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clave: "consejo_estado:providencia:54001233300020160018201-67049-sentencia"
titulo: "Contratación estatal: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-03-13"
radicado: "54001233300020160018201"
numero: "67049"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Contratación estatal: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-03-13
- **Radicado:** 54001233300020160018201
- **Número interno:** 67049
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ SAN JOSE DE CUCUTA
- **Demandado:** HERNANDO YEPES HOYOS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:54001233300020160018201-67049-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/54001233300020160018201/4C7D84197E3AE27C84E0A6D37587E6570FB50D8CA13FB671EBC29CBA0548D6A9/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000201600182011100103

## Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo…
- ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
- ¿Para la procedencia del medio de control de repetición, se debe probar la obligación reparatoria a cargo del Estado; que el demandando tenga la calidad de servidor o exservidor público o particular…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 142, 150 y 152 núm. 9
- Ley 678 de 2001, art. 7 inc. 1

## Extracto

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001.

## Síntesis temática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las demandas de repetición que promueven las entidades públicas condenadas al pago de perjuicios causados por actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores o particulares que desempeñen funciones públicas, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia cuando la cuantía supera el umbral legal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 142 del CPACA y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben este debate a la jurisdicción. Segunda, el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 atribuyen la segunda instancia cuando la cuantía supera 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tercera, la cuantía del proceso en el caso supera ese umbral, de modo que la Sala es competente para resolver la apelación. La providencia confirma la competencia. La consecuencia práctica es que la apelación de sentencias de repetición que superan la cuantía legal se tramita ante el Consejo de Estado en segunda instancia.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA, CUANTÍA DEL PROCESO, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO, EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO, APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO, NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO, LEY 678 DE 2001, REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, MEDIOS DE PRUEBA, INTERROGATORIO DE PARTE, PROCEDENCIA DEL INTERROGATORIO DE PARTE, VALOR PROBATORIO DEL INTERROGATORIO DE PARTE, AGENTE DEL ESTADO, APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, SISTEMA DE SANA CRÍTICA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, TESTIGO SOSPECHOSO, DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIMONIO SOSPECHOSO, VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIGO TÉCNICO, TESTIMONIO TÉCNICO, MÉDICO, MÉDICO TRATANTE, MÉDICO ESPECIALISTA, MUERTE DEL PACIENTE, MUERTE DE PACIENTE POR CÁNCER, PACIENTE CON CÁNCER, CIRUGÍA FUNCIONAL, SERVICIO MÉDICO QUIRÚRGICO, PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, CULPA GRAVE, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

## Guías prácticas relacionadas

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## Texto del documento

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 177 del CCA?
Respuesta al problema jurídico: No
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (...) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). (...) No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de reparación directa o conciliación, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA señala que el medio de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas y conciliaciones. A su turno, de manera pacífica y reiterada esta Corporación ha mantenido la tesis según la cual, cuando el conteo del término de caducidad del medio de control de repetición se rige por el CCA, el cómputo debe efectuarse a partir del día siguiente al pago de la condena o conciliación o, si el pago no se realizó dentro del término máximo con el que contaba la entidad para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria o al auto aprobatorio de la conciliación, según sea el caso, a partir del día siguiente al cumplimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del CCA, lo que ocurra primero en el tiempo. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 30 de septiembre de 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró patrimonialmente responsable a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz por la muerte (...) y ordenó pagar perjuicios a sus familiares, quedó ejecutoriada el 6 de febrero de 201432; ii) que el 28 de abril de 2014, la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz pagó la tercera y última cuota (...), según da cuenta copia del comprobante de egreso No. 15180 y certificación de la Tesorería de dicho centro hospitalario; iii) que el plazo de los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA, para realizar el pago de la condena se cumplió el 10 de agosto de 2015; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; y, v) que la demanda se presentó el 26 de abril de 2016, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 23998, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Acerca del cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, consultar providencia de 9 de septiembre de 2016, Exp. 52021, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). Sobre la vigencia del Código General del Proceso, consultar providencia de 25 de junio de 2014, Exp. 49299, C.P. Enrique Gil Botero Acerca de la facultad del juez para estudiar de oficio las excepciones procesales, consultar providencia de 16 de diciembre de 2020, Exp. 51252. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / LEY 678 DE 2001 / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO
Problema jurídico:
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso
segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001 (…) [que] definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o exservidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en
contra la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz ocurrieron en 2003, esto es,
cuando falleció Carmen Cecilia Pulido, el régimen vigente aplicable a la acción de
repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al
momento de los hechos.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la normativa aplicable a los procesos de repetición, consultar providencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 28448, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 47535, C.P. María Adriana Marín.
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Para la procedencia del medio de control de repetición, se debe probar la obligación reparatoria a cargo del Estado; que el demandando tenga la calidad de servidor o exservidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; el pago de la obligación reparatoria y; que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tal universitario Erasmo Meoz acerca de los riesgos que entrañaba la cirugía a la que iba a ser sometida. (...) Así pues, del análisis riguroso de las pruebas testimoniales, las cuales no fueron controvertidas ni tachadas de falsas, encuentra probado la Sala que el comité de tumores de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz era una junta interdisciplinaria de profesionales de la salud, que se celebraba todos los lunes en las instalaciones del hospital, la cual tenía como finalidad citar al paciente diagnosticado con cáncer, revisar su historia clínica, confirmar el diagnóstico y brindarle toda la información acerca de la enfermedad, las opciones de tratamiento (quirúrgico o terapéutico) y las complicaciones del mismo (...). [La paciente] tenía pleno conocimiento de la enfermedad que padecía y contaba con un diagnóstico claro, esto es, cáncer de recto (...). De hecho, en razón de su patología, fue direccionada al comité de tumores de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, en donde un grupo de médicos especialistas le confirmó el diagnóstico de cáncer rectal, le sugirió como tratamiento la cirugía de resección abdominoperineal de milles y le explicó en qué consistía la misma (...). De hecho, consta que la paciente fue hospitalizada desde el 15 de octubre del 2003 y que, en esa fecha, junto con un familiar suscribió el consentimiento informado. (...) En ese sentido, al contrastar la historia clínica (...) y los testimonios de los galenos que atendieron el comité de tumores, queda claro que la paciente fue enterada de forma clara de su diagnóstico de cáncer, la cirugía de resección abdominoperineal de milles y las posibles complicaciones que ella podía conllevar, pues lo expuesto por los testigos es claro y uniforme en cuanto a que el comité de tumores no se podía celebrar sin la paciente y/o un familiar, pues de lo contrario carecía de sentido celebrar esa junta médica. De hecho, llamó especial atención de la Sala lo dicho por el testigo (...), quien en su deposición indicó que la conducta a seguir y tratamiento de los pacientes con cáncer no las determinaba el servicio de cirugía o un cirujano en particular, sino el comité, por lo que queda claro según lo previsto en el artículo 15 de la Ley 23 de 1981, que sí se le informó de forma anticipada a la paciente todos los aspectos concernientes a su enfermedad y los riesgos de la cirugía que se le iba a practicar. Así las cosas, se tiene que la función del médico tratante del que habla el artículo 15 de la Ley 23 de 1981 fue cumplida en este caso por el comité de tumores, quien, valga reiterar, fue el que definió el tratamiento a seguir a la paciente, el cual fue aceptado, pues, de lo contrario, ella no hubiese podido ingresar el 15 de octubre para ser sometida a cirugía, ni hubiese firmado el formato de consentimiento informado, tal y como obra en el plenario. De lo hasta aquí expuesto, encuentra la Sala que no está probada, entonces, una presunción de culpa grave en contra de Dr. (...) ni que este hubiese actuado de tal manera. Por esta razón, lo que se advierte es que el demandado no está llamado a responder dentro del proceso de repetición. (...) De otro lado, es importante destacar que la sentencia proferida en la acción de reparación directa, que condenó a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz por la muerte (...), resolvió la responsabilidad de la entidad demandada y el derecho del demandante a obtener la reparación de perjuicios que en ella se dispuso. No obstante, dicha sentencia no hace tránsito a cosa juzgada frente al agente estatal al que se le imputa la causación del daño, porque el proceso mencionado no tuvo como propósito el juzgamiento de su conducta, pues allí el agente estatal no fue llamado en garantía y, desde luego, no se juzgó lo relativo a su conducta. En suma, no puede afirmarse que la sentencia de condena contra la entidad hace tránsito a cosa juzgada en este aspecto, es decir, frente a la conducta (...) [del demandado]. Lo anterior constituye una razón adicional para concluir que la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2013, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no es por si misma prueba de la culpabilidad del agente y, por tal razón, en el medio de control de repetición deben acreditarse todos los supuestos que lleven a inferir razonadamente que el demandado es acreedor de la aplicación de las presunciones de dolo y/o culpa grave consagradas en la Ley 678 de 2001, lo cual no ocurrió en el presente caso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 23 DE 1981 - ARTÍCULO 15, LEY 23 DE 1981 - ARTÍCULO 16, LEY 23 DE 1981 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas a la parte demandante, debido a que fue la parte vencida en el proceso y su liquidación se hará de manera concentrada por la secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En relación con las agencias en procesos de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 6, numeral 3.1.3. del Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual tratándose de procesos ordinarios que se surten en segunda instancia la tarifa de agencias en derecho será de hasta el cinco por ciento (5%) de las pretensiones. En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en el cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total de las pretensiones, en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte vencedora. Como las pretensiones se estimaron en $941.917.467 la parte demandante pagará la suma de $941.917 (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la condena en agencias en derecho, consultar providencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 51034, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-03-13. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 54001233300020160018201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:54001233300020160018201-67049-sentencia).
