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clave: "consejo_estado:providencia:76001233300020240056302-73873-auto-interlocutorio"
titulo: "Consejo de Estado: el juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-12-18"
radicado: "76001233300020240056302"
numero: "73873"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020240056302-73873-auto-interlocutorio"
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# Consejo de Estado: el juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente

- **Título oficial / radicado:** Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-12-18
- **Radicado:** 76001233300020240056302
- **Número interno:** 73873
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** GRUPO PORTUARIO S.A.
- **Demandado:** AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020240056302-73873-auto-interlocutorio
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233300020240056302/CD4B0C1B28423C2A60CC3CA7815CB700C8DF978A6968C3AAF7F7C1F9088538C2/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000202400563021100103

## Problema jurídico

¿El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del CGP y 213 del CPACA (Ley 1564 de 2012)?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

DECRETA

## Puntos clave

- ¿Puede ampliarse la medida cautelar solicitada cuando aún no está claro el alcance del Contrato de Concesión No. 002 de 2005…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 213
- Ley 1564 de 2012, art. 169

## Extracto

De la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas. En la medida en que el Estado, a través de la administración de justicia, persigue como finalidad esencial no sólo el esclarecimiento de la verdad, sino también la efectividad de los derechos de las personas, el ordenamiento jurídico ha dotado al juez de mecanismos y herramientas procesales destinados a garantizar que la verdad procesal coincida con la verdad real. Con tal propósito, el sistema jurídico ha consagrado la figura procesal de la prueba oficiosa, entendida como aquella que el juez decreta y practica no a instancia de parte, sino por considerarla conducente, pertinente y útil a la verificación de los hechos.

## Síntesis temática

El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del Código General del Proceso y 213 del Código Procesal Administrativo y Contencioso (Ley 1564 de 2012), ya que esta facultad busca garantizar la efectividad de los derechos de las personas y la veracidad de los hechos enjuiciados. El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un deber legal que implica adoptar medidas necesarias para fallar con suficiente conocimiento de causa y un material probatorio completo, en la búsqueda de la justicia, la seguridad jurídica y la equidad. Sin embargo, esta potestad no debe utilizarse para suplir la negligencia o el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes, sino para aclarar oscuridades en la controversia y evitar que la falta de actividad judicial comprometa la justicia material. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que el juez debe decretar pruebas de oficio solo cuando surja la necesidad de aclarar hechos relevantes y existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material.

## Descriptores temáticos

PRUEBA DE OFICIO, CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO, DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO, NORMATIVA DE LA PRUEBA DE OFICIO, PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FACULTADES DEL JUEZ, DEBERES DEL CONJUEZ, DEBERES DEL JUEZ, CARGA DE LA PRUEBA, DEBER DE IMPARCIALIDAD, PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA MATERIAL, PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL, CONDUCENCIA DE LA PRUEBA, DIFERENCIA ENTRE CONDUCENCIA DE LA PRUEBA Y PERTINENCIA DE LA PRUEBA, PERTINENCIA DE LA PRUEBA, UTILIDAD DE LA PRUEBA, MOTIVACIÓN DE PROVIDENCIA JUDICIAL, PRINCIPIO DISPOSITIVO, NORMA PROBATORIA, NEGLIGENCIA, DEBIDO PROCESO, DERECHO SUSTANCIAL, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO DE EQUIDAD, TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, FINALIDAD DEL PROCESO JUDICIAL, MEDIDA CAUTELAR, ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR, AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR, AUTO QUE NIEGA MEDIDA CAUTELAR, APELACIÓN DEL AUTO, PRINCIPIO FUMUS BONI IURIS, PRINCIPIO PERICULUM IN MORA, PROPORCIONALIDAD, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, PRINCIPIO DE DERECHO DE DEFENSA, CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA, PARTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA, CONTRATO DE CONCESIÓN, OPERACIÓN PORTUARIA, MUELLE, CONCESIÓN, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EFECTOS DEL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, FACULTADES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SUSPENSIÓN PROVISIONAL, PROCESO ARBITRAL, ARBITRAJE, CENTRO DE ARBITRAJE, CÁMARA DE COMERCIO, NECESIDAD DE LA PRUEBA DE OFICIO, PRÁCTICA DE PRUEBA DE OFICIO, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO, INSUFICIENCIA PROBATORIA, DESCONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, EFECTOS DE LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, EXPEDIENTE, REMISIÓN DE EXPEDIENTE, CONCEPTO TÉCNICO

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## Texto del documento

PRUEBA DE OFICIO / CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / NORMATIVA DE LA PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ / DEBERES DEL CONJUEZ / DEBERES DEL JUEZ / CARGA DE LA PRUEBA / DEBER DE IMPARCIALIDAD / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / DERECHO A LA VERDAD / JUSTICIA MATERIAL / PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / DIFERENCIA ENTRE CONDUCENCIA DE LA PRUEBA Y PERTINENCIA DE LA PRUEBA / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / UTILIDAD DE LA PRUEBA / MOTIVACIÓN DE PROVIDENCIA JUDICIAL / PRINCIPIO DISPOSITIVO / NORMA PROBATORIA / NEGLIGENCIA / DEBIDO PROCESO / DERECHO SUSTANCIAL / ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE EQUIDAD / TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / FINALIDAD DEL PROCESO JUDICIAL
Problema jurídico:
¿El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del CGP y 213 del CPACA (Ley 1564 de 2012)?
Respuesta al problema jurídico: Si
De la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas. En la medida en que el Estado, a través de la administración de justicia, persigue como finalidad esencial no sólo el esclarecimiento de la verdad, sino también la efectividad de los derechos de las personas, el ordenamiento jurídico ha dotado al juez de mecanismos y herramientas procesales destinados a garantizar que la verdad procesal coincida con la verdad real. Con tal propósito, el sistema jurídico ha consagrado la figura procesal de la prueba oficiosa, entendida como aquella que el juez decreta y practica no a instancia de parte, sino por considerarla conducente, pertinente y útil a la verificación de los hechos. A partir de las normas citadas, [artículo 169 del Código General del Proceso, artículo 213 del CPACA y Ley 1564 de 2012], es dable concluir que el decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un verdadero deber legal del que emana la obligación de adoptar las medidas necesarias para poder fallar con suficiente conocimiento de causa y con un material probatorio completo, en la búsqueda de la genuina realización de los valores del derecho, en especial la justicia, la seguridad jurídica y la equidad16. Lo anterior, sin que ello implique que dicho poder se utilice para suplir la negligencia o el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes. Tal potestad no debe entenderse como una inclinación indebida de la balanza de la justicia para alguno de los litigantes, sino como “un compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del proceso”. Es decir, la prueba de oficio encuentra su razón de ser en la certidumbre del operador jurídico respecto de los hechos que, a pesar de estar insinuados a través de otras pruebas, no han ofrecido el grado de convicción requerido. En suma, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional el decreto oficioso de pruebas, no es una atribución o facultad potestativa del juez sino un verdadero deber legal, siempre que a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer: (i) surja en el operador jurídico la necesidad de aclarar oscuridades en la controversia; (ii) la ley le marque un claro derrotero a seguir o; (iii) existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material. Lo anterior, cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la negligencia o mala fe de las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al decreto oficioso de pruebas es un deber legal del que emana la obligación de adoptar las medidas necesarias para poder fallar con suficiente conocimiento de causa y con un material probatorio completo, en la búsqueda de la genuina realización de los valores del derecho, en especial la justicia, la seguridad jurídica y la equidad, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-807 de 2002, Sentencia SU-768 de 2014, Sentencia C-666 de 1996, Sentencias T-264 de 2009 y C-159 de 2007. Sobre la prueba de oficio que encuentra su razón de ser en la certidumbre del operador jurídico respecto de los hechos que, a pesar de estar insinuados a través de otras pruebas, no han ofrecido el grado de convicción requerido, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-T-599 de 2009, subregla formulada originalmente por la sentencia T-264 de 2009 para el procedimiento civil y posteriormente fue aplicada a las controversias Contencioso Administrativas por el fallo T-950 de 2011.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 213, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 169
MEDIDA CAUTELAR / ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE NIEGA MEDIDA CAUTELAR / APELACIÓN DEL AUTO / PRINCIPIO FUMUS BONI IURIS / PRINCIPIO PERICULUM IN MORA / PROPORCIONALIDAD / DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / PRINCIPIO DE DERECHO DE DEFENSA / CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA / PARTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA / CONTRATO DE CONCESIÓN / OPERACIÓN PORTUARIA / MUELLE / CONCESIÓN / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / FACULTADES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA / SUSPENSIÓN PROVISIONAL / PROCESO ARBITRAL / ARBITRAJE / CENTRO DE ARBITRAJE / CÁMARA DE COMERCIO / PRUEBA DE OFICIO / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / NECESIDAD DE LA PRUEBA DE OFICIO / PRÁCTICA DE PRUEBA DE OFICIO / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / DIFERENCIA ENTRE CONDUCENCIA DE LA PRUEBA Y PERTINENCIA DE LA PRUEBA / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / UTILIDAD DE LA PRUEBA / INSUFICIENCIA PROBATORIA / TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / DESCONOCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS / EFECTOS DE LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS / EXPEDIENTE / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / CONCEPTO TÉCNICO
Problema jurídico:
¿Puede ampliarse la medida cautelar solicitada cuando aún no está claro el alcance del Contrato de Concesión No. 002 de 2005, su posible relación con el Contrato No. 018 de 1997 y la incidencia del proceso arbitral No. 156828, circunstancias que requieren decretar pruebas de oficio antes de decidir el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: No
En el caso objeto de estudio, mediante providencia del 14 de julio de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el auto del 13 de diciembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se decretó la suspensión provisional de las Resoluciones 20243000000135 del 5 de enero de 2024 y 20243030002515 del 14 de marzo de la misma anualidad, expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Ahora bien, en esta oportunidad la parte demandante solicita “una ampliación de la medida cautelar” con el objeto de que se profieran nuevas órdenes consistentes en: i) preservar el statu quo del contrato de concesión No. 002 de 2005 y ii) prohibir a la entidad demandada adoptar decisiones o adelantar actuaciones que puedan implicar la terminación del negocio jurídico. En el trámite de dicha solicitud, la sociedad actora puso de presente que en el proceso arbitral identificado bajo el radicado No. 156828 que se surte ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Tribunal Arbitral decidió mantener la vigencia del Contrato de Concesión Portuaria No. 018 de 1997 respecto del lote denominado “El Vacío” (...) En este contexto, el despacho advierte la existencia de un punto de incertidumbre que es necesario dilucidar previo a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto del 31 de octubre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, consistente en determinar el alcance de la denominada “Unidad de Operación Portuaria” a cargo del concesionario, así como la identificación precisa de las áreas comprendidas en el contrato de concesión No. 002 de 2005, cuya prórroga fue autorizada mediante la Resolución 20233030018615 de 23 de diciembre de 2023. En particular, es necesario esclarecer si las áreas objeto de dicho contrato coinciden, se superponen o guardan una relación funcional con áreas vinculadas a otros contratos de concesión celebrados entre las mismas partes, circunstancia que incide directamente en la valoración de las medidas cautelares solicitadas. De igual manera, esta judicatura considera necesario decretar pruebas de oficio para determinar cuáles son las pretensiones y objeto del proceso arbitral identificado bajo el No. 156828, a fin de establecer su incidencia en el presente trámite de apelación de medidas cautelares. (...) Adicionalmente, revisado el auto previamente mencionado del Tribunal Arbitral, se observa que existe una conexión fáctica y contractual entre el contrato de concesión portuaria No. 018 de 1997 y el contrato de concesión No. 002 de 2005, objeto de este proceso, en la medida en que en el primero de los contratos señalados se estableció una previsión de terminación por mutuo acuerdo si el Grupo Portuario no lograba demostrar la incorporación y disponibilidad del área correspondiente al “Muelle 13” en la concesión. En concordancia con lo anterior, tal y como se expuso anteriormente, el Grupo Portuario solicitó la prórroga del contrato No. 002 de 2005 y la incorporación del área “Muelle 13” a dicho negocio jurídico, circunstancias que fueron autorizadas de manera previa en la Resolución 20233030018615 de 23 de diciembre de 2023; sin embargo, con posterioridad se declaró el decaimiento de dicho acto administrativo. Estas situaciones contractuales fueron descritas de la siguiente manera en el auto del 23 de septiembre de 2025 proferido por el Tribunal Arbitral, al referirse a las cláusulas del Otrosí No. 1 de 2016, suscrito por la ANI y la Grupo Portuario en el contrato de concesión portuaria 018 de 1997 (...) A partir de lo expuesto, este despacho considera indispensable dilucidar un aspecto esencial para resolver la solicitud de ampliación de la medida cautelar. Dicho aspecto consiste en precisar el alcance del Contrato de Concesión Portuaria No. 002 de 2005, en particular lo referido a las áreas que lo integran y su eventual relación con lo pactado en el Contrato de Concesión No. 018 de 1997, específicamente lo referente a las áreas afectas al terminal homologado —Muelle 13—. En efecto, no resulta suficientemente claro si las áreas comprendidas en uno y otro contrato coinciden, se relacionan o articulan dentro de una misma unidad portuaria. De igual forma, no existe certeza de cuál fue el alcance específico que dicha circunstancia tuvo en la decisión cautelar adoptada en sede arbitral, cuestión que podría incidir eventualmente en el análisis de procedencia de las medidas cautelares solicitadas en este proceso. En este contexto, el despacho estima necesario decretar, como prueba de oficio, la totalidad de los antecedentes administrativos relacionados con los contratos de concesión portuaria Nos. 002 de 2005 y 018 de 1997, con el fin de identificar con precisión el objeto, alcance y contenido de las áreas y relaciones jurídicas allí debatidas. Adicionalmente, se ordenará oficiar al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para que remita el expediente número No. 156828, correspondiente a la controversia arbitral que actualmente se surte entre las partes. El examen de dicha documentación permitirá al despacho contar con mayores elementos de juicio para establecer si los asuntos sometidos al conocimiento del Tribunal Arbitral guardan relación con el contrato de concesión portuaria No. 002 de 2005 y, en qué medida, tal circunstancia podría incidir en el análisis de procedencia y alcance de las medidas cautelares solicitadas en este proceso.
FUENTE FORMAL:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, RESOLUCIÓN 20243000000135 DE 2024, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, RESOLUCIÓN 20243030002515 DE 2024

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas. 2025-12-18. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 76001233300020240056302. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020240056302-73873-auto-interlocutorio).
