---
clave: "consejo_estado:providencia:85001233300020150031901-61245-salvamento-voto"
titulo: "Salvamento de voto: el juez no puede indagar con ánimo inquisitorial la configuración de vicios invalidantes del negocio jurídico"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-12-09"
radicado: "85001233300020150031901"
numero: "61245"
ponente: "MARÍA ADRIANA MARÍN"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233300020150031901-61245-salvamento-voto"
---

# Salvamento de voto: el juez no puede indagar con ánimo inquisitorial la configuración de vicios invalidantes del negocio jurídico

- **Título oficial / radicado:** Salvamento voto — Salvamento de voto
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-12-09
- **Radicado:** 85001233300020150031901
- **Número interno:** 61245
- **Ponente:** MARÍA ADRIANA MARÍN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** DEPARTAMENTO DE CASANARE Y OTRO
- **Demandado:** 2C INGENIEROS S.A., INVERMOHOES S.A.S, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, CONSORCIO I.E. 2011
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233300020150031901-61245-salvamento-voto
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/85001233300020150031901/F70015D55186732E01A6559F17335E4147345643EC9FC76F74BABB5A6C920279/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000201500319011100103

## Problema jurídico

¿Debe el juez declarar la nulidad del contrato estatal cuando se prueba que su objeto implica funciones concurrentes prohibidas por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, esto es, dos interventores diferentes con las mismas funciones?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿El contrato 909 de 2011 celebrado entre el ente territorial y el Consorcio I.E. 2011 debía calificarse como contrato de interventoría y no como contrato de prestación de servicios de apoyo a la…

## Extracto

No comparto la decisión adoptada por la Sala mayoritaria, que revocó la declaratoria de incumplimiento del Consorcio I.E. 2011 y confirmó la liquidación del contrato 909 de 2011. Considero que debió revocarse integralmente la sentencia para declarar de oficio la nulidad del contrato y efectuar el pronunciamiento respectivo sobre las restituciones mutuas.… Parto por indicar que la potestad de declarar oficiosamente la nulidad del contrato estatal, inspirada en la protección del principio de legalidad, no debe ejercerse de forma indiscriminada ni ligera. El juez no puede indagar con ánimo inquisitorial la configuración de vicios invalidantes del negocio jurídico.

## Descriptores temáticos

SALVAMENTO DE VOTO, DEBERES DEL JUEZ, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INTERVENTORÍA, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, OBJETO ILÍCITO, OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTOR, FUNCIÓN DEL INTERVENTOR, RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, CLASES DE CONTRATO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, TIPOLOGÍA DE CONTRATO, CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CADUCIDAD DEL CONTRATO

## Guías prácticas relacionadas

- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Supervisión e interventoría](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/supervision-interventoria.md): Cuál de las dos figuras corresponde, cuándo la interventoría es obligatoria y quién responde.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.
- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:54001233300020170063301-66396-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no puede el ad quem, volver sobre temas no discutidos del fallo impugnado que son aceptados por el recurrente](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233100220090094201-60628-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — La declaratoria de nulidad constituye un deber para el juez cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, según las voces del artículo 1742 del Código Civil.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020150083201-71992-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Medio de control de controversias contractuales: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020180069302-69655-sentencia.md)

## Texto del documento

SALVAMENTO DE VOTO / DEBERES DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERVENTORÍA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / SUPERVISOR DEL CONTRATO / INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Problema jurídico:
¿Debe el juez declarar la nulidad del contrato estatal cuando se prueba que su objeto implica funciones concurrentes prohibidas por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, esto es, dos interventores diferentes con las mismas funciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
No comparto la decisión adoptada por la Sala mayoritaria, que revocó la declaratoria de incumplimiento del Consorcio I.E. 2011 y confirmó la liquidación del contrato 909 de 2011. Considero que debió revocarse integralmente la sentencia para declarar de oficio la nulidad del contrato y efectuar el pronunciamiento respectivo sobre las restituciones mutuas. (...) Parto por indicar que la potestad de declarar oficiosamente la nulidad del contrato estatal, inspirada en la protección del principio de legalidad, no debe ejercerse de forma indiscriminada ni ligera. El juez no puede indagar con ánimo inquisitorial la configuración de vicios invalidantes del negocio jurídico. El uso de esta facultad debe atemperarse a otros principios jurídicos, como el de conservación del contrato estatal, porque en su objeto está involucrada la satisfacción de intereses generales y el cumplimiento de cometidos estatales. Así, para declarar su nulidad, debe verificarse que la causal “aparezca de manifiesto en el acto o contrato” (C.C., art. 1742) y que esté plenamente demostrada en el proceso con los elementos de juicio disponibles (CPACA, art. 141). Ante estos supuestos, se impone al juez declarar la nulidad. (...) Como lo indiqué en la Sala, considero que en este caso los requisitos antes referidos estaban presentes. Las partes del contrato 909 de 2011 comparecieron al proceso. Además, las pruebas del expediente ponían de manifiesto una causal de nulidad: el objeto ilícito. A continuación, justifico esta apreciación. (...) Los contratos estatales son nulos en los casos previstos en el derecho común (Ley 80 de 1993, art. 44). Según la legislación civil, hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación (C.C., art. 1519). El contrato 909 de 2011 violó una norma de derecho imperativo: el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (...) La celebración del contrato 909 de 2011 violó el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, pues el seguimiento del contrato de interventoría 150 de 2011 estaba reservado a la supervisión de la entidad estatal y no podía ser objeto de otra interventoría. Adicionalmente, el Consorcio I.E. 2011, “interventor del interventor”, asumió funciones de seguimiento al cumplimiento del contrato principal de obra. Esta gestión antieconómica no solo implicó duplicar costos a la entidad, pues también conllevó el desconocimiento de la regla general según la cual no serán concurrentes en relación con un mismo contrato las funciones de supervisión e interventoría y, con mayor razón, las de dos interventores diferentes con las mismas funciones.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1519, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1742, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44
SALVAMENTO DE VOTO / CLASES DE CONTRATO / INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TIPOLOGÍA DE CONTRATO / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El contrato 909 de 2011 celebrado entre el ente territorial y el Consorcio I.E. 2011 debía calificarse como contrato de interventoría y no como contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
El negocio jurídico celebrado entre el ente territorial y el Consorcio I.E. 2011 no es como lo calificó la Sala mayoritaria (párr. 20) un contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión: es otro contrato de interventoría. Se trata, valga la redundancia, de un contrato de interventoría que tenía por objeto el seguimiento de otro contrato de interventoría (150 de 2011), el cual, a su vez, tenía por objeto el seguimiento técnico de las obras de construcción y mejoramiento de infraestructura educativa departamental. (...) El contrato de interventoría es un instrumento con el que cuentan las entidades estatales para cumplir el deber de ejercer el control y la vigilancia de la ejecución del contrato (Ley 80 de 1993, art. 14). La externalización de esta función se justifica cuando requiere conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del contrato lo imponen. Así, frente a determinada clase de contratos, como el de obra pública derivado de una licitación, la Ley ordena la contratación del interventor (Ley 80 de 1993, art. 32.1). Los conocimientos técnicos especializados que posee el interventor y que son necesarios para garantizar el seguimiento de otro contrato estatal explican por qué la Ley previó un proceso especial para su selección objetiva: el concurso de méritos (Ley 1150 de 2007, art. 2.3). Este presenta una particularidad frente a otras modalidades: los criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo no son solo requisitos habilitantes, sino que pueden utilizarse como factores de calificación (Ley 1150 de 2007, art. 5.4). (...) Los elementos de juicio relacionados con la formación y el contenido del contrato 909 de 2011 eran suficientemente claros para calificarlo como un contrato de interventoría, y no simplemente como un contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría 150 de 2011. En primer lugar, la entidad departamental exigió que el contratista contara con un equipo de trabajo altamente especializado para vigilar el cumplimiento de la interventoría de obra. Como se deduce de lo expuesto en la sentencia (párr. 44), se exigió vincular a las labores de seguimiento un equipo de ingenieros civiles, arquitectos, abogados e inspectores con experiencia específica “en planeación y ejecución de interventoría (nivel de asesor) de proyectos de infraestructura educativa” y con dedicación horaria plena, “dentro del cual deberá atender todas las labores correspondientes a la interventoría de las labores (sic) contratadas”. (...) En segundo lugar, la descripción de las obligaciones asumidas por el Consorcio I.E. 2011 revela con claridad que su objeto era el seguimiento propio de un interventor. Los compromisos enumerados por la Sala mayoritaria (párr. 19) muestran, además, la duplicidad de funciones entre el interventor de la obra y “el interventor del interventor”. Según la cláusula segunda del contrato, el demandante debía “Acatar lo dispuesto en la resolución departamental 256 del 17 de mayo de 2004, por el (sic) cual se adopta en el Departamento de Casanare el manual de interventoría” y “Verificar que el contratista constructor utilice los materiales con las especificaciones y certificaciones de acuerdo con los estándares de calidad”. Estas obligaciones —expresadas en el tenor literal del contrato— corresponden a funciones técnicas de control y verificación propias de una interventoría, no a labores auxiliares de apoyo a la supervisión. (...) En tercer lugar, el precio del contrato 909 de 2011 es un elemento adicional que refuerza la conclusión de que su objeto no era un simple servicio de apoyo a la supervisión de otro contrato de interventoría. La entidad asumió la obligación de pagar honorarios por $1.403’247.360 como contraprestación de los servicios prestados durante doce meses. Esta suma es significativamente mayor a la remuneración que devengan los servidores públicos titulares de la función de supervisión, a quienes, según el criterio de la Sala mayoritaria, el Consorcio I.E. 2011 simplemente se limitó a “apoyar en su función de supervisión”. La magnitud del precio pactado responde a que remuneraba factores propios de un interventor: los costos asociados al personal altamente especializado que integraba el equipo de trabajo exigido por el departamento de Casanare. (...) En definitiva, el acuerdo celebrado entre el ente territorial y el Consorcio I.E. 2011 no es un contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión: es otro contrato de interventoría. Por lo tanto, no resultaba accidental ni fortuito que, como lo reconoció la Sala mayoritaria, no se hubiera contratado directamente, sino que se hubiera convocado un concurso de méritos regido por un pliego de condiciones que contempló exigencias propias de los servicios demandados a un interventor (párr. 44). (...) Como fundamento para calificar el contrato como uno de prestación de servicios de apoyo a la supervisión, la Sala mayoritaria citó informes elaborados por el supervisor del contrato 909 de 2011, en los que se indicó que el Consorcio I.E. 2011 hizo requerimientos al interventor de la obra (párrs. 20 a 22). Asimismo, señaló que los informes mensuales elaborados por el consorcio se dirigieron a la entidad territorial (párr. 23). (...) Estimo que estos razonamientos son insuficientes para justificar esa conclusión. La labor de calificación del contrato se basa en la determinación de la naturaleza de las obligaciones que surgen de él, así como en otros criterios, como las calidades de las partes. La sentencia no explicó por qué, a pesar de que el Consorcio I.E. 2011 se obligó a “acatar lo dispuesto en la resolución departamental 256 del 17 de mayo de 2004, por el (sic) cual se adopta en el Departamento de Casanare el manual de interventoría” y a “Verificar que el contratista constructor utilice los materiales con las especificaciones y certificaciones de acuerdo con los estándares de calidad”, el contrato era un simple apoyo a la supervisión. Tampoco se justificó por qué se adoptaba esta calificación si la entidad estatal exigió a la estructura plural que supuestamente se limitaba a apoyar la supervisión —función que no requiere conocimientos especializados— poner a disposición personal altamente calificado con la experiencia específica exigida en el pliego de condiciones del proceso de contratación del consultor. (...) Tampoco considero atendible el argumento de que “en el contrato n.° 909 se pactó la caducidad del contrato y las cláusulas excepcionales reguladas en los artículos 14 a 17 de la Ley 80 de 1993, las cuales son prohibidas en los contratos de consultoría, pero potestativas en los contratos de prestación de servicios”. Es cierto que, si se celebra un contrato de consultoría, está prohibida la inclusión de facultades excepcionales al derecho común. Lo que no es cierto es que, si se pactan tales cláusulas, el contrato no pueda calificarse como tal, sino como uno de prestación de servicios. Este razonamiento constituye una afirmación del consecuente: parte de la premisa según la cual, si el contrato es de consultoría o interventoría, entonces no puede contener cláusulas excepcionales, y concluye inválidamente que, como en el contrato se incluyeron tales cláusulas, entonces no podía ser de consultoría. (...) En conclusión, estimo que la Sala debió declarar oficiosamente la nulidad del contrato 909 de 2011 por haber violado el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. En consecuencia, no procedía pronunciarse sobre el incumplimiento del negocio ni sobre su liquidación, sino efectuar dicha declaración y definir las restituciones mutuas a cargo de los contratantes (C.C., art. 1746). En los anteriores términos dejo consignado mi salvamento parcial de voto frente a lo decidido por la Subsección A de la Sección Tercera en sentencia del 25 de noviembre de 2025.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 4, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1746, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Salvamento voto — Salvamento de voto. 2025-12-09. C.P. MARÍA ADRIANA MARÍN. Rad. 85001233300020150031901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:85001233300020150031901-61245-salvamento-voto).
