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clave: "consejo_estado:providencia:66001233300020180007202-68396-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: argumentó que se habían negado las peticiones probatorias y que no había precluido la etapa probatoria"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-02-07"
radicado: "66001233300020180007202"
numero: "68396"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: argumentó que se habían negado las peticiones probatorias y que no había precluido la etapa probatoria

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-02-07
- **Radicado:** 66001233300020180007202
- **Número interno:** 68396
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** GABRIEL ROBERTO PATIÑO TELLEZ
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DE RISARALDA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:66001233300020180007202-68396-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/66001233300020180007202/AFD111FF96B2D96481A63D06D5B8D63AE158F917570EC3BD8093AE1205C57094/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=660012333000201800072021100103

## Problema jurídico

¿El Tribunal Administrativo de Risaralda omitió correr traslado a las partes para alegar de conclusión?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El Tribunal incurrió en defectos de valoración probatoria que condujeron a negar la pretensión de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato?
- ¿El ad quo realizó un análisis integral de las pruebas que obran en el plenario que demuestran la legalidad del acto acusado?
- ¿El ad quo debía pronunciarse respecto de la pretensión relativa al reconocimiento de $106’328.139,00 por concepto de mayor valor deducido sobre el saldo a su favor con base en la aplicación de la…

## Extracto

La información que reporta el expediente permite evidenciar que a través de providencia del 20 de agosto de 201916 se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, lo que tuvo lugar el 21 de agosto de 2019. El Departamento se pronunció oportunamente. El día 22 del mismo mes y año, el demandante presentó recurso de reposición en contra de ese auto. Argumentó que se habían negado las peticiones probatorias y que, por tanto, no había precluido la etapa probatoria. Esta petición fue resuelta en providencia del 8 de octubre de 2019, en la que se confirmó en todos sus partes la decisión.

## Síntesis temática

El contratista no puede alegar que el tribunal omitió correr traslado para presentar alegatos de conclusión si ya se había ordenado previamente y las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse, como ocurrió en este caso donde el tribunal ordenó el traslado el 20 de agosto de 2019, y el demandante presentó recurso de reposición sin alegar la falta de traslado, y el tribunal confirmó la decisión. Además, el tribunal no incurrió en defectos de valoración probatoria al analizar integralmente las pruebas que demostraban la legalidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, y el demandante no demostró cómo la valoración de las pruebas habría variado la decisión del tribunal, por lo que la apelación no prospera. Este precedente reitera que el tribunal debe cumplir con los trámites procesales y analizar las pruebas de manera integral, pero también establece que el demandante debe utilizar oportunamente los recursos procesales para alegar cualquier irregularidad.

## Descriptores temáticos

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, OPORTUNIDAD PARA FORMULAR LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, PLAZO PARA FORMULAR LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, INEXISTENCIA DE IRREGULARIDAD PROCESAL, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, DISCREPANCIA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, INCONFORMIDAD CON LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, DERECHO DE DEFENSA, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA, CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, ANÁLISIS DE LA PRUEBA, ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO, CONTRATISTA, CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CITACIÓN A AUDIENCIA, DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA, MULTA AL CONTRATISTA, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / OPORTUNIDAD PARA FORMULAR LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / PLAZO PARA FORMULAR LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / INEXISTENCIA DE IRREGULARIDAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿El Tribunal Administrativo de Risaralda omitió correr traslado a las partes para alegar de conclusión?
Respuesta al problema jurídico: No
La información que reporta el expediente permite evidenciar que a través de providencia del 20 de agosto de 201916 se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, lo que tuvo lugar el 21 de agosto de 2019. El Departamento se pronunció oportunamente. El día 22 del mismo mes y año, el demandante presentó recurso de reposición en contra de ese auto. Argumentó que se habían negado las peticiones probatorias y que, por tanto, no había precluido la etapa probatoria. Esta petición fue resuelta en providencia del 8 de octubre de 2019, en la que se confirmó en todos sus partes la decisión. El auto que resolvió el recurso se notificó el 9 de octubre de 2019 . De conformidad con lo establecido en el inciso 4º del artículo 118 del CGP, el término para presentar los alegatos de conclusión empezó a correr desde el día siguiente al de la notificación del auto que resolvió el recurso, esto es, a partir del 10 y hasta el 24 de octubre de 2019. El demandante no se pronunció. En este caso no era necesario que el Tribunal profiera nuevo auto para correr traslado, puesto que ya se había hecho, decisión que posteriormente fue confirmada. Se pone de presente también que el demandante no alegó que se hubiere configurado una nulidad por este motivo y, en todo caso, por las razones mencionadas, la Sala tampoco encuentra que así hubiere sido.
FUENTE FORMAL:
INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 118 INCISO 4
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DISCREPANCIA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INCONFORMIDAD CON LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / DERECHO DE DEFENSA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿El Tribunal incurrió en defectos de valoración probatoria que condujeron a negar la pretensión de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Se añade que todo el material que obra en el proceso coincide con el que fue decretado en el auto del 4 de junio de 2019. Con todo, se precisa que dada la falta de claridad del recurso no es posible identificar con precisión cuáles pruebas habrían sido las que sin haber sido decretadas, fueron valoradas por el a quo; aparentemente se trataría de los planos estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitarios que no fueron mencionados por el Tribunal en el fallo. (...) Se constató que las pruebas que fueron decretadas se aportaron al plenario. En todo caso, si el demandante consideraba que la información entregada por el Departamento en cumplimiento de las órdenes emitidas por el Tribunal no era la correspondiente, tenía la carga de manifestarlo oportunamente para que se hicieran los requerimientos pertinentes; si esto no se lograba, la ley le otorgaba la oportunidad para que en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación, pidiera las que se hubieran dejado de practicar sin su culpa, con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les faltaran para su perfeccionamiento. No obstante, no hizo uso de la precitada oportunidad procesal. Se añade que en el recurso no expresó cómo el estudio y análisis de las pruebas que supuestamente no se allegaron al proceso habría variado la decisión del a quo. (...) En el recurso de apelación no se desarrolló un argumento que permita a la Sala establecer si, más allá de estimar que el Tribunal otorgó mérito probatorio a unas pruebas que no lo ofrecían –lo cual ya se descartó–, su reparo estaba dirigido a debatir específicamente alguno de los razonamientos en los que se soportó la decisión, aspecto que no le está dado construir al ad quem, porque si lo hiciera desconocería los límites de la competencia que se determinan por los argumentos planteados en la apelación –salvo los que de oficio le corresponde decidir–, el principio de congruencia, el de imparcialidad y, por contera, el derecho de defensa y contradicción del demandado. (...) , no es posible concluir que el Tribunal hubiere incurrido en defectos de valoración probatoria que hubiese conducido erróneamente a adoptar la decisión recurrida, por tanto, este cargo de la apelación no prospera.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El ad quo realizó un análisis integral de las pruebas que obran en el plenario que demuestran la legalidad del acto acusado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tampoco encuentra la Sala que el Tribunal hubiese dejado de analizar pruebas que condujeran a conclusiones diversas de aquella a la que arribó en la sentencia impugnada. La Resolución 362 del 18 de septiembre de 2015, por medio de la cual el Departamento declaró la caducidad del contrato y su confirmatoria la Resolución 007 del 23 de febrero de 2016 tienen la connotación de actos administrativos; por tanto, al estar cobijadas por la presunción de legalidad, la carga de desvirtuarla corresponde al demandante. El acto administrativo que declaró la caducidad del contrato se fundamentó esencialmente en los atrasos que presentaba la obra debido a la falta de capacidad operativa y administrativa del contratista que se evidenciaron a partir del conglomerado de incumplimientos que se le atribuyeron a: (i) la falta de personal mínimo indispensable para ejecutar el objeto convenido, (ii) la falta de afiliación al sistema de seguridad social integral del personal de la obra, (iii) la falta de respuesta oportuna y justificada a los requerimientos realizados al contratista por la interventoría, (iv) la inasistencia del director de obra, el residente y el maestro a los comités de la obra, pues todos estos impactaron en el desarrollo del objeto convenido. (...) Las pruebas que obran en el plenario, lejos de desacreditar la veracidad de los motivos que fueron consignados en las resoluciones demandadas los reafirman, pues dan cuenta de que: (i) el contratista no podía justificar sus incumplimientos en la realización de las labores de demolición, porque éstas fueron expresamente previstas en el pliego de condiciones, ni en otras, porque si bien no se incluyeron con esa especificidad sí podía preverse su necesidad desde la visita al sitio de la obra que se programó en la fase de selección; (ii) a pesar de que desde antes de la suscripción del acta de inicio se convino que el contratista presentaría los análisis de precios de las actividades que no fueron incluidas en el presupuesto oficial y la programación de la obra, no cumplió adecuada y oportunamente con este compromiso, aun cuando, según él mismo lo afirmó, se trataba de labores que debían evacuarse antes de iniciar con la construcción de la primera etapa del teatro municipal, (iii) los aspectos mencionados aunados a los incumplimientos en los que incurrió respecto del personal mínimo requerido en la obra –tanto que, incluso a la fecha de expedición de la Resolución 362 de 2015 aún no tenía maestro de obra aprobado por la interventoría–, revelaron su falta de capacidad operativa y administrativa para ejecutar el contrato y evidenciaron de manera patente el riesgo de que no se cumplirían los cometidos para los cuales fue pactado. El análisis realizado corrobora la decisión del Tribunal en cuanto a que las pruebas que obran en el plenario no conducen a desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas; por tanto, la Sala confirmará la sentencia recurrida.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO / CONTRATISTA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El ad quo debía pronunciarse respecto de la pretensión relativa al reconocimiento de $106’328.139,00 por concepto de mayor valor deducido sobre el saldo a su favor con base en la aplicación de la cláusula vigésima séptima del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
En el recurso de apelación se indicó que el Tribunal no se pronunció respecto del valor de $106’328.139 que se habría deducido en exceso al contratista debido a la errónea aplicación de lo estipulado en el parágrafo segundo de la cláusula vigésima séptima del contrato. Se advierte que la razón por la que no hizo un pronunciamiento expreso sobre esa materia fue porque la pretensión se planteó como una “condenatoria”, es decir, consecuencial a las principales que se negaron. Aun si se analizara como una pretensión principal, no se encuentra que esté llamada a prosperar. Su fundamento consistió en que, en la liquidación del contrato, del saldo que resultó a favor del contratista –$460’753.216– se habría deducido erróneamente la suma mencionada –$106’328.139–. Al revisar el texto de la liquidación no se encuentra que se hubiere realizado esa retención. Lo que se descontó fue solamente el valor por el que se determinaron los perjuicios como consecuencia de la declaratoria de caducidad, esto es, $265’912.83782, lo que arrojó un saldo a favor del demandante de $194’840.379. (...) En consecuencia, no puede concluirse que la cláusula se hubiese aplicado de manera errónea como aseveró el demandante, pues se hizo en los términos convenidos en el negocio jurídico.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CITACIÓN A AUDIENCIA / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / MULTA AL CONTRATISTA / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El procedimiento administrativo violó el debido proceso del contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
Finalmente, en relación con el cargo de vulneración del debido proceso no es posible extraer un motivo de disenso frente a los argumentos que expuso el Tribunal en la sentencia de primer grado para negar las pretensiones de la demanda con fundamento en aquél, pues en la impugnación el recurrente se limitó a hacer una afirmación genérica que no confronta los razonamientos del a quo en torno a este aspecto. (...) En el fallo impugnado se consignó que en el proceso se acreditó que mediante mensaje de datos del 4 de diciembre de 2015 el Departamento envió una citación al contratista en la que le indicó de manera expresa la convocatoria para realizar audiencia de declaratoria de caducidad del contrato y que junto con ella se le mencionaron los hechos, los informes de interventoría, el señalamiento de las cláusulas contractuales posiblemente incumplidas, la tasación preliminar de los perjuicios, así como los derechos que le asistía durante todo el trámite administrativo, por lo cual no se podía concluir en la vulneración del debido proceso. (...) El Departamento lo requirió para que precisara a cuáles pruebas se estaba refiriendo específicamente, puesto que la Secretaría de Infraestructura contaba con toda la documentación de la etapa precontractual y contractual. Como el contratista no lo hizo, se ordenó tener como prueba todo el expediente contentivo de la etapa contractual, por lo cual tampoco por este motivo se hallaba acreditada una vulneración al debido proceso del demandante. Lo descrito pone en evidencia que la sola afirmación del demandante de que se lo citó a una audiencia para imponerle multas y luego se impuso la caducidad del contrato no confronta en forma alguna las razones que expresó el Tribunal para no declarar probado ese cargo, por lo cual debe concluirse que en torno a este aspecto la decisión del Tribunal también se debe confirmar. A manera de conclusión, los análisis abordados por la Sala de cara a lo planteado en el recurso de apelación conducen a confirmar el fallo recurrido que negó las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a alcance del recurso de apelación y la carga del recurrente de presentar una verdadera sustentación, consultar sentencia de 4 de marzo de 2022, Exp. 53373, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por falta de prosperidad del recurso de apelación que interpuso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que a este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la parte demandante en la medida que su recurso de apelación no pudo prosperar y se confirmará en su totalidad la sentencia recurrida. Se advierte que bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida (...) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Es procedente la fijación de agencias en derecho por cuanto la parte demandada contó con representación judicial en la segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se rigen por el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. Dado que el Departamento de Risaralda contó con representación judicial en la segunda instancia de este proceso, se condenará a la demandante a pagar por este concepto el monto de un (1) SMLMV a favor de aquélla.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-02-07. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 66001233300020180007202. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:66001233300020180007202-68396-sentencia).
