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clave: "consejo_estado:providencia:68001233100020120035901-63427-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: a esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-05-22"
radicado: "68001233100020120035901"
numero: "63427"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: a esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-05-22
- **Radicado:** 68001233100020120035901
- **Número interno:** 63427
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** ESTACIONES METROLINEA LTDA
- **Demandado:** METROLINEA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233100020120035901-63427-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/68001233100020120035901/6F777FEF7CD4047C5F54F7FA31E66267E94C0A20EF120F8191FECBDDBB45C1A5/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012331000201200359011100103

## Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos celebrados por Metrolínea S.A., dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Debe declararse la excepción de falta de jurisdicción alegada en los alegatos de conclusión de primera instancia, dada la existencia de cláusula compromisoria y la fecha en la que se presentó la…
- ¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para demandar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa…
- ¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 5 y 181
- Ley 446 de 1998, art. 30
- Ley 80 de 1993, art. 2

## Extracto

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial. En el presente caso el litigio versa sobre un contrato celebrado por Metrolínea S.A., entidad de aquellas expresamente mencionadas por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, por lo que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que dicha entidad sea parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, vigente para la época de presentación de la demanda.

## Síntesis temática

Cuando un contrato celebrado por una empresa de transporte masivo, entidad pública de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, es objeto de controversia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia si la cuantía de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo atribuye a la jurisdicción las controversias en las que la entidad sea parte; el artículo 129 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y el artículo 132, numeral 5, fija el umbral de la doble instancia, que se determina con la cuantía de la demanda al presentarse. En el caso, la demanda se presentó en 2012 y la pretensión mayor superó el umbral, por lo que la corporación asumió la competencia de la apelación. La excepción de falta de jurisdicción propuesta en los alegatos de conclusión no prosperó. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda define la competencia en segunda instancia.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE CONCESIÓN, CUANTÍA DEL PROCESO, CUANTÍA DE LA DEMANDA, VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA, RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL, RENUNCIA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, RENUNCIA DEL PACTO ARBITRAL, EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN, ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, CAMBIO DE JURISPRUDENCIA, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA, IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, MULTA, IMPOSICIÓN DE LA MULTA, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, PARTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, PARTES DEL CONTRATO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, REGULACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, EMPRESA DE TRANSPORTE, EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, NORMATIVA DEL CONTRATO, LEY APLICABLE AL CONTRATO, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL, PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL CON FUNCIÓN DE APREMIO, COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE, FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL, PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA, DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA, DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIMONIO SOSPECHOSO, DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, REGLAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA SANCIÓN, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA SANCIÓN, OMISIÓN DE LA PRUEBA, OMISIÓN EN LA PRÁCTICA DE PRUEBA, TESTIMONIO, PRUEBA TESTIMONIAL, CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO INAPLICABLE POR DECAIMIENTO, PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CAUSALES DE PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, ORDEN JUDICIAL, CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, FALTA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, INEXISTENCIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ALCANCE DE LA ORDEN JUDICIAL, HECHO IRRESISTIBLE, FALTA DE PRUEBA, CARGO DE NULIDAD NO ESTUDIADO EN PRIMERA INSTANCIA, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN, PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE, CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, FALTA DE REQUISITOS DEL RECURSO DE APELACIÓN, FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN

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## Texto del documento

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / CUANTÍA DEL PROCESO / CUANTÍA DE LA DEMANDA / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos celebrados por Metrolínea S.A., dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial. En el presente caso el litigio versa sobre un contrato celebrado por Metrolínea S.A., entidad de aquellas expresamente mencionadas por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, por lo que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que dicha entidad sea parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, vigente para la época de presentación de la demanda. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia del 20 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dada la vocación de doble instancia del proceso, el cual versa sobre un contrato celebrado entre Metrolínea S.A. y Estaciones Metrolínea Ltda., toda vez que la cuantía de la pretensión mayor excede los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el 2012, año en el cual se presentó la demanda. Lo anterior, según lo establecido en los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del CCA Administrativo -norma aplicable al caso concreto-.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 181, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA DEL PACTO ARBITRAL / EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la excepción de falta de jurisdicción alegada en los alegatos de conclusión de primera instancia, dada la existencia de cláusula compromisoria y la fecha en la que se presentó la demanda, momento en el que la jurisprudencia consolidada se inclinaba por la posibilidad de la renuncia tácita del pacto arbitral?
Respuesta al problema jurídico: No
Se advierte que en la cláusula 72 del contrato de concesión M-LP-001-2008 suscrito entre Metrolínea S.A. y Estaciones Metrolínea Ltda., las partes acordaron el pacto arbitral con el fin de dirimir las controversias surgidas del contrato ante un tribunal de arbitramento; sin embargo, Estaciones Metrolínea Ltda. presentó la demanda y Metrolínea S.A. compareció al proceso y en la oportunidad legal no propuso la excepción de falta de jurisdicción. Sobre el particular, la Sala destaca que para la fecha de presentación de la demanda se encontraba vigente la tesis jurisprudencial que aceptaba la renuncia tácita de la cláusula compromisoria cuando se presentaba la demanda ante esta jurisdicción y la parte demandada, en la oportunidad procesal pertinente, no proponía la excepción de falta de jurisdicción y competencia, como consecuencia de la existencia de pacto arbitral. Al respecto, la Sala reconoce la existencia de una posición unificada por la Sección Tercera de esta Corporación en providencia del 18 de abril de 2013 que descartó la posibilidad de renuncia tácita de la cláusula compromisoria; sin embargo, también es cierto que esta Sección ha privilegiado la tesis vigente al momento de presentación de la demanda -en este caso 24 de abril de 2012-, con el fin de determinar la Jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer del asunto puesto a su consideración, esto con el fin de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia de las partes del litigio. (...) Así las cosas, como al momento de la presentación de la demanda la jurisprudencia consolidada se inclinaba por la posibilidad de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal al pacto arbitral -criterio que solo vino a ser cambiado en la sentencia de unificación del 18 de abril de 2013, para exigir la renuncia expresa mediante escrito-, se aplicará la misma en este caso y, por ello, se conocerá el asunto sometido a decisión no obstante la cláusula compromisoria pactada por las partes en el contrato subjudice. Al respecto, la Sala no pierde de vista que la parte demandada, en sus alegatos de conclusión de primera instancia, puso de presente la existencia de cláusula compromisoria y solicitó declarar la falta de jurisdicción y, como consecuencia, decretar la nulidad de todo lo actuado. Con todo, la Sala aclara que, si bien en la primera instancia no se realizó ningún pronunciamiento sobre la petición del demandado, ello no es óbice para indicar, en este momento, que la petición de la parte demandada fue extemporánea debido a que el escrito de alegatos de conclusión no es el pertinente para presentar excepciones en contra de la demanda y, como tal, en este caso ya para ese momento había operado la renuncia tácita de la cláusula compromisoria. Con fundamento en lo anterior, es evidente que la Jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la renuncia tácita de la cláusula compromisoria, consultar providencias de 18 de abril de 2013, Exp. 17859, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 10 de diciembre de 2021, Exp. 55481, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para demandar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa al contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. En el presente caso la acción contractual ejercida por la parte actora es adecuada, por cuanto el demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución N.° 501 del 12 de septiembre de 2011 y de la Resolución N.° 568 del 7 de diciembre de 2011, por medio de las cuales se impuso una multa al contratista por valor de $527’566.000, durante la ejecución del contrato M-LP-001-2008 para la construcción de la estación de Cabecera y los patios de operación y talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, y que, como consecuencia, se condene a Metrolínea S.A. al pago de los perjuicios causados. Así las cosas, de acuerdo con las pretensiones y el fundamento fáctico de la
demanda, la controversia sometida a decisión es, sin duda, un conflicto surgido
entre las partes contratantes con ocasión de la ejecución del contrato estatal por
ellas celebrado, correspondiendo, por tanto, la acción de controversias
contractuales prevista en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONTRATO DE CONCESIÓN / PARTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PARTES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso sub examine, está acreditado que el 18 de noviembre de 2008 Metrolínea S.A. y Estaciones Metrolínea Ltda. suscribieron el Contrato de Concesión para la construcción de la estación de Cabecera y los patios de operación y talleres de Floridablanca del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga (...). Bajo el anterior contexto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del CCA, según el cual la legitimación en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que Estaciones Metrolínea Ltda., -demandante- y Metrolínea S.A. -demandada- están legitimadas por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa al contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
El inciso primero del numeral 10 del artículo 136 del CCA, vigente para el momento en el que comenzó a correr el término para el ejercicio oportuno de la acción y que, por tal motivo, resulta aplicable al caso concreto, establecía que el cómputo del término de caducidad de la acción contractual era dos (2) años contados “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”; además, contemplaba varias hipótesis dependiendo de si el contrato requería o no de liquidación y de si esta se efectuaba o no . En este caso, la Sala considera que, como las resoluciones demandadas son totalmente independientes y separables del balance final de cuentas contenido en la liquidación del negocio jurídico, el computo de la caducidad inició a correr desde la ocurrencia de los motivos de hecho que sirvieron de fundamento para presentar la demanda, es decir, desde el momento en que quedaron ejecutoriadas las decisiones por medio de las cuales se impuso la multa al contratista. En línea con lo anterior, resulta pertinente destacar que la Resolución 501 de 2011 quedó ejecutoriada al día siguiente de la notificación de la Resolución 568 de 2011, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión inicial; en ese sentido, la Resolución 568 de 2011 fue notificada mediante edicto fijado el 19 de diciembre de 2011 y desfijado el 30 del mismo mes y año, por lo que la Resolución 501 de 2011 quedó ejecutoriada el 2 de enero de 2012. Por lo tanto, la Sala encuentra que el término de caducidad inició a correr desde el 3 de enero de 2012, por lo que, en principio, el término para interponer la demanda vencía el 3 de enero de 2014, y como l

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

de Bucaramanga, sin que esta circunstancia fuera constitutiva de un hecho irresistible para las partes que impidiera ejecutar el contrato. Si bien, existió una diferencia de criterios en cuanto a la forma de avance de la obra, ninguna de las partes comprobó la imposibilidad de ejecutar las obras requeridas para cumplir con el objeto contractual. En este orden de ideas, para la Sala, la Resolución N° 501 de 2011, confirmada mediante la Resolución N° 568 del 7 de diciembre de 2011, son completamente licitas y, en ese momento, eran idóneas para conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones contractuales. Cuestión diferente es que, posteriormente, las partes hubieran pactado de mutuo acuerdo la terminación anticipada del contrato M-LP-001-2008.
CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGO DE NULIDAD NO ESTUDIADO EN PRIMERA INSTANCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FALTA DE REQUISITOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada, por lo que, dada la ausencia de carga argumentativa de la impugnación, la Sala debe abstenerse de pronunciarse sobre los nueve argumentos legales expuestos por los cuales son nulos los actos contractuales de imposición de multas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a parte demandante alegó que en la sentencia de primera se “ignoró los nueve argumentos legales expuestos por los cuales son nulos los actos contractuales de imposición de multas” sin especificar a que cargos se refería. La Sala evidencia que el recurso de apelación, en este cargo, adolece de argumentos concretos de disenso frente a la decisión apelada y, por ende, la parte actora no cumplió con la carga de sustentación del recurso y de la observancia al principio de congruencia, por lo que se procede a explicar. Esta Corporación, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar de acuerdo con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada. De ese modo, la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado. (...) Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior funcional confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”. (...) De lo anterior se advierte que el reparo expresado en contra de la decisión del Tribunal a quo no atacó directamente la fundamentación de sus conclusiones, pues el recurrente se basó en afirmar, de manera genérica, que no se resolvió sobre nueve argumentos legales planteados en la demanda, sin especificar cuáles fueron los aspectos dejados de resolver en la sentencia de primera instancia. (...) Así las cosas, es claro que el recurrente, respecto a este cargo de apelación, simplemente se limitó a indicar que hubo argumentos legales no resueltos, pero que no identificó ni planteó según los términos esbozados en el escrito inicial, dinámica argumentativa que devela la inexistencia de cargos concretos de inconformidad frente a los argumentos expuestos por el a quo en el fallo apelado. Como consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del del 20 de septiembre 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la carga procesal de sustentar el recurso de apelación, consultar providencias de 9 de abril de 2014, Exp. 27550, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 14 de mayo de 2014, Exp. 31469, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 14 de octubre de 2015, Exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 10 de noviembre de 2017, Exp. 54675, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 19 de junio de 2020, Exp. 49572, C.P. María Adriana Marín; de 7 de diciembre de 2021, Exp. 65962, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 4 de marzo de 2022, Exp. 53376, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial No. 2415, M.P. Humberto Murcia Ballén.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-05-22. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 68001233100020120035901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233100020120035901-63427-sentencia).
