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clave: "consejo_estado:providencia:63001233300020180023401-66377-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-05-08"
radicado: "63001233300020180023401"
numero: "66377"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: la entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-05-08
- **Radicado:** 63001233300020180023401
- **Número interno:** 66377
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** MUNICIPIO DE CALARCA
- **Demandado:** ANDRES EMILIO GARCIA ARBELAEZ
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:63001233300020180023401-66377-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/63001233300020180023401/C9BB3E03C6CDF268DF54A5473F25B2D3DEA3D0572E5DCCE33058A421E56ED1EE/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=630012333000201800234011100103

## Problema jurídico

¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición en el caso sub examine, considerando que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de la demandante en cuanto es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, es decir…
- ¿El juez de primera instancia desconoció el principio de congruencia de la sentencia, al pronunciarse sobre unas actuaciones que no fueron imputadas en la demanda?
- ¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada que no hicieron parte del petitum y de la causa petendi de la demanda?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 177
- Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2

## Extracto

Para efectos de determinar si la demanda se presentó en la oportunidad legal prevista, la Sala estima conveniente precisar que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984, de ahí que el municipio de Calarcá debía cumplirla en los términos del artículo 177 de ese cuerpo normativo. De este modo, la entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío, lo cual ocurrió el 14 de febrero de 2017… , por ende, el plazo para el pago venció el 15 de agosto de 2018.… Lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero.

## Síntesis temática

La entidad pública que promueve el medio de control de repetición bajo la Ley 1437 de 2011 respecto de una condena dictada en un proceso de reparación directa iniciado en vigencia del Decreto 01 de 1984 cuenta con un plazo de 18 meses para efectuar el pago desde el día siguiente a la ejecutoria del fallo, conforme al artículo 177 de dicho decreto. Para contabilizar el término de caducidad de la acción de repetición resulta determinante la fecha del pago o el vencimiento de ese plazo legal, lo que ocurra primero. Adicionalmente, en atención al principio de congruencia previsto en el artículo 281 de la Ley 1564 de 2012, tanto el juez de primera instancia como el superior jerárquico deben circunscribir la valoración de la conducta del agente estatal exclusivamente a las omisiones y hechos imputados en la demanda, estándoles vedado analizar actuaciones u obligaciones adicionales no atribuidas en el escrito inicial.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, APLICACIÓN DE LA LEY 1437 DE 2011, VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011, APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO, APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, CONDENA POR ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, MUNICIPIO, ENTIDAD PÚBLICA, CONDENA JUDICIAL, PAGO DE CONDENA JUDICIAL, PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PAGO DE LA CONDENA, PLAZO, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, LEGITIMACIÓN POR PASIVA, INTERÉS JURÍDICO DIRECTO, PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO, CONDENA, AGENTE DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, SENTENCIA APELADA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, FACULTAD DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, DEMOSTRACIÓN DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CONTENIDO DE LA DEMANDA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, IMPUTACIÓN, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, RECURSO DE APELACIÓN, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBRA PÚBLICA, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO, VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, JUEZ, DEBERES DEL JUEZ, COMPETENCIA DEL JUEZ, FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ, MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTO NUEVO, IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO, PUNTO NUEVO, IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PRESUNCIÓN LEGAL, FACULTADES DEL JUEZ, SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA, SISTEMA DE SANA CRÍTICA, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, CARGA DE LA PRUEBA, CULPA GRAVE, PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, FUNCIONARIO PÚBLICO, PRUEBA, MEDIOS DE PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA, NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO, FALTA DE PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, MUERTE DE LA PERSONA, MUERTE DE PERSONA, DESLIZAMIENTO DE TIERRA, ATENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES, CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PATRIMONIO PÚBLICO, PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, INTERÉS PÚBLICO, NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DE LA LEY 1437 DE 2011 / VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011 / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / CONDENA POR ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / MUNICIPIO / ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PLAZO / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición en el caso sub examine, considerando que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para efectos de determinar si la demanda se presentó en la oportunidad legal prevista, la Sala estima conveniente precisar que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984, de ahí que el municipio de Calarcá debía cumplirla en los términos del artículo 177 de ese cuerpo normativo. De este modo, la entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío, lo cual ocurrió el 14 de febrero de 2017 (…), por ende, el plazo para el pago venció el 15 de agosto de 2018. (…) Lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero. Lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / MUNICIPIO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / CONDENA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de la demandante en cuanto es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, es decir, por ser la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Quindío, así mismo, tiene legitimación en la causa por pasiva el demandado, puesto que, es la persona a quien se le imputó el daño objeto de la controversia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Legitimación. El municipio de Calarcá está legitimado en la causa por activa, en los términos del artículo 8 de la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Quindío. El señor (…) se encuentra legitimado en la causa por pasiva, porque en la demanda se le imputó el daño objeto de la controversia, ya que se mencionó que con su actuar gravemente culposo dio lugar al pago por el que se repite; empero, se aclara que, en vista de que está por determinarse el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria, el referido aspecto no se estudiará ab initio, sino al analizar de fondo el asunto.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA APELADA / JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA / FACULTAD DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DEMOSTRACIÓN DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CONTENIDO DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPUTACIÓN
Problema jurídico:
¿El juez de primera instancia desconoció el principio de congruencia de la sentencia, al pronunciarse sobre unas actuaciones que no fueron imputadas en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Subsección considera oportuno señalar que (...) el a quo desconoció el principio de congruencia cuando dictó la sentencia apelada (…) como pasa a explicarse (…). La Sala advierte que en el escrito inicial se indicó que la culpa grave del demandado se configuraba por la omisión relativa a la petición del 23 de junio de 2005, de ahí que el análisis del tribunal debía circunscribirse a dicho aspecto; empero, el juez de primera instancia analizó no solo una petición adicional, esto es, la del 2 de junio de 2005, sino la obligación de adelantar las obras necesarias para mitigar los riesgos de la vía, cuando esas actuaciones no fueron imputadas. En otros términos, el tribunal no estaba habilitado para evaluar la conducta del demandado a la luz de las conductas antes mencionadas aspecto que, por cierto, esta Subsección tampoco puede analizar, en virtud del principio de congruencia-, en la medida en que, se reitera, la demanda no se fundamentó en ello.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBRA PÚBLICA / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ / FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / PUNTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada que no hicieron parte del petitum y de la causa petendi de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
La Subsección considera oportuno señalar que (…) el recurrente intentó modificar la causa petendi en la alzada (…) como pasa a explicarse (…). En la alzada, la parte actora, entre otras cosas, aseguró que el demandado no verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de la obra, no señalizó la vía ni detuvo el paso de vehículos; sin embargo, la Subsección no puede estudiar dichas circunstancias, por cuanto implicaría modificar la causa petendi de la demanda, pues es claro que no se pidió una declaratoria de responsabilidad por esos conceptos. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en considerar que esta jurisdicción, en las actuaciones que conoce, carece por completo de facultades para variar la causa petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de esta naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de los agentes o ex agentes estatales, con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda o su modificación, así como en los medios de convicción regular y oportunamente allegados al plenario. Por tanto, cualquier variación del marco fáctico implicaría un desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso, ya que sorprendería a la parte demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados a rebatir los hechos presentados en la demanda y jamás tendría opción de ejercer en ese caso el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir los elementos de juicio que soportan la eventual declaración de responsabilidad y consecuencial condena propuesta en su contra, por lo que el juez debe resolver sobre las pretensiones de la demanda, sus fundamentos fácticos y jurídicos con sustento en la prueba regular y oportunamente aportada al proceso. En línea con lo anterior, la Sala no tiene competencia para estudiar conductas adicionales frente al demandado, porque la alzada no tiene por objeto que se adicionen cargos no esgrimidos en la demanda. Así que, de acuerdo con lo alegado en la demanda y el reparo concreto de la apelación, a la Sala le corresponde realizar el juicio de responsabilidad personal contra el señor (…) por una eventual culpa grave, ante la presunta omisión de impartir el trámite debido a la petición del 23 de junio de 2005. Los demás requisitos para la prosperidad de la pretensión de repetición se encontraron acreditados en primera instancia y no fueron objeto de discrepancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de octubre de 2016, exp. 34357, C.P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de octubre de 2016, exp. 34357, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 19 de febrero de 2021, exp. 54320, C.P. María Adriana Marín; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 54407, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRESUNCIÓN LEGAL / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / ENTIDAD PÚBLICA / FUNCIONARIO PÚBLICO / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿Las presunciones estipuladas en el artículo 6 la Ley 678 de 2001 tienen naturaleza de legales y, por tanto, admiten prueba en contrario, por lo que la parte demandada tiene abierta la posibilidad para oponerse y acreditar, en esta sede judicial de repetición, o bien la inexistencia del hecho que le da base a la presunción o de las circunstancias en las que se configuró aquel?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las presunciones tienen como finalidad tener como cierto o probable un hecho que se infiere a través de un juicio lógico que realiza el legislador o el juez acudiendo a las máximas generales de la experiencia y la sana crítica, de ahí que se considere que tiene por virtud invertir las condiciones generales de la carga de la prueba en favor de quien la invoca. Aquellas, pueden considerarse como de tipo legal (iuris tantum), cuando admiten prueba en contrario, o de derecho (iuris et de iure), cuando se considera definitivamente como cierto el hecho presumido y, por el contrario, no es posible desacreditarlo. Así se encuentra regulado en el artículo 66 del Código Civil (…). [C]onviene señalar que cuando el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en alguna de las hipótesis consignadas en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, el legislador previó una serie de presunciones legales como mecanismos procesales enderezados a tornar efectiva la acción de repetición prevista en la Constitución y así hacer eficaz la responsabilidad civil de los servidores públicos por las condenas que su acción u omisión generen. La Sala encuentra que las presunciones estipuladas en el artículo 6 la Ley 678 de 2001 tienen naturaleza de legales y, por tanto, la entidad demandante tiene la carga de probar únic

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

DE LA CARGA DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / MUNICIPIO / MUERTE DE LA PERSONA / MUERTE DE PERSONA / DESLIZAMIENTO DE TIERRA / ATENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Se configura la presunción por culpa grave imputada al exagente del Estado demandado en repetición, por la indebida atención de una petición incoada para evitar el deslizamiento del talud de tierra que sepultó a una persona en el municipio de Calarcá, teniendo en cuenta que, no se acreditó el hecho base de la misma?
Respuesta al problema jurídico: No
El 5 de enero de 2006, en el municipio de Calarcá, el señor (...) falleció debido a que un talud de tierra lo sepultó. Como consecuencia del siniestro, sus familiares promovieron un proceso de reparación directa en el que se condenó a la entidad territorial a pagar la suma de $487’422.354. El municipio demandó en repetición al señor (...) ex secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura Municipal, con fundamento en que con su conducta gravemente culposa dio lugar al pago efectuado. (...) Imputación de la responsabilidad. (…) [Q]uien alegue a su favor una presunción deberá probar plenamente y, a través de medios conducentes, pertinentes y eficaces, los hechos que le dan su origen, puesto que resulta claro que el legislador no pugnó por una suerte de tarifa legal para acreditar aquel supuesto fáctico. En efecto, las presunciones establecidas en la ley sólo serán procedentes y se tendrán por ciertas cuando los hechos en que se funden estén debidamente probados, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice. Para la Subsección resulta necesario dejar claro que el hecho que le da sustento a la presunción debe estar completamente probado y no debe dar lugar a duda alguna, para ello podrá acudirse a una valoración integral de las pruebas que obran en el expediente. (…) Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala advierte que no se acreditó el hecho base de la presunción alegada contra el demandado, puesto que, si bien el municipio de Calarcá señaló que se presumía la culpa grave del señor (…), por cuanto no atendió en debida forma la petición del 23 de junio de 2005 (no la contestó ni la remitió a otras autoridades), situación que ocasionó la condena, ya que vulneró de forma manifiesta e inexcusable las normas de derecho numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001; lo cierto es que tal postulado no puede inferirse de los elementos de juicio obrantes al plenario ni de la sentencia que le puso fin al proceso de reparación directa. Ciertamente, se acreditó que la entidad territorial recibió la aludida petición, pero la Subsección no puede constatar que esta hubiera sido efectivamente conocida por el demandado en este juicio, lo cual sería el punto de partida para analizar el eventual incumplimiento de sus obligaciones al respecto y la incidencia en el daño que generó la condena por la que aquí se exige un reembolso. De hecho, de lo único que tiene certeza fue que la recibió otra persona, sin que pueda verificar que aquella la puso a disposición del señor (…). Igual conclusión se predica de la sentencia del 2 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, teniendo en cuenta que la condena se sustentó en la ausencia de las labores de mitigación del riesgo por parte del municipio de Calarcá respecto de la vía donde ocurrió la muerte del señor (…), situación que resulta aislada de cara a la imputación formulada contra el demandado. En todo caso, al margen de que no se hubiera acreditado el supuesto de hecho que daba lugar a aplicar la presunción alegada, la Subsección tampoco observa una falta de diligencia y descuido del demandado, en la medida en que, aunque la dependencia a la que estaba adscrito el demandado debía atender las peticiones ciudadanas, según la norma vigente para la época de los hechos (Decreto 01 de 1984, en concordancia con Ley 962 de 2005), no hay constancia de que en él recayera, en particular, la obligación de emitir la respuesta respectiva y de que fuera el encargado de enviarla a otras entidades, según su manual de funciones, en especial, de la lectura de los numerales 1 y 7, como lo refirió la accionante. Además, se tiene que la petición del 23 de junio de 2005 estaba dirigida más bien a emitir un reproche frente a la respuesta que la Secretaría de Planeación Municipal dio a una solicitud previa y, pese a que en ésta se indicó que “la demolición del puente peatonal estaba generando una erosión del terreno, lo cual ponía en riesgo a la comunidad”, lo que ameritaba una reparación de la vía, el mismo municipio certificó que ello era competencia del departamento del Quindío y los deberes a cargo del señor (…) derivaban de obras municipales.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, se puede consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 28448, C.P Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 962 DE 2005
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / PATRIMONIO PÚBLICO / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / INTERÉS PÚBLICO / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición, en contra de la entidad demandante a la que se le resuelven desfavorablemente las pretensiones, considerando que el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Ahora bien, de conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos que ventila un interés público. Por esta razón, en esta instancia, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso, pese a que se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63519, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y sentencia del 3 de octubre de 2019, exp. 49865, C.P. María Adriana Marín. De igual forma, ver, Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-05-08. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 63001233300020180023401. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:63001233300020180023401-66377-sentencia).
