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clave: "consejo_estado:providencia:76001233300020120007601-61054-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no se debe revocar la decisión de primera instancia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-10-19"
radicado: "76001233300020120007601"
numero: "61054"
ponente: "FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ"
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# Consejo de Estado: no se debe revocar la decisión de primera instancia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-10-19
- **Radicado:** 76001233300020120007601
- **Número interno:** 61054
- **Ponente:** FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** ECOENERGETICOS S.A.
- **Demandado:** DIRECCION MARITIMA, SUPERFINANCIERA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, DISTRITO DE BUENAVENTURA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020120007601-61054-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233300020120007601/5059356FDA60712E6B9D23CEE6E5756C35361938D551BC205CD1D9AF2E8C1F30/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201200076011100103

## Problema jurídico

¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del impugnante, el contrato no adolecía de nulidad absoluta y, en cualquier caso, el arrendatario debía recuperar lo pagado por concepto de cánones de arrendamiento o se debe confirmar dado que el contrato de arrendamiento no solo es nulo por recaer sobre bienes de uso público, sino también por transgredir, entre otras, las disposiciones que obligaban a instrumentalizar el negocio a través de una tipología contractual específica?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La nulidad absoluta del contrato puede ser declarada cuando aparezca plenamente demostrada, siempre que en el proceso de que se trate intervengan las partes contratantes o sus causahabientes…
- ¿Es posible sostener que el contrato de arrendamiento celebrado por las partes es válido por el hecho de que el inmueble fuera arrendado en anteriores oportunidades?
- ¿Se deberán reconocer y pagar las prestaciones que hubieren sido ejecutadas hasta el momento en que se ordene la declaratoria judicial de nulidad absoluta del contrato?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2324 de 1984, art. 166
- Ley 1 de 1991, art. 5

## Extracto

Las partes suscribieron un contrato de arrendamiento sobre un puerto marítimo construido sobre terrenos de uso público (terrenos de baja mar y playas), a pesar de que el arrendatario pagó varios cánones de arrendamiento el ente territorial no entregó el predio; no obstante, el a quo no abordó ese incumplimiento porque declaró la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito.… corresponde a la Sala determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del impugnante, el contrato no adolecía de nulidad absoluta y, en cualquier caso, el arrendatario debía recuperar lo pagado por concepto de cánones de arrendamiento.

## Síntesis temática

El arrendamiento de un terreno de uso público, como los terrenos de bajamar y playas, adolece de objeto ilícito y es absolutamente nulo, pero que la nulidad no impide reconocer las prestaciones ejecutadas por las partes, de modo que los pagos que la entidad recibió deben reconocerse. Una razón es que las evidencias mostraron que el puerto maderero tiene una parte construida en terrenos de bajamar, y que no era posible identificar con precisión una franja del arrendatario ajena a los bienes de uso público, de modo que la nulidad por objeto ilícito se mantiene. Otra razón es que aunque el contrato es nulo, se acreditó que la entidad recibió los cánones pagados por el arrendatario sin entregarle el predio, por lo que esas prestaciones ejecutadas deben reconocerse. En el caso, la Sala modificó el fallo solo en el reconocimiento de esas prestaciones y confirmó lo demás. Su consecuencia práctica es que la nulidad de un contrato sobre bienes públicos no impide recuperar lo efectivamente pagado a la entidad.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, PUERTO MARÍTIMO, PREDIO DE USO PÚBLICO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA, OBJETO ILÍCITO, OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD ABSOLUTA, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA, INVALIDEZ DEL CONTRATO, PAGO DEL CONTRATO, EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PUERTO MARÍTIMO / PREDIO DE USO PÚBLICO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del impugnante, el contrato no adolecía de nulidad absoluta y, en cualquier caso, el arrendatario debía recuperar lo pagado por concepto de cánones de arrendamiento o se debe confirmar dado que el contrato de arrendamiento no solo es nulo por recaer sobre bienes de uso público, sino también por transgredir, entre otras, las disposiciones que obligaban a instrumentalizar el negocio a través de una tipología contractual específica?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as partes suscribieron un contrato de arrendamiento sobre un puerto marítimo construido sobre terrenos de uso público (terrenos de baja mar y playas), a pesar de que el arrendatario pagó varios cánones de arrendamiento el ente territorial no entregó el predio; no obstante, el a quo no abordó ese incumplimiento porque declaró la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito. (...) corresponde a la Sala determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del impugnante, el contrato no adolecía de nulidad absoluta y, en cualquier caso, el arrendatario debía recuperar lo pagado por concepto de cánones de arrendamiento. La Sala modificará el fallo impugnado en lo relacionado con el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas, pues, se acreditó que la entidad recibió los pagos hechos por el arrendatario, en lo demás confirmará la decisión apelada porque las razones de apelación no permiten concluir algo distinto a lo expuesto y decidido por el a quo. (...) El demandante cuestionó que no se abordara el incumplimiento contractual pretendido con la demanda, pues, en lugar de ello se estudió la nulidad absoluta del contrato que no hacía parte de las súplicas. (...) Adicionalmente, el actor aseguró que la sentencia apelada pasó por alto que, en realidad, el contrato de arrendamiento no era nulo, pues, solo una parte del predio era de uso público (...) Examinadas las anteriores pruebas, es evidente que las medidas, las coordenadas y los límites del terreno en cuestión no concuerdan ni son precisos. Ninguna evidencia permite identificar claramente la parte del terreno que está involucrada en el contrato de arrendamiento entre las partes. Ni siquiera el negocio firmado por las partes especificó la zona que ocuparía la compañía actora, ya que únicamente se indicó, sin dar mayores detalles, que el ente territorial le entregaría “el uso y goce de un lote de terreno que hace parte del globo de terreno de mayor extensión donde funciona el muelle maderero” (cláusula primera). Además, en la inspección judicial tampoco se determinó qué porción del inmueble le correspondía al ahora demandante, el plano que contempla una división fue entregado por una de las empleadas de la sociedad actora y el ente territorial se opuso a esa propuesta. Así las cosas, no es posible afirmar que la franja del arrendatario era ajena a los bienes de uso público señalados por el a quo, por el contrario, todas las evidencias concuerdan en señalar que el puerto maderero tiene una parte construida en terrenos de bajamar y otra en la playa. Vale aclarar que en las pruebas se identifica toda la estructura como un muelle; no obstante, vista la descripción del inmueble se advierte que en realidad corresponde a un puerto marítimo que incluye, precisamente, el mencionado puerto maderero, según la definición que sobre el particular hace el artículo 5 de la Ley 1 de 1991. En esa medida, según lo dispuesto en el artículo 1667 del Decreto 2324 de 1984, los terrenos de bajamar y las playas son bienes de uso público, por lo tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares, en efecto, “las playas y los terrenos de bajamar, en tanto baldíos reservados (inadjudicables) y bienes de uso público (inenajenables e imprescriptibles) de la Nación, carecen de vocación para acceder a propiedad privada” 8 ; no obstante, el Estado puede otorgar concesiones, permisos y licencias para su uso y goce –aspecto que se retomará más adelante–. En consecuencia, como el inmueble objeto del contrato que suscitó el presente litigio es un puerto marítimo construido totalmente en terrenos de uso público las partes no podían válidamente disponer de este a través de un contrato de arrendamiento, por lo tanto, para anular el contrato no es necesario determinar la parte exacta del terreno arrendado, ya que toda la propiedad estaba fuera del comercio. Ahora, en gracia de discusión podría considerarse que el arrendamiento se refiere al puerto y no directamente a un bien de uso público (terrenos de bajamar y playas) lo cual excluiría la posibilidad de declarar la nulidad absoluta del contrato; no obstante, esa distinción resulta artificiosa, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal, sería inaceptable la tesis de distinguir entre la estructura y el terreno sobre el que está construida, piénsese, por ejemplo, en los bienes por destinación, de los cuales son predicables las características del inmueble al que pertenecen, en consecuencia, no es posible aceptar una distinción en ese sentido, ya que esto abriría la posibilidad de alquilar bienes de uso público a particulares, con todas las implicaciones que esto conlleva. Adicionalmente, no es posible sostener que el contrato de arrendamiento celebrado por las partes es válido por el hecho de que el inmueble fuera arrendado en anteriores oportunidades, pues, esta circunstancia no cambia el hecho de que el terreno sigue siendo un bien público. (...) Por lo anterior, como bien lo señaló el a quo, el contrato de arrendamiento firmado entre las partes para el uso de una parte del puerto maderero de Buenaventura se encuentra viciado de nulidad absoluta por objeto ilícito de conformidad con lo previsto en el artículo 1519 del Código Civil (...) Adicionalmente, el contrato también desconoció el artículo 512 de la Ley 1 de 1991 que prevé que la ocupación y utilización temporal de los terrenos de bajamar y de las playas para la operación de un puerto –como el que ocupa la atención de la Sala– solo es posible mediante un contrato de concesión portuaria. En consecuencia, el contrato de arrendamiento no solo es nulo por recaer sobre bienes de uso público, sino también por transgredir, entre otras, las disposiciones que obligaban a instrumentalizar el negocio a través de una tipología contractual específica. En esa medida, las partes no siguieron el procedimiento previsto por la ley para la concesión portuaria (artículos 9 a 13 de la Ley 1 de 1991), desconocieron que solo una sociedad portuaria podía fungir como concesionario (artículo 6 ibidem) y que la autoridad competente para suscribir el negocio era el Instituto Nacional de Concesiones, además, no acordaron la contraprestación según la metodología existente para el efecto (artículo 7 de la Ley 1 de 1991). Por lo anterior, se confirmará la declaración de nulidad absoluta del contrato hecha en la primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
“[E]stá viciado de objeto ilícito el contrato que se celebra contraviniendo el derecho público, como ocurre cuando un ente público se obliga a entregar un bien de uso público a un particular para su uso y goce, con desconocimiento del derecho constitucional y legal que le asiste a todo administrados, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 de la Constitución Política, 674 del Código Civil y 5 de la ley 9 de 1989." Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2005, exp. 12.249, CP Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2324 DE 1984 - ARTÍCULO 166, LEY 1 DE 1991 - ARTÍCULO 5
NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La nulidad absoluta del contrato puede ser declarada cuando aparezca plenamente demostrada, siempre que en el proceso de que se trate intervengan las partes contratantes o sus causahabientes, por lo tanto, si el contrato adolece de nulidad absoluta es innecesario estudiar las súplicas relacionadas con su incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: No
El demandante cuestionó que no se abordara el incumplimiento contractual pretendido con la demanda, pues, en lugar de ello se estudió la nulidad absoluta del contrato que no hacía parte de las súplicas. Al respecto, es pertinente destacar que el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), disposición que en términos generales coincide con las previsiones de los artículos 2 de la Ley 50 de 1936 y 1742 del Código Civil, prevé que la nulidad absoluta del contrato puede ser declarada cuando aparezca plenamente demostrada, siempre que en el proceso de que se trate intervengan las partes contratantes o sus causahabientes –como ocurre en el sub lite–; incluso la jurisprudencia ha precisado que “el juez no solo tiene la facultad sino el deber de declarar la nulidad absoluta total o parcial de un contrato, aun sin petición de parte, cuando esté demostrada en el proceso la causal prevista en la ley”. Así las cosas, si el contrato adolece de nulidad absoluta es innecesario estudiar las súplicas relacionadas con su incumplimiento, pues, por causa de la anulación desaparece el negocio que las sustentaba.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2015, exp. 29.742, CP Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 50 DE 1936 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INVALIDEZ DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es posible sostener que el contrato de arrendamiento celebrado por las partes es válido por el hecho de que el inmueble fuera arrendado en anteriores oportunidades?
Respuesta al problema jurídico: No
Adicionalmente, no es posible sostener que el contrato de arrendamiento celebrado por las partes es válido por el hecho de que el inmueble fuera arrendado en anteriores oportunidades, pues, esta circunstancia no cambia el hecho de que el terreno sigue siendo un bien público. En este punto, es relevante destacar que la jurisprudencia ha señalado que no se pueden arrendar los bienes de uso público, entre otras razones, porque ese contrato otorga al arrendatario el derecho de usar el bien de forma exclusiva, o cual es incompatible con las características propias de este tipo de bienes, tal como lo señaló la Sección Tercera de esta Corporación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2001, exp. 16.596, CP Alier Eduardo Hernández Enríquez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, exp. 14.390, CP Mauricio Fajardo Gómez.
PAGO DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Se deberán reconocer y pagar las prestaciones que hubieren sido ejecutadas hasta el momento en que se ordene la declaratoria judicial de nulidad absoluta del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Una vez verificada la nulidad absoluta del contrato, se advierte que, además de hacerlo desaparecer desde el momento mismo de su celebración, también genera otros efectos, pues, según el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, se deberán reconocer y pagar las prestaciones que hubieren sido ejecutadas hasta el momento en que se ordene la declaratoria judicial de nulidad. El reconocimiento y pago resulta procedente inclusive en aquellos casos en que la declaratoria de nulidad haya sido ocasionada por objeto o causa ilícita, siempre y cuando se hubiere probado que la entidad estatal contratante hubiere obtenido un beneficio de la contratación, como ocurre en este caso, pues, la entidad demandada recibió un dinero sin ejecutar ninguna prestación para ello. En este caso particular, la sociedad actora afirmó en la demanda que pagó los cánones de arriendo de diciembre de 2011 a abril de 2012 y para el efecto aportó cinco (5) consignaciones cada una por valor de $16.500.000, pruebas que no fueron tachadas por la parte demandada, en consecuencia, no podría restárseles valor por el solo hecho de que en la casilla correspondiente al titular de la cuenta bancaria de destino aparezca como beneficiario “encargo fiduciario” (fls. 13 a 16 cdno. ppal.) y no el ente territorial demandado, precisamente, porque dicha entidad no las desconoció ni las puso en tela de juicio, por el contrario, aceptó que recibió el dinero. Así las cosas, quedó debidamente acreditado que el arrendatario ejecutó la prestación relacionada con el pago del canon en esos meses, por lo cual se condenará al municipio demandado a reintegrar debidamente indexados los montos que recibió.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del Código General del Proceso, no se condenará en costas a la parte demandante, porque prosperó parcialmente su recurso de apelación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-10-19. C.P. FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ. Rad. 76001233300020120007601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020120007601-61054-sentencia).
