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clave: "consejo_estado:providencia:47001233300020190079701-70085-sentencia"
titulo: "Medio de control de controversias contractuales: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-06-16"
radicado: "47001233300020190079701"
numero: "70085"
ponente: "ADRIANA POLIDURA CASTILLO"
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# Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-06-16
- **Radicado:** 47001233300020190079701
- **Número interno:** 70085
- **Ponente:** ADRIANA POLIDURA CASTILLO
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P
- **Demandado:** MUNICIPIO DE SÁBANAS DE SAN ÁNGEL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020190079701-70085-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/47001233300020190079701/A47BF65DF390391372BB2177BBAFA699F0144E99CD525C69BED51B17DD379C4D/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=470012333000201900797011100103

## Regla de decisión

El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las controversias sobre convenios interadministrativos de entidades territoriales por cuantía.

## Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la que se resuelve la controversia contractual suscitada respecto del convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, suscrito por el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y diferentes municipios del departamento?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para solicitar la declaratoria de incumplimiento del convenio interadministrativo de cooperación y apoyo financiero suscrito or…
- ¿El convenio interadministrativo suscrito por una pluralidad de entidades públicas con el fin de aunar esfuerzos con el objetivo común de asegurar el financiamiento y la ejecución del Plan se rige…
- ¿El medio de control de controversias contractuales tiene un término de caducidad de dos años, el cual, en este caso, se contaba a partir del vencimiento del plazo definido para liquidar…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152

## Extracto

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, cuyo incumplimiento se alega, fue suscrito por el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y diferentes municipios del departamento —entidades territoriales—, entre ellos por el municipio de Sabanas de San Ángel, que funge como demandado en este asunto. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, conforme lo previsto en los artículos 150 y 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en tanto la única pretensión económica de la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación.

## Síntesis temática

El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las controversias contractuales derivadas de convenios interadministrativos suscritos por entidades territoriales cuando la cuantía excede el mínimo legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que el convenio de cooperación y apoyo financiero fue suscrito por el departamento, el distrito y diferentes municipios. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el tribunal administrativo, conforme los artículos 150 y 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN, ACTIVIDAD FINANCIERA, INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONVENIO DE COOPERACIÓN, CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN, CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, OBLIGACIÓN CONDICIONAL, OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL, CONDICIÓN, CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA, OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA, NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / ACTIVIDAD FINANCIERA / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la que se resuelve la controversia contractual suscitada respecto del convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, suscrito por el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y diferentes municipios del departamento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, cuyo incumplimiento se alega, fue suscrito por el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y diferentes municipios del departamento —entidades territoriales—, entre ellos por el municipio de Sabanas de San Ángel, que funge como demandado en este asunto. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, conforme lo previsto en los artículos 150 y 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en tanto la única pretensión económica de la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / ACTIVIDAD FINANCIERA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para solicitar la declaratoria de incumplimiento del convenio interadministrativo de cooperación y apoyo financiero suscrito or el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y diferentes municipios del departamento?
Respuesta al problema jurídico: Si
El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, dado que Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., sociedad que se incorporó formalmente al convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 con la suscripción del otrosí el 17 de mayo de 2007, pretende la declaratoria de incumplimiento de ese acuerdo de voluntades por parte del municipio de Sabanas de San Ángel, así como la respectiva condena.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / ACTIVIDAD FINANCIERA / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El convenio interadministrativo suscrito por una pluralidad de entidades públicas con el fin de aunar esfuerzos con el objetivo común de asegurar el financiamiento y la ejecución del Plan se rige por sus propias estipulaciones, en virtud de la autonomía de la voluntad, y no de forma automática por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, dado que su finalidad es la colaboración institucional para alcanzar objetivos comunes, sin que medie conmutatividad ni contraprestación entre las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala advierte, de entrada, que el acuerdo de voluntades en cuestión ostenta la naturaleza de un convenio interadministrativo, el cual encuentra fundamento en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, porque aquel fue suscrito por una pluralidad de entidades públicas con el fin de aunar esfuerzos con el objetivo común de asegurar el financiamiento y la ejecución del Plan. De acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio objeto de estudio, esta Sala de Subsección señala que, si bien estas tuvieron un contenido patrimonial, dado el compromiso de realizar aportes económicos por parte de los municipios y del departamento de Magdalena, lo cierto es que, hay que decirlo, no existió una relación de conmutatividad o de remuneración de alguna de las partes hacia otra. En este punto conviene advertir que en los convenios interadministrativos se excluye la contraposición de intereses entre las entidades públicas que lo suscriben, sin que ello signifique que los compromisos que se asuman con ocasión de ese tipo de acuerdos no puedan tener un componente de carácter patrimonial. Y es que la asociación de esfuerzos que se instrumentaliza a través de un convenio no solamente puede ser administrativa y/o técnica, también puede ser económica. (...) En este caso, teniendo en cuenta los hechos probados, se destaca que la intención de las partes estuvo encaminada a conjugar esfuerzos para desarrollar el objeto pactado, destinado a satisfacer el propósito común de asegurar el financiamiento y la ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”, diseñado en beneficio del departamento del Magdalena y de los municipios de su jurisdicción. (...) En línea con lo anterior, cabe señalar que los convenios interadministrativos son “nominados puesto que están mencionados en la ley”, pero al mismo tiempo “atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen”. Lo anterior ha generado inquietudes sobre el régimen jurídico aplicable a este tipo de acuerdos de voluntades; sin embargo, con el transcurso del tiempo la jurisprudencia se ha ido decantando en que las disposiciones de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) no aplican de forma automática a los convenios interadministrativos y que, en cambio, estos se rigen por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, dado que son acuerdos de tipo asociativo y de colaboración que siguen una lógica distinta a la prevista en la Ley 80 de 1993 para los contratos estatales. En consecuencia, este será el marco bajo el cual la Sala emprenderá el análisis del caso, esto es, a partir de las propias cláusulas del convenio, mediante las cuales las partes, con fundamento en su autonomía negocial, regularon los diferentes aspectos de su relación jurídica.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las características propias de los contratos interadministrativos, consultar providencias de 23 de junio de 2010, Exp. 17860, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 20 de noviembre de 2019, Exp. 61429, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 14 de junio de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2010-02552-01(AP), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 21 de mayo de 2021, Exp. 57822, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca del régimen jurídico aplicable a los convenios interadministrativos, consultar providencias de 13 de agosto de 2024, Exp. 70405, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; de 28 de octubre de 2024, Exp. 63983, C.P. Adriana Polidura Castillo; y de 3 de febrero de 2025, Exp. 66572, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / ACTIVIDAD FINANCIERA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONDICIONAL / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / CONDICIÓN / CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales tiene un término de caducidad de dos años, el cual, en este caso, se contaba a partir del vencimiento del plazo definido para liquidar bilateralmente el convenio interadministrativo, por lo que, dada la fecha de presentación de la demanda, ésta se presentó a tiempo?
Respuesta al problema jurídico: No
El 9 de junio de 2006, el departamento del Magdalena, varios municipios de su jurisdicción —entre los cuales se encontraba Sabanas de San Ángel—, el distrito de Santa Marta y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena —Corpamag— suscribieron el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, el cual tuvo por objeto el apoyo financiero entre las partes con el fin de asegurar el financiamiento y la ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”. Como parte del desarrollo del convenio, se creó la empresa Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. —aquí demandante—, empresa de servicios públicos del orden departamental que una vez constituida se vinculó como parte del convenio mediante el otrosí del 17 de mayo de 2007, quedando a cargo de la ejecución del referido Plan y de la administración de los recursos destinados al mismo. En ejercicio del medio de control de controversias contractuales, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. alegó que el municipio de Sabanas de San Ángel incumplió con el pago anual de su aporte para el financiamiento del Plan, adeudándole, al final de 2017, la suma de $481’787.554. El Tribunal Administrativo del Magdalena dictó sentencia en la que declaró oficiosamente la caducidad del medio de control, decisión que fue apelada por la parte actora. (...) De cara al caso concreto y para efectos de resolver la cuestión debatida, la Sala empieza por destacar que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 requería de liquidación, a pesar de no estar sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —Ley 80 de 1993—, porque las partes, en ejercicio de su autonomía negocial, así lo pactaron en la cláusula décima séptima del otrosí, en la que, en efecto, acordaron que aquel sería liquidado de mutuo acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a su terminación. Es así que, en este caso, para el conteo de la caducidad resulta aplicable el numeral v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA (...). Bajo este contexto, hay que señalar que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 no fue liquidado, de modo que, siguiendo las prescripciones de la norma citada y en línea con la jurisprudencia de esta Corporación, los 2 años dispuestos para presentar la demanda deben computarse a partir del vencimiento del plazo acordado para hacerlo bilateralmente, término este último que, según lo estipulado en la cláusula décima séptima del otrosí, era de 4 meses siguientes a la terminación. (...) De acuerdo con lo pactado en la cláusula décima del otrosí, que modificó la cláusula quinta del convenio, este acuerdo de voluntades tenía una duración igual (i) al pago de la totalidad del crédito externo adquirido por parte de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. con la Corporación Andina de Fomento (CAF), o (ii) hasta que las partes cumplieran en su totalidad con los compromisos establecidos en el convenio. (...) En criterio de la Sala, atendiendo al texto de la cláusula en mención, no ofrece duda que la terminación de ese acuerdo convencional quedó supeditada al cumplimiento de una cualquiera de las dos condiciones establecidas, de manera que aquella que ocurriera primero producía la finalización del convenio, dando con ello inicio al lapso estipulado para su liquidación de mutuo acuerdo. Lo anterior, porque tales condiciones se encuentran separadas por el vocablo “o”, el cual, según el diccionario de la Real Academia Española, “es una conjunción disyuntiva que denota diferencia o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas”, frente a lo cual ha de recordarse que cuando las estipulaciones sean claras no puede desconocerse lo acordado, a menos que se establezca que la intención de los contratantes es distinta de la literalidad de la clausulado pactado, en cuyo caso aquella ha de prevalecer (artículo 1618 CC). (...) A la vista de las consideraciones que anteceden (...), ha de advertirse que se encuentra acreditado que la condición que primero se cumplió fue el pago total del crédito externo otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) a Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., lo cual aconteció el 7 de junio de 2016, entendiéndose, entonces, que en esa fecha culminó el citado convenio. De ahí que los 4 meses pactados para la liquidación de común acuerdo —cláusula décima séptima del otrosí— corrieron hasta el 8 de octubre de 2016. En tal sentido, de conformidad con el numeral v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el término de 2 años para interponer la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales finalizó el 9 de octubre de 2018. Resulta del caso advertir, tal como en oportunidades anteriores lo ha hecho la jurisprudencia de la Sección Tercera, que no es posible computar los 2 meses a los que se refiere el artículo 164 precitado —que debe contarse a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente—, porque ese lapso tiene relación con la oportunidad con la que cuentan las entidades para liquidar unilateralmente los contratos, facultad que no podía ejercerse en el marco del convenio objeto de estudio, toda vez que, como se expresó líneas atrás, dicho acuerdo de voluntades se rige por sus propias reglas y esa posibilidad no se pactó. Así las cosas, como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 28 de marzo de 2019 y la demanda el 16 de diciembre de 2019, la Sala concluye que operó el fenómeno de la caducidad en este asunto. Finalmente, no está de más destacar que, según lo previsto en el artículo 13 del CGP, “[l]as normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”. De este modo, contrario a lo alegado por la recurrente, no puede afirmarse que en este caso se aplicaron las reglas de la caducidad de manera caprichosa o arbitraria, desconociéndose el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal —artículo 228 de la Constitución Política—, dado que, precisamente, la ocurrencia del fenómeno procesal obedeció a la inacción de la parte demandante, en tanto interpuso la demanda un año después —16 de diciembre de 2019— de haber vencido el respectivo plazo —9 de octubre de 2018—. (...) Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, consultar providencia de 20 de mayo de 2024, Exp. 70086, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Sobre la terminación del convenio interadministrativo para la financiación del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”, consultar providencias de 20 de mayo de 2024, Exp. 47001-23-33-000-2020-00580-01(70086), C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de 11 de septiembre de 2024, Exp. 47001-23-33-000-2020-00581-01(71034), C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de 7 de febrero de 2025, Exp. 47001-23-33-000-2019-00768-01(70087), C.P. María Adriana Marín. Sobre un asunto similar, en el que las partes no pactaron la liquidación unilateral del convenio, consultar providencia de 30 de septiembre de 2020, Exp. 65358, C.P. Guillermo Sánchez Luque
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J PÁRRAFO 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su turno, los artículos 365 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura, y atendiendo a la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también la actuación desplegada por la parte vencedora. Bajo este entendido, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, dado que se resolvió su recuso de manera desfavorable. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas. De conformidad con el numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, la Sala fijará agencias en derecho, únicamente, en favor de Corpamag, porque fue la única entidad que intervino en el trámite de la segunda instancia, fijándolas en el monto de (1) salario mínimo legal mensual vigente, el cual deberá ser pagado por la parte accionante, Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-06-16. C.P. ADRIANA POLIDURA CASTILLO. Rad. 47001233300020190079701. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020190079701-70085-sentencia).
