocer ese concepto supondría validar y amparar jurídicamente una conducta que es contraria a los postulados del principio de buena fe, según el cual, nadie puede sacar provecho de su propio dolo o culpa.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746
IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR / PERJUICIOS POR OBRA DE INTERÉS PÚBLICO / UTILIZACIÓN DE DINERO EN PROVECHO PROPIO / INDEBIDO PROVECHO PATRIMONIAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL / INDEBIDA DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / UNIÓN TEMPORAL
Problema jurídico:
¿La falta de certeza sobre el monto de los recursos que habrían sido verdaderamente invertidos en la ejecución del contrato, hace improcedente el reconocimiento de las restituciones mutuas solicitadas por la unión temporal contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a evidencia indica que los recursos destinados a las obras se desviaron, de manera que no hay certeza del monto de recursos que verdaderamente habrían financiado las obras, quedando en entredicho la real y cabal ejecución de estas. Pese a que el entramado criminal que halló acreditado la justicia penal da
cuenta de que no todos los recursos serían invertidos en el objeto pactado –al punto de que el ex gobernador, como parte del preacuerdo se comprometió a devolver al erario público $5.077’239.894–, las actas, de manera contraevidente, reflejan un escenario diferente, lo que genera serias dudas respecto de la veracidad y precisión de su contenido e impide que se tomen como prueba suficiente del beneficio que habría recibido la entidad por concepto del desarrollo de esos negocios jurídicos, en la medida que no existe ninguna otra prueba en el plenario que conduzca a corroborar lo consignado en esos documentos. (…) En este orden de ideas y al advertir que los medios documentales no muestran con completa evidencia la forma en que fueron utilizados los recursos del contrato, no existe la certeza sobre el beneficio que la entidad habría recibido con motivo de su inversión en el objeto comprometido y, por lo mismo, tampoco del monto del supuesto beneficio, si es que lo hubo. Al no existir prueba que demuestre con certeza el monto de los recursos que habrían sido verdaderamente invertidos en la ejecución del contrato y sus adicionales y tampoco de que las obras que se habrían realizado cumplieran con las condiciones para las cuales fueron contratadas, la Sala debe colegir que, aún si se estimara que los integrantes de la UT no obraron a sabiendas de la ilicitud, no sería posible restituirles valor alguno, en la medida que la información que reposa en el acta de recibo final de obra y su anexo no ofrece el grado de convicción que se requiere para ello, por las razones ya anotadas.
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN TEMPORAL / CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL / PLURALIDAD DE DEMANDANTES
Problema jurídico:
¿La condena en costas a favor de la unión temporal se hará en función del porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la figura asociativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala advierte que condenará a la parte actora a pagar las costas de la segunda instancia, bajo el concepto de agencias en derecho, por el monto de tres (3) SMLMV. La Sala advierte que, si bien la UT tiene capacidad para comparecer al proceso, lo cierto es que se trata de una figura asociativa que no constituye una persona jurídica diferente a la de sus integrantes, por lo cual es posible concluir que la parte actora está integrada de forma plural, en la medida que sus miembros serían los reales beneficiarios de la eventual prosperidad de las pretensiones que se perseguía con la demanda, por lo cual se estima que resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 365 del Código General del Proceso que señala que “Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos”. Así las cosas y dado que las pretensiones se formularon de manera general a favor de la UT, la condena en costas se hará en función del porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la figura asociativa (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-04-08. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 88001233300020190002001. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:88001233300020190002001-66102-sentencia).
