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clave: "consejo_estado:providencia:70001233100020090016801-64491-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se configuró el dolo del señor Salvador Arana Sus, por haber sido declarada la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-03-13"
radicado: "70001233100020090016801"
numero: "64491"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: se configuró el dolo del señor Salvador Arana Sus, por haber sido declarada la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-03-13
- **Radicado:** 70001233100020090016801
- **Número interno:** 64491
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPETICION
- **Actor:** GOBERNACIÓN DE SUCRE
- **Demandado:** SALVADOR ARANA SUS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:70001233100020090016801-64491-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/70001233100020090016801/8740417BD5A663F0240B6CEB1566A5C551B67F871D2BFD510F4F28F95F9A14ED/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=700012331000200900168011100103

## Problema jurídico

¿Se configuró el dolo del señor Salvador Arana Sus, demandado en el presente proceso, por haber sido declarada la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, debido a que dicho acto administrativo fue expedido con desviación de poder?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Las presunciones legales de dolo y culpa grave previstas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la…
- ¿En virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente…
- ¿Es procedente actualizar la condena impuesta en primera instancia en razón a que no fue objeto del recurso de apelación?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 678 de 2001, art. 5 núm. 1

## Extracto

El Tribunal Administrativo de Sucre, por sentencia del 16 de agosto de 2007, declaró la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, por medio de la cual se omitió incorporar al señor Miguel Adolfo Drago Benito-Revollo al cargo de profesional universitario, código 340, grado 04, que desempeñaba en la Gobernación de Sucre; y condenó a dicha entidad territorial a pagarle los salarios y las prestaciones sociales que el señor Drago Benito-Revollo dejó de percibir desde que fue desvinculado de su cargo hasta que fue reintegrado al mismo.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN, ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, DOLO, CONFIGURACIÓN DEL DOLO, PRESUNCIÓN DE DOLO, DEMOSTRACIÓN DEL DOLO, PRUEBA DEL DOLO, DESVIACIÓN DE PODER, CONFIGURACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER, DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE, RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ALCANCE DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY, CONDENA, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / DESVIACIÓN DE PODER / CONFIGURACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se configuró el dolo del señor Salvador Arana Sus, demandado en el presente proceso, por haber sido declarada la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, debido a que dicho acto administrativo fue expedido con desviación de poder?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Tribunal Administrativo de Sucre, por sentencia del 16 de agosto de 2007, declaró la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, por medio de la cual se omitió incorporar al señor Miguel Adolfo Drago Benito-Revollo al cargo de profesional universitario, código 340, grado 04, que desempeñaba en la Gobernación de Sucre; y condenó a dicha entidad territorial a pagarle los salarios y las prestaciones sociales que el señor Drago Benito-Revollo dejó de percibir desde que fue desvinculado de su cargo hasta que fue reintegrado al mismo. El departamento de Sucre inició proceso de repetición contra Salvador Arana Sus, quien, en su condición de gobernador de esa entidad territorial, profirió el acto administrativo que fue declarado nulo. (...) Como se indicó con anterioridad, el segundo problema jurídico a resolver en el presente caso trata sobre la acreditación del requisito subjetivo de la acción de repetición, esto es, la cualificación de la conducta del agente como dolosa. Al punto, la entidad territorial demandante adujo que el demandado obró con desviación de poder (hecho conocido), situación de la cual, una vez ha sido demostrada, se presume la existencia del dolo en la actuación del señor Salvador Arana Sus (hecho desconocido), de acuerdo con lo prescrito en el artículo 5, numeral 1, de la Ley 678 de 2001. (...) En la demanda se indicó que “el gobernador hizo nombramientos provisionales de profesionales universitarios, código 340, grado 04 (…) pudiendo haber incorporado al actor, entrañando ello una desviación de poder”, y que “las acciones y omisiones del gobernador de ese entonces ocasionaron la sentencia que originó detrimento patrimonial del departamento de Sucre, como se expresa en la misma”. Con lo anterior, la entidad territorial demandante aduce que el dolo con el que actuó el demandado, al haber expedido con desviación de poder la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, quedó establecido con la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre el 16 de agosto de 2007 (...) Así las cosas, la entidad territorial demandante probó el supuesto de hecho previsto en el artículo 5, numeral 1, de la Ley 678 de 2001, ya que el Tribunal Administrativo de Sucre declaró la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002 porque encontró demostrado el cargo de desviación de poder alegado por el señor Miguel Adolfo Drago Benito-Revollo, y, en consecuencia, se presume la existencia del dolo del señor Salvador Arana Sus en la expedición de dicho acto administrativo. Sin embargo, la configuración de esta presunción admitía prueba en contrario59 e invertía la carga de la prueba, por lo que le correspondía al demandado probar que no actuó con dolo en la expedición del acto administrativo antes referido, pero este se limitó a proponer, como medios de defensa en el escrito de contestación de la demanda, las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, de falta de competencia y de caducidad, y a argumentar, en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, que era médico de profesión y que firmó la resolución convencido de su legalidad, ya que se había apoyado en los profesionales en derecho y de recursos humanos de la gobernación para la proyección y aprobación de la misma, pero no aportó elemento de conocimiento alguno que diera cuenta de sus afirmaciones. Aunado a lo anterior, la Subsección encuentra que: (i) las facultades de creación, supresión y fusión de los empleos de la Gobernación de Sucre, así como el establecimiento de sus funciones especiales, son atribuciones del gobernador departamental, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 305, numeral 7, de la Constitución Política60 y el artículo 94, numeral 9, del Decreto Ley 1222 de 198661; (ii) la expedición de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002 está directamente relacionada con el daño antijurídico que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, fue determinante en la ocurrencia de esa afectación y fue expedida por la persona facultada para ello, esto es, el señor Salvador Arana Sus. . Respecto de lo anterior, la Sala denota que como el presente asunto se rige por la Ley 678 de 2001 y por una causal con expresa aducción de la presunción de dolo de que trata el numeral 1° del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, el demandado tuvo en esta sede de repetición la oportunidad de probar en sentido contrario a la presunción y, sin embargo, no lo hizo, razón por la cual la presunción de dolo se encuentra incólume. En estas condiciones, se impone una respuesta positiva al segundo problema jurídico y, en consecuencia, se debe confirmar la sentencia de primera instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Las presunciones legales de dolo y culpa grave previstas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la conducta del agente?
Respuesta al problema jurídico: Si
No obstante lo anterior, la acreditación del supuesto de hecho que describen las presunciones legales previstas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la conducta del agente porque, en todo caso, el juez contencioso debe establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño antijurídico que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si fue determinante en la ocurrencia de esa afectación y, (iii) cuál fue el grado de participación del agente. La Corte Constitucional, en sentencia de reciente, precisó que las presunciones de dolo y culpa previstas en la ley eximen al organismo estatal de probar el supuesto de la inferencia por estar descrito directamente en la ley, pero no lo relevan de acreditar que la actuación del agente, por su arbitrariedad o su negligencia, fue determinante en la ocurrencia del supuesto de la presunción, tarea en la que resulta determinante: (i) el análisis de las funciones contempladas en la ley, y (ii) el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida. Así, las presunciones legales de que tratan los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, en el ámbito de la responsabilidad personal del servidor o exservidor contra quien el órgano público ejercita la pretensión de repetición, complementan las definiciones de dolo y culpa grave, e invierten la carga de la prueba. Cuando no esté acreditado el supuesto en el que se funda la presunción, la calificación de la conducta del agente debe evaluarse frente a la definición llana del dolo y la culpa grave. En consecuencia, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, debe probarse que la conducta del servidor o exservidor demandado encaja en la definición de dolo o culpa grave prevista en esa normativa, ya sea porque quiso “la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado” (dolo) o porque incurrió en “una infracción directa a la Constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones” (culpa grave). En otras palabras, “las presunciones allí contenidas no son un juicio anticipado que desconozca el principio de presunción de inocencia, sino simplemente se trata” “de un típico procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador”, “por ello, la presunción constituye un medio indirecto y crítico para alcanzar la verdad, ya que se trata de un criterio que la ley o el juez se forma sobre la certeza de un hecho por su lógica conexión con otro hecho diferente y conocido como cierto”.
NOTA DE RELATORÍA:
Corte Constitucional, sentencia C-354 de 26 de agosto de 2020. Corte Constitucional, sentencia C-374 de 14 de mayo de 2002, por medio de la cual declaró exequibles los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001. Sobre el tema ver: sentencia C-512 de 31 de julio de 2013. “Las presunciones tienen una relación directa con la carga de la prueba en el proceso. Quien las invoca, debe demostrar los antecedentes o circunstancias a partir de las cuales sea posible deducir el hecho objeto de la presunción. (…) En la medida en que es posible desvirtuarlas, por medio de pruebas idóneas, las presunciones no vulneran el debido proceso, ni el derecho de defensa, ni menoscaban las garantías mínimas de las personas afectadas por ellas.”. 57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de marzo de 2017, rad. 50.032. 58 Corte constitucional. Sentencia C – 374 de 2002.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / ALCANCE DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿En virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”. Por ende, como la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002 fue expedida en vigencia de la Ley 678 de 2001, esta resulta aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los efectos retroactivos de la Ley 678 de 2001, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330. En la acción de repetición, cuando los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 18 de junio de 2018. Expediente No. 54692. Sobre la aplicación de la presunción de culpa grave y la presunción de dolo, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 11 de julio de 2019, exp. 54692.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente actualizar la condena impuesta en primera instancia en razón a que no fue objeto del recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El departamento de Sucre solicitó que el señor Salvador Arana Sus fuera condenado al pago de la suma de ciento dieciséis millones ciento tres mil quinientos cuarenta y un pesos ($116.103.541) moneda corriente, valor que corresponde al pago que la entidad territorial realizó en cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. El Tribunal Administrativo de Sucre, en la sentencia de primera instancia del presente proceso de repetición, encontró que: “[E]l valor total de la condena, sin inclusión de los intereses de mora, por cuanto el tiempo que se tardó la entidad para pagar, aún dentro de los plazos legales, no puede serle trasladado a quien ningún control tenía para la época del efectivo pago sobre la forma en que sería satisfecha la condena judicial, correspondió a $106.735.807”. Y este valor, actualizado a la fecha de expedición de la sentencia de primera instancia, ascendía a la suma de ciento sesenta y cinco millones quinientos setenta mil treinta pesos con sesenta y cuatro centavos ($165.570.030,64) moneda corriente. Como la anterior decisión no fue objeto de reproche en el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra el fallo de primera instancia, la Subsección se limitará a actualizar dicho valor, de acuerdo a la fórmula aritmética habitualmente empleada por la jurisprudencia de la Corporación para el efecto
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente condenar en costas en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se efectuará condena en costas.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-03-13. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 70001233100020090016801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:70001233100020090016801-64491-sentencia).
