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clave: "consejo_estado:providencia:47001233100019990077801-70158-aclaracion-voto"
titulo: "Aclaración de voto: el régimen jurídico del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes es un contrato estatal sometido al EGCAP"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-04-28"
radicado: "47001233100019990077801"
numero: "70158"
ponente: "FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ"
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# Aclaración de voto: el régimen jurídico del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes es un contrato estatal sometido al EGCAP

- **Título oficial / radicado:** Aclaración voto — Aclaración de voto
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-04-28
- **Radicado:** 47001233100019990077801
- **Número interno:** 70158
- **Ponente:** FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** SOCIEDAD DE OPERADORES ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE SANTA MARTA EN LIQUIDACIÓN -
- **Demandado:** MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233100019990077801-70158-aclaracion-voto
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/47001233100019990077801/5DB5373F3009EA256946775BCD4DC69D061C52099C608D36CBE9027B59C8BE5A/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=470012331000199900778011100103

## Regla de decisión

El régimen jurídico de un contrato estatal se determina por la naturaleza de la entidad contratante conforme al Estatuto General de Contratación.

## Problema jurídico

¿El régimen jurídico del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes es un contrato estatal sometido al EGCAP, ora otra clase de contrato, gobernado por un régimen especial, como pareciera desprenderse de su estructura?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Existía un procedimiento prestablecido para efectos de la declaración de incumplimiento del contrato?

## Extracto

Debo partir por hacer patente que, al margen de que en la sentencia objeto de aclaración de voto no encuentro dilucidadas mis dudas acerca del régimen jurídico del contrato de arrendamiento celebrado entre el Mincit y Sofrasa S.A., el hecho de que el negocio jurídico en torno al cual giraron las controversias puestas a consideración de la Sala fuera, o bien un contrato estatal, sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (en adelante, el “EGCAP”) –como se afirma en la providencia–, ora otra clase de contrato, gobernado por un régimen especial –como pareciera desprenderse de su estructura–, en nada afectaría mis conclusiones. En la sentencia se concluye, entre otras razones, en línea con la jurisprudencia de esta Sección, que el contrato de arrendamiento suscrito entre el Mincit y Sofrasa S.A. es un contrato estatal sometido al EGCAP, “en atención a la naturaleza de la entidad contratante”.

## Síntesis temática

Todo contrato celebrado por una entidad estatal se somete al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en atención directa a la naturaleza de la entidad contratante. En esta aclaración de voto se señala que la discusión sobre si el contrato de arrendamiento se rige por el EGCAP o por un régimen especial en razón de su estructura no altera la conclusión sobre la legalidad y la debida garantía del debido proceso respecto a la declaratoria de caducidad, aplicando debidamente normas como el Decreto 01 de 1984 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACLARACIÓN DE VOTO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ZONA FRANCA, NORMATIVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ZONA FRANCA, OPERADOR DE ZONA FRANCA, REGÍMENES DE LA ZONA FRANCA, ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS, NATURALEZA JURÍDICA DE LA ZONA FRANCA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL

## Guías prácticas relacionadas

- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Terminación unilateral](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/terminacion-unilateral.md): Cuándo puede la entidad terminar el contrato por sí misma y cómo se diferencia de la caducidad.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.
- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la terminación no ocurrió por alguna de las hipótesis que daban lugar a la liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233100019931370201-33078-sentencia.md)
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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACLARACIÓN DE VOTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ZONA FRANCA / NORMATIVA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ZONA FRANCA / OPERADOR DE ZONA FRANCA / REGÍMENES DE LA ZONA FRANCA / ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ZONA FRANCA
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes es un contrato estatal sometido al EGCAP, ora otra clase de contrato, gobernado por un régimen especial, como pareciera desprenderse de su estructura?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]ebo partir por hacer patente que, al margen de que en la sentencia objeto de aclaración de voto no encuentro dilucidadas mis dudas acerca del régimen jurídico del contrato de arrendamiento celebrado entre el Mincit y Sofrasa S.A., el hecho de que el negocio jurídico en torno al cual giraron las controversias puestas a consideración de la Sala fuera, o bien un contrato estatal, sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (en adelante, el “EGCAP”) –como se afirma en la providencia–, ora otra clase de contrato, gobernado por un régimen especial –como pareciera desprenderse de su estructura–, en nada afectaría mis conclusiones. En la sentencia se concluye, entre otras razones, en línea con la jurisprudencia de esta Sección, que el contrato de arrendamiento suscrito entre el Mincit y Sofrasa S.A. es un contrato estatal sometido al EGCAP, “en atención a la naturaleza de la entidad contratante”. Sin embargo, para mí no resulta claro que, en la relación jurídica plasmada en el contrato en cuestión, el Mincit ocupara una posición activa o de contratante en virtud de la cual debían serle suministrados bienes y/o prestados servicios por un contratista o parte pasiva de la relación contractual que, en este caso, se supone que se trataría de Sofrasa S.A. No puede perderse de vista que el contrato de arrendamiento que celebraron
el Mincit y Sofrasa S.A. se inscribió en el contexto general del nuevo régimen de zonas francas industriales de bienes y de servicios que se inauguró con la expedición del Decreto 2131 de 1991, luego de la aprobación de la Ley 7 de
1991 –también conocida como Ley de Comercio Exterior–, y en el marco específico del Decreto 2480 de 1993 –“ [p]or el cual se establece un régimen de zona franca industrial de bienes y de servicios para las zonas francas industriales y comerciales de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Palmaseca y Santa Marta, en liquidación”. [...] Sise tiene en cuenta: que el usuario operador de una zona franca es, según los términos del inciso primero del artículo 8 del Decreto 2131 de 1991, una “persona jurídica que se constituye con el objeto de realizar actividades exclusivamente dentro del perímetro de la zona franca y desarrollar las actividades de promoción, dirección y administración de la zona”; que la declaración de una zona franca debe estar precedida de una solicitud por parte de aquel; que la resolución de selección del usuario operador y de declaratoria de la zona franca debe, entre otros puntos, indicar “las funciones, [los] derechos, [las] obligaciones y [las] responsabilidades que se derivan de la calidad de usuario operador” –aspectos dentro de los cuales están comprendidos aquellos relacionados con la ejecución del “[p]rograma de desarrollo de la zona” o “plan maestro de desarrollo general de la zona franca” referido en el numeral 3 de los artículos 4 del Decreto 2480 de 1993 y 16 del Decreto 2131 de 1991–; y que “a título de canon de arrendamiento” y como contraprestación por “tomar en arriendo los terrenos e instalaciones (…) objeto de declaratoria como zona franca”, Sofrasa S.A. debía pagar unas sumas de dinero al Mincit; es plausible considerar, al margen de que los “términos” de “[l]a construcción de nuevas obras y la ampliación de la infraestructura” se hubieran “estipul[ado] en el contrato de arrendamiento” a que hace referencia el numeral 2 del artículo 412 del Decreto 2480 de 1993 suscrito entre el Mincit y Sofrasa S.A., que quien tomó en arriendo los terrenos e instalaciones es la parte activa del aludido negocio jurídico, esto es, Sofrasa S.A. en su condición de arrendataria.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen jurídico del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 20 de agosto de 1998, rad. 14202, C. P. Juan de Dios Montes Hernández
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2131 DE 1991 - ARTÍCULO 16, DECRETO 2131 DE 1991 - ARTÍCULO 8 Y 9, DECRETO 2480 DE 1993 - ARTÍCULO 1, DECRETO 2480 DE 1993 - ARTÍCULO 3, DECRETO 2480 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993
NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL / APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Existía un procedimiento prestablecido para efectos de la declaración de incumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]ebo manifestar, por otro lado, que la razón por la cual comparto que se declare la nulidad de los actos administrativos de declaratoria de incumplimiento parcial del contrato de arrendamiento [...], es que, como se afirmó en la sentencia respecto de los actos administrativos de declaratoria de incumplimiento total y terminación unilateral del contrato –Resoluciones Nos. 1147 de 5 de agosto de 2002 y 296 de 28 de febrero de 2003–, “fueron proferid[o]s sin competencia”. Así, no estoy de acuerdo con la afirmación según la cual “aunque para la época (…) no existía el procedimiento prestablecido para efecto[s] de la declaración de incumplimiento del contrato dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, (…) sanciones como las derivadas del incumplimiento contractual no p[odían] imponerse de plano porque sí estaba previsto en el ordenamiento un procedimiento general aplicable a todos aquellos asuntos
no regulados expresamente por normas especiales.” A mi juicio, la primera parte del Código Contencioso Administrativo (el “CCA”) no resultaba aplicable a la declaratoria de incumplimiento parcial del contrato de
arrendamiento efectuada por el Mincit, pues para la fecha de expedición de los actos administrativos demandados la jurisprudencia estimaba que el debido proceso de los contratistas se garantizaba “a través del derecho ciudadano a interponer los recursos de la vía gubernativa”, y los incipientes desarrollos en punto de las garantías derivadas del derecho fundamental al debido proceso se habían producido únicamente con respecto a la declaratoria de caducidad del contrato estatal.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la garantía del debido proceso a los contratistas, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, rad. 16367. C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 24 de septiembre de 1998, rad. 14821, C. P. Ricardo Hoyos Duque; y Corte Constitucional, sentencia T-565 de 1992.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Aclaración voto — Aclaración de voto. 2025-04-28. C.P. FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ. Rad. 47001233100019990077801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233100019990077801-70158-aclaracion-voto).
