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clave: "consejo_estado:providencia:50001233300020160085401-72074-sentencia"
titulo: "Legitimación en la causa por pasiva: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-10-24"
radicado: "50001233300020160085401"
numero: "72074"
ponente: "MARÍA ADRIANA MARÍN"
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# Legitimación en la causa por pasiva: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-10-24
- **Radicado:** 50001233300020160085401
- **Número interno:** 72074
- **Ponente:** MARÍA ADRIANA MARÍN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- **Demandado:** LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:50001233300020160085401-72074-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/50001233300020160085401/40073D43E6212D503465B6C26D49E7277BDF40D4581AB8B1E60909CCA0F179E5/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012333000201600854011100103

## Problema jurídico

¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva el soldado conscripto a quien se le imputó el daño objeto de la constroversia, al considerar que desempeñó una función pública con características especiales?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición al contar el término de caducidad desde la fecha efectiva del pago de la condena o del vencimiento del plazo para tal fin?
- ¿Tiene competencia el Consejo de Estado, en segunda instancia, para conocer de una argumento nuevo, no presentado en la demanda donde no se cuestionó un caracter intencional, eso es, doloso…
- ¿Tienen valor probatorio las copias simples de documento?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 678 de 2001, art. 2
- Constitución Política

## Extracto

Por pasiva… teniendo en cuenta que los conscriptos desempeñan una función pública con características especiales, como se ha observado, y conforme a los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 6 y 90, se advierte que están sujetos a las normas y principios que regulan la actuación y responsabilidad de los servidores públicos. Esto incluye su posible responsabilidad en procesos de repetición, así lo ha definido esta Sala, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales correspondientes y se acrediten los elementos necesarios para tal fin.

## Síntesis temática

El soldado conscripto cuenta con legitimación en la causa por pasiva al ser considerado un agente del Estado que desempeña una función pública con características especiales, conforme a los artículos 6 y 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001, lo que le permite ser responsable en procesos de repetición siempre que se cumplan los requisitos legales y se acrediten los elementos necesarios. La demanda de repetición se presenta de forma oportuna al contar el término de caducidad desde la fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del plazo para tal fin, según la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, el Consejo de Estado en segunda instancia no tiene competencia para conocer de un argumento nuevo que no fue presentado en la demanda y que cambia la causa petendi de la misma, ya que la sentencia está abocada a resolver sobre la responsabilidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda original.

## Descriptores temáticos

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, RESPONSABILIDAD DEL SOLDADO CONSCRIPTO, SOLDADO CONSCRIPTO, NORMATIVA DEL SOLDADO CONSCRIPTO, RÉGIMEN LEGAL DEL SOLDADO CONSCRIPTO, DAÑO CAUSADO POR AGENTE ESTATAL EN SERVICIO, DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, FUNCIÓN PÚBLICA, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO, DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO, AGENTE DEL ESTADO, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, RECURSO DE APELACIÓN, OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN, NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, CONDUCTA DEL AGENTE, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE, DOLO, CULPA, DEBIDO PROCESO, AMPARO AL DEBIDO PROCESO, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, INDAGATORIA, VALOR PROBATORIO DE LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA, VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA, FALTA DE JURAMENTO, VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, CULPA GRAVE, CONCEPTO DE CULPA GRAVE, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, LESIONES AL SOLDADO CONSCRIPTO, USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, USO DE ARMAS DE FUEGO, NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, DAÑO AL SOLDADO CONSCRIPTO, POLICÍA NACIONAL, MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL, LESIONES A MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA

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## Texto del documento

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / RESPONSABILIDAD DEL SOLDADO CONSCRIPTO / SOLDADO CONSCRIPTO / NORMATIVA DEL SOLDADO CONSCRIPTO / RÉGIMEN LEGAL DEL SOLDADO CONSCRIPTO / DAÑO CAUSADO POR AGENTE ESTATAL EN SERVICIO / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / FUNCIÓN PÚBLICA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva el soldado conscripto a quien se le imputó el daño objeto de la constroversia, al considerar que desempeñó una función pública con características especiales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por pasiva (...) teniendo en cuenta que los conscriptos desempeñan una función pública con características especiales, como se ha observado, y conforme a los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 6 y 90, se advierte que están sujetos a las normas y principios que regulan la actuación y responsabilidad de los servidores públicos. Esto incluye su posible responsabilidad en procesos de repetición, así lo ha definido esta Sala, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales correspondientes y se acrediten los elementos necesarios para tal fin. Con fundamento en lo anterior, el señor [soldado conscripto] se encuentra legitimado en la causa por pasiva, además, se le imputó el daño objeto de la controversia, pues se dijo que con su actuar gravemente culposo dio lugar al pago por el que se exige un reembolso; no obstante, como está por determinarse el sentido de la presente sentencia, el referido aspecto no se estudiará ab initio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la no vinculación laboral de los conscriptos con el Estado, ver: Sentencia SU-200 de 1997, Expedientes acumulados T-108998, T-109000, T-109923, T-112635, T-113456, T-113714, T-101782, T-103446, T-110434, T-110868, T-114062, T-115612 y T-116360, M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo. Sobre el desempeño de función pública por los conscriptos, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 19 de abril de 2023, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa, exp. 62701. Sobre la legitimación en la causa por pasiva de los soldados conscriptos, ver: sentencia del 8 de noviembre de 2021 y del 4 de febrero de 2022, exp. 66.876 y 66.625, C.P. María Adriana Marín, y sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 55.893, C.P. José Roberto Sáchica Méndez
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 216 INCISO 2, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición al contar el término de caducidad desde la fecha efectiva del pago de la condena o del vencimiento del plazo para tal fin?
Respuesta al problema jurídico: Si
La condena objeto del sub lite se profirió en un proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984, de ahí que la Policía Nacional debía cumplirla en los términos de los artículos 176 y 177 de ese cuerpo normativo, con apego a lo ordenado en la parte resolutiva del fallo del 10 de julio de 2013, dictado por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. De este modo, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia mencionada, lo cual ocurrió el 9 de agosto de 2013, por ende, el plazo para cumplir la obligación se extendió hasta el 10 de febrero de 2015. Ahora bien, para efectos de contar la caducidad, cabe decir que a la controversia le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, en tanto el plazo para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con posterioridad al 2 de julio de 2012 (...) De lo expuesto, se colige que lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin -18 meses, como ya se vio-, lo que ocurra primero. En el caso particular, el pago de la condena por la que se repite se realizó el 25 de noviembre de 2014, es decir, antes de que se completaran los 18 meses previstos en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, por consiguiente, el término de caducidad de 2 años se extendió hasta el 26 de noviembre de 2016 y, como la demanda se presentó el 3 de noviembre de 2016, se advierte oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 5 de abril de 2017, exp. 58.762, M.P. Hernán Andrade Rincón.
RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE / DOLO / CULPA / DEBIDO PROCESO / AMPARO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el Consejo de Estado, en segunda instancia, para conocer de una argumento nuevo, no presentado en la demanda donde no se cuestionó un caracter intencional, eso es, doloso, sino culposo del agente?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Subsección advierte que la parte actora cuestiona un actuar intencional, es decir, de índole doloso, cargo que no puede examinar, en la medida ello implicaría variar la causa petendi de la demanda, pues es claro que no se pidió una declaratoria de responsabilidad por este concepto, sino que la imputación se justificó por una conducta culposa del demandado, ligada a la manipulación imprudente de un arma de fuego contra uno de sus compañero, asunto totalmente diferente. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en considerar que esta jurisdicción, en las actuaciones que conoce, carece por completo de facultades para variar la causa petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de esta naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda o su modificación y a los medios de convicción regular y oportunamente agregados al plenario. Por tanto, cualquier variación del marco fáctico implicaría un desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso, ya que sorprendería a la parte demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados a rebatir los hechos presentados en la demanda y jamás tendría opción de ejercer en ese caso el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir los elementos de juicio eventual base de la declaración de responsabilidad y consecuencial condena en su contra, por lo que el juez debe resolver sobre las pretensiones de la demanda, sus fundamentos fácticos y jurídicos con sustento en la prueba regular y oportunamente aportada al proceso. En línea con lo anterior, la Sala no tiene competencia para estudiar una conducta dolosa del demandado, porque la alzada no tiene por objeto que se adicionen o incluyan cargos no esgrimidos en la demanda. Así que, atendiendo al principio de congruencia y, de acuerdo con el reparo concreto de la apelación, la Sala determinará si encuentra o no acreditado el elemento subjetivo del medio de control de repetición. Los demás requisitos se encontraron superados por el juez de primera instancia y no fueron objeto de discrepancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la variación de la causa petendi, ver: Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de octubre de 2016, exp. 34.357, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en decisión del 19 de febrero de 2021, exp. 54.320, M.P. María Adriana Marín. Sobre el marco de competencia del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 54.407, C.P. María Adriana Marín.
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN
Problema jurídico:
¿Tienen valor probatorio las copias simples de documento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se valorarán las copias simples aportadas por las partes, según el artículo 246 de la Ley 1564 de 2012 y el precedente unificado de esta Sección y en aplicación del principio constitucional de buena fe, por cuanto no fueron tachadas de falsas y se garantizó el principio de contradicción.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor probatorio a las copias simples en sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 246
INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA / FALTA DE JURAMENTO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente valorar la indagatoria rendida por el demandado, sin el apremio del juramento?
Respuesta al problema jurídico: Si
La indagatoria rendida por el demandado, sin el apremio del juramento, se valorará, a luz del precedente de esta Subsección y en conjunto con las demás pruebas que reposan en el expediente. La necesidad de la valoración se justifica para el análisis del hecho dañoso que dio lugar a la condena por la que se repite
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la valoración de la indagatoria, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 48.553, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. Sentencia del 25 de octubre de 2019, exp. 53.865, C.P. María Adriana Marín. Sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. 66.590, C.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de febrero de 2018, exp 41.664, C.P. Danilo Rojas Betancourth sentencia del 23 de octubre de 2020, exp. 61.225, C.P. María Adriana Marín.
CONDUCTA DEL AGENTE / CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / SOLDADO CONSCRIPTO / LESIONES AL SOLDADO CONSCRIPTO / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE FUEGO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL SOLDADO CONSCRIPTO / DAÑO AL SOLDADO CONSCRIPTO / POLICÍA NACIONAL / MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL / LESIONES A MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿El demandado incurrió en una conducta gravemente culposa conforme con lo estipulado en el Código Civil y debe responder con su patrimonio por el daño causado?
Respuesta al problema jurídico: No
Conducta en cabeza del demandado La Sala advierte que los supuestos fácticos debatidos en este proceso ocurrieron el 30 de junio de 1997, fecha en la que ocurrió el daño que dio origen a la condena patrimonial a cargo de la accionante, esto es, antes de la expedición de la Ley 678 de 2001, razón por la cual la Sala ha sostenido que esa norma no es aplicable para calificar la conducta del demandado, sino el artículo 63 del Código Civil (...) Esta Corporación ha señalado que los conceptos de culpa grave y dolo previstos en el Código Civil deben armonizarse con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, así como también con la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros postulados constitucionales como el de la buena fe (artículo 83), al cual deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. Es clara, entonces, la determinación de que, en materia de responsabilidad subjetiva, el análisis de la conducta del agente juega un papel decisivo. De ahí que, como lo ha dicho esta Sección, no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta (...) Así las cosas, en aquellos eventos regidos por la normativa anterior a la Ley 678 de 2001, la calificación de si una conducta es “dolosa o gravemente culposa” le impone a la parte demandante una carga probatoria, de suerte que es a esta a quien le corresponde demostrar, con suficiencia, tal circunstancia y, solo en ese caso, habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial al repetido. Precisado lo anterior, la Sala relacionará los hechos que se encuentran probados, de conformidad con las únicas pruebas susceptibles de valoración y que se relacionan con el hecho dañoso, a fin de examinar la conducta del señor [demandado] (...) Transcurrido un mes desde que el señor [demandado] ingresó a prestar el servicio militar obligatorio en el alojamiento 2 de la Octava Compañía de Antinarcóticos de la Policía Nacional, sede San José del Guaviare, esto es, el 30 de junio de 1997, a las 6:40 p.m., le propinó un disparo de fusil al auxiliar regular (...), quien resultó lesionado en su brazo izquierdo (...) La Sala parte por señalar, como bien lo dijo el a quo, que, aunque se aportó copia de los fallos de reparación directa que motivaron la demanda de repetición, esas decisiones no constituyen plena prueba de la conducta gravemente culposa del repetido, según el precedente decantado por esta Corporación; a lo sumo, podría servir de punto de partida para determinar cuál es el hecho que se predica constitutivo de culpa grave, esto es, que el señor [demandado] le disparó con un fusil al señor (...); sin embargo, ello no está en discusión. Aunque en la alzada la Policía Nacional no reiteró lo que afirmó en sus alegatos de conclusión de primera instancia, la Sala se permite aclarar que no es cierto que el juez de la reparación hubiera sostenido que el daño fue provocado porque el demandado incurrió en un descuido «del arma de fuego (…), violentando las medidas de seguridad y el decálogo de armas de fuego», ya que, según se vio, no realizó ninguna reflexión en tal sentido. (...) Igual ocurre con la decisión disciplinaria, porque, de un lado, no existe constancia de que hubiera quedado ejecutoriada o que el sancionado la hubiera apelado y, de otra parte, no tiene la suficiencia, per se, para edificar el actuar gravemente culposo, pues, según la jurisprudencia de esta Sección, en esta sede judicial pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas. Sumado al hecho de que en ésta no se realizó ninguna evaluación fáctica o probatoria que apoyara la sanción; es más, no tiene ninguna relación con el incumplimiento de deberes frente al manejo de armas, sino que emana del trato indebido con el personal de la institución y ni siquiera se hizo mención a la relación que tenía con el lesionado. En lo tocante a los demás medios de convicción adjuntos a la controversia, la Subsección debe mencionar que no brindan certeza de lo sucedido y menos del actuar cuestionado. (...) El panorama anterior impide conocer a ciencia cierta cómo se desarrolló el hecho, puesto que no hay lugar a determinar si el repetido, de manera unilateral, montó y desaseguró el fusil de otro auxiliar y, en un acto desprevenido, tocó el disparador o, en su defecto, si apuntó y disparó, o, si, en realidad, estaba cumpliendo una orden para ir al armerillo y recoger el arma de dotación de otro auxiliar y estuvo motivado por un error al no darse por enterado que ese elemento estaba listo para disparar o en qué términos se le encomendó esa supuesta tarea. Contrario a lo concluido por el juez de la reparación, para esta Sala no cabe duda de que, pese al escaso tiempo de prestación del servicio militar, el accionado había recibido entrenamiento en armas y, además, admitió que accionó el arma, pero ello no es suficiente para edificar la culpa grave, máxime cuando la situación de tiempo y modo en la que se produjo el hecho que dio como resultado la lesión a (...) es ambigua. No está de más señalar que la Policía Nacional discutió la violación del decálogo de las armas de fuego; empero, no develó cuál fue el precepto trasgredido ni sustentó la forma en la que aparentemente se omitió, de ahí que, en el caso hipotético de que se hubiera superado la falencia antes citada, tampoco se podría verificar el comportamiento del agente frente a dicha regulación normativa, pues no puede pretender la parte accionante que el juez supla esa falencia argumentativa, en la medida en que vulneraría los principios de igualdad y lealtad procesal. Por lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la norma aplicable para calificar la conducta del demandado, ver: sentencias del 27 de noviembre de 2006, exp. 18.440, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; del 6 de diciembre de 2006, exp. 22.189, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 3 de diciembre de 2008, exp. 24.241, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; del 26 de febrero de 2009, exp. 30.329, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; del 13 de mayo de 2009, exp. 25.694, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; del 23 de octubre de 2020, exp. 62.358, C.P. María Adriana Marín y del 7 de diciembre de 2021, exp. 58.163,C.P. María Adriana Marín. Sobre los conceptos de culpa grave y dolo del Código Civil, ver, entre otras, la sentencia del 31 de julio de 1997, exp. 9894, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sobre la necesidad de comprobar la graverdad de la falla de la conducta del servidor, ver: Sentencia del 9 de septiembre de 2016, exp. 49764, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-10-24. C.P. MARÍA ADRIANA MARÍN. Rad. 50001233300020160085401. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:50001233300020160085401-72074-sentencia).
