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clave: "consejo_estado:providencia:52001233300020220004402-70943-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: en los términos del artículo 244 del Código General del Proceso el documento se presume auténtico"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-03-07"
radicado: "52001233300020220004402"
numero: "70943"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: en los términos del artículo 244 del Código General del Proceso el documento se presume auténtico

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-03-07
- **Radicado:** 52001233300020220004402
- **Número interno:** 70943
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** LUIS FABIAN GETIAL CHAVES
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233300020220004402-70943-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/52001233300020220004402/7C97EAA300C84A01E02D12993E75A9D496012C17C49D705B83B1F1BF2C56CF06/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000202200044021100103

## Problema jurídico

¿Las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales se presentaron de forma oportuna, de conformidad con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2
- Ley 84 de 1873, arts. 1620 y 1622

## Extracto

Corresponde a la Sala determinar si las demandas se presentaron de manera oportuna. Para ello, se debe establecer si el plazo del contrato No. 382 del 30 de diciembre de 2010 se pactó por un término fijo de cinco (5) años o por el término que duraran los procesos judiciales que en el marco de ese negocio jurídico se debían instaurar para lograr el pago de los activos de infraestructura eléctrica de propiedad del Departamento.… Empieza la Sala por advertir que los argumentos planteados por el Departamento sobre la base de que el modificatorio No. 2 no se suscribió, no son atendibles, en la medida que las pruebas que obran en el expediente conducen a concluir que ese acuerdo sí se perfeccionó.

## Síntesis temática

El contratista presenta oportunamente las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución. La Sala determina que el plazo del contrato se estableció inicialmente por un término fijo de cinco años, pero en caso de que las gestiones para lograr el pago se debieran adelantar ante los estrados judiciales, el plazo se convierte en indeterminado pero determinable en función de la duración de los procesos judiciales. La Sala reitera la importancia de interpretar las cláusulas del contrato de manera sistemática y coherente con el objeto convenido y las obligaciones de las partes, lo que implica que las demandas presentadas dentro del plazo judicial son oportunas y no caducan. Esta interpretación permite que los procesos judiciales se desarrollen sin restricciones temporales adicionales, garantizando la efectividad del contrato.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PLAZO, TÉRMINO DEL CONTRATO, PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, CÓMPUTO DEL PLAZO, PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, HONORARIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INTERPRETACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN EFECTIVA, ÚTIL O CONSERVATORIA DEL CONTRATO, REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN POR APLICACIÓN PRÁCTICA, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, FALTA DE PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO, HONORARIOS DEL ABOGADO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, DURACIÓN DEL PROCESO, TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REVOCATORIA DE LA SENTENCIA, SENTENCIA ANTICIPADA, IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EXPEDICIÓN DE SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRÁMITE DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE, REMISIÓN DE EXPEDIENTE, DEBIDO PROCESO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PLAZO / TÉRMINO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / CÓMPUTO DEL PLAZO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / HONORARIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN EFECTIVA, ÚTIL O CONSERVATORIA DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN POR APLICACIÓN PRÁCTICA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / FALTA DE PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO / HONORARIOS DEL ABOGADO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO / DURACIÓN DEL PROCESO / TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales se presentaron de forma oportuna, de conformidad con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución?
Respuesta al problema jurídico: Si
Corresponde a la Sala determinar si las demandas se presentaron de manera oportuna. Para ello, se debe establecer si el plazo del contrato No. 382 del 30 de diciembre de 2010 se pactó por un término fijo de cinco (5) años o por el término que duraran los procesos judiciales que en el marco de ese negocio jurídico se debían instaurar para lograr el pago de los activos de infraestructura eléctrica de propiedad del Departamento. (...) Empieza la Sala por advertir que los argumentos planteados por el Departamento sobre la base de que el modificatorio No. 2 no se suscribió, no son atendibles, en la medida que las pruebas que obran en el expediente conducen a concluir que ese acuerdo sí se perfeccionó. Si bien con la demanda se aportó una copia de ese documento que no está suscrita por el demandante y en su contestación el Departamento afirmó que ello nunca ocurrió, lo cierto es que con la misma contestación el demandado aportó al proceso copia de ese documento firmado por ambas partes. En los términos del artículo 244 del Código General del Proceso el documento se presume auténtico, pues no fue desconocido ni tachado de falso por las partes, lo que habilita al juez a valorar su contenido. En consecuencia, los modificatorios Nos. 2 y 3 serán tenidos en cuenta para efectos de determinar el plazo de ejecución estipulado para el contrato No. 382 de 2010. (...) Precisado lo anterior, el aspecto que en esta sede corresponde resolver se originó en la interpretación que el a quo hizo respecto del contenido de la cláusula novena del contrato en relación con el plazo pactado para su ejecución y la oposición que respecto de tal hermenéutica planteó el demandante en su apelación; por tanto, para desatarlo resulta necesario acudir a lo establecido en el Código Civil acerca de las reglas de interpretación de los contratos, dado que si bien en la Ley 80 de 1993 se establecieron los principios que deben guiar ese ejercicio en el marco de los contratos estatales, en esta normativa no se previeron reglas específicas sobre esa materia. (...) Se anticipa que, aplicando las reglas de interpretación de los contratos, se arriba a la conclusión de que lo estipulado por las partes fue un término fijo de cinco (5) años respecto de las gestiones de cobro que debía realizar el abogado para lograr un arreglo directo entre las partes, y un plazo indeterminado, pero determinable, en caso de que las gestiones para lograr el pago se debieran adelantar ante los estrados judiciales. (...) A partir del contenido de los estudios previos, la redacción inicial de la cláusula novena y de las dos modificaciones que posteriormente se suscribieron, e, incluso los actos de apoderamiento a cargo del actor, la Sala no observa que la intención de las partes respecto de la forma de definir el plazo de ejecución del contrato fuera oscura o ininteligible, o diferentes a la antes indicada. Con todo, dicha intención se reafirma al aplicar los criterios de interpretación literal, sistemático y el de aplicación práctica que aquéllas les dieron a las mencionadas estipulaciones (art. 1622, Código Civil). (...) De conformidad con el criterio sistemático, las cláusulas deben interpretarse unas por otras, dándole a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. A partir de la lectura conjunta de las cláusulas 1ª, 2ª, 5ª y 9ª, la Sala concluye que el mejor sentido que se le puede otorgar a la última de las mencionadas es que en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, para aquellos casos en que el contratista tuviere que acudir a la jurisdicción para lograr el objeto convenido, la intención de las partes fue establecer un plazo indeterminado pero determinable, el cual quedó supeditado a los tiempos jurisdiccionales que los procesos demandaran, lo cual guarda una relación coherente e intrínseca con las obligaciones del contratista y la forma de pago que se acordó. (...) La estructura contemplada por las partes en la cláusula novena del contrato es coherente con lo estipulado por ellas en la cláusula segunda, en la medida que en ésta se estableció como obligación a cargo del contratista la de instaurar las demandas que fueran necesarias en procura del pago que esperaba recibir el Departamento a través de las gestiones del abogado. Al leer en forma conjunta estas dos cláusulas –2ª y 9ª–, en clave con el objeto convenido –cláusula 1ª27–, se concluye que en caso de que fuera necesario adelantar gestiones en vía judicial, las obligaciones del contratista no se limitaban a interponer la demanda, sino que debía atender los procesos judiciales de principio a fin, lo que es concordante con el hecho de que para estos eventos se fijara un plazo de ejecución determinable en función de la duración de los procesos judiciales. (...) Lo anterior es coherente con el precio y la forma de pago que se pactó en la cláusula quinta, en tanto el valor del contrato se fijó en una proporción equivalente al 30% de los pagos que obtuviera el Departamento como resultado de las gestiones judiciales o extrajudiciales del abogado, es decir, por el éxito de su gestión, lo que suponía que los honorarios solo se causaban en caso de que, como consecuencia de las labores del contratista, la entidad recibiera los pagos que esperaba lograr con la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales No. 382 de 2010 y, a su vez, que las obligaciones del contratista se mantenían durante la vigencia de los procesos judiciales que se hubieren instaurado, en tanto necesarias para lograr con éxito los resultados de su gestión. (...) Lo anterior permite observar que la intención de las partes fue clara en cuanto a que uno era el plazo contemplado para que el abogado realizara las actividades de identificación de activos de infraestructura y de gestión de cobro de manera extraprocesal, y otro el establecido para que lo hiciera en sede jurisdiccional. El hecho de que los extremos negociales hubieren sostenido en todas las modificaciones la estructura de la cláusula novena en la forma que se planteó, incluso, desde la fase precontractual, evidencia una coherencia en el iter contractual y su intención inequívoca de que en aquellos casos en los que se debía acudir a instancias judiciales el plazo del contrato se acompasaría a los tiempos que demandaran los procesos judiciales. Si así no hubiere sido, no habría tenido ningún sentido preservar en la cláusula la expresa manifestación de que “cuando para lograr el pago se acuda a instancias judiciales el plazo del contrato será el que demanden dichas acciones”. (...) Entender, como lo hizo el Tribunal, que en virtud del modificatorio No. 3 el plazo del contrato era solo uno, implica desconocer que después de introducida esa variación, la cláusula novena seguía haciendo alusión a dos supuestos perfectamente diferenciables, uno atinente a las gestiones extrajudiciales que debía adelantar el contratista para lograr el pago que esperaba recibir el Departamento respecto de los activos de infraestructura que le pertenecían, y otro relacionado con las acciones judiciales que debía emprender en caso de que fracasaran los mecanismos de arreglo directo, respecto de las cuales resultaba lógico que el término de ejecución se estableciera en función de lo que duraran los procesos judiciales respectivos, en la medida que para lograr el éxito de su gestión el abogado debía atender tales procesos de principio a fin. Asimismo, implica pasar por inadvertida la aplicación práctica que las partes le dieron a la cláusula. (...) En línea con lo anterior, la interpretación de la cláusula novena del contrato se constata, además, en aplicación del criterio objetivo que señala que debe preferirse la lectura que permita otorgar un efecto útil a las cláusulas, por encima de aquélla que se los niegue (artículo 1620 del Código Civil). El entendimiento al que arriba la Sala permite otorgar un efecto útil a todos los escenarios que se regularon en la referida cláusula, al distinguir que una fue la estipulación del plazo que se estableció para las gestiones de cobro que de manera extrajudicial debía adelantar el abogado, y otra para las gestiones que debía realizar en vía judicial, la que por demás se reportaron de manera favorable. La interpretación que acogió el Tribunal resta cualquier efecto útil a lo expresado en esa cláusula respecto del plazo de ejecución para el evento en el que, para lograr el pago, se debiera acudir a instancias judiciales, en la medida que si la voluntad de las partes hubiera sido que las labores del contratista se ejecutaran en un plazo máximo de cinco (5) años, sin discriminar que éstas se realizaran por vía extrajudicial o judicial, el aparte final de la cláusula novena habría resultado abiertamente superfluo. (...) Precisadas las cosas, dado que la pretensión de los procesos acumulados se encamina a que se declare el incumplimiento del Departamento respecto de los pagos que por concepto de honorarios se habrían causado a favor del demandante y, en atención a que las partes acordaron que el contrato sería objeto de liquidación, se concluye que la regla de caducidad aplicable al caso es la prevista en el ordinal v) del literal j) de numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con la cual el término empieza a contar a partir del vencimiento de la etapa establecida para realizar el balance final de cuentas. (...) La Sala advierte que el objeto del contrato No. 382 del 30 de diciembre de 2010 no se circunscribió a la demanda que se presentó en contra del IPSE, sino que abarcaba la gestión para el cobro que se estableciera en función de los activos que debían ser identificados por el abogado en la primera fase; no obstante, en el plenario no obra información que permita establecer si en el marco del negocio jurídico se interpusieron más demandas y, si ese fue el caso, cuándo finalizaron los procesos asociados a ellas, de manera que no es posible determinar con certeza la fecha de terminación del contrato y, por contera, tampoco cuándo empezó y finalizó el término para realizar el balance final de cuentas; además de que no obra prueba de que el contrato hubiere sido liquidado. (...) En este caso, lo anterior no impide concluir que, en todo caso, las demandas fueron oportunas, dado que, acudiendo al hito más razonable, esto es, el momento en que el Departamento recibió el pago del IPSE por concepto del acuerdo conciliatorio que suscribieron el 13 de septiembre de 2019 –pago del que, según lo estipulado en la cláusula quinta, se debía deducir los honorarios del contratista–, se llegaría a esa conclusión. (...) Al tomar como punto de partida para establecer la oportunidad de la demanda respecto de los honorarios del abogado que se habrían causado con ocasión de ese primer pago, la última de las referidas fechas, se concluye que la demanda fue oportuna (...) Al contar el término de caducidad respecto de la demanda en la que se pretendió el incumplimiento del Departamento respecto del pago de los honorarios del abogado que se habrían causado con ocasión del segundo pago del IPSE, se concluye que también fue oportuna, (...) Lo anterior pone en evidencia que, incluso, sin tomar en cuenta el término de suspensión que se produjo en ambos casos por efecto de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, se concluye que las demandas fueron oportunas, lo que impone revocar la decisión del Tribunal de declarar probada la excepción de caducidad propuesta por el Departamento.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622
INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SENTENCIA ANTICIPADA / IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EXPEDICIÓN DE SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / TRÁMITE DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
La decisión anunciada [inexistencia de la caducidad del medio de control por presentación oportuna de las demandas] conduciría a emitir un fallo que resuelva de fondo las pretensiones, en tanto la que se revoca se adoptó a través de sentencia; no obstante, por los argumentos que pasan a exponerse la Sala devolverá el expediente al Tribunal para que continúe con el proceso en la etapa que se encontraba antes de adecuar el trámite a sentencia anticipada, pues no hacerlo comportaría una vulneración a las garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso de las partes. (...) Por razones de celeridad y economía procesal, el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 –adicionado a través del artículo 42º de la Ley 2080 de 2021– habilita al juez para proferir sentencia anticipada en cualquier estado del proceso cuando se encuentre probada, entre otras, la excepción de caducidad, en tanto demostrada su configuración no existe justificación para que el proceso surta todas sus etapas, a sabiendas de que la decisión a la que finalmente se arribará no variará. Surge como evidente que la causa que justifica omitir el trámite ordinario del proceso se sustenta única y exclusivamente en el hecho de que se encuentre configurada esa excepción –o cualquiera de aquellas a las que refiere mencionado numeral del artículo 182A–, puesto que, si ello no es así, no existirá razón válida al amparo del ordenamiento jurídico para que se pretermita el trámite dispuesto por el legislador para que las partes ejerzan su derecho al debido proceso. (...) En ese sentido, el parágrafo de ese mismo artículo 182A establece que, después de escuchar los alegatos de las partes respecto de las razones en las que el juez sustente la decisión de dictar sentencia anticipada, éste podrá reconsiderar esa decisión y continuar con el trámite del proceso. Aunque la norma no lo mencione expresamente, esta misma lógica es la que debe seguirse en caso de que, en sede de apelación, el ad quem concluya que la excepción que dio lugar a emitir el fallo sin que se surtieran todas las etapas del proceso no se configuró, en la medida que, llegada a esa conclusión, no habrá motivo válido que justifique que aquéllas se pretermitan, lo que impone que cuando esto ocurra, se deba devolver el proceso al a quo para que el trámite se surta en los términos ordinarios dispuestos por la ley. (...) Rememora la Sala, que la interpretación antes indicada comparte las mismas bases conceptuales de aquellas que en otros momentos de la legislación enseñaban que la caducidad se definía como excepción y en cualquier momento procesal. Por regla general, en esas hipótesis, al producirse una decisión de tal alcance, la adopción de una providencia contraria a aquella que declaraba la caducidad implicaba que el proceso debía continuar, pues solo así se garantiza la justicia material efectiva, los fines de la jurisdicción e, intrínsecamente, los derechos de las partes al acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Con esta invocación al pasado no se pretende generar un símil entre un auto que decide una caducidad y una sentencia con igual alcance, sino de apuntalar que si ésta se profiere de manera anticipada, no solo el juez que conoce del proceso puede adoptar una decisión distinta a la que preliminarmente motivó su determinación de dictarla, sino que, también, al adoptarse una sentencia contraria por parte del superior –como acontece en este caso– los estándares que reclaman los fines de la jurisdicción y del Estado, imponen que el proceso que está llamado a surtirse en dos instancias, efectivamente lo haga. (...) En el caso de autos, antes de que se celebrara la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el a quo estimó que se encontraba acreditada la excepción de caducidad propuesta por el Departamento, por lo cual emitió sentencia anticipada sin que se surtieran todas las etapas del proceso en primera instancia. Así, por las razones previamente expuestas, la Sala concluye que esa excepción no se configuró, de manera que no había lugar a que se emitiera una sentencia anticipada sin que se agotaran todas las etapas del proceso, lo que impone que al ser revocada esa decisión, el proceso deba volver al Tribunal para que continúe el trámite desde el momento procesal en el que se encontraba antes de que se adecuara el trámite a sentencia anticipada
NOTA DE RELATORÍA:
En este mismo sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 23 de noviembre de 2022, Exp. 67.523 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de junio de 2022, SC1297 – 2022. Rad No. 76001-31-03-004- 2013-00011-01
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 180, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 182A, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 42

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-03-07. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 52001233300020220004402. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233300020220004402-70943-sentencia).
