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clave: "consejo_estado:providencia:76001233300720170164401-74212-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: lo planteado en segunda instancia no constituye un mero desarrollo argumentativo de los cargos originalmente formulados"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-08-10"
radicado: "76001233300720170164401"
numero: "74212"
ponente: "FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ"
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# Consejo de Estado: lo planteado en segunda instancia no constituye un mero desarrollo argumentativo de los cargos originalmente formulados

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-08-10
- **Radicado:** 76001233300720170164401
- **Número interno:** 74212
- **Ponente:** FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** Controversias contractuales
- **Actor:** VÍAS DE CALI S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
- **Demandado:** MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300720170164401-74212-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233300720170164401/568D10329DB2BB80F1B0CEE6265232D60AD02F88C5A652D012B776EDF75BF4FF/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333007201701644011100103

## Problema jurídico

¿Desbordó la parte apelante los límites del recurso de apelación al introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, modificando con ello la causa petendi y desconociendo el principio de congruencia y el derecho al debido proceso?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿Se acreditó la nulidad del otrosí n.° 1 del contrato de concesión por haber modificado la destinación de los recursos de la subcuenta de gestión predial y el esquema de asignación de riesgos…
- ¿Se encontraba ajustada a derecho la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, al haberse acreditado un incumplimiento grave y directamente relacionado con el objeto contractual que…
- ¿Se respetaron el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad…

## Extracto

La Sala ha reconocido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión de primer grado, por lo cual, en principio, los aspectos diversos a los planteados por el recurrente deben excluirse del debate ante el superior. En adición a lo anterior, son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho fundamental al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones planteadas en la contestación, con lo que se busca “impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio”.

## Síntesis temática

El contratista no puede introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, ya que esto modifica la causa petendi y viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia se limita a los aspectos esgrimidos en contra de la decisión de primer grado, y que las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles. En consecuencia, cualquier argumento nuevo que no guardó relación con el litigio tal como fue fijado por el juez de primera instancia no puede ser abordado en segunda instancia. Esta regla reitera y confirma precedentes anteriores sobre el marco de competencia del juez en segunda instancia y la importancia del principio de congruencia en el proceso de contratación estatal, lo que implica que las partes deben presentar todos los argumentos y pretensiones en primera instancia para evitar la improcedencia de nuevos cargos en segunda instancia.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, RECURSO DE APELACIÓN, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA, MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD, NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, OTROSÍ AL CONTRATO, DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, NORMA PRESUPUESTAL, NORMATIVA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO, INTEGRACIÓN PREDIAL, RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL, OBLIGACIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CARGA DE LA PRUEBA, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RIESGO CONTRACTUAL, DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL, CADUCIDAD DEL CONTRATO, CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL, NORMA DE ORDEN PÚBLICO, ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO, LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA, LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, TRÁMITE ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO, OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, CONTRATO DE CONCESIÓN, PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ALCANCE DEL DERECHO A LA PRUEBA, IMPROCEDENCIA DEL DECRETO DE LA PRUEBA, PERTINENCIA DE LA PRUEBA, CONDUCENCIA DE LA PRUEBA, PRUEBA PERICIAL, NOTIFICACIÓN, IMPROCEDENCIA DEL DICTAMEN PERICIAL, CAPACIDAD ECONÓMICA, DEBERES DEL CONTRATISTA, ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ, IMPERTINENCIA DE LA PRUEBA, IMPERTINENCIA DEL PERITAJE, INCONDUCENCIA DE LA PRUEBA, PRÉSTAMO A SOCIOS EN DINERO, CITACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NOTIFICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, BANCO, ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, FACULTADES DEL BANCO, ACREENCIA BANCARIA, ENTIDAD FINANCIERA, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, FALLO EXTRA PETITA, NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, TASACIÓN DE PERJUICIOS, INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, REMISIÓN DE EXPEDIENTE, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, NUEVO PROCESO JUDICIAL, ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, ACUMULACIÓN DE PROCESOS, ACTIVIDAD ASEGURADORA, ENTIDAD ASEGURADORA, PRETENSIONES DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, COPIA DE LA SENTENCIA, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
Problema jurídico:
¿Desbordó la parte apelante los límites del recurso de apelación al introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, modificando con ello la causa petendi y desconociendo el principio de congruencia y el derecho al debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala ha reconocido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión de primer grado, por lo cual, en principio, los aspectos diversos a los planteados por el recurrente deben excluirse del debate ante el superior. En adición a lo anterior, son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho fundamental al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones planteadas en la contestación, con lo que se busca “impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio”. En este punto, es preciso recordar que el proceso de la referencia fue promovido por Vías de Cali para que, de forma principal: (i) se anulen las resoluciones que declararon la caducidad del contrato de concesión; (ii) se invalide el otrosí n° 1; (iii) se declare que la contratante incumplió el acuerdo de voluntades; y (iv) se ordene a la entidad territorial el reintegro del valor de la cláusula penal que se hizo efectiva. De forma subsidiaria, solicitó que: (i) se declare que el concesionario ejecutó el 95% del objeto contractual y (ii) se reduzca la cláusula penal pecuniaria teniendo en cuenta dicho porcentaje. Como fundamentos de derecho, el extremo activo sostuvo que los actos acusados adolecen de falsa motivación y fueron expedidos con violación del debido proceso (…). Sin embargo, e[l] (…) último grupo de aspectos no guardan relación con el litigio, en la forma como fue fijado por el a quo, no fueron esgrimidos en el escrito introductorio, no hicieron parte del debate procesal en primera instancia y, en consecuencia, no pueden ser abordados en este foro. No se desconoce que durante el proceso se aludió a la situación financiera del proyecto, a la subcuenta predial o a la suficiencia de los recursos municipales. Sin embargo, tales circunstancias fueron expuestas como antecedentes fácticos del negocio y no como un reproche autónomo dirigido a demostrar la ilegalidad de los actos de caducidad y de imposición de la cláusula penal. En consecuencia, lo planteado en segunda instancia no constituye un mero desarrollo argumentativo de los cargos originalmente formulados, sino la introducción de una nueva línea de censura que modifica el objeto del debate y desborda el marco de congruencia fijado por la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 12 de julio de 2024, exp. 70692, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Corte Constitucional, sentencia SU 061 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / OTROSÍ AL CONTRATO / DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NORMA PRESUPUESTAL / NORMATIVA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO / INTEGRACIÓN PREDIAL / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RIESGO CONTRACTUAL / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Se acreditó la nulidad del otrosí n.° 1 del contrato de concesión por haber modificado la destinación de los recursos de la subcuenta de gestión predial y el esquema de asignación de riesgos contractuales, con la demostración de la vulneración de normas presupuestales o la configuración de algún vicio que afectara la validez del acuerdo modificatorio celebrado por las partes?
Respuesta al problema jurídico: No
En la fundamentación del primer cargo de la alzada, la demandante insistió en que el otrosí n° 1 está viciado de nulidad por alterar la destinación de los recursos asociados a la subcuenta de gestión predial, así como el esquema de asignación de riesgos del contrato, y arguyó que dicho modificatorio no comportó una simple adecuación operativa del contrato. En el caso concreto, el instrumento en comento fue celebrado por las partes el 22 de diciembre de 2011 para modificar la cláusula 15.3.1 del contrato, denominada “Suficiencia de la subcuenta de Predios”. (…) Esta Subsección ha explicado que no solo el contrato inicialmente celebrado entre la entidad y el contratista, sino también los acuerdos posteriores son expresión genuina de autonomía negocial para regular aspectos de la ejecución del pacto, para facilitar su cumplimiento, precisar el objeto, ampliar el plazo, desistir de ciertas reclamaciones o adoptar decisiones transaccionales. Lo anterior, como lo ha entendido la Sección Tercera en sede de unificación, implica que los contratos estatales deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, de manera que obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o de lo que por ley pertenecen a ella, conforme lo prevén los artículos 1603 CC y 871 del Código de Comercio. Este imperativo, como fuente de derechos y obligaciones, solo puede verse desestimado, además del mutuo disenso o la rescisión por lesión enorme, por la anulación del respectivo acto jurídico bilateral, bajo las causales taxativamente previstas para ello en el ordenamiento jurídico. De cara a lo anterior, debe recordarse, conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que los contratos estatales y sus modificatorios son absolutamente nulos, además de los casos previstos en el derecho común, cuando: (i) se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; (ii) contra expresa prohibición constitucional o legal; (iii) con abuso o desviación de poder; (iv) se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y (v) se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 del EGCAP. Sin embargo, en los términos de los artículos 141 del CPACA, 45 de la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código Civil, la invalidación judicial de aquellos acuerdos, incluso si no media pretensión anulatoria, está sujeta a la plena demostración del vicio que erosiona su legalidad, además de la intervención en el proceso de las partes o sus causahabientes, conforme a lo reglado por los artículos 45 de la Ley 80 de 1993, 1742 del Código Civil y 141 del CPACA. Así, en el caso concreto, de un lado, la demanda se limitó a afirmar de forma genérica la violación de “normas de orden presupuestal” con el otrosí n° 1, sin especificar cuáles disposiciones fueron transgredidas, cómo o por qué lo fueron, ni qué causal de nulidad se configuró con su suscripción, lo que impide efectuar un control de legalidad del instrumento contractual, lo que también sucede de cara al reproche frente a los documentos precontractuales (esto es, los pliegos de condiciones y los estudios previos, cuya supuesta vulneración no se explicó). Del otro, al margen de esa omisión argumentativa, la Sala no encuentra acreditado que en la celebración del acuerdo modificatorio cuestionado en el sub lite se hubiese presentado vicio alguno que permita invalidarlo de forma oficiosa. (…) En consecuencia, el primer problema propuesto en el itinerario, y el correspondiente cargo de la alzada esgrimido por la parte demandante, obtienen respuesta negativa: el a quo no desacertó al resolver que el otrosí nº 1 se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, y que no se acreditó que los recursos del negocio hubiesen tenido un uso diferente al cumplimiento de las obligaciones adquiridas allí.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la modificación de los contratos estatales, el principio de autonomía negocial y la procedencia de su nulidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2024, exp. 68406, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 11 de julio de 2025, exp. 71312, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 24 de abril de 2013, exp. 23042, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 62250, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 1 de noviembre de 2023, exp. 55939, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1603, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742
CADUCIDAD DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / TRÁMITE ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO / INTEGRACIÓN PREDIAL / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
Problema jurídico:
¿Se encontraba ajustada a derecho la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, al haberse acreditado un incumplimiento grave y directamente relacionado con el objeto contractual que condujo a la paralización de las obras e impedía la culminación integral del proyecto, sin que el concesionario demostrara que dicho incumplimiento fuera atribuible a la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Corporación ha precisado que, en materia contractual, la dirección y control en la celebración y ejecución del contrato que detenta la administración se desarrolla, entre otras -y cuando a ello haya lugar-, a través del ejercicio de las cláusulas excepcionales al derecho común -enunciadas en los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993-, fundamentadas en el interés general que persigue satisfacer. En cuanto atañe a la caducidad, (…) tal declaratoria conduce a: (i) dar por terminado el vínculo, sin que haya lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre; (iii) exigir las garantías por configuración del siniestro del incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; y (v) configura para el contratista la inhabilidad para celebrar contratos con entidades públicas durante 5 años. Aunado a ello, la jurisprud

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

l de los instrumentos contractuales demandados, porque ello no fue solicitado por el extremo censor en su petitum subsidiario. (…) Ahora bien, en punto de la proporcionalidad de la cláusula penal, (…) esta Sección ha efectuado algunas precisiones en torno de la cláusula penal, señalando que se trata del cálculo anticipado de los perjuicios que para la entidad se derivan del incumplimiento del contratista. (…) Esta Corporación también ha reconocido que la señalada reducción proporcional es viable incluso cuando las partes no la pactaron así en la cláusula penal, en aplicación del principio proporcionalidad y del criterio de la equidad (…). La Sala acogerá este cargo de la apelación (…) que exigen a quien impugna judicialmente el monto de la cláusula penal aplicada, acreditar en el proceso que los perjuicios irrogados fueron superiores o inferiores a ella, según se trate, pues en el caso concreto ese ejercicio demostrativo no fue desplegado por quien soportaba la carga de la prueba: el concesionario. Esa inactividad probatoria impide la aplicación de un criterio de equidad para la regulación del monto de la penalidad (…). La Sala no puede extraer (…) que dicha estipulación dé plena e inequívoca cuenta del avance de ejecución de la totalidad de las prestaciones que componían al acuerdo debatido, pues (…) su objeto abarcaba componentes adicionales al de construcción de obras (…). En consecuencia, no se acreditó en el proceso que el porcentaje de ejecución negocial hubiese sido superior al consignado en el acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, de manera que la Sala encuentra que: (i) no hay mérito para acceder en esta instancia a la reducción del monto de la cláusula penal pactada, como fue reclamado por el concesionario; y (ii) le asistió razón a la entidad territorial en su reproche al fallo impugnado, pues el Tribunal no podía modificar la tasación anticipada de perjuicios aplicada por la contratante a falta de prueba en torno al porcentaje de ejecución del objeto contractual -no solo de las obras-. En ese orden de ideas, (…) no fue ajustada a derecho la aplicación de la proporcionalidad para reducir el monto de la cláusula penal, al no haberse demostrado del porcentaje de cumplimiento del objeto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los límites del pronunciamiento del juez, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 26 de octubre de 2017, exp. 2458-15, C.P. César Palomino Cortés. Sobre el alcance de la cláusula penal pecuniaria y la facultad de la Administración para ordenar su efectividad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de noviembre de 2019, exp. 36600, C.P. María Adriana Marín; Sección Tercera, sentencia del 13 septiembre de 1999, exp. 10264, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 28 de noviembre de 2019, exp. 36600, C.P. María Adriana Marín; auto del 4 de noviembre de 2004, exp. 24275, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 67522, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187
REMISIÓN DE EXPEDIENTE / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NUEVO PROCESO JUDICIAL / ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / ACTIVIDAD ASEGURADORA / ENTIDAD ASEGURADORA / PRETENSIONES DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COPIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Debe remitirse copia de la decisión adoptada en el presente proceso a otro trámite judicial en el que se pretende la nulidad de los mismos actos administrativos, en consideración a la relación existente entre los objetos de ambas controversias?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a entidad territorial informó, en su apelación, que la liquidación del acuerdo de voluntades que aquí se debate “se ventila dentro del proceso con radicado No. 76001233300020230072200, producto de la anulación del laudo arbitral y que, debió ser acumulado y conocido en este mismo proceso”. Aunque ese punto de derecho no guarda relación -ni incidencia- en la presente controversia, al realizar la consulta sobre esa actuación en el aplicativo SAMAI, se advirtió que en esta Corporación cursa otro proceso, radicado bajo el número 76001233300620180021701 (73705), promovido por AXA Colpatria Seguros S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. en contra del distrito de Santiago de Cali (con la vinculación de Vías de Cali S.A.S.), en el que se persigue la nulidad de los mismos actos administrativos que aquí se cuestionan. Por consiguiente, en la medida que el objeto del presente litigio guarda relación con lo debatido en aquél, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección, se remita copia de la presente decisión, una vez ejecutoriada, al proceso con radicado 76001233300620180021701 (73705), que cursa en la Subsección B de esta Corporación.
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, a las partes cuyos recursos de apelación resultaron desfavorables, por encontrarse acreditada su causación con la intervención del apoderado judicial de la contraparte?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en el artículo 365 del CGP, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen. Así, la Subsección condenará en costas de segunda instancia al demandante, a Axa y a Mapfre, pues, según lo dispuesto en el artículo 365, numerales 3 y 8 del CGP, los argumentos de sus recursos resultaron imprósperos, al tiempo que los de la entidad territorial salieron avante. Las costas de segunda instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen, según lo previsto en el artículo 366 del CGP. Respecto de las agencias en derecho, la parte demandada ejerció su defensa a través de la designación de apoderado judicial, quien intervino en esta instancia, situación suficiente para entenderlas causadas. Así, por ese concepto, en los términos del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, se fijará la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta sentencia, dividido en partes iguales entre Vías de Cali S.A.S., AXA Colpatria Seguros S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., en favor del distrito de Santiago de Cali.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-08-10. C.P. FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ. Rad. 76001233300720170164401. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300720170164401-74212-sentencia).
