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clave: "consejo_estado:providencia:47001233300020190068801-73619-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el recurso no está llamado a prosperar por las razones que se desarrollan a continuación"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-05-08"
radicado: "47001233300020190068801"
numero: "73619"
ponente: "JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ"
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# Consejo de Estado: el recurso no está llamado a prosperar por las razones que se desarrollan a continuación

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-05-08
- **Radicado:** 47001233300020190068801
- **Número interno:** 73619
- **Ponente:** JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** LIBERTY SEGUROS S.A.
- **Demandado:** DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020190068801-73619-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/47001233300020190068801/89AD7E5A6922CF25E0BE41699BED5562E41B7044E1BE81F48D5FBCF1CF37F54A/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=470012333000201900688011100103

## Problema jurídico

¿La parte actora acreditó que la suma de $1.097.581.199, correspondiente a obras ejecutadas y no facturadas, constituía un saldo cierto, exigible y susceptible de compensación a favor del contratista, que debía ser tenido en cuenta al expedir los actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La parte actora acreditó, mediante prueba técnica o contractual idónea, que el contratista ejecutó obras por valor de $1.097.581.199 que fueron recibidas a satisfacción y no pagadas…
- ¿La suscripción unilateral del proyecto de acta de liquidación bilateral por parte de la entidad perfecciona el acuerdo liquidatorio y consolida, por sí sola, derechos u obligaciones definitivas?
- ¿La referencia al valor de las obras ejecutadas y no facturadas en la contestación de la demanda constituye confesión judicial?

## Extracto

El cargo central del recurso de apelación interpuesto por la demandante se dirige a demostrar que la entidad demandada omitió descontar en los actos demandados, tanto del saldo del anticipo no amortizado como de la base de cálculo de la cláusula penal pecuniaria, la suma de $1.097’581.199 correspondiente a obras presuntamente ejecutadas y no facturadas por el contratista SRG Civil Eléctrico Telecomunicaciones e Inversiones S.A.S. El fundamento probatorio del cargo descansa esencialmente en dos documentos que la recurrente considera demostrativos del reconocimiento expreso de esa obligación dineraria por parte de la administración distrital, a saber, el proyecto de acta de liquidación bilateral remitido al contratista el 21 de febrero de 2017 y el Informe de Interventoría 018 del 30 de septiembre de 2016, citado en la Resolución 781 del 7 de diciembre del mismo año.

## Síntesis temática

El contratista no acredita que una suma específica por obras ejecutadas y no facturadas constituya un saldo cierto y exigible a su favor, que deba ser tenido en cuenta al expedir actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato. La entidad estatal no reconoce esa suma como una obligación dineraria autónoma y aislada, sino como parte de un balance contractual más amplio que incluye otros componentes desfavorables. El contratista no puede descomponer selectivamente balances o ejercicios preliminares para extraer únicamente la partida que beneficia su tesis, sin asumir los demás componentes que integran la misma ecuación financiera. En este caso, la entidad no trató los documentos como fuentes equivalentes al momento de expedir los actos demandados, lo que confirma que la suma no puede ser trasladada de manera automática a la liquidación unilateral como una obligación definitiva. La Sala concluye que la parte actora no aportó prueba técnica o contractual idónea que acredite de manera autónoma que el contratista efectivamente ejecutó obras por el valor mencionado y que no fueron objeto de pago, por lo que la impugnación del acto administrativo no prospera.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CARGA DE LA PRUEBA, APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, FALTA DE PRUEBA, INSUFICIENCIA PROBATORIA, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONFESIÓN JUDICIAL, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, INEXISTENCIA DE LA CONFESIÓN, ACTO PROPIO, PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO, AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La parte actora acreditó que la suma de $1.097.581.199, correspondiente a obras ejecutadas y no facturadas, constituía un saldo cierto, exigible y susceptible de compensación a favor del contratista, que debía ser tenido en cuenta al expedir los actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
El cargo central del recurso de apelación interpuesto por la demandante se dirige a demostrar que la entidad demandada omitió descontar en los actos demandados, tanto del saldo del anticipo no amortizado como de la base de cálculo de la cláusula penal pecuniaria, la suma de $1.097’581.199 correspondiente a obras presuntamente ejecutadas y no facturadas por el contratista SRG Civil Eléctrico Telecomunicaciones e Inversiones S.A.S. El fundamento probatorio del cargo descansa esencialmente en dos documentos que la recurrente considera demostrativos del reconocimiento expreso de esa obligación dineraria por parte de la administración distrital, a saber, el proyecto de acta de liquidación bilateral remitido al contratista el 21 de febrero de 2017 y el Informe de Interventoría 018 del 30 de septiembre de 2016, citado en la Resolución 781 del 7 de diciembre del mismo año. Examinado el cargo en su integridad, la Sala concluye que el recurso no está llamado a prosperar por las razones que se desarrollan a continuación. La censura formulada por la demandante parte de una operación jurídicamente improcedente y probatoriamente insuficiente. El núcleo de la demanda y del recurso de apelación consiste en tomar el rubro de $1.097’581.199, identificado por la aseguradora como valor de obras ejecutadas y no facturadas, aislarlo del contexto financiero en el que fue consignado y trasladarlo, como si se tratara de un crédito autónomo, cierto y exigible a favor del contratista, al ejercicio liquidatorio contenido en las resoluciones demandadas. Ese planteamiento no puede ser acogido, porque supone descomponer selectivamente balances o ejercicios de carácter preliminar para extraer de ellos únicamente la partida que beneficiaba la tesis de la demandante, sin asumir los demás componentes que integraban la misma ecuación financiera y que no conducían a un saldo a favor del contratista, sino a un resultado neto en su contra. De ahí que la definición del pleito no radique en establecer si la cifra fue mencionada en los documentos invocados por la apelante, pues ello no se discute, sino en determinar si podía separarse del conjunto en el que fue incorporada y erigirse en fundamento autónomo de reducción del anticipo y de la cláusula penal fijados en los actos acusados. Desde esa perspectiva, el argumento medular de la apelante parte de una premisa que, aunque aparentemente respaldada en el tenor literal del Informe de Interventoría 018 y del proyecto de acta de liquidación bilateral, no resiste un análisis contextual y sistemático de dichos documentos. La recurrente sostuvo que ambos instrumentos reconocieron los $1.097’581.199 como una obligación dineraria autónoma a cargo de la entidad contratante y a favor del contratista, de tal suerte que su omisión en los actos de caducidad y liquidación unilateral configuraría un error sustancial capaz de comprometer su legalidad. Sin embargo, esa lectura atribuye a la cifra un significado y una autonomía jurídica que los documentos en cuestión no le confieren. Lo que allí aparece no es el reconocimiento aislado de una acreencia exigible del contratista, sino la incorporación de esa suma como uno de los componentes de un balance contractual más amplio, en el que concurrían simultáneamente otras partidas desfavorables de mayor entidad económica. En esas condiciones, no resulta jurídicamente admisible desprender ese rubro de la operación financiera integral a la que pertenecía y proyectarlo, de manera aislada, sobre un ejercicio liquidatorio distinto, como si se tratara de una obligación separable del resto del balance. (...) Esa variación entre los propios documentos invocados por la demandante descarta la existencia de un saldo financiero uniforme, consolidado y dotado de la certeza necesaria para ser trasladado, de manera automática, a la liquidación unilateral como si se tratara de una obligación definitiva de la administración frente al contratista. Es significativo, en ese mismo sentido, que la Resolución 781 de 2016 —el acto que declaró la caducidad y es objeto central de impugnación— utilizara para cuantificar el saldo del anticipo la cifra del Informe 018 ($2.013’527.226) y no la del proyecto de acta bilateral ($2.010’695.226,10), lo que confirma que aun la propia administración no trató estos documentos como fuentes equivalentes ni intercambiables al momento de expedir las decisiones demandadas. En consecuencia, la premisa de la apelación carece de la solidez necesaria para comprometer la legalidad de los actos acusados desde la perspectiva del demandante, pues descansa en una lectura fragmentaria de ejercicios preliminares que, apreciados integralmente, no acreditan un crédito autónomo a favor del contratista.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / INSUFICIENCIA PROBATORIA / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La parte actora acreditó, mediante prueba técnica o contractual idónea, que el contratista ejecutó obras por valor de $1.097.581.199 que fueron recibidas a satisfacción y no pagadas, de manera que su omisión en los actos demandados configura una falsa motivación?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]un si se prescindiera de la lectura integral de los balances preliminares aducidos por la parte actora, tampoco obra en el expediente prueba técnica o contractual idónea que acredite de manera autónoma que el contratista efectivamente ejecutó obras por valor de $1.097’581.199 que hubieran sido recibidas a satisfacción por la entidad o por la interventoría y que no hubieran sido objeto de pago. La demostración de ese supuesto requería elementos de convicción aptos para contrastar lo efectivamente ejecutado frente a lo pagado, tales como actas parciales o finales debidamente suscritas, mediciones de obra verificables u otros soportes concordantes, sin embargo, del acervo allegado al proceso no emergen elementos suficientes para tener por acreditada, de manera autónoma, la ejecución, recibo y falta de pago de las obras reclamadas. El Informe 018, apreciado en el contexto en que fue producido, tampoco acredita de manera autónoma el crédito reclamado, pues aunque registra la suma de $1.097’581.199 dentro de un balance general, esa referencia no quedó incorporada ni reflejada en los instrumentos formales de corte, recibo y pago de obra que, según la dinámica contractual acreditada en el proceso, permitían consolidar obligaciones exigibles entre las partes, en particular, las actas parciales suscritas. De igual modo, su elaboración en el marco de una gestión de interventoría en curso confirma su carácter preliminar y descarta que, por sí solo, pueda erigirse en prueba concluyente de un crédito autónomo, cierto y exigible. Conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, incumbía a la parte actora probar los supuestos de hecho de las normas en que fundó el efecto jurídico perseguido; por ello, le correspondía demostrar no solo la ejecución material de las obras reclamadas, sino también su recibo a satisfacción y la falta de pago. Sin embargo, los elementos invocados no permiten tener por acreditado un crédito autónomo, cierto y exigible a favor del contratista. La configuración de la falsa motivación alegada por la demandante requería una carga argumentativa y probatoria más sólida que la efectivamente desplegada en este proceso, pues si la tesis de la actora consistía en que los actos demandados omitieron considerar un hecho relevante y probado, le correspondía aportar los elementos necesarios para demostrar no solo la realidad material de las obras ejecutadas y no facturadas, sino también la aptitud jurídica de ese valor para incidir en la determinación de las sumas exigidas a la aseguradora. Sin embargo, no quedaron individualizados ni corroborados de manera suficiente, dentro del acervo, soportes contractuales, técnicos o contables aptos para reconocer esas obras como efectivamente ejecutadas, recibidas y pendientes de pago. Así, el cargo quedó apoyado principalmente en referencias documentales que no alcanzan a demostrar el supuesto error fáctico atribuido a los actos acusados.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La suscripción unilateral del proyecto de acta de liquidación bilateral por parte de la entidad perfecciona el acuerdo liquidatorio y consolida, por sí sola, derechos u obligaciones definitivas?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l proyecto de acta de liquidación bilateral no tiene el alcance vinculante que la apelante busca atribuirle, pues, por su propia definición y función dentro del proceso de liquidación contractual, constituye una propuesta preliminar de ajuste de cuentas entre las partes, que no equivale al acuerdo definitivo de liquidación ni, por sí sola, consolida derechos u obligaciones exigibles. El proyecto de acta no fue suscrito por el contratista, no se perfeccionó como acuerdo bilateral y, precisamente ante la falta de acuerdo, dio lugar al ejercicio de la potestad unilateral de liquidación. La circunstancia de que el documento hubiese sido suscrito por la entidad no alteraba ese carácter preliminar ni bastaba para consolidar un acuerdo vinculante o un reconocimiento definitivo del crédito, precisamente porque la liquidación bilateral requería la concurrencia de la voluntad de ambas partes, que no llegó a perfeccionarse. En esas condiciones, el proyecto de acta no puede tenerse, por sí solo, como reconocimiento de un derecho subjetivo del contratista, toda vez que la administración conservaba competencia para revisar, corregir y definir los saldos al expedir el acto definitivo de liquidación unilateral, como en efecto lo hizo .
CONFESIÓN JUDICIAL / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE LA CONFESIÓN
Problema jurídico:
¿La referencia al valor de las obras ejecutadas y no facturadas en la contestación de la demanda constituye confesión judicial?
Respuesta al problema jurídico: No
Tampoco es de recibo la calificación del pronunciamiento de la apoderada del Distrito en la contestación de la demanda como confesión judicial, pues, tratándose de una entidad pública, las manifestaciones de sus representantes o apoderados no producen efectos confesionales de conformidad con los artículos 217 del CPACA y 195 del CGP, de modo que aun si la intervención procesal pudiera estimarse desfavorable a los intereses de la entidad, no era jurídicamente procedente atribuirle las consecuencias pretendidas por la parte actora. En consecuencia, la censura no puede prosperar por esa sola vía y la censura debe resolverse con fundamento en los demás elementos de convicción obrantes en el expediente.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 217, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 195
ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO
Problema jurídico:
¿La doctrina del acto propio y la confianza legítima son inaplicables frente a propuestas preliminares de liquidación sujetas a revisión, no perfeccionadas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por su parte, la doctrina del acto propio y el principio de confianza legítima invocados también por el recurso son inaplicables al caso concreto. Estas figuras proscriben que la administración actúe en contradicción con sus conductas anteriores cuando estas han generado expectativas razonables

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

undadas en los particulares, y para que opere, es necesario que el acto anterior sea definitivo, claro y unívoco en su contenido vinculante, pero un proyecto de acta bilateral, que por definición es provisional, sujeto a negociación y a la posibilidad de ser modificado antes de su perfeccionamiento, no reúne esas condiciones. No puede calificarse como una conducta anterior definitiva que vincule a la administración a mantener en la liquidación unilateral todos los ítems que figuraban en la propuesta preliminar, máxime cuando la propia administración informó expresamente al contratista que el proyecto era objeto de revisión y que el acta definitiva recogería los acuerdos a que llegaran las partes, acuerdos que finalmente no se produjeron. El hecho de que el alcalde haya suscrito el proyecto de acta remitido al contratista no transforma ese documento en un acto administrativo definitivo ni le confiere carácter vinculante, pues su propia denominación y naturaleza lo sitúan en la fase preparatoria del proceso liquidatorio, fase que precisamente se frustró por la ausencia de consenso entre las partes.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La presunción de legalidad del acto administrativo subsiste cuando la parte actora no logra desvirtuar,
con argumentos y prueba suficientes, los fundamentos fácticos y jurídicos de los actos demandados?
Respuesta al problema jurídico: Si
Un elemento de relevancia adicional para la decisión del cargo, que refuerza las conclusiones expuestas en los acápites precedentes, es la ausencia de controversia sobre la procedencia misma del cobro del anticipo no amortizado y de la cláusula penal. Ni la demanda ni el recurso de apelación ofrecieron argumento alguno tendiente a demostrar que el contratista no adeudara el saldo del anticipo determinado en las resoluciones acusadas, ni cuestionaron la procedencia jurídica de la declaratoria de caducidad ni de la pena pecuniaria. La única inconformidad planteada consistió en que el valor de $1.097'581.199, con fundamento en los documentos ya analizados, debía descontarse de las sumas determinadas en los actos demandados, con la consiguiente incidencia en el monto a reintegrar por concepto de anticipo y en la base de proporcionalidad de la sanción. De ahí que correspondiera a la actora demostrar la procedencia jurídica del descuento reclamado, carga que no satisfizo, pues no acreditó la existencia de un crédito autónomo ni la ejecución material de las obras invocadas. En esas condiciones, la presunción de legalidad de las Resoluciones 781 del 7 de diciembre de 2016, 812 del 9 de diciembre de 2016, 320 del 25 de mayo de 2017 y 911 del 17 de agosto de 2018 permanece incólume. La parte actora no logró demostrar con los medios probatorios allegados al proceso ni con los argumentos jurídicos formulados en la demanda y en el recurso, los cargos de nulidad aducidos.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se configuró un enriquecimiento sin causa a favor de la entidad demandada con ocasión del cobro efectuado a la aseguradora, pese a mantenerse la presunción de legalidad de los actos demandados y no haberse acreditado un crédito autónomo, cierto y compensable a favor del contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
Finalmente, en relación con el alegado enriquecimiento sin causa y según lo anunciado al definir el objeto de la apelación, la Sala se abstendrá de efectuar un pronunciamiento autónomo de fondo por cuanto esa figura no fue planteada como pretensión independiente ni como fundamento separado de la causa petendi, sino como un argumento accesorio o de refuerzo de las pretensiones formuladas al amparo del medio de control de controversias contractuales. De allí que, al no prosperar las pretensiones principales y subsidiarias por las razones desarrolladas a lo largo de esta providencia, resulte innecesario adentrarse en el examen específico de ese argumento. Sin perjuicio de lo anterior, basta señalar que el enriquecimiento sin causa, como fuente autónoma de obligaciones, presupone la demostración de un desplazamiento patrimonial injustificado, carente de causa jurídica que lo sustente, presupuesto que no se verifica cuando, como ocurre en el presente asunto, las sumas cobradas corresponden a obligaciones contractuales cuya legalidad fue preservada y cuya procedencia no fue desvirtuada. Por consiguiente, al no haberse acreditado la existencia de un crédito autónomo, cierto y compensable a favor del contratista por concepto de obras ejecutadas y no facturadas, al no prosperar los reparos formulados contra la valoración jurídica y probatoria de los documentos invocados por la actora, y al mantenerse la presunción de legalidad de los actos demandados en los aspectos sustanciales que sustentaron el cobro efectuado a la aseguradora, se impone confirmar la sentencia apelada, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte actora porque fracasaron los cargos de apelación que formuló contra la sentencia de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido, por lo que resulta procedente la condena en costas en contra de la demandante, en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló contra la sentencia de primera instancia. (...) En este caso, las agencias en derecho se fijan en un (1) SMLMV, a cargo de la parte vencida y en favor de la entidad demandada, quien nombró apoderado y defendió sus intereses dentro del proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-05-08. C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Rad. 47001233300020190068801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020190068801-73619-sentencia).
