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clave: "consejo_estado:providencia:52001233300020180055501-67567-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-10-28"
radicado: "52001233300020180055501"
numero: "67567"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: el incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-10-28
- **Radicado:** 52001233300020180055501
- **Número interno:** 67567
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** NELSON DARIO ARTEAGA MELO
- **Demandado:** GOBERNACION DEL PUTUMAYO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233300020180055501-67567-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/52001233300020180055501/35783974844B17B2CDF5CDFEEB9594CBBA01E17685255E693ED1578EC96E0030/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201800555011100103

## Problema jurídico

¿El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta de liquidación bilateral?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño?
- ¿Los contratos estatales suscritos por departamentos como el del Putumayo se rigen por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas?
- ¿Cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 306
- Ley 1564 de 2012, art. 246
- Ley 2080 de 2021, art. 86

## Extracto

La Sala considera que, aunque se demostró que el departamento del Putumayo incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, en tanto fueron las deficiencias en la gestión de las licencias de la obra las que impidieron la suscripción del acta de inicio del proyecto, en realidad los sujetos negociales superaron dicha circunstancia mediante el acta de liquidación bilateral y su modificación… .… Los hechos retratados anteriormente dan cuenta de un actuar deficiente del departamento del Putumayo fundado en una falta al deber de planeación, pues no hubo una debida coordinación entre el municipio de Mocoa y la entidad departamental en el procedimiento para intervenir el parque General Santander…

## Síntesis temática

El contratista y la entidad estatal superan el incumplimiento del contrato mediante la suscripción de una acta de liquidación bilateral, siempre y cuando dicha acta no presente vicios del consentimiento y las partes queden a paz y salvo sin reparos o salvedades. En este caso, la entidad estatal incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, lo que impidió la suscripción del acta de inicio del proyecto debido a deficiencias en la gestión de las licencias de la obra. Sin embargo, el contratista y la entidad estatal liquidaron bilateralmente el contrato el 6 de diciembre de 2016, reconociendo únicamente los costos de pago de estampillas y pólizas, y modificaron el acta el 21 de diciembre de 2016 para excluir los gastos de administración fiduciaria. El contratista aceptó la liquidación y se declaró a paz y salvo por todo concepto, renunciando a otros emolumentos como la utilidad esperada y los gastos de arrendamiento, pago de servicios, alquileres de maquinaria y equipos y pago de prestaciones sociales. La Sala confirmó la sentencia que negaba las pretensiones del contratista, reafirmando que la liquidación bilateral es vinculante cuando no se acreditan vicios del consentimiento.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, FALTA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO, ESTAMPILLA, INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LICITACIÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, OFERTA MÁS FAVORABLE, RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, OBJETO DEL CONTRATO, VALOR DEL CONTRATO ESTATAL, PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, PAGO DE ESTAMPILLA, PÓLIZA DE SEGURO, REGISTRO PRESUPUESTAL, INTERVENTORÍA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DOCUMENTO, PRUEBA DOCUMENTAL, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, MAQUINARIA, ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, NEGACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTRATISTA, BIEN INMUEBLE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, AUTORIDAD AMBIENTAL, INEXISTENCIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DESAFECTACIÓN DE BIEN INMUEBLE DEL ESTADO, BIEN DE INTERÉS CULTURAL, PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, BIEN DE USO PÚBLICO, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, TRANSACCIÓN, AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ENTIDAD TERRITORIAL, LICITACIÓN PÚBLICA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, ENTIDAD ESTATAL, DEPARTAMENTO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, CONTRATO ESTATAL, SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, NEGOCIO JURÍDICO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTUDIOS PREVIOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, PLIEGO DE CONDICIONES, PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, CONDICIONES ESPECIALES DE MERCADO, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, PRINCIPIO DE MORALIDAD, PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, RECURSOS PÚBLICOS, PROPONENTE, PROPUESTA DEL PROPONENTE, OFERTA, PARTES DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO, NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, MINISTERIO PÚBLICO, TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, PERJUICIOS, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, ESTADO, OBJETIVOS DEL ESTADO, FACULTADES DEL ESTADO, OBLIGACIÓN DE DAR, OBLIGACIÓN DE HACER, OBLIGACIÓN DE NO HACER, PRINCIPIO DE COSTO BENEFICIO, OBLIGACIONES DEL CONTRATO, OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PRINCIPIO DE EFICACIA, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA, EFICACIA DEL CONTRATO ESTATAL, EFECTOS DEL CONTRATO, INTERÉS GENERAL, OBLIGACIÓN POSITIVA DEL ESTADO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL, FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRESTACIÓN DE LA OBLIGACIÓN, PROCEDENCIA DE LA DEMANDA, SEDE JUDICIAL, MORA JUDICIAL, INEXISTENCIA DE ESTUDIOS TÉCNICOS, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, JUEZ, RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS, ACUERDO DE VOLUNTADES, GASTOS DEL CONTRATISTA REALIZADOS PARA LOGRAR EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CONCILIACIÓN, DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES, SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, DERECHOS DEL CONTRATISTA, INEXISTENCIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, PRUEBA, CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, RECURSO DE APELACIÓN, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, PARTE DEMANDANTE, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PARTE DEMANDADA, SEGUNDA INSTANCIA

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / ESTAMPILLA / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LICITACIÓN / DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OFERTA MÁS FAVORABLE / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DE ESTAMPILLA / PÓLIZA DE SEGURO / REGISTRO PRESUPUESTAL / INTERVENTORÍA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL / MAQUINARIA / ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRESTACIONES SOCIALES / SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / NEGACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / CONTRATISTA / BIEN INMUEBLE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO / AUTORIDAD AMBIENTAL / INEXISTENCIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DESAFECTACIÓN DE BIEN INMUEBLE DEL ESTADO / BIEN DE INTERÉS CULTURAL / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / BIEN DE USO PÚBLICO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / TRANSACCIÓN / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta de liquidación bilateral?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala considera que, aunque se demostró que el departamento del Putumayo incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, en tanto fueron las deficiencias en la gestión de las licencias de la obra las que impidieron la suscripción del acta de inicio del proyecto, en realidad los sujetos negociales superaron dicha circunstancia mediante el acta de liquidación bilateral y su modificación [...]. [...] Los hechos retratados anteriormente dan cuenta de un actuar deficiente del departamento del Putumayo fundado en una falta al deber de planeación, pues no hubo una debida coordinación entre el municipio de Mocoa y la entidad departamental en el procedimiento para intervenir el parque General Santander, ya que esta última dejó al arbitrio de la primera la desafectación de dicha infraestructura como bien de interés cultural y llevó a cabo un procedimiento licitatorio sobre el predio sin haber constatado si la modificación jurídica sobre el bien de uso público fue llevada a cabo debidamente, ni estimando el riesgo de que no hubiera sido así. [...] En tal virtud, no cabe duda de que el departamento del Putumayo actuó negligentemente frente al licenciamiento de la obra del parque General Santander, lo que a la larga llevó a que no pudiera suscribir el acta de inicio del contrato No. 1188 de 2015, por el hecho de que la suspensión y posterior anulación de la desafectación de la infraestructura como bien de interés cultural impidió el otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto, incumpliendo así sus obligaciones contractuales, entre ellas la de la cláusula 9 de permitir la satisfacción obligacional convenida y su deber de suscribir el acta de inicio. Constatado el incumplimiento obligacional del departamento del Putumayo que llevó a la inejecución del contrato No. 1188 de 2015, se estudiarán los sucesos y las tratativas posteriores a tal situación para dilucidar el querer de las partes respecto al reconocimiento de los emolumentos causados por tal aspecto, con el ánimo de determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones indemnizatorias. [...] [E]l 6 de diciembre de 2016 el departamento de Putumayo y el [actor] liquidaron bilateralmente el contrato No. 1188 de 2015, en el que únicamente convinieron que se reconocerían los costos de pago de estampillas, pago de pólizas y gastos de administración fiduciaria y, el 21 de diciembre de 2016 el corte de cuentas se modificó para excluir los últimos mencionados, aspecto frente al cual el contratista manifestó con total claridad que aceptaba únicamente los emolumentos allí reconocidos y que se declaraba a paz y salvo por todo concepto [...]. Para la Sala la anterior liquidación contiene una transacción mediante la cual los cocontratantes dispusieron libremente que los únicos costos que se reconocerían por procurar la ejecución del contrato serían los de pago de pólizas y estampillas, al punto de que excluyeron expresamente otros como los gastos de fiducias y los de ejecución y utilidades reclamados anteriormente por el contratista, quien se declaró a paz y salvo por todo concepto sin efectuar reparos o salvedades, lo que revela un querer claro, consistente y expreso de que no se reconocieran otros costos, con lo cual [el actor] renunció libremente a aquellos. [...] En virtud de lo expuesto, la Sala no puede desconocer el acuerdo al que llegaron el departamento del Putumayo y [el actor] para que, por el intento de ejecución del contrato No. 1188 de 2015 solo se reconocieran los costos de pago de seguros y estampillas, pues, en la medida en que no se acreditó que dicho consentimiento fuera otorgado con vicios, rige plenamente el iter negocial, por lo que estudiado en su totalidaridad, no solo se refleja que con ello las partes quedaron a paz y salvo, sino que descartaron la concesión de otros emolumentos como la utilidad esperada y la causación de gastos de arrendamiento, pago de servicios, alquileres de maquinaria y equipos y pago de prestaciones sociales que, por lo tanto, no serán reconocidos en sede judicial, máxime si sobre aquellos no existen reparos o salvedades en el corte de cuentas. [...] En conclusión, si bien el departamento del Putumayo incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, y aunque ello le acarreó costos al contratista [...], las partes transaron dicho aspecto en el acta liquidatoria para reconocer únicamente los costos por el pago de estampillas y seguros, quedando a paz y salvo y descartando la posibilidad del pago de otros emolumentos, sin que frente a ello hubiera reparos o salvedades, de ahí que no le asiste razón a la parte apelante en que se tuviera que condenar a la entidad contratante al pago de otros factores distintos a los que las partes accedieron a conferir. Como consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 2 de junio de 2021, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, pues las pretensiones del [actor] no prosperaron.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la teoría de los actos propios, en virtud de la cual el sujeto negocial no puede ir contra sus declaraciones de voluntad, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. SC10326-2014, M. P. Arturo Solarte Rodríguez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 246, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO / ENTIDAD TERRITORIAL / LICITACIÓN PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato No. 1188 del 16 de diciembre de 2015 fue suscrito por el departamento del Putumayo -en tanto entidad territorial pública del orden nacional- con ocasión de la licitación pública No. 010 de 2015 que adelantó. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial, el 23 de noviembre de 2018, supera los 500 SMLMV.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 286, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5
ENTIDAD ESTATAL / DEPARTAMENTO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESTATAL / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / NEGOCIO JURÍDICO / DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / LICITACIÓN / ESTUDIOS PREVIOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / PLIEGO DE CONDICIONES / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / CONDICIONES ESPECIALES DE MERCADO / OBJETO DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE MORALIDAD / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / RECURSOS PÚBLICOS / PROPONENTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / OFERTA
Problema jurídico:
¿Los contratos estatales suscritos por departamentos como el del Putumayo se rigen por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 2 de la Ley 80 de 1993 dictaminó que se denominarían entidades estatales, entre otras, los departamentos y, en el artículo 13 de ese estatuto, se precisó que los contratos estatales suscritos por aquellos se regirían por esa normativa y, en lo no regulado en aquella, por disposiciones civiles y mercantiles vigentes. Como se observa, el querer del legislador fue que los negocios jurídicos suscritos por departamentos como el del Putumayo se rigieran por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas, y se consideraran contratos estatales, de ahí que la Sala estudiará el presente asunto bajo ese derrotero. [...] Al punto, vale recordar que la contratación de las entidades sometidas al EGGAP no puede ser producto de la mera liberalidad, como sucede con la suscripción negocial entre particulares, sino que debe ser resultado de una debida planificación, la cual se concreta en la licitación mediante etapas como los estudios previos, en la que se evalúan aspectos como la necesidad de la contratación y sus viabilidad, así como también en la constitución del pliego de condiciones, en el cual la entidad contratante fija las reglas de juego del procedimiento de selección, todo lo cual debe atender un análisis integral de aspectos como las condiciones del mercado, las dificultades para la materialización del objeto negocial y los requisitos exógenos a las partes como las licencias y autorizaciones del caso. El desconocimiento de lo descrito hace nugatorios principios de la contratación estatal como la transparencia, moralidad y selección objetiva, pues se ponen en riesgo los recursos públicos con proyectos que no necesariamente saldrán avante por dificultades no estimadas y se fundan los procedimientos de selección en circunstancias eventuales, llevando a que los proponentes presenten ofertas basadas en tales deficiencias y todos esos defectos contaminan el contrato estatal, impidiendo parcial o totalmente su materialización, como en efecto sucedió en el asunto de marras.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2
PARTES DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MINISTERIO PÚBLICO / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO / ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PERJUICIOS / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PAS

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

las deficiencias del órgano contratante pueden derivar en que las prestaciones obligacionales no se concreten. [...] [A]nte la presencia de una circunstancia de inejecución contractual por incumplimiento, las partes negociales, en virtud de la autonomía de la voluntad, pueden solventar dicha situación en forma directa o, de no lograr un acuerdo, acudir al juez para que dirima la controversia. En el primer escenario, dicho pacto hace las veces de una transacción y, por consiguiente, no puede ser desatendido por el operador judicial, pues aquel no puede reemplazar el consentimiento de los sujetos negociales de disponer de sus derechos o incluso renunciar a ellos, lo cual es plenamente válido en concordancia con el artículo 15 del Código Civil. [...] Dentro de los momentos donde se puede disponer y/o renunciar de obligaciones y/o derechos, el acta de liquidación es uno de los más comunes, pues mediante el corte de cuentas final de la relación negocial se determinan los activos y pasivos producto del acuerdo de voluntades y, además, ha sido considerado como un negocio jurídico autónomo, en el que, a propósito de la inejecución contractual, se puede aceptar el reconocimiento de los gastos en que haya incurrido el contratista, y se puede descartar el de otros emolumentos como la utilidad esperada de percibir, si a bien lo tienen los cocontratantes. En efecto, en tratándose de los contratos sometidos al EGCAP, para el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación contractual supone uno de los momentos en los cuales se pueden efectuar los acuerdos, conciliaciones y transacciones sobre las desavenencias de la relación negocial, para ponerles fin y declararse a paz y salvo, lo cual es producto de la libre disposición de los derechos de los cocontratantes a la que ya se ha hecho alusión y persigue que los mismos sujetos tengan la posibilidad de superar las dificultades producto de la ejecución negocial. En el balance de activos y pasivos mencionado y en el caso en que haya una transacción y/o renuncia a derechos, también se pueden estipular salvedades, que en los términos del inciso final del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 es un derecho del contratista de formular los reparos frente a aspectos que no comparta en el cruce de cuentas. En cualquier caso, el Consejo de Estado ha sostenido que, cuando el contrato estatal no llega a ejecutarse por circunstancias como la falta de otorgamiento del registro presupuestal o la no suscripción del acta de inicio, además de que ello constituye un incumplimiento, se pueden reconocer los costos “en los que se tuvo que incurrir en orden a cumplir con los requisitos para la ejecución del contrato”, según lo que se acredite en el proceso y en línea con la forma en que se convino la ejecución, pues no basta con la simple afirmación de su causación, sino que deben estar debidamente probados. Bajo las anteriores premisas, en los casos en que una controversia por inejecución contractual es ventilada en sede judicial, corresponde comenzar por identificar su causa y, de originarse en el actuar de la entidad contratante, luego de establecerse su incumplimiento se debe pasar a definir si las partes gestionaron o no directamente dicha circunstancia, en cuyo caso el juez debe atenerse al acuerdo de los cocontratantes, o si no lograron superarla, evento en el cual se debe definir si el contratista incurrió en costos y, si en virtud de las pruebas y el clausulado contractual corresponde reconocerle tales emolumentos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los eximentes de responsabilidad de fuerza mayor y caso fortuito que imposibilitan el cumplimiento de las obligaciones contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2021, rad. 48427, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la procedencia para demandar en sede judicial la indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de julio de 2013, rad. 25131, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la inejecución del contrato por el incumplimiento de la entidad contratante, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2024, rad. 70786, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Sobre la importancia del principio de planeación en la ejecución del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2024, rad. 58641, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre la posibilidad de renunciar a los derechos conferidos por las leyes, siempre que no esté prohibido, y sus efectos, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de junio de 2019, rad. SC2110-2019, M. P. Margarita Cabello Blanco; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 27 de julio de 2023, rad. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque. Sobre la disposición y renuncia de los derechos durante la materialización contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de septiembre de 2022, rad. 68443, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de marzo de 2024, rad. 64416, C. P José Roberto Sáchica Méndez. Sobre el acta de liquidación como uno de los momentos más comunes donde se puede disponer y/o renunciar de obligaciones y/o derechos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, rad. 32666, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 28 de junio de 2016, rad. 2253, C. P. Álvaro Namén Vargas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 15
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PARTE DEMANDANTE / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PARTE DEMANDADA / SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas dado que la parte demandada no intervino en la segunda instancia de este juicio?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. En este caso, a pesar de que a la parte demandante se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia, no hay lugar a condenarla en costas porque estas no se causaron, dado que la parte demandada no intervino en la segunda instancia de este juicio, de ahí que aquellas no se encuentran justificadas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-10-28. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 52001233300020180055501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233300020180055501-67567-sentencia).
