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clave: "consejo_estado:providencia:63001233300020190025201-69233-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la autorización para contratar directamente no opera frente a contratos de obra"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-11-18"
radicado: "63001233300020190025201"
numero: "69233"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: la autorización para contratar directamente no opera frente a contratos de obra

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-11-18
- **Radicado:** 63001233300020190025201
- **Número interno:** 69233
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** MUNICIPIO DE ARMENIA
- **Demandado:** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA L.T.D.A
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:63001233300020190025201-69233-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/63001233300020190025201/36EAFCC505E7133573419AAA94BC6243EB3F2D29850D131AF802769397D8C3C8/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=630012333000201900252011100103

## Problema jurídico

¿Las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La contribución por valorización es una prestación impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o actividad de interés colectivo?
- ¿La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia como sociedad de responsabilidad limitada puede tener un objeto social indeterminado?
- ¿Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tienen relación directa con el objeto social de la contratista?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1150 de 2007, art. 2 núm. 4
- Ley 1474 de 2011, arts. 92 y 95

## Extracto

El literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011, autoriza la celebración de contratos interadministrativos mediante la modalidad de contratación directa, siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. La autorización para contratar directamente no opera frente a contratos de obra, suministro, evaluación de conformidad técnica, encargos fiduciarios o fiducia pública ejecutados por instituciones públicas de educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, asociación de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes territoriales.

## Síntesis temática

El contratista puede celebrar contratos interadministrativos mediante contratación directa siempre que las obligaciones del contrato estén relacionadas con el objeto de la entidad ejecutora, según lo establecido por el literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011. Esta regla permite a las entidades públicas contratar directamente cuando las obligaciones del contrato tienen relación directa con su objeto, pero excluye esta modalidad para ciertas instituciones como las de educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, asociaciones de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes territoriales. La Sala reitera esta posición, lo que implica que las entidades estatales deben considerar cuidadosamente los requisitos y excepciones establecidos para la contratación directa en contratos interadministrativos.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CONTRATACIÓN DIRECTA, REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, OBJETO DE LA SOCIEDAD, OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA, CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN, BENEFICIO EN LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN, SUJETO PASIVO DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN, SUJETO ACTIVO DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN, REQUISITOS DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN, OBJETO DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN, FINALIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN, FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, FACULTAD IMPOSITIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL, FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ACTUACIÓN URBANÍSTICA, OBJETO DEL CONTRATO, DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN, OBJETO ILÍCITO, OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR OBJETO LÍCITO, PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, RESTITUCIONES MUTUAS, FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS, CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS, NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, OBLIGACIÓN DE HACER, COMPENSACIONES, CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA, RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO, ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, FUENTE DEL DAÑO, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN DIRECTA / REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / OBJETO DE LA SOCIEDAD / OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora?
Respuesta al problema jurídico: Si
El literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011, autoriza la celebración de contratos interadministrativos mediante la modalidad de contratación directa, siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. La autorización para contratar directamente no opera frente a contratos de obra, suministro, evaluación de conformidad técnica, encargos fiduciarios o fiducia pública ejecutados por instituciones públicas de educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, asociación de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes territoriales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL C, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 92, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 95
CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / BENEFICIO EN LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / SUJETO PASIVO DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / SUJETO ACTIVO DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / REQUISITOS DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / OBJETO DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / FINALIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN / FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / FACULTAD IMPOSITIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL / COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL / FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL
Problema jurídico:
¿La contribución por valorización es una prestación impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o actividad de interés colectivo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La revisión de las principales disposiciones del Acuerdo No. 20 de 2014 permite considerar que la decisión del Concejo Municipal de decretar el cobro de la contribución para financiar doce obras de infraestructura de transporte no era suficiente para que la Alcaldía Municipal pudiera proceder con su recaudo, administración y cobro. Por un lado, era necesario realizar operaciones administrativas previas, como la definición de las características físicas, jurídicas, económicas y cartográficas de los inmuebles beneficiados. Por otro lado, debían llevarse a cabo actuaciones jurídicas adicionales: (i) la reglamentación del acuerdo que decretó la contribución, (ii) la determinación definitiva del monto distribuible de la valorización y (iii) la liquidación individual de la contribución correspondiente a cada predio beneficiado. La necesidad de desarrollar estas actuaciones administrativas se imponía por razón de la naturaleza particular de un régimen impositivo y la contribución vinculada al mismo. En términos generales, la contribución de valorización refiere a una prestación impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o actividad de interés colectivo. En este sentido, si bien la realización de la obra no depende de la solicitud del contribuyente, le reporta un beneficio; por ello, se liquida en función de dicho beneficio con el fin de financiar sus costos. Dado que los costos directos e indirectos de la obra así como el beneficio que aporta su ejecución, no pueden determinarse ex ante, el principio constitucional de predeterminación de los elementos del tributo se atempera. El artículo 338 de la Constitución Política autoriza que los acuerdos faculten a las autoridades administrativas municipales para fijar la tarifa de las contribuciones cobradas como recuperación de los costos de los servicios prestados o como participación en los beneficios proporcionados. Sin embargo, también establece que el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, así como la forma de distribuirlos, deben fijarse en el acuerdo correspondiente. En este sentido, el principio de legalidad tributaria impone la predeterminación de los criterios básicos para (i) fijar el costo de la obra, (ii) calcular el beneficio que ella reporta y (iii) establecer la distribución de ambos entre quienes resultan beneficiados, siendo estos factores los que podrían asimilarse a la tarifa del tributo. Así, el artículo 338 de la Constitución permite a las autoridades administrativas, como el alcalde municipal, desempeñar un papel decisivo en la configuración del tributo, siempre que los órganos de representación popular (concejos) hayan establecido previamente el sistema y el método para ello.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la facultad de las autoridades municipales para imponer tributos, cita: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 174 de septiembre de 2014, rad. 19872, C. P. Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez y de la Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2003.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 338
OBJETO DE LA SOCIEDAD / OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA / EMPRESA DE DESARROLLO URBANO / SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ACTUACIÓN URBANÍSTICA
Problema jurídico:
¿La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia como sociedad de responsabilidad limitada puede tener un objeto social indeterminado?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l objeto de la EDUA abarca un conjunto de actividades que se despliegan en diferentes momentos (formulación, diseño y ejecución) y que tienen como objetivo principal el desarrollo de lo que la Ley 388 de 1997 denomina actuaciones urbanísticas. Estas actividades se concretan en intervenciones materiales planificadas en el espacio público, en zonas de renovación y expansión urbana, así como en centros históricos y áreas sin desarrollar, con el fin de satisfacer necesidades colectivas, como la provisión de soluciones de vivienda, en cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial. (…) [L]as disposiciones de los estatutos de una empresa industrial y comercial del Estado, que adopta la forma de una persona jurídica societaria, no pueden interpretarse de manera que se diluya el objeto para el cual fue constituida, volviéndolo indeterminado. Aunque estas entidades desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del derecho privado, también forman parte de la rama ejecutiva del poder público. Esto implica que deben acatar los principios establecidos en los artículos 121 y 209 de la Constitución Política, los cuales, por regla general, no son aplicables a las actividades de los particulares. En segundo lugar, desde el punto de vista de las reglas jurídicas que gobiernan la constitución y funcionamiento de las sociedades de responsabilidad limitada —forma jurídica que se adoptó para la constitución legal de la entidad—, tampoco puede interpretarse este apartado de los estatutos de la EDUA como una autorización para desarrollar cualquier clase de actividad. En el derecho colombiano, solo las sociedades por acciones simplificadas pueden tener un objeto social indeterminado. En los demás tipos societarios, los socios o accionistas deben definir “la empresa o negocio de la sociedad”, enunciando de forma clara y completa las “actividades principales”. En concordancia con este requisito, la legislación mercantil dispone que será ineficaz la estipulación que extienda el objeto social a “actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquél”. Así, en virtud de (i) una interpretación conforme con las normas superiores y (ii) del principio de efecto útil de las cláusulas del contrato de sociedad, debe entenderse que el tercer grupo de actividades mencionado en los estatutos de la EDUA incluye el apoyo a la gestión de entidades públicas y/o privadas en la implementación de políticas, programas y proyectos, siempre que estén relacionados con las otras dos actividades que están debidamente determinadas. Este grupo comprende, por un lado, intervenciones materiales planificadas en el espacio público, en zonas de renovación y expansión urbana, centros históricos y áreas sin desarrollar, con el fin de satisfacer necesidades colectivas como la provisión de soluciones de vivienda; y, por otro lado, la operación de zonas de estacionamiento regulado. Interpretada de una forma distinta, esta estipulación resultaría ineficaz de pleno derecho y debería considerarse como no escrita (fórmula pro non scripta).
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del régimen jurídico aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, cita: Corte Constitucional, Sentencia 691 de 2007.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, LEY 388 DE 1997
OBJETO DEL CONTRATO / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBJETO DE LA SOCIEDAD / EMPRESA DE DESARROLLO URBANO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN
Problema jurídico:
¿Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tienen relación directa con el objeto social de la contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a revisión del contenido obligacional del contrato interadministrativo No. 014 de 2015 pone de presente que las distintas prestaciones a cargo de la EDUA se subordinaban a un fin principal: determinar la contribución de valorización autorizada por el Concejo Municipal para financiar la construcción de doce obras viales. Para la determinación de la contribución de valorización, eran requisitos sine qua non la elaboración de: (i) el decreto reglamentario del acuerdo que decretó la contribución, (ii) el acto que establecía el valor definitivo del monto distribuible y (iii) los actos de liquidación individual de la contribución correspondiente a cada predio beneficiado. Las principales obligaciones derivadas del contrato interadministrativo no guardan relación directa con el primer grupo de actividades que hace parte del objeto de la EDUA ya que estas no corresponden al desarrollo de labores propias de la hacienda pública municipal. En cambio, su objetivo central es el desarrollo, en diferentes etapas (formulación, diseño y ejecución), de lo que la Ley 388 de 1997 denomina actuaciones urbanísticas: intervenciones en el espacio público, en zonas de renovación y expansión urbana, en centros históricos y en áreas sin desarrollar. De hecho, cuando los estatutos de la EDUA enumeran las actividades características de los proyectos urbanísticos (promoción, construcción, administración, enajenación, desarrollo, mantenimiento, adquisición, titularización, integración y reajuste de predios) y de los proyectos inmobiliarios (gestión de vivienda), no hacen mención alguna a la valorización, ni a ningún otro aspecto directamente relacionado con gravámenes sobre los inmuebles. Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tampoco tienen relación directa con el segundo grupo de actividades enunciado en el objeto de la EDUA. No existe ningún vínculo, ni siquiera mediato, entre las actividades de operar zonas de estacionamiento (actividad prestacional) y las de reglamentar un acuerdo municipal que decreta un tributo vinculado, establecer de forma definitiva en un acto general el monto distribuible de la valorización y elaborar los actos de liquidación individual de la contribución correspondiente a cada predio beneficiado (actividades de producción jurídica). Finalmente, las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tampoco tienen una relación directa con el tercer grupo de actividades que delimitan el objeto principal de la EDUA. [E]ste grupo incluye actividades de apoyo a la gestión de entidades públicas y/o privadas en la implementación de programas y proyectos que constituyan actuaciones urbanísticas o de operación de zonas de estacionamiento regulado o zonas azules. La reglamentación y determinación de los elementos de la contribución por valorización no puede considerarse como tal. (...) El contrato interadministrativo entre el municipio de Armenia y la EDUA no se celebró para que la entidad ejecutora “formulara, diseñara, promoviera, gestionara, o ejecutara” las doce obras viales que se financiaban con la contribución especial. Como dice textualmente la cláusula que enuncia su objeto, éste consistía en “la operación del proceso administrativo para la determinación de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

en los contratos interadministrativos. Los artículos 16 y 1519 del Código Civil, que se integran al régimen de nulidades del contrato estatal, establecen respectivamente que no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia está interesado el orden público y que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Con fundamento en estas disposiciones legales, la vulneración de normas imperativas y de orden público, como las relativas a los procedimientos de selección y las condiciones para la celebración de contratos interadministrativos, conllevan la configuración de un objeto ilícito. Esta Subsección ha explicado que esto se debe a que este conjunto de normas, por estar íntimamente relacionadas con el cumplimiento de los fines de la contratación pública, integran el orden de público de la Nación y, por ello, son de perentoria y obligatoria observancia, sin que puedan ser objeto de inaplicación ni disposición por pacto de los contratantes.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la exigencia para la entidad de ejecutar contratos cuyo objeto este relacionado con su objeto social, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de junio de 2012, rad. 2092, C. P. William Zambrano Cetina. Sobre la nulidad del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de julio de 2023, rad. 52804, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL C, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 92, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 95, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 16
RESTITUCIONES MUTUAS / FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN DE HACER / COMPENSACIONES / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento de restituciones mutuas en el caso concreto?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establece que la declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impide el pago de las prestaciones ejecutadas. Además, cuando la nulidad es por objeto o causa ilícita, la norma dispone que procede el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas y no pagadas al momento de tal declaración en los casos en que la entidad estatal contratante se hubiera beneficiado, es decir, cuando tales prestaciones le hubieran servido para satisfacer un interés público. Por otra parte, el artículo 1746 del Código Civil establece que un efecto de la nulidad son las restituciones mutuas de las prestaciones ejecutadas por las partes. En el expediente reposan las actas de los pagos parciales que el municipio realizó a la EDUA, junto con los correspondientes recibos de caja. De acuerdo con estos documentos, el ente territorial pagó $5.982’599.354 a la entidad ejecutora por la realización de sus prestaciones. (…) La ejecución de estas prestaciones en beneficio de la entidad contratante contribuyó a la satisfacción del interés público. Esta afirmación no se basa únicamente en que se hayan cumplido las actividades a cargo de la EDUA, sino en que estas efectivamente sirvieron como medio para satisfacer intereses compartidos por un conjunto amplio e indeterminado de miembros de la comunidad —en contraposición a intereses meramente particulares—, ya que permitieron establecer y posteriormente recaudar un gravamen con el que se financió la ejecución de obras viales al servicio de todos los ciudadanos del ente territorial. (…) Según el artículo 1746 del Código Civil, la declaratoria de nulidad del contrato les da a ambas partes el derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el contrato nulo. Sin embargo, en este caso no procede ordenar restituciones mutuas entre el municipio y la EDUA. Esto no se debe a que las prestaciones ejecutadas por la entidad contratista no beneficiaron al municipio de Armenia, como afirmó el Tribunal. La razón de esta decisión es que, tratándose de servicios inmateriales (obligaciones de hacer), es imposible que la entidad contratante los restituya in natura a su prestador. Además, carece de sentido ordenarle al municipio que pague en dinero una restitución equivalente a la EDUA por el valor asignado a sus servicios en el contrato y, a su vez, exigir a la EDUA que restituya las sumas recibidas, ya que las obligaciones se extinguirían por compensación.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las restituciones mutuas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 15 de octubre de 2020, rad. 48242, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 30 de abril del 2012, rad. 21699, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 21 de junio de 1984, rad. 3071, C. P. José Alejandro Bonivento Fernández. Acerca del concepto de interés público, cita: Corte Constitucional. Sentencia C-053 de 2001.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746
ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / FUENTE DEL DAÑO / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Ante la declaratoria de nulidad del contrato interadministrativo se puede establecer que ninguna de las partes puede tenerse como vencida en el proceso por lo que procede abstenerse de imponer la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se debe condenar en costas a la parte a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Además, el numeral 3 establece que, cuando la sentencia de segunda instancia confirme en su totalidad la de primera instancia, se debe condenar al recurrente en costas de la segunda instancia. No obstante, en este caso, ambas partes apelaron y a ambas se les negó la impugnación. El numeral 1 también establece que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso; sin embargo, en este caso no puede considerarse que haya una parte vencida, ya que la fuente de derechos y obligaciones alegada por las partes —el contrato interadministrativo— fue declarado nulo. Además, si se interpretara que la entidad demandada fue la vencedora en el proceso, por no haberse accedido a la condena pedida por el demandante, lo cierto es que ésta no impugnó la decisión del Tribunal que se abstuvo de condenar en costas. Por las anteriores razones, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-11-18. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 63001233300020190025201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:63001233300020190025201-69233-sentencia).
