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clave: "consejo_estado:providencia:52001233300020200005903-72324-sentencia"
titulo: "Medio de control de controversias contractuales: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-07-01"
radicado: "52001233300020200005903"
numero: "72324"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-07-01
- **Radicado:** 52001233300020200005903
- **Número interno:** 72324
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. ESP - DISPAC S.A. ESP
- **Demandado:** FUREL S.A., ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233300020200005903-72324-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/52001233300020200005903/3162B617E7795B37FED5D66940CD841C4A0E8B7C1F417DAF5E1A08036C06C80B/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000202000059031100103

## Problema jurídico

¿La contratista incumplió con la obligación de constitución de garantías cuando mencionó en la carátula de las pólizas a una sola de las entidades contratantes como asegurada, aunque en el cuerpo del documento aclaró, de forma expresa, que también estaban aseguradas las demás entidades públicas exigidas por el numeral 36 de los términos de referencia y por los contratos DG-030 y DG-031 de 2018?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Constituye un incumplimiento contractual por parte de la contratista, la expedición de las pólizas de cumplimiento con un rótulo que las identifica como expedidas a favor de particulares…
- ¿Resulta procedente condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante, por resolverse, de manera desfavorable…

## Extracto

Es necesario indicar que en el numeral 36 de los denominados términos de referencia que rigieron los procesos de selección que precedieron la celebración de los contratos DG-030 y DG-031, se precisaron los lineamientos bajo los cuales debían otorgarse las garantías que avalarían sus obligaciones… En la carátula de las pólizas de seguro de cumplimiento SEPL-974390-1 (contrato DG-030 de 2018) y SEPL-987077-1 (contrato DG-031 de 2018) que inicialmente constituyó y entregó… [la contratista] dentro del término de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de los contratos, se referenció como asegurada a Dispac, sin embargo, en el mismo cuerpo de esos documentos se incluyó una nota aclaratoria del siguiente tenor literal: se deja constancia que también son asegurados en la presente póliza la Nación – Ministerio de Minas – IPSE y Dispac S.A. E.S.P.… .

## Síntesis temática

El contratista no incumple con la obligación de constitución de garantías cuando, en la carátula de las pólizas de seguro, menciona a una sola entidad como asegurada, siempre y cuando en el cuerpo del documento se aclare expresamente que también están aseguradas las demás entidades públicas requeridas por los términos de referencia y los contratos específicos. La Sala determina que la precisión en el cuerpo de la póliza evidencia que el contratista cumplió con lo dispuesto en los términos de referencia y en la cláusula de garantía del contrato, sin que la mención en la carátula a una sola entidad afecte la efectividad de la garantía. Esta decisión reitera la jurisprudencia que enfatiza la importancia del contenido sustancial de la póliza sobre aspectos formales, y confirma que la finalidad de la contratación estatal no se ve comprometida por incorrecciones en la titulación de los documentos, siempre y cuando se cumplan los requisitos esenciales pactados.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, CONTRATO, CONTRATO ESTATAL, CONTRATO DE OBRA, GARANTÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PÓLIZA DE SEGURO, PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, ASEGURADO, DEMANDANTE, NACIÓN, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, IPSE, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, CONTRATISTA, RIESGO ASEGURABLE, FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, REGULACIÓN NORMATIVA, DERECHO PRIVADO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CLÁUSULA DE GARANTÍA DEL CONTRATO ESTATAL, GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINOS DE REFERENCIA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / GARANTÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / PÓLIZA DE SEGURO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / ASEGURADO / DEMANDANTE / NACIÓN / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / IPSE / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿La contratista incumplió con la obligación de constitución de garantías cuando mencionó en la carátula de las pólizas a una sola de las entidades contratantes como asegurada, aunque en el cuerpo del documento aclaró, de forma expresa, que también estaban aseguradas las demás entidades públicas exigidas por el numeral 36 de los términos de referencia y por los contratos DG-030 y DG-031 de 2018?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]s necesario indicar que en el numeral 36 de los denominados términos de referencia que rigieron los procesos de selección que precedieron la celebración de los contratos DG-030 y DG-031, se precisaron los lineamientos bajo los cuales debían otorgarse las garantías que avalarían sus obligaciones (…) En la carátula de las pólizas de seguro de cumplimiento SEPL-974390-1 (contrato DG-030 de 2018) y SEPL-987077-1 (contrato DG-031 de 2018) que inicialmente constituyó y entregó (…) [la contratista] dentro del término de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de los contratos, se referenció como asegurada a Dispac, sin embargo, en el mismo cuerpo de esos documentos se incluyó una nota aclaratoria del siguiente tenor literal: “se deja constancia que también son asegurados en la presente póliza la Nación – Ministerio de Minas – IPSE y Dispac S.A. E.S.P.” (…). La precisión en cita pone en evidencia, sin mayor elucubración, que (…) [la contratista] cumplió a cabalidad con lo dispuesto en el numeral 36 de los términos de referencia y en la cláusula décima segunda de los contratos DG-030 y DG-031, en punto a las entidades que debían figurar como aseguradas.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATISTA / PÓLIZA DE SEGURO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / RIESGO ASEGURABLE / CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / NACIÓN / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / IPSE / DEMANDANTE / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / REGULACIÓN NORMATIVA / DERECHO PRIVADO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CLÁUSULA DE GARANTÍA DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Constituye un incumplimiento contractual por parte de la contratista, la expedición de las pólizas de cumplimiento con un rótulo que las identifica como expedidas a favor de particulares, cuando el contenido sustancial de dichas pólizas sí ampara a las entidades públicas contratantes y cumple tanto con los términos pactados en los contratos DG-030 y DG-031, regidos por el derecho privado, como con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015?
Respuesta al problema jurídico: No
En lo que concierne a la aseveración de Dispac en cuanto a que las pólizas inicialmente entregadas por [la firma demandada] no se expidieron de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 –normativa a la que acudieron las partes de manera convencional–, es pertinente mencionar que este cargo se sustentó exclusivamente en el hecho de que en su rótulo se indicó erróneamente que se expidieron a favor de particulares. La demandante no señaló que los riesgos amparados, las condiciones de cobertura, las vigencias o el monto asegurado no correspondieran a lo dispuesto en dicha normativa sobre esas materias; tampoco que las pólizas no se ajustaran a lo específicamente pactado en la cláusula décima segunda de los negocios jurídicos en torno a esos aspectos, razón por la cual se entiende que este cargo se circunscribió al referido reparo. (…) El recuento probatorio evidencia que es cierto que los instrumentos contentivos de las garantías constituidas por (…) [la contratista] se rotularon como “póliza de seguro de cumplimiento en favor de particulares”; sin embargo, esta incorrección no conduce a concluir que las garantías inicialmente entregadas por la contratista no cumplieran con los términos pactados y, por ello, debieran ser corregidas. Por el contrario, lo que se evidencia es que lo alegado por la demandante desatendió los fines de la contratación y acudió a criterios netamente formales, insustanciales, para formular exigencias innecesarias, bajo un comportamiento que resulta absolutamente cuestionable, pues lo evidente es que las pólizas se otorgaron –como se estipuló– a favor de las tres entidades públicas indicadas en la cláusula décima segunda de ambos contratos, esto es, la Nación – Ministerio de Minas y Energía, el IPSE y Dispac. Como se advirtió antes, la aseveración de la demandante en cuanto a que las pólizas no se expidieron en los términos de la Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015, únicamente se sustentó en el hecho de que se titularon como expedidas a favor de particulares. Dispac no arguyó ni acreditó, siendo de su cargo hacerlo, que el rótulo erróneamente consignado en ellas hubiese sido sustancial de cara a su contenido versus lo estipulado en la cláusula décima segunda de los contratos. No indicó –más allá de su titulación– cuáles aspectos del Decreto 1082 de 2015 habrían sido desatendidos al otorgarse las pólizas, ni especificó de qué modo la equivocada indicación habría afectado la finalidad con la que se estipuló el compromiso de constituir las garantías, esto es, la protección del patrimonio público que podría verse potencialmente afectado en caso de incumplimiento de las obligaciones de (…) [la contratista] en ambos negocios jurídicos. En esas condiciones no es posible concluir en el incumplimiento que Dispac endilga a la contratista, sobre todo si se tiene en cuenta que, aun cuando se acordó que las garantías para avalar el cumplimiento de ambos contratos se debían prestar en los términos del mencionado aparte del Decreto 1082 de 2015, lo cierto es que no todos los aspectos regulados en esa reglamentación se podían trasladar vía convencional al sistema de aseguramiento de esos negocios jurídicos, en tanto algunos están fincados en disposiciones de orden legal que no se pueden integrar a los contratos estatales regidos por el derecho privado –por ser inderogables por acuerdo entre las partes–, mientras que respecto de los que sí se podían estipular con remisión a esa normativa, la demandante, al emitir el formato de aprobación de póliza constató que se cumplieron, sin que en este proceso hubiese manifestado ni probado lo contrario. Resulta pertinente mencionar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 – modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001–, los contratos DG-030 y DG-031 no se sometieron a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP–, sino que se rigieron por el derecho privado, en tanto Dispac es una empresa de servicios públicos mixta. La Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015 a la que se remitieron las partes en la cláusula décima segunda de los contratos DG-030 y DG-031 reglamenta lo relativo a la garantía única de cumplimiento a la que se refiere el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, que regula con carácter especial el régimen de garantías de los contratos sometidos al EGCAP. Como antecedente a tal decreto, debe recordarse que el congreso expidió la Ley 1150 de 2007 con un doble propósito, de un lado, introducir “medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993” y de otro dictar “otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. En línea con ello, el objeto de la ley se consignó en su artículo 1º en los siguientes términos: “La presente ley tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos”. Las modificaciones a la Ley 80 de 1993 quedaron contenidas en el Título I – “DE LA EFICIENCIA Y DE LA TRANSPARENCIA”–, dentro del que se ubica el artículo 7 referente a la garantía única de cumplimiento. Las disposiciones generales aplicables a la contratación con recursos públicos se consignaron en el Título II –“DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN CON RECURSOS PÚBLICOS”–; de ahí que la regulación en punto a la garantía única de cumplimiento se predique únicamente respecto de las entidades sometidas al EGCAP, no en relación con los contratos que se celebren con recursos públicos bajo regímenes especiales o exceptuados. El artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 establece cuatro aristas fundamentales que gobiernan el régimen de garantías de los contratos sometidos al EGCAP: (i) La obligación legal de los contratistas de prestar garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así como la de los proponentes de prestar garantía de seriedad de sus ofrecimientos. El inciso final del mismo artículo 7º establece las excepciones a esta regla (ii) Las modalidades a través de las cuales se puede prestar la garantía única de cumplimiento. Dispone que pueden consistir en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y, en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. (iii) Tratándose de pólizas, señala que no expiran por falta de pago de la prima ni por revocatoria unilateral. (iv) La facultad de las entidades contratantes de declarar el acaecimiento del siniestro a través de acto administrativo, lo que determina la forma de hacerlas efectivas. A su vez, el artículo 7 señaló que el Gobierno Nacional debía reglamentar la materia en punto a: i) los demás mecanismos de cobertura del riesgo para prestar la garantía de cumplimiento, ii) las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de los contratos estatales, iii) los criterios que deben seguir las entidades para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así como los casos en que por las características y complejidad del contrato a celebrar, la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato. En la actualidad, dicha reglamentación se encuentra contenida en el Decreto 1082 de 2015, Subsección 1 de la Sección 3ª, que regula, entre otros, los siguientes aspectos: (i) Los riesgos que se deben cubrir a través de las diferentes modalidades de la garantía única de cumplimiento con ocasión de: a) la presentación de las ofertas; b) los contratos y su liquidación y c) los derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. (ii) Las modalidades a través de las cuales se puede prestar la garantía única de cumplimiento: a) contrato de seguro contenido en una póliza; b) patrimonio autónomo o c) garantía bancaria. (iii) La regla de indivisibilidad de la garantía y sus excepciones. (iv) Los eventos que deben quedar cubiertos por las garantías respecto de los ofrecimientos de la oferta (riesgos precontractuales), el cumplimiento del contrato (incluye los riesgos contractuales y post-contractuales) y la responsabilidad civil extracontractual. (v) La suficiencia de cada una de las garantías, determinada en función del monto asegurable y su vigencia. (vi) La efectividad de las garantías: por medio de acto administrativo constitutivo o declarativo del siniestro. En este contexto, destaca la Sala que la remisión que por vía convencional hicieron las partes al Decreto 1082 de 2015 únicamente puede entenderse referida a aquellos aspectos que, al margen de esa normativa especial, habrían podido ser estipulados por las partes, como los atinentes al tipo de garantía a prestar, los riesgos que se debían amparar, los montos y sus vigencias, no así respecto de otros que, como la forma de hacer efectiva las garantías, pues comportan el ejercicio de facultades administrativas que tienen origen legal en el EGCAP y que, por tanto, no aplican a contratos estatales no cobijados por él, o de las materias específicas reguladas en el Código de Comercio que, por la especialidad del régimen de garantías de los contratos sometidos al EGCAP, le resultan incompatibles. En estas condiciones, al no estar sujetos los contratos DG-030 y DG-031 al régimen especial de garantías del EGCAP, la póliza de cumplimiento que se expidió para avalar las obligaciones del contratista no debía acreditar elementos materiales diferenciables respecto de las pólizas expedidas a favor de particulares, en función de la especialidad de aquélla normativa; de manera que la sola rotulación del instrumento contentivo de los contratos de seguros de cumplimiento como expedida a favor de particulares resulta insuficiente para revelar defectos sustanciales en su constitución. Así, al revisar el contenido de la cláusula décima segunda de los contratos DG-030 y DG-031, se observa que, aun cuando las partes señalaron que las garantías se debían constituir en los términos de la Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015, lo cierto es que regularon específicamente los amparos que se debían cubrir, la vigencia y el monto asegurable para cada uno de ellos, asuntos sobre los cuales, se reitera, la demandante no solo no presentó ningún reparo, sino que, además, al expedir el formato de aprobación de las pólizas, validó que se cumplieron. En ese estado de las cosas, se extraña que la contratante –hoy demandante– no hubiere señalado específicamente cuál aspecto habría sido desatendido por el contratista al constituir las respectivas pólizas, prefiriendo el llamado formal a cambiar las pólizas por el rótulo que se incluyó “en favor de particulares”. En estas condiciones, no es posible concluir que (…) [la contratista] incumplió la cláusula décima segunda de los contratos en punto a la remisión hecha a la mencionada normativa y tampoco que el yerro en la rotulación de las pólizas al señalar que se expedían a favor de particulares hubiere tenido efectos materiales relevantes, en la medida que tal mención no era apta de proyectarse con efectos invalidantes frente a los amparos que se exigieron, razón que ratifica con contundencia que la titulación cuestionada por la demandante fue apenas una incorrección no sustancial de formato, que no daba lugar a que la contratista tuviera que corregir las pólizas. Y, aun cuando se encuentra probado que, ante la insistencia de Dispac para que las pólizas se modificaran, éstas se expidieron nuevamente después de vencido el plazo pactado en ambos contratos para su ejecución, esta circunstancia no conduce a revocar la decisión de primera instancia, pues lo cierto es que las razones en las que se basó tal exigencia fueron injustificadas, de un lado, porque el contenido de los instrumentos fue claro, específico y expreso en cuanto a las entidades públicas aseguradas y, de otro, porque la incorrección en la que se incurrió respecto de su titulación fue insustancial, en tanto no tenía la virtualidad de restar valor y efecto a los amparos otorgados en los términos pactados en la referida cláusula décima segunda. Por lo anterior, por ser pretensiones consecuenciales que dependen de una declaratoria de incumplimiento, se debe confirmar también la decisión del Tribunal de negar las pretensiones de la demanda formuladas en contra de (…) [la compañía de seguros], toda vez que se sustentaron en la afirmación de que el riesgo amparado por las pólizas de seriedad de la oferta SGPL-855707-1 (correspondiente al contrato DG-030) y SGPL-855561-1 (correspondiente al contrato DG-031) se habría configurado debido a que las garantías de cumplimiento no cumplían con los requisitos exigidos por Dispac, lo que la Sala acaba de corroborar que no es cierto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la obligatoriedad de prestar garantía única con el objeto de salvaguardar el interés general, consultar la sentencia del Consejo de Estado Sección Tercera, proferida el 18 de febrero de 2022, exp. 53.318, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1088, LEY 689 DE 2001 - ARTÍCULO 3 , LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 1, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31 , LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 67, LEY 80 DE 1993
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / COMPAÑÍA DE SEGUROS / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante, por resolverse, de manera desfavorable, el recurso de apelación que impetró y por la gestión procesal que realizó la compañía de seguros en esta instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que a este proceso se le aplica el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, la Sala condenará en costas a la parte demandante, en la medida en que su recurso de apelación no prosperó y, como consecuencia de ello, se confirmará en su totalidad la sentencia recurrida. Se advierte que bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. La liquidación de la condena en costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se rigen por el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentaron las demandas. Dado que (…) [la compañía de seguros] se pronunció en segunda instancia frente al recurso de apelación interpuesto, se condenará a la demandante a pagar por este concepto el monto de cinco (5) SMLMV a favor de la aseguradora. No se fijarán agencias en derecho a favor (…) [de la contratista], comoquiera que, desde que su apoderada judicial renunció al poder que se le confirió y se aceptó dicha manifestación, el contratista no volvió a designar a otro profesional del derecho que vigilara sus intereses en este proceso.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO NO. PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 , LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-07-01. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 52001233300020200005903. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233300020200005903-72324-sentencia).
