---
clave: "consejo_estado:providencia:76001233300020160026502-72101-aclaracion-voto"
titulo: "Aclaración de voto: la necesidad de profundizar en la calificación jurídica de las actividades señaladas se refuerza porque"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-04-22"
radicado: "76001233300020160026502"
numero: "72101"
ponente: "FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020160026502-72101-aclaracion-voto"
---

# Aclaración de voto: la necesidad de profundizar en la calificación jurídica de las actividades señaladas se refuerza porque

- **Título oficial / radicado:** Aclaración voto — Aclaración de voto
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-04-22
- **Radicado:** 76001233300020160026502
- **Número interno:** 72101
- **Ponente:** FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSORCIO AUTOMATIZACIÓN 2010
- **Demandado:** GERENTE DE EMCALI EICE E.S.P
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020160026502-72101-aclaracion-voto
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233300020160026502/D615B0062A721FC3057AAEBE7936432B224F80111C8B1169D90A541741A47910/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201600265021100103

## Regla de decisión

El juzgador profundiza en la calificación jurídica de las actividades ejecutadas para determinar si corresponden a mayores cantidades de obra o a ítems adicionales no previstos.

## Problema jurídico

¿Puede afirmarse que la sentencia incurrió en contradicción al caracterizar inicialmente las actividades como mayores cantidades de obra y, en las conclusiones, tratarlas como ítems adicionales no previstos?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Resulta válido sostener que la clasificación binaria entre contratos sometidos al EGCAP y contratos estatales regulados por el derecho privado refleja de forma adecuada las diferencias normativas…
- ¿Implica la naturaleza estatal del contrato que las modificaciones deban sujetarse a las reglas del “contrato adicional” previstas en el Decreto 222 de 1983…
- ¿Constituye el acta de recibo final, suscrita únicamente por el interventor un título ejecutivo que permita exigir el pago de mayores valores a la entidad contratante?

## Extracto

Comparto la decisión adoptada por la Subsección en la sentencia del 4 de abril de 2025, en cuanto confirmó la providencia apelada. Los medios de prueba no ofrecían un grado suficiente de corroboración de la hipótesis fáctica relativa a la ejecución de las obras registradas en el acta de recibo final del Contrato No. 800-GA-CO-224- 2010. No obstante, considero necesario formular algunas precisiones y matices frente a ciertas afirmaciones contenidas en el proyecto, bien porque requerían una mayor justificación, o porque, dado su carácter general, podrían conducir a conclusiones que no comparto. La sentencia (párrs. 50 y 51) parte de la premisa de que las actividades mencionadas en el acta de recibo final constituían mayores cantidades de obra, dado que así las presentó el contratista en su reclamación.

## Síntesis temática

El contratista formula reclamación judicial en el marco del contrato de obra suscrito con la entidad pública correspondiente. El juez de la causa analiza los medios de prueba aportados al plenario para verificar la ejecución de las actividades registradas en el acta de recibo final. No obstante, se advierte la necesidad de profundizar en la calificación jurídica de tales actividades para establecer con precisión si configuran mayores cantidades de obra o si constituyen ítems adicionales no previstos en el negocio jurídico principal. Asimismo, corresponde examinar rigurosamente el alcance y los efectos de los documentos suscritos por el interventor como representante técnico de la entidad, determinando su suficiencia probatoria a la luz de las estipulaciones contractuales y del estatuto general de contratación de la administración pública para garantizar la correcta valoración de los elementos probatorios allegados al proceso judicial.

## Descriptores temáticos

ACLARACIÓN DE VOTO, CONTRATACIÓN ESTATAL, CONTRATO DE OBRA, MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA, MANUAL DE CONTRATACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, PRUEBA DOCUMENTAL, RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EMCALI, FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, DERECHO PRIVADO, ENTIDAD SUJETA A RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTRATO ESTATAL, ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL, ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL, ACUERDO DE VOLUNTADES, PLIEGO DE CONDICIONES, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, INTERVENTOR, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, FACULTADES DEL INTERVENTOR, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA, BUENA FE CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OTROSÍ AL CONTRATO, CONTRATO, OBJETO DEL INTERVENTOR, OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR, PRUEBA, TÍTULO EJECUTIVO, PRETENSIONES DE LA DEMANDA

## Guías prácticas relacionadas

- [Supervisión e interventoría](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/supervision-interventoria.md): Cuál de las dos figuras corresponde, cuándo la interventoría es obligatoria y quién responde.
- [Adición y prórroga del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/adicion-prorroga.md): Hasta dónde puede modificarse un contrato en valor y plazo, y por qué vía.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se probaron las mayores cantidades de obra](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020130068501-58071-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020160026502-72101-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Medio de control de controversias contractuales: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233300020130004402-68910-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el IDU incumplió el pago de unas facturas](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150263002-67095-sentencia.md)

## Texto del documento

ACLARACIÓN DE VOTO / CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / MANUAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / PRUEBA DOCUMENTAL / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / EMCALI
Problema jurídico:
¿Puede afirmarse que la sentencia incurrió en contradicción al caracterizar inicialmente las actividades como mayores cantidades de obra y, en las conclusiones, tratarlas como ítems adicionales no previstos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Comparto la decisión adoptada por la Subsección en la sentencia del 4 de abril de 2025, en cuanto confirmó la providencia apelada. Los medios de prueba no ofrecían un grado suficiente de corroboración de la hipótesis fáctica relativa a la ejecución de las obras registradas en el acta de recibo final del Contrato No. 800-GA-CO-224- 2010. No obstante, considero necesario formular algunas precisiones y matices frente a ciertas afirmaciones contenidas en el proyecto, bien porque requerían una mayor justificación, o porque, dado su carácter general, podrían conducir a conclusiones que no comparto. La sentencia (párrs. 50 y 51) parte de la premisa de que las actividades mencionadas en el acta de recibo final constituían mayores cantidades de obra, dado que así las presentó el contratista en su reclamación. Sin embargo, más allá de la denominación empleada por el demandante, correspondía profundizar en la calificación jurídica de dichas actividades y, en particular, determinar si se trataba realmente de mayores cantidades de obra o de ítems adicionales no previstos. Para ello, era necesario contrastar los ítems de obra pactados por las partes esto es, los grupos de prestaciones constructivas definidos contractualmente y establecer si las actividades presuntamente ejecutadas se enmarcaban en esos ítems, pero con una cantidad superior a la estimada inicialmente, cualquiera que fuera su unidad de medida (metros cúbicos, kilogramos, etc.). La necesidad de profundizar en la calificación jurídica de las actividades señaladas se refuerza porque, en los párrafos 50 y 51 del fallo, el debate se planteó en clave de mayores cantidades de obra. Sin embargo, en el capítulo de conclusiones se abandonó esa caracterización para afirmar que “las actividades mencionadas en el acta de recibo final tampoco tienen relación con los ítems previamente pactados por las partes en la cláusula vigésima tercera del contrato” (párr. 83). Esta última afirmación corresponde más bien a la noción de obra adicional no prevista, y no a una mayor cantidad de un ítem ya pactado. Aunque el resultado de la decisión no cambiara pues no se acreditó la ejecución efectiva de las actividades indicadas en el acta del 4 de diciembre de 2013, la distinción entre mayores cantidades e ítems adicionales implicaba rutas argumentativas distintas. En efecto, la adición de ítems no previstos (a diferencia del incremento de cantidades de los ya convenidos) exigía el cumplimiento de una solemnidad prevista en el manual de contratación de EMCALI, cuyo cumplimiento no se acreditó en el expediente. Por otra parte, en la sentencia (párrs. 47 a 49) se incluyeron las siguientes afirmaciones a propósito de las obras no previstas: (…) Considero que era necesario introducir matizaciones a este conjunto de enunciados, distinguiendo si el contrato estatal está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) o si, por el contrario, se gobierna por un régimen especial, como ocurre con los contratos celebrados por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Así, en primer lugar, cuando el contrato está sujeto al EGCAP, no puede afirmarse sin más que una “variación sustancial de las prestaciones” debe materializarse a través de un contrato adicional. En estos casos, operan límites sustanciales a la modificación bilateral, derivados de los principios legales de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva, que impiden introducir alteraciones significativas al objeto contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los impedimentos de introducir alteraciones significativas al objeto contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, sentencia del 23 de abril de 2019, exp. 2385, C.P. Óscar Darío Amaya Navas.
ACLARACIÓN DE VOTO / CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / MANUAL DE CONTRATACIÓN / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / DERECHO PRIVADO / ENTIDAD SUJETA A RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta válido sostener que la clasificación binaria entre contratos sometidos al EGCAP y contratos estatales regulados por el derecho privado refleja de forma adecuada las diferencias normativas existentes?
Respuesta al problema jurídico: No
En segundo lugar, aunque con fines expositivos puede resultar útil, estimo que no es preciso que la sentencia introduzca una dualidad tajante entre los contratos sometidos al EGCAP y los denominados “contratos estatales regulados por el derecho privado”. Los contratos regidos por el EGCAP también están regulados por disposiciones civiles y comerciales, dado que dicho estatuto no constituye un régimen completo ni autocontenido, como lo reconocen expresamente los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Además, esta clasificación binaria puede invisibilizar diferencias relevantes entre los contratos estatales que simplemente están exceptuados del EGCAP y aquellos que, como los celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, están sometidos a un régimen jurídico especial, autónomo y fundado en principios distintos.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
ACLARACIÓN DE VOTO / CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REGISTRO PRESUPUESTAL / CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ACUERDO DE VOLUNTADES / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / INTERVENTOR / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / FACULTADES DEL INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / CONTRATISTA / BUENA FE CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OTROSÍ AL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Implica la naturaleza estatal del contrato que las modificaciones deban sujetarse a las reglas del “contrato adicional” previstas en el Decreto 222 de 1983, pese a que la Ley 80 de 1993 no acogió dicha categoría?
Respuesta al problema jurídico: No
En tercer lugar, considero que la “naturaleza estatal” de un contrato, es decir, el hecho de que haya sido celebrado por una entidad estatal en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 no implica, como sugiere la sentencia, que resulten aplicables automáticamente los criterios construidos alrededor del concepto de “contrato adicional”. Esta categoría tiene su origen en el artículo 58 del Decreto 222 de 1983 y no fue acogida por la Ley 80 de 1993, cuyo artículo 40 se refiere a las “adiciones” al contrato. No llamo la atención sobre este punto por un prurito terminológico, sino porque aplicar categorías propias del régimen del EGCAP a los contratos celebrados por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios puede conducir a una conclusión que no comparto: que tales modificaciones estarían sujetas a los mismos límites y reglas sustanciales, a pesar de tratarse de un régimen especial con principios y finalidades distintas. Las diferencias entre estos regímenes no pueden soslayarse, pues en múltiples aspectos incluida la modificación contractual el régimen aplicable determina un tratamiento jurídico diferenciado. Así, por ejemplo, el perfeccionamiento del acuerdo de voluntades que modifica un contrato previamente celebrado no puede tratarse de la misma manera en todos los casos. Mientras el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 exige que dicho acuerdo conste por escrito, tratándose de contratos estatales celebrados por empresas de servicios públicos domiciliarios no existe una disposición análoga. En este ámbito, rige por regla general el principio de consensualidad, conforme al artículo 824 del Código de Comercio. Por otra parte, en lo que respecta a las mayores cantidades de obra esto es, aquellas que superan las estimaciones iniciales, discrepo de que la sentencia afirme, en términos generales y sin matización, que “la procedencia del reconocimiento dinerario por mayores cantidades de obra se supedita a que éstas hayan sido autorizadas por el ente estatal (quien, a ese efecto, puede actuar por conducto del interventor)” (párr. 53). El EGCAP no contiene una disposición expresa que condicione el pago de dichas cantidades a una autorización previa en contratos de obra a precios unitarios, en los que el valor a pagar corresponde a la suma de los productos que resultan de multiplicar las cantidades efectivamente ejecutadas por el precio unitario de cada ítem, dentro de los límites que el mismo contrato fije. Tampoco existe una previsión semejante en la legislación civil o comercial ni en la Ley 142 de 1994. La inexistencia de una disposición legal semejante no impide, desde luego, que las entidades estatales establezcan tales requisitos en los pliegos de condiciones o en el contrato, ni que se pacten mecanismos específicos de control sobre la ejecución efectiva de las cantidades de obra o sobre su procedencia para efectos de pago, como la justificación técnica de su necesidad y la verificación de que no obedecen a errores constructivos. Tampoco excluye que, ante una controversia judicial sobre su reconocimiento y pago, deba valorarse la conducta desplegada por el contratista y su sujeción a pautas como la buena fe contractual. Lo que considero improcedente es erigir, por vía jurisprudencial y sin atender las particularidades de cada negocio jurídico, una condición potestativa (C.C., art. 1534) para su reconocimiento la “autorización” de la entidad estatal, que no está prevista expresamente en la Ley. Esta consideración también resulta relevante en contratos estatales no sometidos al EGCAP. La tesis según la cual se requiere una autorización escrita de la entidad estatal o un otrosí para el reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra se ha fundado, entre otras razones, en la necesidad de viabilizar la expedición del registro presupuestal, requisito necesario para iniciar la ejecución de los contratos, incluidos los modificatorios. Sin embargo, dicho requisito, previsto en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, no resulta aplicable a contratos que, como el aquí controvertido, se rigen por un régimen jurídico especial distinto al establecido en dicho estatuto.
NOTA DE RELATORÍA:
sobre los contratos estatales no sometidos al EGCAP, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Aclaración de voto del 22 de agosto de 2023, exp. 58.634, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 58, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 824, LEY 142 DE 1994, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1534
ACLARACIÓN DE VOTO / CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / OBJETO DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / MANUAL DE CONTRATACIÓN / EMCALI / PRUEBA / PRUEBA DOCUMENTAL / TÍTULO EJECUTIVO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Constituye el acta de recibo final, suscrita únicamente por el interventor un título ejecutivo que permita exigir el pago de mayores valores a la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
Finalmente, considero relevante precisar mi postura en relación con algunas afirmaciones del fallo sobre el valor de las actas de recibo suscritas por los interventores. La sentencia sostiene que “la suscripción por su parte del acta de recibo, sin respaldo en lo previamente acontecido, no es suficiente para hacer oponible al contratante el reconocimiento de mayores valores” (párr. 53). Añade que “con el propósito de que el acta hubiese sido suficiente para cobrar el monto allí consignado, debió ser suscrita por el representante legal de la demandada” (párr. 54). A partir de estas premisas, concluye que “ni el clausulado del negocio ni el manual de contratación de la entidad previeron facultad alguna en cabeza de dicho funcionario para comprometer la voluntad de Emcali, pese a tratarse de un empleado vinculado a ella” (párr. 76). Considero que en este punto se entremezclan dos aspectos que deben mantenerse claramente diferenciados: el mérito ejecutivo de las actas de recibo y su valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan. En este caso, el acta no constituía un título ejecutivo, ya que no era un documento emanado del representante de la entidad estatal que contuviera una obligación clara, expresa y exigible, sino que fue suscrita únicamente por el denominado “interventor interno”, quien no ostentaba facultades de representación. En este contexto, tiene pleno sentido afirmar como lo hace la sentencia que su contenido no es “oponible” a la entidad ni “compromete su voluntad”. Sin embargo, de esa premisa no se sigue necesariamente como parece sugerir el fallo que el acta carezca de valor probatorio. Incluso sin tener mérito ejecutivo, puede servir como medio documental para respaldar inferencias sobre la hipótesis fáctica relativa a la ejecución de las cantidades de obra enunciadas en ella. Las actas suscritas por el interventor o el supervisor constituyen un medio de prueba pertinente en esta clase de controversias. Una cuestión distinta es si ese solo elemento resulta suficiente para tener por acreditada la hipótesis fáctica que sustenta las pretensiones del demandante. Sin embargo, sobre este punto no cabe generalizar como lo hace el fallo. Si bien entre los criterios de racionalidad epistemológica que orientan la valoración de la prueba se encuentran los de cantidad (cuantos más elementos de juicio respalden una hipótesis, mayor será su grado de confirmación) y variedad (cuanto más diversos sean, más sólida será su fuerza corroborativa), también lo es que el alcance y los efectos de los documentos suscritos por el interventor, en su condición de representante técnico de la entidad en la ejecución del contrato, pueden estar regulados en el contrato de obra y en el contrato de interventoría. Por tanto, corresponde analizar, en cada caso concreto y a la luz de las estipulaciones contractuales, si estos documentos resultan suficientes para tener por demostrada la ejecución de las cantidades de obra que en ellos se registran.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Aclaración voto — Aclaración de voto. 2025-04-22. C.P. FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ. Rad. 76001233300020160026502. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020160026502-72101-aclaracion-voto).
