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clave: "consejo_estado:providencia:76001233100020060332003-53962-salvamento-voto-2024-05-27"
titulo: "Salvamento de voto: los actos precontractuales y contractuales de las Empresas de Servicios Públicos ESP tienen la naturaleza de actos administrativos"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-05-27"
radicado: "76001233100020060332003"
numero: "53962"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Salvamento de voto: los actos precontractuales y contractuales de las Empresas de Servicios Públicos ESP tienen la naturaleza de actos administrativos

- **Título oficial / radicado:** Salvamento voto — Salvamento de voto
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-05-27
- **Radicado:** 76001233100020060332003
- **Número interno:** 53962
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA.
- **Demandado:** EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO -EMSIRVA E.S.P.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020060332003-53962-salvamento-voto-2024-05-27
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233100020060332003/1D4FE54D42A33837861E79867BBDF53C34A7D9A587BF28221CB81E247476E3F4/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000200603320031100103

## Problema jurídico

¿Los actos precontractuales y contractuales de las Empresas de Servicios Públicos ESP tienen la naturaleza de actos administrativos en tanto afectan el presupuesto público?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿El hecho de que la Ley 80 de 1993 estableciera como principio y eje la autonomía de la voluntad significa que, el régimen general de los contratos estatales sea el privado y la normativa pública…
- ¿Los regímenes exceptuados de la contratación pública, conforme con la Ley 80 de 1993, deben aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal…
- ¿El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 debe aplicarse a los contratos de régimen exceptuado, dentro de los que se encuentran los celebrados por las Empresas de Servicios Públicos?

## Extracto

Las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial -tal como ocurre con EMSIRVA ESP para el caso concreto- hacen parte del sector descentralizado por servicios de conformidad con lo prescrito en el literal d) del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 –por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política-.

## Descriptores temáticos

SALVAMENTO DE VOTO, ACTO PRECONTRACTUAL, NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL, ACTO CONTRACTUAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PRESUPUESTO PÚBLICO, ACTO ADMINISTRATIVO, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, DERECHO PRIVADO, GESTIÓN FISCAL, PRINCIPIOS DEL CONTROL FISCAL, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, ACTIVIDAD CONTRACTUAL, REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, NOMOFILAXIS, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PREVALENCIA DE LEY POSTERIOR, ACTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, NÓMINA, CONTRATO, ENTIDAD DESCENTRALIZADA, ENTIDAD CENTRALIZADA, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CONTROVERSIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACTO UNILATERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL, IMPROCEDENCIA DE LA ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, RÉGIMEN LEGAL DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, REQUISITOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO JURÍDICO, ACTO JURÍDICO UNILATERAL, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, BUENA FE, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA, COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL

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## Texto del documento

SALVAMENTO DE VOTO / ACTO PRECONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUPUESTO PÚBLICO / ACTO ADMINISTRATIVO / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿Los actos precontractuales y contractuales de las Empresas de Servicios Públicos ESP tienen la naturaleza de actos administrativos en tanto afectan el presupuesto público?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial -tal como ocurre con EMSIRVA ESP para el caso concreto- hacen parte del sector descentralizado por servicios de conformidad con lo prescrito en el literal d) del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 –por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política-. En consecuencia, no puedo compartir las conclusiones contenidas en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, expediente 42.003, en relación con la naturaleza jurídica de los actos precontractuales de las ESP y que ahora se hacen extensivas a los actos proferidos durante la ejecución del contrato, pues, este tipo de manifestaciones unilaterales de la voluntad de las entidades y autoridades administrativas directamente encaminadas a producir efectos jurídicos revisten la connotación de actos administrativos, en tanto afectan el presupuesto público y, por lo tanto, su expedición debe adecuarse a los postulados de los principios de las funciones administrativa y fiscal, razón por la cual esos actos pueden ser sometidos a controles de validez y de legalidad y no solo contrastados con parámetros de buena fe objetiva. En ese orden de ideas, a diferencia de lo señalado en la providencia de la referencia, la teoría del acto administrativo no está circunscrita o asociada a la denominada “prerrogativa de poder público”, porque es perfectamente posible que una entidad sometida a un régimen exceptuado de contratación pueda expedir actos administrativos, en la medida que compromete el presupuesto de la entidad estatal, con independencia de que intervenga en un mercado de libre competencia o de libre participación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica de los actos precontractuales de las ESP, ver: Sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, exp. 42003, C.P. Alberto Montaña Plata
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 189 NUMERAL 15, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 189 NUMERAL 16, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 38 NUMERAL 2 LITERAL D
SALVAMENTO DE VOTO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿El hecho de que la Ley 80 de 1993 estableciera como principio y eje la autonomía de la voluntad significa que, el régimen general de los contratos estatales sea el privado y la normativa pública opere de modo supletivo o accesorio?
Respuesta al problema jurídico: No
La Constitución Política de 1991 otorgó al Congreso de la República la competencia para expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (inciso final artículo 150), tarea que se formalizó con la promulgación de la Ley 80 de 1993 cuyo propósito o vocación inicial era la de convertirse en cuerpo normativo universal aplicable a la totalidad de la contratación pública estatal, y especialmente de la administración nacional tal como quedó consignado, inequívocamente, en la exposición de motivos del proyecto que finalmente se convertiría en ley de la República. En efecto, el mencionado estatuto propugnó por un marco normativo general y único de contratación para todas las entidades estatales del orden nacional y territorial, con la particularidad de que el principio rector del régimen contractual es el de la autonomía de la voluntad, salvo los aspectos que tienen una regulación expresa, entre los que se encuentran (i) los principios para el desarrollo de los procedimientos de selección de los contratistas, específicamente para garantizar la selección objetiva; (ii) los aspectos concretos sobre la capacidad para contratar, inhabilidades e incompatibilidades; (iii) registro único de proponentes, (iv) asignación de los riesgos, (v) las potestades excepcionales y las de dirección del contrato; (vi) el perfeccionamiento y la forma del negocio jurídico; (vi) normas complementarias y especiales sobre nulidades del contrato; (vii) liquidación del negocio jurídico y, (viii) solución de controversias. Es importante aclarar que el hecho de que la Ley 80 de 1993 estableciera como principio y eje la autonomía de la voluntad no significa en modo alguno, que el régimen general de los contratos estatales sea el privado y la normativa pública opere de modo supletivo o accesorio
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150, LEY 80 DE 1993
SALVAMENTO DE VOTO / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN FISCAL / PRINCIPIOS DEL CONTROL FISCAL / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES / SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ACTO PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Los regímenes exceptuados de la contratación pública, conforme con la Ley 80 de 1993, deben aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, garantizar el principio de publicidad contractual y se les hace extensivo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de dicha ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
[N]o cabe duda alguna de que el Estado participa directamente en la prestación de bienes y servicios en un esquema de mercado o de competencia, motivo por el cual es preciso que cuente con herramientas y esquemas de negocio jurídico que le permitan ejercer de manera eficiente, eficaz y rentable la correspondiente actividad económica y, por esa específica razón, no resulta admisible que se impongan a las entidades públicas la estructura y rigidez administrativa propia de un procedimiento estatal para la celebración y modificación de contratos típicamente comerciales. Esta necesidad de instrumentos contractuales más eficientes hizo que el legislador, rápidamente, estableciera una nueva categoría de negocios jurídicos estatales denominados “regímenes exceptuados de contratación pública”, eventos en los cuales pueden advertirse dos situaciones o escenarios, el primero, cuando la propia Ley 80 de 1993 remite a normas especiales que regulan determinados negocios jurídicos de algunas entidades estatales (v gr contratos de exploración y explotación de recursos naturales, concesión de telecomunicaciones, concesión del servicio de telefonía de larga distancia, entre otros) y, el segundo, cuando leyes especiales, posteriores a la Ley 80 de 1993, regulan o prevén el régimen de contratación de la respectiva entidad, asignándole uno específico, concretamente, el de derecho privado o público diferente al de la Ley 80 de 1993 (v gr Ley 142 de 1994 de servicios públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, entidades financieras, entre otras). (...) De la lectura de la referida norma se pueden extraer algunas conclusiones esenciales para definir el contenido y alcance de la disposición: (i) la aplicación en la actividad contractual - que incluye la etapa precontractual, contractual y poscontractual- de los principios de la función administrativa (artículo 209 CP) y de la gestión fiscal (artículo 267 CP); (ii) el régimen de inhabilidades e incompatibilidades contenido en la Ley 80 de 1993 se hace extensivo a los regímenes exceptuados y, (iii) se debe garantizar el principio de publicidad contractual, motivo por el cual todos los documentos relacionados con la actividad negocial deben ser gestionados a través del sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II) (...)
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 267, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 142 DE 1994, LEY 2195 DE 2022 - ARTÍCULO 53, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 1, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993
SALVAMENTO DE VOTO / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / NOMOFILAXIS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PREVALENCIA DE LEY POSTERIOR
Problema jurídico:
¿El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 debe aplicarse a los contratos de régimen exceptuado, dentro de los que se encuentran los celebrados por las Empresas de Servicios Públicos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]iscrepo de la sentencia aprobada por la mayoría de la Sala Plena de la Sección Tercera por cuanto en ella se evadió, por completo, el debate acerca de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 a los contratos de régimen exceptuado, dentro de los cuales se encuentran los celebrados por las Empresas de Servicios Públicos (ESP). Es particularmente relevante advertir que, según la sentencia de unificación adoptada, el régimen de autonomía de los servicios públicos hace que los contratos celebrados por las ESP tengan una naturaleza especial y particular que los enmarcaría en una categoría sui generis, pues, no serían contratos estatales de Ley 80 de 1993 (EGCAP) ni tampoco contratos estatales de régimen exceptuado, por lo cual no resultaría aplicable a este tipo de negocios el precitado artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Por consiguiente, me aparto por completo de la anterior conclusión, sobre la base de considerar que la Sala omitió varios criterios hermenéuticos que han debido ser tenidos en cuenta para resolver el problema jurídico consistente en definir si el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 era o no una disposición aplicable a los contratos que celebran las empresas de servicios públicos domiciliarios; el primer criterio interpretativo es el temporal, dado que la Ley 1150 de 2007 es una ley posterior a la Ley 142 de 1994 (artículo 2 Ley 153 de 1887) y, el segundo, es el derivado del principio de nomofilaxis, según el cual donde el legislador no distinguió no es posible al intérprete hacerlo (“ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”) (...) En síntesis, en la sentencia de unificación se echa de menos un análisis que justifique las razones por las cuales los mandatos inequívocos del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 no son aplicables a los contratos estatales celebrados por empresas de servicios públicos domiciliarios; en otros términos, el criterio mayoritario ha debido explicar los motivos por los cuales considera que los principios de las funciones administrativa y fiscal (artículos 209 y 267 CP) no son aplicables a este tipo de negocios jurídicos, lo cual, reitero, los convierte, en una supuesta categoría de contratos estatales nueva y diferente. Sobre este punto, la sentencia de unificación hace un examen extenso sobre el marco constitucional que regula los servicios públicos domiciliarios y, posteriormente, entra de lleno en las normas que regulan el régimen contractual aplicable (derecho privado), pero, omite por completo el debate que ha debido darse en torno a si a este tipo de contratos les resultan aplicables o no los principios de las funciones administrativa y fiscal, aspecto que, a mi modo de ver, era indispensable para establecer la naturaleza jurídica de los actos jurídicos que se profieren por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios a lo largo de la ejecución contractual. A diferencia del criterio mayoritario, considero que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 resulta aplicable a todos los contratos estatales de régimen exceptuado (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", ver: Corte Constitucional, sentencias C-029 de 2019, C-055 de 2022 y C-394 de 2019.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 142 DE 1994, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 2
SALVAMENTO DE VOTO / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN / APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / ACTO CONTRACTUAL / NÓMINA / CONTRATO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ENTIDAD DESCENTRALIZADA / ENTIDAD CENTRALIZADA
Problema jurídico:
¿Todo acto administrativo que afecte una apropiación presupuestal, para la ejecuci

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

DMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL
Problema jurídico:
¿La sentencia debió estudiar de fondo los incumplimientos contractuales cuando no dijo nada sobre la existencia, validez y eficacia del acto de liquidación demandado?
Respuesta al problema jurídico: No
En la demanda no solo se pidió expresamente la nulidad de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato por falta de competencia, sino también la liquidación judicial del contrato; no obstante, la sentencia estudia de fondo los incumplimientos, pero no dice nada en relación con la validez del “acto jurídico de derecho privado”, por lo cual, se dejó incólume el acto denominado “acto jurídico de derecho privado”, sin que frente al mismo se hubiese hecho un mínimo ejercicio de control de legalidad o, incluso, de buena fe objetiva. Por consiguiente, considero que debió estudiarse la validez de los actos jurídicos de liquidación para establecer si era posible o no liquidar unilateralmente el contrato, antes de estudiar uno a uno los incumplimientos alegados en la demanda, más aún si los actos demandados fueron proferidos con posterioridad a la presentación de la demanda, razón por la cual era imperativo establecer si fueron expedidos sin competencia temporal de la entidad demandada. En otras palabras, la Sala concluyó que este tipo de actos jurídicos son de derecho privado y, por lo tanto, no son susceptibles de control de legalidad; sin embargo, su contenido y alcance sí debe confrontarse de acuerdo con el principio de buena fe objetiva, pese a ello, en este caso concreto la sentencia se abstuvo de analizar o controlar el acto jurídico a la luz de las normas superiores de derecho privado y, por el contrario, el estudio se circunscribió a definir si estaban o no probados los incumplimientos alegados en la demanda. En consecuencia, la sentencia no solo alteró el contenido de la demanda para reencausarla e interpretarla, sino que, además, modificó el estudio natural de la controversia, pues, lo normal es que se hubiera analizado el denominado “acto jurídico de derecho privado de liquidación unilateral” para establecer si el mismo había sido proferido con sujeción a las normas de derecho privado (v gr buena fe objetiva) y, luego, en caso de que el acto fuera “inexistente, inválido o ineficaz” estudiar los incumplimientos invocados por la sociedad demandante; contrario sensu, la providencia se abstuvo de controlar el acto de derecho privado para estudiar de manera directa los incumplimientos alegados, por manera que se dejó de lado el control de un acto que liquidaba unilateralmente el negocio jurídico. Lo anterior genera los siguientes interrogantes: ¿por qué la sentencia omitió el estudio de existencia, validez e ineficacia del acto jurídico de derecho privado de liquidación unilateral?, ¿qué habría pasado si alguno de los incumplimientos invocados en la demanda hubiese quedado acreditado?, ¿si se hubiera advertido el incumplimiento del contrato qué habría ocurrido con la resolución demandada, esto, es persistía como acto jurídico o desaparecía del mundo jurídico?, ¿de haberse acreditado un incumplimiento, el juez podría haber liquidado judicialmente el contrato en los términos solicitados en la demanda, a pesar de que existía un acto (resolución) de liquidación unilateral? ¿La administración pública, en este caso concreto, Emsirva4 , podría invocar, aducir y aplicar la Resolución GG-01117 del 11 de octubre de 2006 para adelantar un proceso de jurisdicción coactiva en contra de la sociedad contratista, toda vez que el referido acto de liquidación unilateral no fue declarado inexistente, nulo o inoponible, máxime si en el trámite del proceso ejecutivo no se puede proponer como excepción la invalidez del título?. 10) En síntesis, discrepo de la sentencia de unificación en tanto considero que ha debido confirmarse la sentencia apelada que estudió la validez de la Resolución (...) y declaró la falta de competencia para la expedición de la Resolución (...) -que resolvió el recurso de reposición en contra de la primera- por haberse proferido después de notificado el auto admisorio de la demanda. Este tipo de manifestaciones unilaterales de la voluntad de las empresas de servicios públicos oficiales o mixtas constituyen verdaderos actos administrativos susceptibles de control de legalidad -incluso es posible solicitar su suspensión provisional como medida cautelar-, por cuanto tienen que respetar los principios de la función administrativa, de la función fiscal y, adicionalmente, porque comprometen el presupuesto oficial de las correspondientes entidades estatales. (...) En ese específico contexto fáctico y normativo, considero equivocado que se acuda a un principio jurisprudencial como el “iura novit curia” para alterar, cambiar y sustituir el cauce fijado en la demanda, según el criterio del juez, para que este sea el encargado de definir qué se controla y cómo se controla, con desconocimiento de las normas procesales de orden público, tal como ocurrió en este caso concreto, en el cual se dejó de lado el control de legalidad de un acto proferido unilateralmente por la administración, para estudiar directamente los presuntos incumplimientos alegados en la demanda, sin tener en cuenta, en modo alguno, la posible incidencia que hubiera tenido acceder total o parcialmente a las pretensiones de la demanda, cuando de por medio existió un acto jurídico -administrativo que no fue retirado del orden jurídico. En efecto, frente al caso concreto estimo que, al margen de la tesis prohijada la sentencia de unificación, lo cierto es que, con antelación a estudiar los posibles o eventuales incumplimientos alegados en la demanda, la Sala ha debido analizar la “inexistencia, validez e ineficacia” de lo que se denomina “acto jurídico de derecho privado de liquidación unilateral” para establecer si ese acto fue proferido con apego al orden jurídico superior y si era o no acorde con la buena fe objetiva, en aras de establecer si era necesario retirarlo o no del mundo jurídico. Así las cosas, estimo que la Sala no podía estudiar uno a uno los incumplimientos alegados por la sociedad demandante, sin que previamente se hubiera definido la suerte de la Resolución (...) de octubre de 2006, pues, con independencia de que se trate de un acto administrativo o un acto jurídico de derecho privado, lo cierto es que sí constituye un acto jurídico unilateral, proferido con habilitación contractual previa y expresa, razón suficiente para que fuera necesario establecer si el contenido de ese acto se ajustaba o no al ordenamiento jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema que solo las empresas de servicios públicos oficiales con régimen de empresas industriales y comerciales del Estado, y los municipios prestadores directos de servicios públicos domiciliarios gozan de la prerrogativa de la jurisdicción coactiva, en los términos del artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), ver: sentencia C-666 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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Consejo de Estado. Providencia Salvamento voto — Salvamento de voto. 2024-05-27. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 76001233100020060332003. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020060332003-53962-salvamento-voto-2024-05-27).
