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clave: "consejo_estado:providencia:47001233300020170021001-69357-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: en este asunto se comparten plenamente los argumentos del Tribunal"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-08-19"
radicado: "47001233300020170021001"
numero: "69357"
ponente: "ALBERTO MONTAÑA PLATA"
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# Consejo de Estado: en este asunto se comparten plenamente los argumentos del Tribunal

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-08-19
- **Radicado:** 47001233300020170021001
- **Número interno:** 69357
- **Ponente:** ALBERTO MONTAÑA PLATA
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** EMPRESARIOS ASOCIADOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA APOSMAR LTDA
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020170021001-69357-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/47001233300020170021001/06D77C5AC0480CEF9431310FC2C81AF20B484B7B6D6FC7DCE6F1EB27587DCFD2/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=470012333000201700210011100103

## Problema jurídico

¿La no citación de la SAE en el procedimiento administrativo que antecedió la declaratoria de caducidad del contrato vulneró sus derechos como administradora de Aposmar?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La SAE vio vulnerados sus derechos por no haberse acreditado probatoriamente las conductas que justificaban la caducidad del contrato adjudicado a Aposmar?
- ¿La declaratoria de caducidad del contrato vulneró el mandato legal de mantener productivos los activos administrados por la SAE durante el proceso de extinción de dominio…

## Extracto

La sociedad apelante no presentó reparos concretos en contra de la decisión recurrida que habiliten competencialmente a este juez de segunda instancia a revocarla. Sobre el particular se advierte que, con toda claridad, el Tribunal señaló que no era necesario citar a la SAE para declarar la caducidad del contrato y que el depositario de Aposmar debía velar por los intereses de la SAE. Pese a ello, el apelante reiteró los argumentos de la demanda sin reparos concretos sobre el raciocinio jurídico o la argumentación del Tribunal. La apelación se concentró en reiterar que la SAE no había sido citada, a calificar con adjetivos, como erróneo, el fallo del Tribunal, sin especificar las razones que debían llevar a esta corporación a una conclusión diferente.

## Síntesis temática

La falta de citación de la entidad que tiene el interés en la actuación administrativa de caducidad no vulnera los derechos del administrado cuando el depositario del patrimonio está llamado a velar por esos intereses y la declaratoria de caducidad no lo exige. La regla se apoya en que el tribunal señaló que la citación no era necesaria para declarar la caducidad, y en que el depositario debía velar por los intereses de la entidad, lo que sustenta la decisión de instancia. Además, la apelación no cumple la carga de sustentación cuando se limita a reiterar los argumentos de la demanda sin reparos concretos contra el razonamiento del fallo, pues no habilita al juez de segunda instancia a revocarlo. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la sentencia que declara la caducidad sin citación de la entidad interesada se confirma cuando el recurrente no controvierte de manera específica las razones del tribunal.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DEL CONTRATO, CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CONTRATO ESTATAL, DEBIDO PROCESO, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ACTO ADMINISTRATIVO, LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN, REITERACIÓN DE ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿La no citación de la SAE en el procedimiento administrativo que antecedió la declaratoria de caducidad del contrato vulneró sus derechos como administradora de Aposmar?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a sociedad apelante no presentó reparos concretos en contra de la decisión recurrida que habiliten competencialmente a este juez de segunda instancia a revocarla. Sobre el particular se advierte que, con toda claridad, el Tribunal señaló que no era necesario citar a la SAE para declarar la caducidad del contrato y que el depositario de Aposmar debía velar por los intereses de la SAE. Pese a ello, el apelante reiteró los argumentos de la demanda sin reparos concretos sobre el raciocinio jurídico o la argumentación del Tribunal. La apelación se concentró en reiterar que la SAE no había sido citada, a calificar con adjetivos, como erróneo, el fallo del Tribunal, sin especificar las razones que debían llevar a esta corporación a una conclusión diferente. De cualquier manera, vistos los argumentos de la demanda y la apelación, no se encuentran motivos que lleven a esta Sala al convencimiento de que la SAE, un tercero de cara a la relación contractual entre Aposmar y el Departamento de Magdalena, debía comparecer al procedimiento administrativo que antecedió la declaratoria de caducidad del contrato. Lo anterior, se aclara, pese a que la SAE fuese, por importantes razones de derecho público, la administradora de Aposmar. De la misma manera en que no se cita a las controladoras (matrices) a los procedimientos de caducidad de sus filiales, tampoco se observan razones para vincular a la SAE (en ausencia de una norma jurídica que así lo prescriba) a las declaratorias de caducidad de los contratos en los cuales son parte las sociedades que administra. En este asunto se comparten plenamente los argumentos del Tribunal, en el sentido de que la SAE tiene mecanismos societarios, como la designación del depositario y por ende una relación jurídica con él, para proteger los intereses de esa persona jurídica.
CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿La SAE vio vulnerados sus derechos por no haberse acreditado probatoriamente las conductas que justificaban la caducidad del contrato adjudicado a Aposmar?
Respuesta al problema jurídico: No
En lo concerniente a que no se demostró que Aposmar hubiera incurrido en las conductas descritas en la Ley para declarar la caducidad, o de haberlo hecho no fueron con ocasión del negocio jurídico cuya caducidad se declaró, sino anteriores a él, la Sala advierte que el apelante dedicó sus esfuerzos a reiterar lo señalado en la demanda sin dirigir reparos concretos en contra la decisión del Tribunal. Así lo reconoció expresamente el apelante cuando indicó que “nuestra discrepancia con la Gobernación del Magdalena y el fallo de primera instancia gravita en torno a que consideramos que el ente territorial no acreditó probatoriamente ni permitió el debate probatorio para ejercer el derecho de contradicción y defensa en sede el proceso administrativo” e insistió que el Tribunal tenía la carga de acreditar el supuesto de hecho del artículo 90 de la Ley 418 de 1997. Sobre el particular, el apelante obvió por completo que el Tribunal explícitamente indicó que sí se le había garantizado su derecho al debido proceso, para lo cual citó las audiencias públicas realizadas durante el procedimiento administrativo. Sobre ello nada argumentó el apelante. De igual manera, el Tribunal puso de presente la argumentación del Departamento y recordó que Aposmar fue utilizada, según informes de la DEA, para facilitar el ocultamiento de dineros de personas relacionadas con el señor S. M., y destacó que el señor C. H. T. fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, y que ese sujeto era el representante legal de Aposmar cuando se adjudicó el contrato de concesión. Al apelante le correspondía indicar los argumentos y las pruebas que permitían llegar a una conclusión distinta a la del Tribunal, pese a lo cual solamente reiteró los argumentos de la demanda. No obstante, en gracia de discusión, si bien los hechos relativos al ocultamiento de dineros relacionados con la esposa del señor S. M. fueron anteriores a la celebración del contrato; la imputación por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento sin causa, y lavado de activos en contra de C. H. T., representante legal de la sociedad para el momento en que esta fue adjudicataria del contrato, no cabe dentro de tal supuesto, y sobre este punto ningún reparo concreto se presentó.
ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / REITERACIÓN DE ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿La declaratoria de caducidad del contrato vulneró el mandato legal de mantener productivos los activos administrados por la SAE durante el proceso de extinción de dominio, según el artículo 94 de la Ley 1708 de 2014?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con el hecho de que se impidió el mandato legal de mantener productivos los activos administrados por la SAE durante el proceso de extinción de dominio, la Sala observa que la norma que se alegó como infringida fue el artículo 94 de la Ley 1708 de 2014, que preceptúa que “la entidad encargada de la administración podrá celebrar cualquier acto y/o contrato que permita una eficiente administración de los bienes y recursos”. Ni en la demanda, ni en la apelación, aparecen los motivos por los cuales la demandante considera que tal norma vincula a las entidades estatales contratantes de las sociedades administradas por la SAE o en depósito. Tampoco se alegó que el ordenamiento jurídico limite la competencia de las entidades estatales contratantes para declarar la caducidad de que trata el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, en caso de que las sociedades sean administradas por la SAE o sean objeto de un depósito judicial en el contexto de un proceso de extinción de dominio. En otras palabras, no se demostró la aludida vulneración del artículo 94 de la Ley 1708 de 2014, pues esta disposición no tiene como sujeto pasivo a las entidades estatales contratantes, ni tiene como consecuencia jurídica que se impida a estas entidades declarar la caducidad en sus contratos cuando la SAE sea la administradora o depositaria de las acciones de las sociedades contratistas. A la luz de lo señalado, el apelante no presentó reparos concretos que permitan, de un lado, revocar la decisión de primera instancia, pues no refutó los argumentos del Tribunal ni, del otro, las razones de su inconformidad llevan al convencimiento a la Sala de que debe declararse la nulidad de los actos administrativos demandados, pues no se desvirtuó su presunción de legalidad. Por lo tanto, se confirmará la Sentencia de primera instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1708 DE 2014 - ARTÍCULO 94

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-08-19. C.P. ALBERTO MONTAÑA PLATA. Rad. 47001233300020170021001. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020170021001-69357-sentencia).
