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clave: "consejo_estado:providencia:68001233300020160056501-68140-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el incumplimiento del contrato de obra pública"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-05-19"
radicado: "68001233300020160056501"
numero: "68140"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: el medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el incumplimiento del contrato de obra pública

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-05-19
- **Radicado:** 68001233300020160056501
- **Número interno:** 68140
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSORCIO HOSPITALES DE COLOMBIA
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DE SANTANDER
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233300020160056501-68140-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/68001233300020160056501/9EEA7547E7EC8D3B4EFD2B4B7890AD0464C7E8E0E8FBE4E7E3DFFAE5A505B0A6/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201600565011100103

## Regla de decisión

El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del departamento de Santander y la consecuencial indemnización de perjuicios.

## Problema jurídico

¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del departamento de Santander y la consecuencial indemnización de perjuicios?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
- ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del departamento de Santander y la…
- ¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 141

## Extracto

En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Comoquiera que las pretensiones elevadas en la demanda se refieren a la declaratoria de incumplimiento del Contrato por parte del Departamento y la consecuencial indemnización de perjuicios a favor del Consorcio, es evidente que el medio de control procedente es el de controversias contractuales.

## Síntesis temática

El medio de control de controversias contractuales es procedente para reclamar el incumplimiento de un contrato estatal y la indemnización de perjuicios consecuencial, porque el artículo 141 del CPACA permite a cualquiera de las partes pedir la declaratoria de existencia o nulidad del contrato, la declaratoria de incumplimiento, la condena a indemnizar los perjuicios y la liquidación del contrato. La legitimación en la causa se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, de modo que el contratista demandante y la entidad contratante demandada están legitimados por activa y por pasiva. Cuando las pretensiones se dirigen a declarar el incumplimiento de un contrato de obra pública y a obtener la indemnización que de él se deriva, la vía idónea es esta, y la oportunidad de la demanda debe examinarse frente al término de caducidad aplicable. En el caso concreto, el consorcio contratista reclamó al departamento el incumplimiento del contrato de obra pública y la indemnización consecuencial, y la providencia modificó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, el contratista que pretenda el reconocimiento de un incumplimiento debe canalizar sus pretensiones por esta vía procesal y dentro del término legal.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, CONTRATO DE OBRA, MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA, MAYOR VALOR DE LOS COSTOS, ADICIÓN AL CONTRATO, ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL, DEBERES DEL JUEZ, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS, TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL, REAJUSTE DE PRECIO, IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL, PRECIO, PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA, MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del departamento de Santander y la consecuencial indemnización de perjuicios?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Comoquiera que las pretensiones elevadas en la demanda se refieren a la declaratoria de incumplimiento del Contrato por parte del Departamento y la consecuencial indemnización de perjuicios a favor del Consorcio, es evidente que el medio de control procedente es el de controversias contractuales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, según el cual la legitimación en las controversias contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes, se colige que el Consorcio y el Departamento están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, al ser las partes del Contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del departamento de Santander y la consecuencial indemnización de perjuicios?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto en el inciso iii) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en los contratos que requieran liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales se contará “desde el día siguiente al de la firma del acta”. En el presente asunto, el acta de liquidación bilateral se suscribió el 5 de septiembre de 2014, por lo cual, el término de caducidad de 2 años del medio de control corrió entre el 6 de septiembre de 2014 y el 6 de septiembre de 2016. Así las cosas, le demanda radicada el 6 de mayo de 2016 es oportuna, incluso sin tener en cuenta la suspensión del término de caducidad que operó entre el 4 de marzo y el 26 de abril de 2016 por la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 INCISO 3 LITERAL J
APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin limitaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no fue objeto del recurso de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”. (...) Así las cosas, de conformidad con los cargos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, le corresponde a la Sala determinar si el reconocimiento de la suma de ochenta y nueve millones seiscientos trece mil setecientos noventa y ocho pesos ($89’613.798), por concepto de obras adicionales, era procedente o si, por el contrario, debe revocarse esta decisión del tribunal de primera instancia. (...) Por otro lado, y atendiendo a los reparos concretos formulados por la parte demandante en su recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a reconocerle al Consorcio los costos por mayor permanencia en obra y el reajuste de los precios unitarios inicialmente ofertadas y si, en tal sentido, debe modificarse la sentencia de primera instancia para en su lugar acceder a dichas pretensiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco fundamental de competencia del Consejo de Estado, consultar providencia de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / ADICIÓN AL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / DEBERES DEL JUEZ / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Al estudiar la configuración de mayores cantidades, adiciones y mayores permanencias de obra corresponde comenzar por establecer si el contrato se pactó a precio global o precios unitarios, para luego determinar si lo que sucedió fue que se extendieron las labores ya pactadas, se incluyeron otras no previstas y/o se incrementó el plazo negocial, tras lo cual se debe pasar a ver si las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, dieron una solución a dichos fenómenos, verbi gratia, reajustando el pago o reduciendo otras actividades por hacer, o si por el contrario se sometió al contratista a asumir mayores costos sin una remuneración a cambio, lo cual debe ser debidamente acreditado en sede judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las mayores cantidades de obra, las obras adicionales y la mayor permanencia en obra (...) En el marco de las transacciones negociales, las personas naturales y jurídicas y, entre ellas las entidades que conforman el aparato estatal, se obligan a través de los contratos a llevar a cabo obligaciones de dar, hacer o no hacer, las que se convienen bajo unas condiciones estimadas y según un análisis de costo-beneficio. Con todo, en ocasiones el querer de los sujetos del negocio jurídico cambia y/o surgen problemas en la ejecución de lo pactado, aspectos que justifican que el acuerdo de voluntades pueda ser modificado en objeto y/o plazo o incluso terminado anticipadamente, por virtud de la máxima del derecho según la cual las cosas se hacen como se deshacen y en concordancia con el consentimiento como elemento esencial del vínculo contractual. En cuanto a los contratos estatales, la jurisprudencia ha ratificado esta situación, en el sentido de indicar que estos pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, en consideración a que los bienes y servicios que se adquieren por medio de tal figura no son producto de actividades pétreas y rígidas sino de la volatilidad de las transacciones de dichos productos, que están sujetos a su disponibilidad o escasez, a la variación de su costo, a la existencia de los insumos para su producción y a otros factores endógenos y exógenos. Ahora bien, el Consejo de Estado también se ha referido a aquellos casos en que, a propósito de una modificación del contrato de obra, se incorporan nuevas obligaciones, para lo cual distinguió los conceptos de obras adicionales de las mayores cantidades de obra, en el sentido de que las primeras se generan cuando se adicionan actividades que no formaban parte del objeto contractual, mientras que las segundas se dan en casos de contratos pactados bajo la modalidad de precios unitarios y en los que el valor ejecutado de los ítems sobrepasa los cálculos efectuados inicialmente. En efecto, partiendo de la base de que las modalidades de pago del contrato de obra pueden ser a precios unitarios, precio global, por administración delegada o por el sistema de reembolso de gasto, frente a la primera posibilidad, indicó que ello no presupone la estimación exacta de las cantidades de obra que definan el valor total de la construcción, por lo que el precio del negocio no está determinado, pero es determinable. Por el contrario, la segunda modalidad implica que se señala un precio fijo que ha de ser la remuneración definitiva que percibirá el contratista. Bajo la anterior premisa, en los contratos sometidos a precio global el contratista se obliga a cumplir las obligaciones de determinado negocio a cambio de una suma fija, lo que implica que se encuentran incorporados los costos directos e indirectos, mientras que en los contratos a precios unitarios el pago es por unidades o cantidades de obra, por lo que el valor total corresponde a la multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una. Así las cosas, indicó que las mayores cantidades de obra se enmarcan en los contratos a precios unitarios y consisten en que esta fue contratada pero su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución, sin que ello implique una modificación al objeto negocial, mientras que las obras adicionales suponen que no fueron parte del objeto principal y, por lo tanto, son nuevas y distintas. La diferencia entre las mayores cantidades de obras y las obras adicionales también tiene relevancia a efectos de determinar cómo se gestiona su inclusión y cuantificación en la ejecución del contrato y, además, para la delimitación de las restricciones que impone el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública al respecto. (...) Ahora bien, en relación con las obras adicionales, se ha presentado una discusión frente a la posibilidad de su inclusión en un contrato en ejecución, sin que sea necesario realizar un nuevo proceso de selección para escoger la oferta más favorable para la entidad. Al respecto, el Consejo de Estado ha considerado recientemente que, en algunas circunstancias, dichas obras adicionales pueden ejecutarse bajo el marco del mismo contrato (...) En general, al estudiar la configuración de mayores cantidades, adiciones y mayores permanencias de obra corresponde comenzar por establecer si el contrato se pactó a precio global o precios unitarios, para luego determinar si lo que sucedió fue que se extendieron las labores ya pactadas, se incluyeron otras no previstas y/o se incrementó el plazo negocial, tras lo cual se debe pasar a ver si las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, dieron una solución a dichos fenómenos, verbi gratia, reajustando el pago o reduciendo otras actividades por hacer, o si por el contrario se sometió al contratista a asumir mayores costos sin una remuneración a cambio, lo cual debe ser debidamente acreditado en sede judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la modificación de los contratos estatales, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-300 del 25 de abr

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

obra, los cuales habían sido entregados por la entidad demandante al Consorcio, tal y como quedó expresamente consignado en los informes técnicos y de conveniencia para adicionales suscritos por el Departamento (...) Así, lo que debe analizarse para resolver los cargos de apelación del demandante, es el alcance de las modificaciones al Contrato para así establecer si las partes pretendieron o no, con esos acuerdos, regular los asuntos cuya reclamación se formula en sede judicial. Lo anterior a la luz de la regla de unificación del Consejo de Estado sobre la materia, referida anteriormente (...) la Sala concluye que al haberse señalado que la adición del plazo “no contempla la adición de recurso alguno”, el Consorcio aceptó que la extensión en el tiempo no iba a implicar el reconocimiento de sumas adicionales que pudieran generarse con ocasión de estas modificaciones. Así, se considera que la intención de las partes fue cubrir las modificaciones al Contrato con el presupuesto original, mandato que se sostuvo de manera constante y expresa durante los ajustes estudiados, sin un solo reparo del Consorcio y con su aquiescencia. Por lo tanto, no cabe duda de que la común intención de los cocontratantes durante el iter contractual fue mantener el precio del negocio, lo que, en virtud del principio pacta sunt servanda del artículo 1602 del Código Civil, debe llevar a que dicho querer se tenga como vinculante. En ese orden de ideas, es claro que, aunque era factible que se presentaran costos de mayor permanencia y/o se incrementaran los precios unitarios ofrecidos por cada ítem con ocasión de la ampliación del plazo contractual, aquellas situaciones fueron debida y expresamente concertados por las partes para ser cubiertas con el precio pactado inicialmente en el Contrato. En pocas palabras, y contrario a lo manifestado por la parte recurrente, en el presente caso no se trató de que el Consorcio hubiera guardado silencio respecto de eventuales reclamaciones derivadas de la suscripción de los acuerdos modificatorios antes referidos; por el contrario, aquel, al suscribir los acuerdos modificatorios, estuvo de acuerdo con mantener el valor inicialmente pactado entre las partes. Desconocer lo anterior, implicaría desatender la buena fe que enmarca la relación convencional, que en materia contractual obliga a las partes a ejecutar sus obligaciones según lo convenido y, a su vez, les genera la expectativa de que su contraparte haga lo propio. Todo lo cual perdería eficacia si en sede judicial se ignora que el querer expreso y consistente de los cocontratantes en los acuerdos de voluntades analizados fue mantener el precio inicialmente convenido, pese a las ampliaciones del plazo contractual. (...) En este caso, en cumplimiento de la regla de unificación referida, la Sala encuentra de la interpretación de las modificaciones contractuales referidas al plazo una intención común de las partes de que dichas extensiones no contemplaban el reconocimiento de suma adicional alguna, lo que implicaba la aceptación del contratista de seguir la ejecución del Contrato bajo las mismas condiciones económicas pactadas inicialmente. (...) Adicionalmente, no se evidencia que el Consorcio hubiera sido constreñido a suscribir las modificaciones, sino que hubo una aquiescencia de su parte para avalarlas, por lo que se allanó a que el precio del contrato fuera el mismo inicialmente convenido. Situación que, en línea con la jurisprudencia de esta Corporación, da a entender que el contratista conocía que los costos por mayor permanencia y otros fenómenos, debían ser asumidos por él y, de no haber sido así, debió haberlo manifestado desde que suscribió las modificaciones al Contrato. En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que no le asiste razón a la parte apelante en el sentido de indicar que era procedente el reconocimiento de los costos por mayor permanencia y el reajuste de los precios ofertados, pues estas situaciones fueron objeto de acuerdo expreso en las modificaciones contractuales, lo cual impide su reconocimiento en sede judicial. Por lo anterior, la sentencia apelada en lo que respecta a la negatoria de estas pretensiones, será confirmada. Así la decisión en esta instancia, teniendo en cuenta la revocatoria de la condena impuesta por el tribunal respecto de las obras adicionales, será la de negar todas las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber del juez de interpretar la intención común de las modificaciones al contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 23 de septiembre de 2024, exp. 41001-23-33-000-2012-00184-02(65351). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 17 de junio de 2024, exp. 25000233600020150017901(57513).
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / DEPARTAMENTO DE SANTANDER / RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Procede actualizar la condena impuesta por el a quo al Departamento de Santander?
Respuesta al problema jurídico: Si
De la actualización de la condena (...) Como consecuencia de lo expuesto en precedencia, la Sala actualizará la condena reconocida y ordenada por el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia de primera instancia (...) De acuerdo con lo anterior, el valor actualizado de la condena a imponer al Departamento asciende a ciento veintiún millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento setenta y ocho pesos ($121.857.178). En consecuencia, la Sala modificará la sentencia apelada, pero solo en cuanto a la actualización del salto total a reconocer en favor del Consorcio. Por lo demás, la sentencia de primera instancia se mantendrá incólume.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas a las dos partes debido a que ninguno de sus recursos prosperó, aunque no implica la fijación de suma alguna por concepto de agencias en derecho en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Costas El numeral 1 del artículo 365 del CGP dispuso que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la medida de su comprobación. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en costas en segunda instancia tanto a la entidad demandada como al contratista demandante, en la medida en que ninguno de sus recursos prosperó. Sin embargo, la condena en costas no implicará la fijación de suma alguna por agencias en derecho en esta instancia, toda vez que ni el ente territorial ni el Consorcio intervinieron en el trámite de segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-05-19. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 68001233300020160056501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233300020160056501-68140-sentencia).
