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clave: "consejo_estado:providencia:54001233100020040093601-44237-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-12-07"
radicado: "54001233100020040093601"
numero: "44237"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: el contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-12-07
- **Radicado:** 54001233100020040093601
- **Número interno:** 44237
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** SERVIEMPLEOS LTDA.
- **Demandado:** MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.I.S. CÚCUTA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:54001233100020040093601-44237-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/54001233100020040093601/D3292B8E4C8EBC552E5BA071D13B7D361710160F7BCFC50EF675A352C766BC25/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012331000200400936011100103

## Problema jurídico

¿El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son el otorgamiento del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y el consentimiento de las partes?
- ¿Las plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público por destinación legal?
- ¿Cuándo el contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público, como lo es una plaza de mercado, combina obligaciones propias de la prestación de servicios…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 410 de 1971, art. 968
- Ley 80 de 1993, art. 32
- Ley 84 de 1873, art. 1973

## Extracto

El artículo 1973 del Código Civil dispone que el arrendamiento consiste en la obligación, de una parte, de conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado. Aquí vale precisar que el arrendamiento de servicios o de obra, ha adoptado, con el tiempo, unas modalidades propias e independientes de la tipología del arrendamiento, tales como el contrato de trabajo, el contrato de suministro (artículo 968 del Código de Comercio), el de prestación de servicios (numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993) y el contrato de obra mismo (numeral 1 del artículo 32 citado).

## Síntesis temática

El contratista no puede denominar un contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público como arrendamiento cuando combina obligaciones propias de la prestación de servicios y presenta rasgos de una concesión, ya que corresponde al juez determinar la naturaleza real del contrato más allá de la denominación formal acordada por las partes. En este caso, el contrato en cuestión no cumple con los elementos esenciales del arrendamiento, como el uso y goce exclusivo del bien, ya que el contratista fue encargado de la administración directa del bien y de la recuperación de la cartera morosa, lo cual implica una entrega total del bien y no solo su uso y goce. Además, el bien en cuestión, una plaza de mercado, está destinado al servicio público, lo que también impide la celebración de un contrato de arrendamiento. Esta decisión matiza la interpretación de la naturaleza de los contratos estatales y subraya la importancia de la función interpretativa del juez para determinar la verdadera naturaleza del contrato celebrado, independientemente de la denominación que le hayan dado las partes.

## Descriptores temáticos

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, OBJETO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, DERECHO DE USUFRUCTO, CAPACIDAD DE GOCE, ELEMENTOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, PLAZA DE MERCADO, BIEN DE USO PÚBLICO, CONCEPTO DE BIEN DE USO PÚBLICO, DESTINO DEL BIEN DE USO PÚBLICO, NATURALEZA JURÍDICA DEL BIEN DE USO PÚBLICO, TITULARIDAD DEL BIEN DE USO PÚBLICO, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DEL JUEZ, FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ, CLASES DE CONTRATACIÓN ESTATAL, CLASES DE CONTRATO ESTATAL, ARRENDAMIENTO DE BIEN DE USO PÚBLICO, PROHIBICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BIEN DE USO PÚBLICO, CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE BIEN DE USO PUBLICO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONCESIÓN DEL BIEN DE USO PÚBLICO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, CONTRATACIÓN ESTATAL, CONTRATO ATÍPICO, CONTRATACIÓN DIRECTA, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, LÍMITES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, IMPROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, VICIOS DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, SANEAMIENTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, COMPETENCIA DEL JUEZ, COMPETENCIA TEMPORAL, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR OBJETO LÍCITO, OBJETO ILÍCITO, OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL, CAUSA ILÍCITA, RESTITUCIONES MUTUAS, LÍMITE DE RESTITUCIONES MUTUAS, NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS, MEJORAS AL BIEN PÚBLICO, PAGO DE LAS MEJORAS AL BIEN, RECONOCIMIENTO DE MEJORAS AL BIEN, NEGATIVA DEL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS AL BIEN, IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS

## Guías prácticas relacionadas

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## Decisiones relacionadas

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## Texto del documento

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / OBJETO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / DERECHO DE USUFRUCTO / CAPACIDAD DE GOCE
Problema jurídico:
¿El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 1973 del Código Civil dispone que el arrendamiento consiste en la obligación, de una parte, de conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado. Aquí vale precisar que el arrendamiento de servicios o de obra, ha adoptado, con el tiempo, unas modalidades propias e independientes de la tipología del arrendamiento, tales como el contrato de trabajo, el contrato de suministro (artículo 968 del Código de Comercio), el de prestación de servicios (numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993) y el contrato de obra mismo (numeral 1 del artículo 32 citado). En esa medida, esta tipología corresponde, de manera más reciente y de forma más estricta, a la entrega del goce de una cosa o bien.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 968, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL: 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL: 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1973
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Problema jurídico:
¿Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son el otorgamiento del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y el consentimiento de las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]sta Corporación ha señalado que los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son (i) el otorgamiento del goce o uso de un bien, (ii) el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y (iii) el consentimiento de las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, consultar providencias de 15 de marzo de 2001, Exp. 13.352, C.P. Alier Hernández Enríquez; de 6 de julio de 2005, Exp. 12249, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 29 de noviembre de 2006, Exp. 16855, C.P. Fredy Ibarra Martínez; de 11 de agosto de 2010, Exp. 18.636, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 27 de marzo de 2014, Exp. 26939, C.P. Hernán Andrade Rincón; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 30 de abril de 1970.
PLAZA DE MERCADO / BIEN DE USO PÚBLICO / CONCEPTO DE BIEN DE USO PÚBLICO / DESTINO DEL BIEN DE USO PÚBLICO / NATURALEZA JURÍDICA DEL BIEN DE USO PÚBLICO / TITULARIDAD DEL BIEN DE USO PÚBLICO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Las plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público por destinación legal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público. En efecto, el artículo 674 del Código Civil define a las plazas como bienes de uso público, género del cual hacen parte las plazas de mercado. Igualmente, conforme al numeral 15 del artículo 169 del Código del Régimen Político Municipal y en atención al uso público al que están afectas, las plazas de mercado corresponden a un servicio público de orden municipal. (…) Vale recordar que la afectación como bien de uso público puede darse de manera formal, a través de un acto jurídico que así lo declare, o materialmente, por abrir el bien al uso del público en general. (…) En este punto, vale precisar que la naturaleza jurídica de la titular de las plazas de mercado, la EIS Cúcuta ESP, como una empresa industrial y comercial del Estado (…), no como sociedad de economía mixta, como se afirma en la alzada, no desvirtúa el carácter de entidad pública de dicha entidad ni tampoco la destinación de uso público. Efectivamente, ni siquiera en un escenario de mixtura de dicha entidad deja de ser pública y las plazas de mercado tienen dicha destinación por definición legal, además de que las partes contractualmente así lo confirmaron.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la naturaleza jurídica de las plazas de mercado, consultar providencia de 9 de noviembre de 1979, Exp. 3026, C.P. Jacobo Pérez Escobar; de 14 de octubre de 2010, Exp. 2005-00055-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; de 23 de febrero de 2016, Exp. 76001-23-31-000-2005-02562-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth; y de la Corte Constitucional, sentencia T-238 de 1998.
FUENTE FORMAL:
LEY 4 DE 1913 - ARTÍCULO 169 NUMERAL: 15, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 674
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / CLASES DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CLASES DE CONTRATO ESTATAL / PLAZA DE MERCADO / BIEN DE USO PÚBLICO / ARRENDAMIENTO DE BIEN DE USO PÚBLICO / PROHIBICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BIEN DE USO PÚBLICO / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE BIEN DE USO PUBLICO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONCESIÓN DEL BIEN DE USO PÚBLICO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuándo el contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público, como lo es una plaza de mercado, combina obligaciones propias de la prestación de servicios, e incorpora rasgos de una concesión, puede denominarse por las partes, arrendamiento?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]orresponde al juez indagar por la finalidad de las partes con la celebración del contrato en estudio, con el ánimo de determinar, más allá de la denominación formal que las partes le hayan dado al contrato, la naturaleza del contrato realmente celebrado. (…) Para empezar, la Sala encuentra que las partes le dieron la denominación clara de un contrato de arrendamiento; sin embargo, esa manifestación no es suficiente, por cuanto se debieron satisfacer, al menos, los elementos mínimos de esta modalidad contractual. (…) Mediante el contrato en estudio, el municipio también le entregó la administración directa de las plazas de mercado al contratista (…). Inclusive, le encargó la recuperación extrajudicial y judicial de la cartera morosa, actividad que se pagaría de conformidad con las tablas del Colegio de Abogados (…). Lo expuesto desdice la intención de las partes de celebrar un contrato de arrendamiento, como quiera que los elementos esenciales de este tipo de contratos no están presentes. Efectivamente, el uso y goce exclusivo del arrendatario desapareció cuando se le encomendó la administración total de las plazas de mercado, lo cual implicaba entregar al contratista, no sólo unos inmuebles destinados al uso público, lo cual de suyo impedía este tipo de contratos, como lo tiene definido el pleno de esta Corporación, sino también porque dichos bienes estaban destinados al servicio público. (…) En consecuencia, el uso y el goce de los inmuebles no lo definía el arrendatario ni los subarrendatarios, sin desconocer que se consintió el subarriendo total, lo que es admisible legalmente en los arrendamientos comerciales (artículo 523 del Código de Comercio), como quiera que ninguno de estos podían usar y gozar libremente los inmuebles sin desconocer su condición bienes de uso público y, además, destinados al servicio público, es decir, sin desconocer las normas de orden público. (…) En segundo lugar, no solamente el uso y el goce estaba en entredicho. El precio tampoco correspondía a la tipología del arrendamiento. Si bien el contratista pagaba un supuesto arrendamiento, lo cierto es que este recibía los subarriendos (…). De conformidad con lo expuesto, tampoco había un precio en los términos de un arrendamiento, no sólo por la inexistencia del uso y goce, que sería suficiente para descartar la referida tipología, sino porque además la contraprestación pactada revelaba el pago de unos derechos por parte del contratista para explotar los inmuebles, a cambio de los cuales, recibía el dinero de la explotación de los locales. En otras palabras, de la explotación de los inmuebles y del servicio público de las plazas de mercado. (…) En los términos anteriores, es claro que al encargar al contratista de la administración de los inmuebles (…), no sólo se le entregaron unos bienes de uso público, sino que también se le trasladó la prestación del servicio público. (…) En esa medida, el municipio trasladó sus funciones respecto de las plazas de mercado al contratista. De tal suerte que también se incorporó en la contratación en estudio un elemento propio de la concesión, es decir, el contratista asumió la explotación de unos bienes destinados al uso y al servicio público; sin embargo, esta explotación, que implicaba la administración y el recibo de los subarriendos, no se hacía por cuenta y riesgo del contratista, al menos de lo acordado en el contrato. (…) De lo hasta aquí expuesto se tiene que el contrato en estudio incorporó una mixtura de obligaciones, que no podían adecuarse de manera precisa en una sola tipología contractual. Se trató de un contrato atípico en el que se combinaron obligaciones propias de la prestación de servicios, con la explotación de un bien público destinado al servicio público, lo que también le incorporaba rasgos de una concesión.
NOTA DE RELATORÍA:
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber del juez de identificar el tipo contractual celebrado, más allá de la denominación que las partes le dieron al contrato, consultar providencia de 18 de marzo de 2010, Exp. 14390, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En relación con la improcedencia del arrendamiento de bienes de uso público, consultar providencia de 14 de agosto de 2018, Exp. 05001-33-31-003-2009-00157-01, C.P. Oswaldo Giraldo López. Acerca de los elementos del contrato de concesión, consultar providencias de 18 de marzo de 2010, Exp. 14390, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 27 de marzo de 2014, Exp. 26939, C.P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 523
CONTRATACIÓN ESTATAL / CLASES DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CLASES DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ATÍPICO / CONTRATACIÓN DIRECTA / PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA / REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / LÍMITES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / IMPROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / VICIOS DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿las entidades estatales, en escenarios dudosos de contratación directa, deben decantarse por procesos de selección de participación plural plenos y no por lo contrario, eludiendo la licitación pública al denominar el contrato erróneamente, ya que esto origina la nulidad absoluta del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La consecuencia jurídica principal de que las partes decidieran recurrir artificialmente a una modalidad de contratación, además del impacto negativo de gran parte de los fundamentos de la apelación, es que abrieron la posibilidad de caminos precontractuales improcedentes, que de acuerdo con lo probado, permitieron eludir el proceso de selección que aquí se imponía, como quiera que la “escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación pública” (numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993), lo que aquí se imponía en atención a que ningún supuesto de contratación directa estaba habilitado. (…) En esa medida, las pruebas allegadas no dan cuenta, como lo dijo el a quo, de la realización de una previa licitación pública, que se imponía en atención a la cuantía y a la imposibilidad de adecuar el contrato atípico celebrado a una tipología que habilitara la contratación directa, en particular un arrendamiento o un contrato de prestación de servicios, con mayor razón si la habilitación de esta modalidad es en extremo excepcional y estricta. De lo contrario, sería suficiente con incorporar, incluso artificialmente, un elemento de una tipología contractual que permite la contratación directa para emplearla, lo que resulta a todas luces inaceptable. (…) En todo caso, las entidades estatales, en escenarios dudosos de contratación directa, deben decantarse por procesos de selección de participación plural plenos y no por lo contrario. Habilitar un comportamiento así, sería tanto como incentivar la elusión de procesos de selección, prohibida por el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, y desconocer la excepcionalidad de la contratación directa. (…). Por lo tanto, de acuerdo con el panorama probatorio obrante, bien hizo el a quo, en declarar la nulidad absoluta del contr

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

xpedidos y para lo cual el artículo 67 del C.C.A. permitía alegar la excepción de pérdida de ejecutoriedad, reproducida en el artículo 92 del C.P.A.C.A.. En esos términos, la presunción de legalidad no se desvirtuó de manera automática u oficiosa, toda vez que esta es el fruto del análisis del juez, de acuerdo con los cargos propuestos.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 67, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 92
NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / SANEAMIENTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ / COMPETENCIA TEMPORAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La oportunidad para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, se encuentra atada el cumplimiento del término de prescripción extraordinario por el cual puede ser saneado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]especto de la oportunidad del juez para declarar la nulidad absoluta, la cual la apelante estimó vencida, debe recordarse que el artículo 1742 del Código Civil, aplicable por remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 822 del Código de Comercio, señala que la nulidad absoluta “en todo caso” puede sanearse por prescripción extraordinaria, que no por ratificación, al estar expresamente prohibida por el artículo 45 de la Ley 80 de 1993. (…) [E]n línea con la Corte Constitucional, es claro que en cualquier evento de nulidad absoluta, esta quedará saneada por el paso del tiempo, tal como como lo ha reiterado esta Corporación al señalar que el juez también está atado a esta limitante temporal. (…) Es de precisar, que el término de prescripción extraordinaria es de 20 años para el sub lite, tal como lo disponía el artículo 2532 del Código Civil, en la redacción original del artículo 1º de la Ley 50 de 1936, como quiera que la reducción que impuso la Ley 791 de 2002 tan sólo entró a regir el 27 de diciembre de 2002. Por lo tanto, es claro que para (…) cuando se firmó la última prórroga del contrato aquí en estudio, el término de prescripción extraordinario que inició a correr fue el de 20 años, el cual hasta la fecha no está vencido. (…) En consecuencia, este argumento de la alzada también debe desestimarse.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la oportunidad para declarar la nulidad absoluta de los contratos, consultar providencias de 6 de julio de 2005, Exp. 12249, C.P. Alier Hernández; de 16 de febrero de 2006, Exp. 13414, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 15 de diciembre de 2017, Exp. 50045, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y de la Corte Constitucional, C-597 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-709 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 822, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 50 DE 1936 - ARTÍCULO 1, LEY 791 DE 2002, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2532
NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR OBJETO LÍCITO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSA ILÍCITA / RESTITUCIONES MUTUAS / LÍMITE DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS
Problema jurídico:
¿Proceden las retituciones mutuas, cuando el contrato adolece de nulidad absoluta en la medida que resulte jurídica y físicamente la restitución en doble vía, lo que no ocurre en este caso concreto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Frente a las restituciones mutuas, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 señala que incluso cuando hay objeto o causa ilícita es procedente el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas, siempre que se pruebe que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto que ésta hubiere obtenido. Dicho beneficio quedó circunscrito a que se pruebe que las prestaciones cumplidas les sirvieron a la entidad estatal para satisfacer un interés general. Igualmente, vale agregar que es preciso que esto será procedente en la medida que resulte jurídica y físicamente la restitución en doble vía y, si así lo es, deberán cumplirse las exigencias del artículo 48 citado. (…) En ese orden, resulta improcedente la devolución de lo pagado por el contratista a título de supuesto arrendamiento, como quiera que era parte de la ecuación económica del contrato, hasta el punto que ello también comportaría que se devolviera el recaudo de los subarrendamientos. En otras palabras, deshacer lo ejecutado y cumplido, resulta en este momento un imposible, toda vez que el contratista recibió los subarriendos y honró el compromiso de pagar por recibir estos dineros o, al menos, nada se alegó ni probó en otra dirección. Tampoco las pruebas permiten hacer este balance, como quiera que los dictámenes se limitaron a calcular los perjuicios causados por la terminación del contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48
NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS / MEJORAS AL BIEN PÚBLICO / PAGO DE LAS MEJORAS AL BIEN / RECONOCIMIENTO DE MEJORAS AL BIEN / NEGATIVA DEL RECONOCIMIENTO DE MEJORAS AL BIEN / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS
Problema jurídico:
¿Procede la devolución de mejoras que no se realizaron conforme con las condiciones contractuales y tampoco fueron autorizadas por la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n relación con la devolución de las mejoras, debe señalarse que las partes acordaron que estas serían realizadas de conformidad con la liquidación y el plan de recuperación que realizara la Secretaría (…). Sin que el cumplimiento de estos condicionamientos esté demostrado. (…) Igualmente, el contratista tenía la obligación de devolver los bienes, junto con estas adecuaciones (…), sin que las partes hubieran pactado obligación en cabeza de la entidad estatal contratante sobre su reconocimiento. Además, tampoco está probado que lo recibido por subarrendamientos no hubiera alcanzado para cubrir estos costos. (…) Vale reiterar que el contrato exigía que las mejoras se hicieran con la autorización de la entidad estatal, al imponer que se sometieran al plan y las órdenes de la Secretaría de Gobierno, aspecto que tampoco se encuentra demostrado. Esto era indispensable para la procedibilidad del reconocimiento de estas mejoras, por cuanto si el contratista veía que no le resultaban compensadas con los ingresos de los subarriendos debió abstenerse de adelantarlas, por la carga de diligencia y sagacidad que imponía la contratación, con mayor razón si necesitaba de autorización.

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2021-12-07. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 54001233100020040093601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:54001233100020040093601-44237-sentencia).
