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clave: "consejo_estado:providencia:76001233300020140116001-68116-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-05-20"
radicado: "76001233300020140116001"
numero: "68116"
ponente: "FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ"
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# Consejo de Estado: se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-05-20
- **Radicado:** 76001233300020140116001
- **Número interno:** 68116
- **Ponente:** FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPARACION DIRECTA
- **Actor:** ANGELA MARTINEZ MENDOZA, ANDRES MAURICIO MARTINEZ MENDOZA, NEFERSON LEONARDO MARTINEZ, JENNY PAOLA MARTÍNEZ MENDOZA, ALDEMAR MARTINEZ TAPIERO, ADELINA ROVERA RUIZ
- **Demandado:** -EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020140116001-68116-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233300020140116001/56695E1D97674B4537659322EE16F0CF16802A31C770D95BB9A7BCB8C41010D0/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201401160011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo?
- ¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad?
- ¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…

## Extracto

La jurisprudencia de esta Corporación se ha apoyado en el criterio de imputación de riesgo excepcional para asignarle responsabilidad al Estado cuando los daños son causados en el ejercicio de una actividad legítima y lícita de la administración que comporta un riesgo que excede razonablemente el asumido por las víctimas que resultan afectadas, por tanto, si ese riesgo se materializa y produce un daño, este debe ser reparado por la entidad pública, siempre que se demuestre la existencia de un nexo causal entre su comportamiento y el desmedro alegado.

## Síntesis temática

El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.

## Descriptores temáticos

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL, PROCEDENCIA DE LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL, CONFIGURACIÓN DE LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL, APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL, PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD LEGÍTIMA, MUERTE DE CIVIL, OPERATIVO MILITAR, DAÑO CAUSADO POR OPERATIVO MILITAR, MUERTE DEL CIUDADANO, ARMAS DE FUEGO, USO DE ARMAS DE FUEGO, ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS, PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS, ACREDITACIÓN DEL DAÑO, ENTIDAD PÚBLICA, TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL, INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, AGENTE DEL ESTADO, PROCESO DISCIPLINARIO, INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, NEXO DE CAUSALIDAD, DAÑO, PRUEBA DIRECTA, PRUEBA INDIRECTA, PRUEBA TESTIMONIAL, PRUEBA DOCUMENTAL, JUSTICIA PENAL MILITAR, MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL, DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO, DEBER DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA, OMISIÓN DEL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO, ALCANCE DEL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO, DEBER DE PROTECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL, PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PROCESO PENAL MILITAR, PRUEBA TRASLADADA, ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA, NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA, VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA, ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA, CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA, PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DEL TESTIMONIO, DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PRINCIPIO DE EQUIDAD, PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, POLÍTICA PÚBLICA, CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PERJUICIO MORAL, ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MORAL, CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, DEMOSTRACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, PERJUICIO MORAL POR MUERTE, PROCEDENCIA DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, PROCEDENCIA DEL PERJUICIO MORAL, PRUEBA DEL PERJUICIO MORAL, TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR MUERTE, PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, LUCRO CESANTE, ACREDITACIÓN DEL LUCRO CESANTE, ACTUALIZACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, ACTUALIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE, DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE, LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE FUTURO, LUCRO CESANTE DE DIPUTADO, PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE, PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, PRESUNCIÓN DEL LUCRO CESANTE, RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE, RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE CONSOLIDADO, RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE FUTURO, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE, TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, COMPAÑERO PERMANENTE, TESTIMONIO, ACTIVIDAD ECONÓMICA, PRUEBA DEL LUCRO CESANTE, SALARIO MÍNIMO LEGAL, APLICACIÓN DE PRESUNCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA, ACTUALIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, HONORARIOS DEL ABOGADO, HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES, REVOCATORIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

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## Texto del documento

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / PROCEDENCIA DE LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL / CONFIGURACIÓN DE LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / EJÉRCITO NACIONAL / RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL / EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD LEGÍTIMA / MUERTE DE CIVIL / OPERATIVO MILITAR / DAÑO CAUSADO POR OPERATIVO MILITAR / MUERTE DEL CIUDADANO / ARMAS DE FUEGO / USO DE ARMAS DE FUEGO / ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / ENTIDAD PÚBLICA / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL / INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / NACIÓN / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / AGENTE DEL ESTADO / PROCESO DISCIPLINARIO / INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEXO DE CAUSALIDAD / DAÑO / PRUEBA DIRECTA / PRUEBA INDIRECTA / PRUEBA TESTIMONIAL / PRUEBA DOCUMENTAL / JUSTICIA PENAL MILITAR / MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA / OMISIÓN DEL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / ALCANCE DEL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de esta Corporación se ha apoyado en el criterio de imputación de riesgo excepcional para asignarle responsabilidad al Estado cuando los daños son causados en el ejercicio de una actividad legítima y lícita de la administración que comporta un riesgo que excede razonablemente el asumido por las víctimas que resultan afectadas, por tanto, si ese riesgo se materializa y produce un daño, este debe ser reparado por la entidad pública, siempre que se demuestre la existencia de un nexo causal entre su comportamiento y el desmedro alegado. También debe agregarse que el título de imputación de riesgo excepcional sustenta el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas siempre que ese riesgo se concrete, pues reside en el uso de las armas.(…) En este tipo de responsabilidad el Estado no se puede exonerar probando que actuó con diligencia pues, se sustenta, justamente, en el desempeño de una actividad lícita y correcta, de suerte que la manera en que la administración se puede eximir es acreditando la existencia de una causa extraña, tales como fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. (…) En ese contexto, el referido título de imputación ha sido utilizado por el Consejo de Estado en casos en los que existe manejo de armas de fuego de dotación oficial de las cuales se deriva la actividad generadora del riesgo, circunstancia que, como se explica más adelante, es aplicable en este caso concreto en el cual se hizo uso de armamento por parte de uniformados pertenecientes al Ejército Nacional, independientemente o al margen de que pudiera existir una falla del servicio. (…) [En el caso concreto] Las evidencias probatorias previamente citadas son suficientes para atribuir responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional con apoyo en el título de imputación de riesgo excepcional, ya que está probada la intervención armada del cuerpo militar, el accionamiento de las armas de fuego y la concreción del riesgo en las lesiones sufridas por (…), sin que sea necesario tener la certeza de que el disparo provino de los agentes estatales. (…) De este modo, la afirmación del Ejército Nacional parte de datos errados e imprecisos porque, el proyectil analizado por el laboratorio de balística el 30 de noviembre de 2012 no fue encontrado en el cuerpo de la víctima y tiene que ver con un escenario diferente, ya que no fue recolectado en el sitio donde fue impactado (…), quien se encontraba en la calle, sino en la vivienda donde se refugió momentos antes (…); no obstante, no es cierto que los militares solo utilizaran armas tipo fusil Galil y X95, porque el soldado regular (…) declaró que “portaba Galil y 9mm, es decir fusiles y subametralladora.” (…). Como complemento de lo anterior, si bien la mayoría de los militares aseguraron que dispararon al aire, es relevante el análisis que realizó el Juzgado 50 de Instrucción Penal Militar al momento de resolver la situación jurídica provisional de los soldados investigados, pues, a pesar de que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, sí logro deducir, a través de una interpretación lógica de los hechos que debido a la topografía del lugar, los soldados estaban en un plano inferior respecto de la víctima y que según el informe de balística del 2 de marzo de 2013 la trayectoria del proyectil que atravesó su cuerpo fue infero - superior y lateral derecho respecto de la boca de fuego del arma al momento del disparo (…), por ende, es un indicio claro de que el proyectil provino de la parte de abajo de la pendiente donde se encontraban ubicados los uniformados. Lo anterior nos lleva al escenario según el cual el Ejército Nacional provocó una situación excepcional de riesgo mediante el uso de las armas de fuego, en cuyo ejercicio resultó gravemente herido y finalmente muerto el joven (…).La entidad apelante cuestiona la sentencia de primera instancia porque, según ella, no se determinó con claridad la existencia de un nexo causal entre el actuar del Ejército Nacional y el daño sufrido por la víctima, en relación con este específico punto la Sala reitera lo expresado en precedencia acerca de que no es necesario acreditar de donde provino el disparo, y que, en principio, no es posible afirmar de manera certera quién hirió a (…), pero, esto último no es suficiente para eximir de responsabilidad al ente público estatal. No obstante, las circunstancias particulares del caso tampoco impiden establecer la existencia de un nexo causal entre el actuar del Ejército Nacional y el daño, pues, la prueba del mismo puede ser: (i) directa, a través de los medios probatorios que den cuenta de su existencia por sí mismo y/o; (ii) indirecta, mediante indicios, como medio de convicción lógico que requiere de unos hechos indicadores que apunten con fuerza al hecho indicado. (…) Lo anterior permite considerar, válidamente, que a pesar de que no existe prueba directa que señale que la herida sufrida por (…) fue provocada por el impacto de un proyectil proveniente de una arma de la Fuerza Pública, sí existen elementos indirectos de que así fue, los cuales no son otros que los señalados con anterioridad, derivados tanto de las pruebas testimoniales como de las documentales y técnicas ampliamente analizadas en el acápite de pruebas, sin que por otra parte se haya cuestionado en la apelación ni aparezcan pruebas contundentes acerca de la configuración de la causal eximente de responsabilidad de un hecho exclusivo de la víctima. (…) En este orden de ideas, resta por responder a los argumentos del Ejército Nacional en los cuales expresa que aún no se conoce el resultado final del proceso de la justicia penal militar, lo cual impide tener certeza acerca de la responsabilidad del ente demandado, y que quien debía proteger a la población civil era la Policía Nacional. Al respecto, la Sala recuerda que la responsabilidad penal que les pudiere o no asistir a los miembros del Ejército Nacional es independiente de la patrimonial extracontractual que a través del presente proceso persiguen los demandantes en contra del Estado, luego, el hecho de que no se haya decidido aquel proceso de manera definitiva no impide que en este caso, con base en las pruebas debidamente recaudadas, se verifique la existencia de los elementos requeridos para condenar al ente público estatal. Frente al deber de protección de los ciudadanos, no es cierto que este solamente le corresponda a la Policía Nacional, si bien es cierto que al Ejército Nacional le asiste la función de defender la soberanía nacional, no lo es menos que todos los integrantes de las Fuerzas Militares, como autoridades de la República, tienen la obligación de respetar y proteger los derechos de la población civil, lo cual se desprende claramente de lo consagrado en el inciso segundo del artículo segundo la Constitución Política. (…) Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia por las razones antes esgrimidas, esto es, porque se comprobó que, mediante el ejercicio legítimo de una actividad militar, la entidad demandada creó un riesgo excepcional con el uso de armas de fuego de dotación oficial en una operación que desencadenó en el fallecimiento del señor (…), daño que la víctima no tenía el deber de soportar y que rompe el equilibrio frente a las cargas públicas. (…) [En conclusión] No prospera el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por cuanto se probó que la muerte de (…) constituyó la materialización de un riesgo excepcional creado por la actividad de la Fuerza Pública en hechos donde se demostró que fueron accionadas armas de fuego, en un operativo en cuyo ejercicio resultó alcanzada dicha víctima por un proyectil de arma de fuego, además, en este caso era a la entidad demandada a quien le correspondía acreditar, idónea y suficientemente, una causa extraña que rompiera el nexo casual, lo cual no se probó. En esa perspectiva, se confirmará la sentencia del 9 de noviembre de 2020 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de febrero de 1984, exp. 2744, C.P Eduardo Suescún Monroy; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2021, exp. 50001-23-31-000-2005-40308-01(49491), C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de febrero de 2006, exp. 68001-23-15-1994- 09961-01 (14009), C.P Germán Rodríguez Villamizar; sentencia del 22 de marzo de 2007, exp. 13001-23- 31-000-1995-00393-01 (15555), C.P Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 18 de junio de 2012, exp. 05001-23-31-000-1997-03462-01 (25036), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 3 de abril de 2013, exp. 19001-23-31-000-2001-02186-01 (27030), C.P Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2022, exp. 73001-23-31-000-2008-00362-01 (48356), C.P Martín Bermúdez Muñoz; sentencia del 16 de agosto de 2022, exp. 76001-23-33-000-2012-00270-01, C.P Fredy Ibarra Martínez; sentencia del 7 de septiembre de 2023, exp. 13001-23-31-000-2008-00544-01 (50667), C.P Fredy Ibarra Martínez; sentencia del 7 de septiembre de 2023, exp. 76001-23-31-000-2010-01715-01 (54383), C.P Martín Bermúdez Muñoz y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2002, exp.70001-23-31-000-1994- 3477-01 (13477), C.P María Helena Giraldo Gómez
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JUSTICIA PENAL MILITAR / PROCESO PENAL MILITAR / PRUEBA TRASLADADA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / NORMATIVA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / MUERTE DE CIVIL / MUERTE DEL CIUDADANO / PROCESO DISCIPLINARIO / INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / EJÉRCITO NACIONAL / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / NACIÓN

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

1-000-2001-00731-01 (26.251), C.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
LUCRO CESANTE / ACREDITACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACTUALIZACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACTUALIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE FUTURO / LUCRO CESANTE DE DIPUTADO / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / PRESUNCIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE CONSOLIDADO / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE FUTURO / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJÉRCITO NACIONAL / COMPAÑERO PERMANENTE / TESTIMONIO / MUERTE DE CIVIL / MUERTE DEL CIUDADANO / ACTIVIDAD ECONÓMICA / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE / SALARIO MÍNIMO LEGAL / APLICACIÓN DE PRESUNCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento y la actualización de la condena por lucro cesante a favor de la compañera permanente y los hijos de la víctima?
Respuesta al problema jurídico: Si
La primera instancia concedió este rubro en favor de la compañera permanente e hijos de (…) de la siguiente manera: (i) para (…) [la compañera permanente] la cantidad de $106.528.143,42, (ii) en favor de (…) el valor de $53.264.071,21 y, (iii) para (…) la suma de $53.254.071,21. 2) Los criterios utilizado para la tasación fueron los siguientes: (i) los testimonios recaudados en este proceso evidenciaron que la víctima era económicamente activa para el momento de su muerte porque laboraba en la actividad de construcción, (ii) no hay prueba del monto exacto de los ingresos, por lo cual se tuvo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para el momento del fallo de primera instancia ($877.803), (iii) a esa cantidad se le descontó el 25% de gastos personales del occiso y, (iv) no se incrementó el 25% de prestaciones sociales porque no se acreditó un vínculo laboral formal. 3) La parte demandante en la apelación manifestó su desacuerdo con la tasación del lucro cesante porque en el correspondiente cálculo debió incluirse un 25% adicional por prestaciones sociales ya que, si bien no aportó prueba que reflejara la existencia de un contrato laboral, a partir del testimonio de (…) es posible constatar que la víctima trabajaba para este último en una obra civil de la cual era contratista. (…) [S]e observa que, si bien el señor (…) expresó que la víctima laboraba con él y que este, a su vez, era contratista de una obra, de eso no se colige, necesaria e indefectiblemente, que (…) tuviera un vínculo laboral y que en consecuencia fuera beneficiario de prestaciones sociales, ya que el declarante solo aludió al monto devengado, no a la forma de vinculación laboral, de manera que se mantendrá el valor de la indemnización, respecto de la cual solo se procederá a su actualización desde el momento del fallo de primera instancia hasta la fecha de esta sentencia. a) En relación con (…) [los hijos de la víctima], el tribunal le reconoció la cantidad de $106.528.143,42 por lucro cesante consolidado y futuro, suma que será actualizada (…). En consecuencia, para esa demandante la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional deberá pagar la suma de ciento cuarenta y cuatro millones doscientos ochenta y un mil trescientos sesenta pesos con sesenta centavos ($144.281.360.60). (…) Respecto de (…) el tribunal accedió al valor total de $53.264.071,21 para cada uno de ellos, el cálculo de actualización es el que a continuación se expone: (…) Ra = $72.140.679,62. (…) Por consiguiente, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pagará a los señores (…) la suma de setenta y dos millones ciento cuarenta mil seiscientos setenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos ($72.140.679,62), para cada uno de ellos.
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / HONORARIOS DEL ABOGADO / HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas procesales incluidas las agencias en derecho en segunda instancia, en cuanto se resolvieron de forma desfavorable los recursos de apelación interpuestos?
Respuesta al problema jurídico: No
Según lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo en los procesos en que se ventile un interés público se condenará en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. En esta línea el artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida en el proceso (…) en la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en costas de la segunda”. En el presente asunto, dado que ambas partes apelaron pero ninguno de los recursos de apelación prosperó, no puede considerarse que exista parte vencida, razón por la cual la Sala se abstendrá de condenar en costas, incluidas las agencias en derecho. Sobre este punto, en la apelación el Ejército Nacional manifestó que se oponía a la prosperidad de la condena en costas, incluidas las agencias en derecho porque no aparece prueba de los gastos que se han originado y porque se incurrirá en doble erogación ya que todo apoderado cobra el 40% por concepto de honorarios lo cual generaría un doble pago, de aquella afirmación se entiende que el apelante se refiere a las costas de segunda instancia porque no solicita expresamente la revocatoria de las impuestas por el a quo, sobre lo cual se manifiesta que no se condenará en costas en esta instancia, pero por la razón expuesta previamente.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
REVOCATORIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Procede revocar la condena en costas procesales impuesta en primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o procede la revocatoria de la condena en costas impuesta en primera instancia, pues, esta obedece a criterios meramente objetivos según la adecuada aplicación de lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, consistente en el hecho de haber sido vencida la parte en el proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-05-20. C.P. FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ. Rad. 76001233300020140116001. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020140116001-68116-sentencia).
