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clave: "consejo_estado:providencia:54001233100020110057302-74390-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-07-29"
radicado: "54001233100020110057302"
numero: "74390"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: no puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-07-29
- **Radicado:** 54001233100020110057302
- **Número interno:** 74390
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** Controversias contractuales
- **Actor:** CONSORCIO HH INGENIEROS
- **Demandado:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:54001233100020110057302-74390-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/54001233100020110057302/51EA8BE6C3CE5C81137A673DA043B369739C20B22A0ED4C0747B89EF170AB4F3/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012331000201100573021100103

## Relevancia jurídica

Rectifica la jurisprudencia.

## Regla de decisión

No puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación.

## Problema jurídico

¿Puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Debe aplicarse de manera prospectiva el criterio jurisprudencial vigente al momento de expedición del acto administrativo que declaró la caducidad contractual…
- ¿Debe aplicarse el principio de favorabilidad cuando existen dos interpretaciones jurisprudenciales posibles sobre la competencia temporal para declarar la caducidad contractual y una de ellas…
- ¿Son nulos los actos administrativos que declaran la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual por falta de competencia ratione temporis de la entidad que…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, art. 18

## Extracto

La Sala inicia por precisar que la caducidad de un contrato estatal corresponde a una potestad excepcional, consagrada en el art. 18 de la Ley 80 de 1993, que se activa ante el supuesto de un grave incumplimiento que pueda conducir a la parálisis de la ejecución del objeto contratado y, por ende, a la afectación del interés público envuelto en el negocio jurídico estatal.

## Síntesis temática

El contratista no puede ser objeto de la declaratoria de caducidad del contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación, ya que la caducidad es una sanción excepcional que se activa ante un grave incumplimiento que puede paralizar la ejecución del contrato y afectar el interés público, pero solo procede durante el término de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación, donde resultaría ineficaz para garantizar el cumplimiento del contrato. La interpretación literal del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 confirma que la declaratoria de caducidad se extiende mientras perviva el plazo de ejecución estipulado, y no más allá. La Sala modifica la jurisprudencia anterior que admitía la caducidad hasta la etapa de liquidación, y establece que la nueva interpretación se aplica de manera retroactiva, salvaguardando el principio de favorabilidad en materia sancionatoria y protegiendo los derechos del contratista.

## Descriptores temáticos

CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, COMPETENCIA TEMPORAL, CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL, PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA, CAMBIO DE JURISPRUDENCIA, PRECEDENTE JUDICIAL, FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO, IUS PUNIENDI, APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA, FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, DAÑO CIERTO, INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, PERJUICIO MATERIAL, ACREDITACIÓN DEL DAÑO, CARGA DE LA PRUEBA, UTILIDAD CAUSADA Y NO RECIBIDA, EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, PRUEBA DEL DAÑO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO

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## Texto del documento

CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA TEMPORAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA
Problema jurídico:
¿Puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala inicia por precisar que la caducidad de un contrato estatal corresponde a una potestad excepcional, consagrada en el art. 18 de la Ley 80 de 1993, que se activa ante el supuesto de un grave incumplimiento que pueda conducir a la parálisis de la ejecución del objeto contratado y, por ende, a la afectación del interés público envuelto en el negocio jurídico estatal. La gravedad se proyecta, a su vez, en que esa declaratoria corresponde a la sanción más drástica que se puede imponer al contratista. (…) El propósito y funciones que la ley asignó a esta prerrogativa de poder público permite entender que su declaratoria sólo procede durante el término de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación, pues en tal escenario resultaría inocua por sus fines, en tanto impediría lograr el objetivo primordial trazado al seno de la caducidad dirigido a garantizar que el contrato se cumpla en los términos estipulados –incluido su plazo–, que es para lo cual se remueve al contratista incumplido y se adoptan otro tipo de medidas de contingencia y continuidad. No solo la comprensión razonable del objeto y fin para el que se establece esa prerrogativa conduce este aserto, sino también su interpretación literal, pues al examinar la redacción del citado art. 18, que prevé la declaratoria de caducidad por el incumplimiento ‘…que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización (…), se advierte que su habilitación se extiende mientras perviva el plazo de ejecución estipulado. Así, cuando ocurre el fenecimiento del término negocial cesan las obligaciones asumidas por los contrayentes –porque es un medio extintivo de las mismas–, de modo que un entendimiento que amplíe dicha prerrogativa más allá del período de ejecución desconoce los límites y la función de aquella disposición. En este contexto, el límite temporal para declarar la caducidad del contrato está dado por los supuestos materiales que la ley ha dispuesto para su aplicación, conforme a sus fines, ubicándola exclusivamente en el interregno del despliegue negocial. (…) Así las cosas, a manera de conclusión y concreción, si bien el INVIAS aplicó el criterio jurisprudencial vigente para el momento de expedir los actos demandados, la Sala no puede inclinarse por mantener la caducidad declarada por la única razón de aplicar aquella postura, pues ello sería tanto como imponer al sujeto soportar los efectos adversos de una sanción que no estaba disponible en la estructura normativa, y que de manera posterior fue rectificada. Por supuesto que la Sala acogerá la pauta jurisprudencial que consulta las garantías de los particulares, por la vía de aplicar estrictamente la ley (art. 18 de la Ley 80 de 1993), toda vez que esta disposición delimitó y reservó el ejercicio del poder estatal a una fase ya consumada bajo el contrato objeto de análisis y que, además, revela un entendimiento que salvaguarda el principio de favorabilidad aplicable en materia sancionatoria.
NOTA DE RELATORÍA:
La providencia estudia el cambio jurisprudencial sobre la competencia ratione temporis para declarar la caducidad del contrato estatal. Identifica una primera línea jurisprudencial según la cual la caducidad solo procede durante el plazo de ejecución contractual, desarrollada, entre otras, en las sentencias expedientes 1.485 de 1979, 3.862 de 1990, 6.491 de 1992, 11.481 de 1996, 10.103 de 1997 y 10.196 de 1999. Igualmente, registra una línea posterior que admitió el ejercicio de la facultad hasta la etapa de liquidación contractual, reflejada en las providencias expedientes 11.345 de 1999, 10.264 de 1999, 13.352 de 2001 y 15.936 de 2004. Finalmente, señala que la Sección Tercera retomó la tesis inicial en la sentencia de 20 de noviembre de 2008, expediente 17.031, criterio posteriormente unificado por la Sala Plena de la Sección Tercera mediante sentencia de 12 de julio de 2012, expediente 15.024. La providencia aplica esta última orientación jurisprudencial.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / PRECEDENTE JUDICIAL / FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse de manera prospectiva el criterio jurisprudencial vigente al momento de expedición del acto administrativo que declaró la caducidad contractual, cuando posteriormente la jurisprudencia modificó dicha interpretación en un sentido más favorable para el destinatario de la sanción?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [P]ara el caso concreto, a la Sala se le impone precisar el efecto de las variaciones jurisprudenciales, y definir si la tesis de la entidad contratante constituía el criterio uniforme e imperante para la época de expedición de las resoluciones demandadas. Frente a este tópico se advierten dos corrientes sobre la aplicación de las variaciones jurisprudenciales, una retroactiva y otra prospectiva. La problemática se desliga del cuestionamiento de si la autoridad judicial puede o no modificar el precedente, y se ubica en determinar cómo y bajo qué condiciones ello acontece. La tesis retroactiva enseña que una modificación de postura o cambio jurisprudencial por parte del órgano de cierre se aplica de manera general e inmediata, en sentido horizontal y vertical, esto es, desde el momento en que cobra firmeza la providencia que la contiene. Eso significa que cuando un litigio inicia con sustento en un criterio judicial que posteriormente es alterado, la controversia se debe definir con base en esa nueva orientación interpretativa de la autoridad judicial. (…) Así, de advertirse que a la misma situación de hecho son aplicables dos interpretaciones normativas distintas, debe preferirse aquella más favorable o menos restrictiva para el sujeto. En este caso, al constatarse que el efecto retroactivo del criterio jurisprudencial vigente resulta menos perjudicial para el contratista, en comparación con la aplicación prospectiva de la pauta imperante al momento en que se dictaron las resoluciones enjuiciadas, la Sala opta por el acatamiento de la primera opción al ser más beneficiosa para el destinatario de la sanción en términos constitucionales, comoquiera que restringe la habilitación temporal para la imposición de aquella fuera del plazo de ejecución negocial. (…) Ante la constatación de que las resoluciones demandadas fueron emitidas conforme a una postura jurisprudencial de vigencia transitoria, que posteriormente fue recogida, la posición de la autoridad judicial a la que le atañe la definición de esta controversia no puede anclarse en tal época, pues aquel debate fue superado; con esa dirección, lo que corresponde en el caso concreto es la aplicación retroactiva del criterio judicial para materializar las garantías ius fundamentales atinentes al principio de favorabilidad e igualdad ante la ley; esta ruta, a su vez, desata la tensión entre los principios de confianza legítima que aduce la entidad demandada, frente a las garantías del sujeto en quien se proyectan los efectos de una sanción, que no era imponible.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad excepcional de inaplicar un criterio jurisprudencial vigente cuando su aplicación afecte derechos fundamentales, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-406 de 2016. Cita las sentencias de 4 de septiembre de 2017, expediente 57.279; 2 de marzo de 2020, expediente 39.947; 5 de marzo de 2021, expediente 39.249; 27 de agosto de 2021, expediente 52.434; y 17 de junio de 2022, expediente 57.568, en materia de efectos prospectivos y retroactivos de los cambios de jurisprudencia.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 230, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA / DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / IUS PUNIENDI / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse el principio de favorabilidad cuando existen dos interpretaciones jurisprudenciales posibles sobre la competencia temporal para declarar la caducidad contractual y una de ellas resulta menos gravosa para el destinatario de la sanción?
Respuesta al problema jurídico: Si
La generación de esta consecuencia conlleva a que la aplicación de la normatividad, y de la pauta jurisprudencial respectiva, proceda bajo el cariz del principio de favorabilidad. Este mandato, previsto en el artículo 29 de la Carta Política, constituye una excepción a la aplicación de las leyes en el tiempo que autoriza que un suceso que ha tenido lugar bajo la vigencia de una determinada ley, se rija por una norma posterior, en principio improcedente, porque es más beneficiosa o menos gravosa para la situación particular del sujeto investigado y/o sancionado. La jurisprudencia constitucional ha destacado que aquellas figuras que tienen naturaleza eminentemente sancionatoria, porque derivan del ejercicio del ius puniendi del Estado, se deben examinar con enfoque en el mencionado principio, pues “por extensión se predica de todo del derecho sancionatorio ... tanto en aspectos sustanciales como procedimentales”. En este orden de ideas, el ejercicio de la potestad punitiva de la administración, que incluye el derecho contractual sancionatorio, debe desplegarse en consonancia con la garantía de favorabilidad frente al sujeto destinatario del mismo, puesto que se trata de un proceder que materializa el mandato del art. 29 constitucional, protege la libertad individual y controla la arbitrariedad administrativa y judicial, al asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo del Estado. Así, de advertirse que a la misma situación de hecho son aplicables dos interpretaciones normativas distintas, debe preferirse aquella más favorable o menos restrictiva para el sujeto. En este caso, al constatarse que el efecto retroactivo del criterio jurisprudencial vigente resulta menos perjudicial para el contratista, en comparación con la aplicación prospectiva de la pauta imperante al momento en que se dictaron las resoluciones enjuiciadas, la Sala opta por el acatamiento de la primera opción al ser más beneficiosa para el destinatario de la sanción en términos constitucionales, comoquiera que restringe la habilitación temporal para la imposición de aquella fuera del plazo de ejecución negocial.
NOTA DE RELATORÍA:
Se refiere a las sentencias C-653 de 2001 y C-592 de 2005 de la Corte Constitucional, en las que se desarrolló el principio de favorabilidad como garantía frente al ejercicio del poder sancionatorio del Estado. Cita la sentencia T-1087 de 2005 de la Corte Constitucional, en la que se indicó que el principio de favorabilidad se predica de todo el derecho sancionatorio, tanto en aspectos sustanciales como procedimentales. Se refiere igualmente a la sentencia SU-406 de 2016 de la Corte Constitucional sobre la incidencia de los cambios jurisprudenciales en la protección de derechos fundamentales.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 9
NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA TEMPORAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
Problema jurídico:
¿Son nulos los actos administrativos que declaran la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual por falta de competencia ratione temporis de la entidad que los expidió?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al advertir que la tesis jurisprudencial que guarda coherencia con el contenido del art. 18 de la Ley 80 de 1993, es aquella que esta Colegiatura mantuvo desde 1970 y retomó a finales de 2008, y que ha sido postura pacífica ya por lustros en el entendimiento de esa potestad excepcional, esta Subsección se decanta por la aplicación de la norma en línea con esa pauta, por ser la que se ajusta a todos los elementos que determinan la tipicidad de la conducta que es objeto de sanción y determina el límite temporal para el despliegue de d

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

dientes a su ejecución, o, algún otro supuesto que desvanezca su obligatoriedad, para la Sala es dable concluir que el INVÍAS hizo efectivo el cobro de la cláusula penal, en los términos de ley mencionados.De modo que una defensa que no es afirmativa sobre un hecho que le debe constar, por razones de corrección y carga dinámica probatoria, no está llamada a ser considerada, pues el INVÍAS debe saber si el contratista pagó y no solo limitarse a afirmar que no acreditó haberlo hecho. Si bien no se desconoce que, a voces del art. 177 del C. de P.C., a la parte interesada el atañe demostrar el supuesto que reclama, lo cierto es que la entidad contaba con los insumos requeridos para confrontar si ocurrió o no el desembolso ordenado, pero no lo aportó al sub-lite, sin que sirva de justificación su propia omisión. Por lo que se mantendrá la orden de reintegro de la suma que el contratista hubiere pagado o se le hubiere descontado a título de cláusula penal, lo que supone la condición de que se acredite que tal desembolso efectivamente ocurrió. Su restitución operará debidamente actualizada a la fecha de la sentencia.
NOTA DE RELATORÍA:
sobre las facultades derivadas de la aplicación de las cláusulas excepcionales y la ejecutoriedad de los actos administrativos expedidos en ejercicio de dichas potestades, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, expediente 17.031.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 66, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO CIERTO / INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PERJUICIO MATERIAL / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Procede indemnizar la pérdida de oportunidad derivada de la inhabilidad para contratar con el Estado impuesta por una declaratoria de caducidad anulada, cuando no se demuestra que el afectado tenía una expectativa real y cierta de continuar contratando con entidades estatales?
Respuesta al problema jurídico: No
La perdida de oportunidad, como daño jurídicamente indemnizable, alude a aquellos eventos en que una persona está en una posición apta para obtener un provecho o impedir una pérdida, pero que, con ocasión de un acto u omisión de un tercero, la consolidación de dicha posibilidad se frustra de manera definitiva. Para que se consolide esta categoría de daño es necesario demostrar la existencia cierta de una perspectiva real de obtener una ganancia o de impedir una pérdida y la incertidumbre causal que se deriva del desconocimiento sobre qué habría ocurrido con esa posibilidad en caso de que la conducta u omisión antijurídica de un tercero no hubiera frustrado definitivamente la trayectoria normal de los eventos. Para el caso concreto, no basta con la acreditación del acto viciado en uno de sus elementos de validez y la constatación de que con ocasión de éste, se impuso a los miembros del consorcio la inhabilidad por el término de cinco (5) años, pues se requiere, a su vez, la demostración de la frustración o efecto negativo que esta determinación acarreó para esos sujetos, toda vez que es un imperativo demostrar ‘la certeza de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque esta involucre un componente aleatorio’. En otras palabras, es necesario que la parte que reclama la pérdida de oportunidad establezca que antes de la ocurrencia del hecho generador del daño estaba en una posición potencialmente apta para producir un resultado beneficioso para ella. Ante la falta de prueba de expectativas reales del consorcio de seguir contratando con el Estado, por cuanto no se acreditó que el giro ordinario de sus negocios se integrara con pactos de esta clase, el daño no es cierto y, por tanto, no se tiene por acreditado; de modo que no es susceptible de ser indemnizado, razón por la cual la Sala no avanzará en la tasación de la cuantía de los perjuicios solicitados por el actor.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la pérdida de oportunidad derivada de la inhabilidad producida por una declaratoria de caducidad posteriormente anulada, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 12 de julio de 2012, expediente 15.024; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 3 de agosto de 2017, expediente 52.920; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de marzo de 2021, expediente 39.249; y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de septiembre de 2023, expediente 61.029. Sobre los elementos estructurales de la pérdida de oportunidad como daño jurídicamente indemnizable y la necesidad de acreditar una expectativa real y cierta de beneficio, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2023, expediente 59.942; y sentencia de 2 de julio de 2021, expediente 54.144.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 8
UTILIDAD CAUSADA Y NO RECIBIDA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRUEBA DEL DAÑO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿La nulidad de la declaratoria de caducidad del contrato estatal permite, por sí sola, reconocer al contratista la utilidad que habría percibido por la parte de la obra que quedó sin ejecutar?
Respuesta al problema jurídico: No
La utilidad que el consorcio dejó de percibir por no completar las actividades del contrato no es un perjuicio indemnizable, porque (i) la caducidad se declaró en noviembre de 2008, después del vencimiento del plazo de ejecución –22 de febrero de 2006–, y (ii) porque no está probado que el contratista dejara de efectuar las obras en ese término por hechos atribuibles a la entidad. Los insumos que componen el caudal probatorio no demuestran la inobservancia que el consorcio endilgó a la contratante. Obran las actas No. 3 de recibo parcial de obra y la de recibo final de obra (...). Lo traído de presente pone en evidencia la insuficiencia de los referidos documentos para establecer un principio de responsabilidad contra alguno de los contrayentes. Si bien las resoluciones debatidas sí establecían un criterio frente al cargo de incumplimiento, lo cierto es que al desvirtuarse su legalidad, no hay lugar a otorgar mérito a las conclusiones allí esbozadas, ante la ausencia de respaldo que las compruebe o descalifique. Sólo hay certeza en punto al porcentaje de obra entregada y dejada de ejecutar, constatación insuficiente para mantener el reconocimiento de la utilidad dejada de percibir por el contratista, frente a la obra no ejecutada. No se desconoce que la declaratoria de caducidad estuvo viciada, pero ello no tiene la virtualidad de otorgar, por sí misma, la razón al consorcio, pues, finalmente, no logró acreditar que la ejecución incompleta tuvo fuente en la conducta del INVÍAS, en tanto sus reproches se limitaron a meras afirmaciones sobre la materia; (…).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-07-29. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 54001233100020110057302. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:54001233100020110057302-74390-sentencia).
