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clave: "consejo_estado:providencia:76001233100020100046601-51679-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la inclusión de una cláusula compromisoria en un contrato constituye la intención inequívoca de las partes"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-07-14"
radicado: "76001233100020100046601"
numero: "51679"
ponente: "WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ"
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# Consejo de Estado: la inclusión de una cláusula compromisoria en un contrato constituye la intención inequívoca de las partes

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-07-14
- **Radicado:** 76001233100020100046601
- **Número interno:** 51679
- **Ponente:** WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** MAYAGUEZ S.A
- **Demandado:** ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020100046601-51679-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233100020100046601/8EDAEA2014D2A93F554B4322266781BEF04368DBFF447F3A1FD3044EFA700CDA/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000201000466011100103

## Regla de decisión

La cláusula compromisoria debe interpretarse según las reglas específicas de los contratos y no de acuerdo con las reglas generales de interpretación de la ley.

## Problema jurídico

¿La inclusión de una cláusula compromisoria en un contrato constituye la intención inequívoca de las partes de renunciar a la jurisdicción estatal, obligándolas a resolver las controversias suscitadas con ocasión de su actividad contractual, de forma exclusiva ente la justicia arbitral, incluso respecto de la validez, interpretación y aplicación de dicha cláusula arbitral?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿Debe entenderse que la expresión “libre disposición” contenida en la Ley 1563 de 2012 permite someter a arbitraje asuntos que no necesariamente son transigibles…
- ¿Resulta procedente que los árbitros conozcan y decidan sobre pretensiones relacionadas con la nulidad absoluta de los contratos, incluso cuando esta se fundamenta en objeto o causa ilícitos…
- ¿La cláusula compromisoria conserva su validez y eficacia incluso cuando el contrato principal es declarado inexistente, ineficaz o inválido…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 1818 de 1998, art. 117
- Ley 1563 de 2012, art. 3
- Ley 84 de 1873, arts. 1618 y 1620

## Extracto

Según el artículo 117 del Decreto 1818 de 1998 (hoy artículo 3 de la Ley 1563 de 2012), el pacto arbitral es un negocio jurídico con fundamento en el cual las partes se someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Esta norma reconoce expresamente que el pacto arbitral, expresado mediante la fórmula de cláusula compromisoria o de compromiso, implica la renuncia de las partes a acudir a los jueces estatales. En su lugar, habilita a la justicia arbitral con el propósito de que sea esta la que conozca el conflicto suscitado con ocasión de su actividad contractual.

## Síntesis temática

El contratista y la entidad estatal pueden incluir una cláusula compromisoria en un contrato estatal que establezca la renuncia a la jurisdicción estatal y la obligación de resolver controversias mediante arbitraje, incluso respecto a la validez, interpretación y aplicación de dicha cláusula, siempre que la intención de las partes sea inequívoca y se ajuste a las reglas específicas de interpretación de los contratos. Esta regla, que reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza y efectos de la cláusula compromisoria, amplía el ámbito de la arbitrabilidad en Colombia al permitir someter a arbitraje asuntos de libre disposición, más allá de lo que era considerado transigible según normas anteriores, favoreciendo así la autonomía de las partes en la resolución de conflictos contractuales.

## Descriptores temáticos

CLÁUSULA COMPROMISORIA, CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL, ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, CONCEPTO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA, OBJETO DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, FINALIDAD DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, PACTO ARBITRAL, CONCEPTO DE PACTO ARBITRAL, OBJETO DEL PACTO ARBITRAL, NATURALEZA JURÍDICA DEL PACTO ARBITRAL, EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL, INTERPRETACIÓN DEL JUEZ, PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN, REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, ARBITRAJE, CONCEPTO DE ARBITRAJE, NORMATIVA DEL ARBITRAJE, OBJETO DEL ARBITRAJE, DERECHO TRANSIGIBLE, DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, TRANSACCIÓN, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, AUTONOMÍA DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, AUTONOMÍA DEL PACTO ARBITRAL, CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE, CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ARBITRAL, PRINCIPIOS DEL ARBITRAJE, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, VALIDEZ DEL PACTO ARBITRAL, VALIDEZ DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACCIÓN CONTRACTUAL DE NULIDAD ABSOLUTA, NULIDAD DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, NULIDAD ABSOLUTA DEL PACTO ARBITRAL, NULIDAD DEL PACTO ARBITRAL, CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN, FALTA DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EXCEPCIÓN DE CLÁUSULA COMPROMISORIA, EXCEPCIÓN POR COMPROMISO O CLÁUSULA COMPROMISORIA, INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, PLAZO RAZONABLE, VALORACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE

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## Texto del documento

CLÁUSULA COMPROMISORIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / CONCEPTO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA / OBJETO DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / FINALIDAD DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / PACTO ARBITRAL / CONCEPTO DE PACTO ARBITRAL / OBJETO DEL PACTO ARBITRAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL PACTO ARBITRAL / EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La inclusión de una cláusula compromisoria en un contrato constituye la intención inequívoca de las partes de renunciar a la jurisdicción estatal, obligándolas a resolver las controversias suscitadas con ocasión de su actividad contractual, de forma exclusiva ente la justicia arbitral, incluso respecto de la validez, interpretación y aplicación de dicha cláusula arbitral?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 117 del Decreto 1818 de 1998 (hoy artículo 3 de la Ley 1563 de 2012), el pacto arbitral es un negocio jurídico con fundamento en el cual las partes se someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Esta norma reconoce expresamente que el pacto arbitral, expresado mediante la fórmula de cláusula compromisoria o de compromiso, implica la renuncia de las partes a acudir a los jueces estatales. En su lugar, habilita a la justicia arbitral con el propósito de que sea esta la que conozca el conflicto suscitado con ocasión de su actividad contractual. Como resultado de un acuerdo de voluntades, la cláusula compromisoria debe interpretarse según las reglas específicas de los contratos (artículos 1618 a 1624 del Código Civil) y no de acuerdo con las reglas generales de interpretación de la ley (artículos 25 a 32 del Código Civil, artículo 5 de la Ley 57 de 1887 y artículos 1 a 49 de la Ley 153 de 1887). (...) Se aprecia en la cláusula compromisoria de la oferta mercantil n°. ESSAG-02- 2008 la intención inequívoca de las partes de sustraerse de la jurisdicción institucional para resolver los conflictos derivados de la ejecución del contrato y los relativos a «la existencia, validez, aplicación e interpretación» de la misma cláusula compromisoria. Cuando las partes dispusieron que someterían a arbitraje aquellas diferencias o discrepancias de carácter jurídico que no hubieran podido solucionar «de manera directa» (cláusula 14.1), reconocieron que, en primer lugar, como es natural, intentarían llegar a un arreglo mutuo y que en caso de no lograrlo acudirían a la decisión de un tercero –árbitro– para su solución. La intención de las partes, que aparece exteriorizada en esa cláusula, fue acordar que, ante una controversia, acudirían al arbitraje y renunciarían a la justicia institucional como mecanismo para resolverla. En efecto, las partes no pactaron la libertad o la facultad de elegir el juez al que acudirían, ante la posibilidad de un conflicto, sino que previeron y se obligaron a acudir al arbitraje para resolver sus controversias contractuales. Al punto que acordaron en la cláusula compromisoria que las controversias sometidas a arbitraje serían aquellas surgidas dentro de la ejecución, terminación y liquidación del negocio jurídico, así como las que surgieran en relación con la existencia, validez, aplicación e interpretación de la cláusula compromisoria. De manera que, cuando las partes acordaron una cláusula compromisoria tuvieron la intención de sustraerse de la justicia institucional y someterse a la decisión de los árbitros para definir la controversia (art. 1618 del CC), interpretación que da eficacia a la estipulación pactada (artículo 1620 del CC). Esta interpretación, entonces, implica favorecer los efectos de la cláusula compromisoria y reconoce la intención de las partes de sustraer la controversia de la justicia institucional.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 117, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620
ARBITRAJE / CONCEPTO DE ARBITRAJE / NORMATIVA DEL ARBITRAJE / OBJETO DEL ARBITRAJE / DERECHO TRANSIGIBLE / DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES
Problema jurídico:
¿Debe entenderse que la expresión “libre disposición” contenida en la Ley 1563 de 2012 permite someter a arbitraje asuntos que no necesariamente son transigibles, ampliando así el ámbito de la arbitrabilidad en Colombia respecto de lo previsto en normas anteriores como la Ley 446 de 1998?
Respuesta al problema jurídico: Si
Uno de los «principios» fundamentales de este mecanismo alternativo de solución de conflictos es que las cuestiones que las partes someten a los árbitros deben ser susceptibles de arbitraje. Este concepto, conocido como «arbitrabilidad», está relacionado con la disponibilidad de los derechos en disputa. La capacidad de disposición de un derecho es lo que lo hace susceptible de transacción y renuncia. Si una persona puede disponer de un derecho, es lógico que también pueda someterlo a la decisión de un tercero, aunque no sea un juez institucional. (...) [C]on la promulgación del actual estatuto arbitral se fijaron dos límites al concepto de arbitrabilidad en el contexto del arbitraje nacional: i) los árbitros solo pueden conocer conflictos relativos a asuntos de «libre disposición» y ii) el conocimiento de un asunto por parte de los árbitros puede estar autorizado directamente por una ley. No puede pasarse por alto la diferencia en la redacción del artículo 111 de la Ley 446 de 1998 (...), que limitaba la competencia de los árbitros a la resolución de conflictos de carácter «transigible», de aquella utilizada en la Ley 1563 de 2012 (arts. 1 y 40) que trae la expresión, como restricción a la competencia arbitral, asuntos de «libre disposición». Al consultar la historia fidedigna de la Ley 1563 de 2012, se encuentra que la intención del legislador fue ampliar los asuntos que podrían llevarse al arbitraje, «al someter a la decisión de los árbitros no solo aquellos asuntos que por su naturaleza sean transigibles, sino también los que por ley se defina que puedan ser dirimidos por el arbitraje, sean o no de carácter transigible». Pareciera, entonces, ser más amplia y flexible esta última disposición («asuntos de libre disposición») y se distancia un tanto de las estrictas disposiciones aplicables a la transacción.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116, DECRETO 1400 DE 1970, DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 115, DECRETO 410 DE 1971, LEY 103 DE 1923, LEY 105 DE 1890, LEY 105 DE 1931, LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 6, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 1, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 40, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 13 NUMERAL 3, LEY 28 DE 1931 - ARTÍCULO 12, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 111, LEY 53 DE 1887 - ARTÍCULO 38
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / NORMATIVA DEL ARBITRAJE / DERECHO TRANSIGIBLE / TRANSACCIÓN / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente que los árbitros conozcan y decidan sobre pretensiones relacionadas con la nulidad absoluta de los contratos, incluso cuando esta se fundamenta en objeto o causa ilícitos, considerando que dichas materias no están excluidas del ámbito de la transacción y, por tanto, son susceptibles de arbitraje bajo el concepto de arbitrabilidad vigente en Colombia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La doctrina especializada ha explicado –en el contexto del arbitraje nacional– que el concepto de «arbitrabilidad» –hasta antes de la expedición de la ley 1285 de 2009– se limitaba a los asuntos transigibles. Así mismo, serían transigibles aquellos derechos sobre los cuales su titular goza de la libre disposición. Por lo mismo, el concepto de «transigibilidad» –para el momento en que se celebró la cláusula arbitral– suponía un límite al conocimiento de los árbitros. (...) Las disposiciones que regulan el contrato de transacción establecen las materias que no pueden ser objeto de este tipo de acuerdos jurídicos. Así, el rtículo 2472 del Código Civil establece que no se puede transigir sobre una acción penal, pero sí sobre la acción civil derivada de un delito. El artículo 2473 prohíbe transigir sobre el estado civil de las personas. El artículo 2474 establece limitaciones y requisitos para las transacciones sobre alimentos futuros que se deban por ley. Además, el artículo 2475 invalida las transacciones sobre derechos ajenos o inexistentes, lo que concuerda con el artículo 2470, que dispone que solo puede transigir quien tenga capacidad de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Sobre este último punto, se suele repetir que la eventual nulidad de una estipulación por objeto o causa ilícitos no puede someterse a arbitraje, ya que no es una materia disponible para las partes. Sin embargo, valga precisar que el artículo 2470 del Código Civil se refiere a la disposición de objetos, por lo que requiere que la parte sea titular de los mismos y esté legalmente habilitada para enajenarlos (arts. 1503 y 1504 del CC). Con lo cual no existe una verdadera prohibición para que las partes puedan disponer de los mismos ni siquiera cuando sobre ellos recaiga una nulidad por objeto o causa ilícitos. Es importante observar que las normas que establecen los límites a la transacción o que definen las materias que pueden someterse a este tipo de actos jurídicos no prevén en ningún caso que las disputas relativas a la nulidad de los contratos estén excluidas del ámbito de la transacción. Por el contrario, el legislador estableció disposiciones que indican que los árbitros, al igual que los jueces institucionales, pueden conocer de las nulidades de los negocios jurídicos, inclusive aquellas generadas por objeto o causa ilícitos. (...) En la misma línea, la jurisprudencia se ha ocupado de las características del arbitraje y, en particular, del concepto de «arbitrabilidad». Con fundamento en argumentos como los aquí expuestos, sentencias judiciales, decisiones arbitrales, y numerosa doctrina nacional ratificaron la competencia de los tribunales arbitrales para conocer y decidir sobre nulidades absolutas por objeto o causa ilícitos, al abordar el tema de la «transigibilidad». (...) Respecto de la facultad de los árbitros para pronunciarse sobre las nulidades absolutas de los contratos, resulta relevante el tránsito jurisprudencial al interior de esta Corporación. Inicialmente, el Consejo de Estado adoptó una posición contraria, es decir, señaló que los árbitros no podían resolver sobre la nulidad o legalidad del contrato, porque ello correspondía al juez del contrato. Posteriormente, con ocasión del artículo 118 del Decreto 1818 de 1998 – introducido por el artículo 111 la Ley 446 de 1998–, esta Sección cambió de postura y reconoció que los árbitros podían pronunciarse sobre la nulidad de los contratos, criterio que desde entonces ha sido mayoritario. (...) . A partir de este recuento normativo, y de la aceptación de su procedencia en aquellos asuntos susceptibles de transacción o aquellos que la ley autorice, en vigencia de la Ley 446 de 1998, se precisó el alcance del concepto de «arbitrabilidad» teniendo en cuenta los parámetros señalados por la jurisprudencia. Así las cosas, es viable aseverar que la facultad de los árbitros de pronunciarse sobre las pretensiones relacionadas con la eventual existencia de nulidades, incluso por objeto o causa ilícitos, existe de tiempo atrás y no ha sido derogada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la transacción consultar providencia de 12 de abril de 2023, Exp. 67563, C.P. Guillermo Sánchez Luque. Acerca de las características del arbitraje y el concepto de «arbitrabilidad», consultar providencias de 23 de febrero de 2000, Exp.16394, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; de 23 de agosto de 2001, Exp. 19090, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 8 de junio de 2006, Exp. 32398, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de la Corte Constitucional, C-294 de 1995; C-431 de 1995; C-242 de 1997; C-098 de 2001; SU-174 de 2007. En relación con la competencia para decidir sobre la nulidad del contrato, consultar providencias de 15 de mayo de 1997, Exp. 12676; de 4 de abril de 2002, Exp. 20356, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 14 de agosto de 2003, Exp. 24344, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116, DECISIÓN 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 147 NUMERAL 2, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 306 INCISO 3, DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 115, DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 146, DECRETO 2651 DE 1991 - ARTÍCULO 20, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 1, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 162

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

o puede someterse al conocimiento de los árbitros. (...) ESSA-E.S.P. compareció al proceso y propuso la excepción de falta de competencia, por existir cláusula compromisoria entre las partes (...). También presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto admisorio de la demanda (...) y alegó una nulidad procesal, por ese mismo motivo (...). En la sentencia de primera instancia, el Tribunal se remitió a las consideraciones de la providencia del 30 de mayo de 2011 –que resolvió el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda– para desestimar la excepción de cláusula compromisoria (...). ESSA-E.S.P., en el recurso de apelación, reiteró que esta jurisdicción no es competente para conocer de este asunto e insistió en la excepción de cláusula compromisoria. Asimismo, esgrimió que el Tribunal, en la sentencia de primera instancia, omitió resolver la excepción formulada (...). [D]ebe concluirse que la jurisdicción y competencia de los árbitros nacionales se encuentra dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley, de manera general, y por la voluntad de las partes, de manera específica. La autonomía de la voluntad es el fundamento sobre el cual se construye el arbitraje. Dado que la institución arbitral surge de un acuerdo entre las partes, dicho acuerdo no puede ser ignorado por el juez institucional. La Constitución y la ley respaldan este origen convencional para que los árbitros puedan conocer y resolver una controversia determinada. En este orden de ideas, la arbitrabilidad es la norma general, siempre y cuando se haya pactado una cláusula compromisoria. Las restricciones a la autonomía de la voluntad, como las que se encuentran en el artículo 16 del Código Civil, son excepcionales (...). Es importante destacar que el propósito de las normas imperativas o de orden público no es hacer que los derechos que confieren sean indisponibles, sino evitar que sean derogados anticipadamente mediante acuerdos entre las partes. El hecho de que las normas de orden público sean imperativas y no disponibles no implica que los derechos que de allí se derivan sean «intransigibles» ni que exista una imposibilidad absoluta de someterlo a arbitraje. Al invocar la nulidad absoluta de un contrato, no se está buscando ir en contra de las normas de orden público, sino más bien garantizar su correcta aplicación dentro del marco de un arbitraje en derecho. El árbitro no pierde su competencia simplemente porque el debate involucre normas de orden público. En estos casos, surge la obligación para él de observar y aplicar dichas normas, ya que las reglas de orden público se imponen tanto al árbitro como al juez, lo que significa que aquel puede y debe hacerlas valer en el proceso. (...) En mérito de lo expuesto, la Sala concluye que se dan los presupuestos para declarar probada la excepción de cláusula compromisoria. Por lo tanto, habrá de revocarse la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declararse probada la excepción. Valga precisar que de las pruebas que obran en el expediente no es posible determinar que se haya constituido un Tribunal Arbitral para dirimir las controversias en torno a la cláusula compromisoria. En tal sentido, corresponderá al Tribunal que se integre, de ser ello así, analizar la legalidad de la cláusula compromisoria pactada por las partes.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 16
CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA COMPROMISORIA / EXCEPCIÓN DE CLÁUSULA COMPROMISORIA / EXCEPCIÓN POR COMPROMISO O CLÁUSULA COMPROMISORIA / INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / PLAZO RAZONABLE / VALORACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE
Problema jurídico:
¿Al declararse probada la excepción de cláusula compromisoria, se deberá tener en cuenta la fecha de presentación de la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para efectos de la caducidad de la acción, siempre que las partes integren el tribunal arbitral dentro de un plazo razonable, conforme a los criterios jurisprudenciales y legales vigentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es preciso señalar que, en caso de que las partes decidan integrar un Tribunal Arbitral para resolver las pretensiones aquí planteadas, se deberá tener en cuenta la fecha de presentación de la demanda ante esta jurisdicción –16 de abril de 2010– para efectos de la caducidad de la acción, siempre que las partes acudan a integrar el Tribunal dentro del «plazo razonable» que para el efecto haya señalado el juez, tal como a continuación se explica: El artículo 91.2 del CPC, modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, dispuso que operaría la caducidad de la acción cuando el proceso hubiera terminado con ocasión de alguna de las excepciones mencionadas en el artículo 99.7 del mismo estatuto procesal. A su vez, este último artículo remitía a la excepción de compromiso o cláusula compromisoria (art. 97.3) y a las excepciones previstas en los numerales 1, 4, 5, 6, 10 e inciso final del artículo 97. Así, de conformidad con las disposiciones ya referidas, en caso de prosperar las excepciones de falta de jurisdicción y de cláusula compromisoria en un proceso (art. 97 núm. 1 y 3), no se entendería interrumpida la prescripción y operaría la caducidad. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del artículo 91.2 del CPC –modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003–, declaró inexequible la norma (art. 91.2 del CPC), al considerar que suponía una carga desproporcionada para la parte demandante en lo referente a las excepciones de falta de jurisdicción y de cláusula compromisoria (...). Así las cosas, bajo el panorama expuesto, ante el vacío que existía en vigencia del CPC frente al término del que disponían las partes para integrar el Tribunal de Arbitramento, esta Corporación consideró como un «plazo razonable» el de 45 días hábiles, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 143 del CCA; 129 del Decreto 1818 de 1998 y la sentencia C-662 de la Corte Constitucional. En este orden de ideas, la Sala señalará que las partes cuentan con un término de 45 días hábiles para que, si a bien lo tienen, acudan a integrar el respectivo Tribunal Arbitral para que dirima las pretensiones aquí planteadas, en cuyo caso, se tendrá en cuenta, para todos los efectos legales, la fecha de presentación de la demanda ante esta jurisdicción
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el plazo razonable para la constitución del tribunal de arbitramento, consulta providencias de 26 de noviembre de 2015, Exp. 28507, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de la Corte Constitucional, C-662 de 2004.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 143, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 91 NUMERAL 2, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 97 NUMERAL 3, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 99 NUMERAL 7, DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 129, LEY 794 DE 2003 - ARTÍCULO 11

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-07-14. C.P. WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ. Rad. 76001233100020100046601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020100046601-51679-sentencia).
