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clave: "consejo_estado:providencia:68001233100020110072101-62016-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el contenido del acto demandado es claro"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-09-27"
radicado: "68001233100020110072101"
numero: "62016"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: el contenido del acto demandado es claro

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-09-27
- **Radicado:** 68001233100020110072101
- **Número interno:** 62016
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** AVM S.A, HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A., UNION TERMPORAL PUENTES 1
- **Demandado:** METROLINEA S.A.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233100020110072101-62016-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/68001233100020110072101/893D3F066444D205E0FEEEFCF17DDD8773DC0FDE76A12C9D0F19A81547309E13/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012331000201100721011100103

## Problema jurídico

¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?
- ¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?
- ¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…

## Extracto

El contenido del acto demandado es claro, específico y expreso en cuanto a que a la Unión Temporal se le impuso una multa por valor de… , la cual encuentra su fundamento convencional en el inciso primero del numeral 49.3 de los DC… , en tanto esta operaba para los atrasos que se presentaran respecto de la fecha de entrega programada de cada una de las obras.… La Sala encuentra que el plazo de entrega de las obras y la Fecha Prevista de Terminación que se tuvieron en cuenta para aplicar la multa se ampliaron para ser cumplidas con posterioridad, por la cual, después de celebrado este acuerdo, carecía completamente de objeto que Metrolínea aplicara la sanción con fundamento en esos límites temporales, sin considerar su prórroga.

## Síntesis temática

El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MULTA AL CONTRATISTA, IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN, INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO, TASACIÓN DE PERJUICIOS, MORA DEL CONTRATISTA, UNIÓN TEMPORAL, APREMIO, CLÁUSULA PENAL CON FUNCIÓN DE APREMIO, REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, PLANIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ENTREGA DE OBRA PÚBLICA, AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO, PRÓRROGA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO, PAGO DE LO NO DEBIDO, RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS, RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATO FINANCIADO, BANCO MUNDIAL, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, VIGENCIA DE LA NORMA, NORMA VIGENTE, NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATO ESTATAL FINANCIADO CON FONDOS EXTRANJEROS, FINANCIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, SOCIEDAD PÚBLICA, SOCIEDAD COMERCIAL, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, REGULACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, IMPROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD, LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA, IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA, DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ADECUACIÓN DE LA DEMANDA, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA, ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE COMPENSACIONES, RESARCIMIENTO DEL DAÑO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO, LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LAS REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM, ELEMENTOS DEL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM, OBLIGACIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, MORA DEL CONTRATANTE, MORA DEL DEUDOR, INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, DOSIFICACIÓN DE LA MULTA, GRADUACIÓN DE LA MULTA, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, FINALIDAD DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, PAGO DE LA MULTA, SALDOS A FAVOR, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO, PRÓRROGA DEL PLAZO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN, COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE, LÍMITES DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LÍMITES DE LA MULTA, REQUISITOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA, REQUISITOS DEL PERJUICIO DE LA MORA, INEXISTENCIA DE MORA ADMINISTRATIVA, CONDICIÓN SUSPENSIVA, INEJECUTABILIDAD DE LA MULTA, IMPOSICIÓN SIMULTÁNEA DE SANCIONES, SIMULTANEIDAD DE SANCIONES, SEMEJANZA FÁCTICA DE SUPUESTOS, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MULTA AL CONTRATISTA / IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / TASACIÓN DE PERJUICIOS / MORA DEL CONTRATISTA / UNIÓN TEMPORAL / APREMIO / CLÁUSULA PENAL CON FUNCIÓN DE APREMIO / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / PLANIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO / PRÓRROGA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PAGO DE LO NO DEBIDO
Problema jurídico:
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contenido del acto demandado es claro, específico y expreso en cuanto a que a la Unión Temporal se le impuso una multa por valor de (...), la cual encuentra su fundamento convencional en el inciso primero del numeral 49.3 de los DC (...), en tanto esta operaba para los atrasos que se presentaran respecto de la fecha de entrega programada de cada una de las obras. (…) La Sala encuentra que el plazo de entrega de las obras y la Fecha Prevista de Terminación que se tuvieron en cuenta para aplicar la multa se ampliaron para ser cumplidas con posterioridad, por la cual, después de celebrado este acuerdo, carecía completamente de objeto que Metrolínea aplicara la sanción con fundamento en esos límites temporales, sin considerar su prórroga. Lo que conduce a concluir que al momento en que se impuso la multa el carácter conminatorio con el que se pactó no estaba llamado a producir ningún efecto, más allá de que a ese momento las obligaciones se hubieren cumplido o no, entre otras cosas porque el periodo que se sancionó no cubría el término que finalmente se acordó para su ejecución. (…) [F]ue la voluntad de las partes establecer un mecanismo de remediación para esa situación, que claramente no consistió en aplicar la multa para conminar al contratista a cumplir así fuera a destiempo –que era la finalidad con la que se pactó esta sanción–, sino en ampliar los plazos convenidos para que lo hiciera dentro de ellos; de manera que aplicar la sanción después de realizada esta negociación no solo muestra que esta medida carecía absolutamente de objeto, sino que evidencia un abierto desconocimiento al carácter vinculante de este acuerdo (art. 1602, Código Civil) que llevaba inmersa la intención de renegociar las condiciones de tiempo estipuladas para superar el atraso que hasta ese momento se había presentado. Si la entidad estimaba que se mantenía el derecho a exigir el pago de la multa por el periodo transcurrido entre la fecha programada para la entrega de las obras y la fecha de la celebración de la prórroga, lo debió manifestar expresamente; sin embargo, ningún pronunciamiento hizo en ese sentido, ni en la fase previa a la celebración de ese acuerdo, ni en el texto que lo contuvo. Lo que muestra el expediente es que la entidad lo suscribió sin ningún reparo al avalar las motivaciones que la Unión Temporal expuso para solicitar la ampliación. (…) En consecuencia, asistió razón al demandante al señalar que al momento de imposición la multa establecida en el inciso primero del numeral 49.3 de los DC ya no podía cumplir con su función de apremio y, por tanto, no podía ser aplicada, pues para ese entonces, respecto del periodo que se sancionó, las partes ya habían reajustado sus compromisos en aras de cumplir lo pactado dentro de los nuevos tiempos convenidos en la prórroga No. 3, por lo cual, en lo que a ésta concierne, la Sala confirmará la decisión del a quo en cuanto a que la Unión Temporal no estaba obligada a pagarla.
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO FINANCIADO / BANCO MUNDIAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / VIGENCIA DE LA NORMA / NORMA VIGENTE / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL FINANCIADO CON FONDOS EXTRANJEROS / FINANCIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / SOCIEDAD PÚBLICA / SOCIEDAD COMERCIAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / REGULACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO
Problema jurídico:
¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato No. 002 de 2008 se financió con recursos del Banco Mundial. En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 80 de 1993, el proceso de selección se rigió por la normativa de ese organismo internacional. En relación con el régimen jurídico aplicable al contrato 002 de 2008, se estima (…) que al realizar un análisis íntegro de la normativa aplicable, concluye que se gobernó por el derecho privado. (…) [L]os supuestos de la transición regulada en el artículo 31 de la ley 1150 de 2007 no resultan aplicables para definir el régimen jurídico del contrato 002 de 2008. (…) Lo anterior conduce a que para determinar el régimen jurídico aplicable al contrato se deba acudir a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 153 de 1887, según el cual, en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. (…) En consecuencia, en concordancia con el mencionado artículo 38 de la ley 153 de 1887, para determinar el régimen jurídico aplicable al contrato 002 de 2008 resulta necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 1150 de 2007 -antes de la modificación introducida por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011-, por ser la vigente al momento de su celebración. El parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 dispone que las sociedades públicas -naturaleza jurídica de la que participa Metrolínea, en tanto se trata de una sociedad comercial del tipo de las anónimas constituidas entre entidades públicas de carácter municipal con aportes del sector público- se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado. El referido artículo 14 de la ley 1150 de 2007 establece el régimen de contratación de las empresas industriales y comerciales del Estado, respecto de las cuales consagra una excepción a la aplicación del EGCAP. Antes de la modificación introducida por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, esa norma disponía que aquellas EICE que se encontraran en competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollaran su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados, se regirían por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Como Metrolínea desarrolla su objeto en competencia con el sector privado y en un mercado regulado, su actividad contractual estaba regulada por el derecho común.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 31, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 93, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 38 PARÁGRAFO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13
INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOCIEDAD COMERCIAL / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / IMPROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
La determinación del régimen jurídico al cual se somete Metrolínea en su actividad contractual conduce a precisar que las resoluciones que profirió en el marco del contrato 002 de 2008 no tienen la connotación de actos administrativos pese a su denominación, por lo cual no pueden examinarse como tales, sino bajo las normas que las rigen y los institutos que su naturaleza jurídica les impone; por tanto, la Sala se abstendrá de realizar un estudio de legalidad de las “resoluciones” demandadas a partir de las causales de nulidad previstas por el legislador frente a los actos administrativos, sino que lo hará en función del cumplimiento del contrato, pues la herramienta de la nulidad se refiere a un juicio de validez de los elementos de verdaderos actos administrativos. Lo anterior no comporta una variación de la causa petendi ni un desconocimiento de las garantías procesales de las partes, sino que responde al deber del juez para que, ante los supuestos fácticos que son puestos a su consideración, aplique el derecho correspondiente (principio iura novit curia); de manera que el análisis se abordará sin superar el objeto del proceso fijado por la intención de la demandante de que se analice si contractual y legalmente procedía la imposición de las penalidades que cuestiona en su demanda. Lo anterior resulta coherente con la reciente posición unificada de la Sección Tercera en sentencia del 9 de mayo de 2024 (Exp. 53.962) en cuanto a que el juez no podrá declararse inhibido para pronunciarse en casos en los que se hubiere pretendido la nulidad de actos que no tienen la condición de administrativos, puesto que, en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia y la aplicación del principio iura novit curia, debe adecuar e interpretar la demanda y reconducirla para fallarla de fondo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la adecuación de la demanda por parte del juez para proferir decisión de fondo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2024, rad. 53962, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / TASACIÓN DE PERJUICIOS / MORA DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PAGO DE COMPENSACIONES / RESARCIMIENTO DEL DAÑO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLÁUSULA PENAL CON FUNCIÓN DE APREMIO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / MULTA AL CONTRATISTA / MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación, y por el otro, como sanción que conlleva el pago de la indemnización de perjuicios?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso de la cláusula penal, en sus facetas de tasación anticipada de perjuicios y de multa, los anteriores asertos se derivan, principalmente, del contenido de los artículos 1594, 1595 y 1600 del Código Civil (…). Son estas disposiciones las que han conducido a la jurisprudencia y a la doctrina a concluir que la cláusula penal se entiende como tasación anticipada de perjuicios, a menos que se pacte de manera inequívoca que cumpla otra función, como cuando se estipula: (i) la pena por el mero retardo; (ii) que el pago de la pena no extingue la obligación principal, o (iii) que se pueden pedir a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, caso en el cual la primera debe entenderse como una sanción de carácter compulsivo o de apremio. Cuando se pacta este tipo de estipulaciones, la multa puede acumularse tanto al cumplimiento de la obligación principal -en tanto su finalidad consiste, justamente, en generar un efecto apremiante en la conducta del contratista para lograr el cumplimiento cabal de sus obligaciones- como al cobro de indemnización de perjuicios porque obedecen a causas jurídicas diferentes, bajo la condición que las partes pacten la acumulación expresamente - artículo 1600 del C

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

atista ya estaba en el escenario del incumplimiento respecto de la fecha de entrega de las obras, la multa era mucho más drástica, en tanto se pactó por un valor del 0.1% del valor del contrato por cada día de retardo. El valor diferencial de las sanciones encuentra explicación en el hecho de que las partes estimaron mucho más gravoso que las diferentes obras no se entregaran en la fecha programada para cada una de ellas, que el hecho de que el contratista incurriera en atrasos respecto de las fechas de inicio y terminación de las actividades del cronograma.
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL PLAZO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MORA DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / LÍMITES DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA / LÍMITES DE LA MULTA / REQUISITOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA / REQUISITOS DEL PERJUICIO DE LA MORA / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE MORA ADMINISTRATIVA / CONDICIÓN SUSPENSIVA
Problema jurídico:
¿La competencia para imponer multas unilateralmente por parte de la entidad contratante, dependerá de las condiciones pactadas entre las partes para su procedencia, y el contratista tendrá el derecho de discutir en sede judicial si incurrió o no en mora?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las razones que motivaron [la] (…) prórroga obedecieron a las dificultades que se presentaron durante la segunda ampliación del contrato y que impidieron culminar las obras en las fechas convenidas. Según el oficio 10-2052-OBR del 15 de abril de 2010 por medio del cual la Unión Temporal solicitó la extensión del plazo, tales dificultades estuvieron relacionadas con el incumplimiento de Metrolínea de entregar la totalidad de los predios requeridos para la ejecución de los puentes peatonales y las estaciones de parada, y de otras empresas vinculadas al proyecto de cumplir con sus compromisos. (…) La Sala advierte que, si bien es posible que las partes acuerden que se podrán hacer efectivas las multas que se hubieren estipulado sin la necesidad de la intervención de un juez que declare si la condición suspensiva de la que penden se ha configurado, ello no supone en manera alguna que la parte habilitada por esa convención pueda utilizarla de manera arbitraria o ilimitada, sino que deberá ceñirse a las condiciones pactadas para su imposición, tales como la ocurrencia efectiva de la inejecución que dé lugar a su aplicación, que ésta sea imputable al contratista, los parámetros para cuantificar su valor, el procedimiento que debe surtirse para el efecto, entre otros y, en todo caso, el deudor, como en este evento, tendrá el derecho de discutir en sede judicial la procedencia de la sanción, así como la responsabilidad del acreedor que la hubiere hecho efectiva sin apego a las condiciones estipuladas. (…) En los términos del artículo 1608 del Código Civil, el deudor está en mora, cuando no ha cumplido la obligación dentro del tiempo estipulado, por lo cual, si por voluntad de las partes ese término se amplía, no podría con posterioridad a ello arribarse a esa conclusión. En línea con ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1594 del Código Civil, antes de constituirse el deudor en mora, el acreedor no puede pretender el pago de la pena, sino solo el cumplimiento de la obligación, pues, en estos casos, como es apenas obvio, no se habrá cumplido la condición suspensiva que justifica la sanción.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposición de sanciones por mora en la ejecución de contratos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de mayo de 2021, rad. 39249, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1594, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608
IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN / INEJECUTABILIDAD DE LA MULTA / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / MORA DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / APREMIO / CLÁUSULA PENAL CON FUNCIÓN DE APREMIO / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / IMPOSICIÓN SIMULTÁNEA DE SANCIONES / SIMULTANEIDAD DE SANCIONES / SEMEJANZA FÁCTICA DE SUPUESTOS / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM
Problema jurídico:
¿Ninguna de las sanciones impuestas por Metrolínea a la Unión Temporal resultaba aplicable, dado que no cumplieron con el carácter conminatorio o apremiante que las partes quisieron imprimirle, y además estaban fundadas en le mismo supuesto de hecho y bajo el mismo fundamento jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
Respecto de la sanción estipulada en el numeral 27.5 de los DC que también se aplicó a la Unión Temporal a través de la Resolución 152 de 2011 se concluye igualmente que se pactó con un destacado carácter apremiante -no como una pura sanción como alegó la parte recurrente- por el solo retardo en el cumplimiento de las secuencias y tiempos del cronograma de obra, sin perjuicio del cumplimiento tardío de esa obligación a la que podía acumularse, y que su imposición se basó en la habilitación convencional que se le entregó a Metrolínea para tales efectos. Lo señalado obliga a la Sala a ubicarse en un momento anterior al del cumplimiento de la obligación en función de la fecha de imposición de la sanción, y pone en evidencia que al imponerla la entidad no tuvo en cuenta la finalidad para la cual fue pactada, tanto que la aplicó al margen de constatar siquiera si durante el periodo que sancionó pudo o no haber generado los efectos conminatorios o de apremio de los que se la dotó. En efecto, lo que muestra el expediente es que la sanción del numeral 27.5 se impuso respecto del mismo periodo de atraso al que se refirió el oficio M-DIN-2605-180610 del 18 de junio de 2019, sin más consideración que aquella según la cual esa estipulación regulaba el mismo supuesto fáctico contemplado en el inciso primero del numeral 49.3 de los DC -el atraso en el cumplimiento de las obligaciones de la Unión Temporal-. (…) La interpretación de la que se valió Metrolínea para aplicar las sanciones del inciso primero del numeral 49.3 y la del numeral 27.5 a un mismo supuesto de hecho, se basó en una lectura de ambas estipulaciones que no es admisible a la luz del principio non bis in ídem y, en concordancia, con los límites que impone el Título XI del Código Civil respecto del alcance con el que las partes pueden convenir la cláusula penal entendida en el sentido más general de la expresión, la cual ya fue descartada por la Sala, lo que condujo, de una parte, a que se castigara un supuesto fáctico que ni siquiera estaba llamada a regular y respecto del cual, por tanto, no podía desplegar el efecto de apremio con el que se la concibió y, además, a vulnerar ese postulado de raigambre constitucional -cargo que también se alegó en la demanda-, lo que conduce también a confirmar el fallo de primera instancia en cuanto estableció que la Unión Temporal no estaba obligada al pago de la sanción que se impuso con base en el numeral 27.5 de los DC.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-09-27. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 68001233100020110072101. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233100020110072101-62016-sentencia).
