---
clave: "consejo_estado:providencia:44001234000020170017001-67522-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-24"
radicado: "44001234000020170017001"
numero: "67522"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:44001234000020170017001-67522-sentencia"
---

# Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-24
- **Radicado:** 44001234000020170017001
- **Número interno:** 67522
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEPARTAMENTO DE LA G
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:44001234000020170017001-67522-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/44001234000020170017001/A92BC00D13FFC02F2E143CFE02291E8866554028448A6B5C507CC47A62B2F703/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=440012340000201700170011100103

## Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento de convenio administrativo…
- ¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término convencionalmente pactado para la liquidación bilateral del acuerdo de…
- ¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 5

## Extracto

Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del CPACA, se advierte la vocación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas. En ese sentido, es oportuno recordar que la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural demanda al departamento de La Guajira, entidad territorial cuya naturaleza pública no admite duda alguna, así como tampoco la de su contraparte.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CUANTÍA DEL PROCESO, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, RESTITUCIÓN DE DINERO, PAGO DE INTERÉS MORATORIO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN, INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, ACTIVIDAD AVÍCOLA, RECURSO CONTRACTUAL NO EJECUTADO, DEVOLUCIÓN DE SALDOS, GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, PRINCIPIO DE EQUIDAD, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, ESTIMACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD, PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

## Guías prácticas relacionadas

- [Liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion.md): Qué hacer para cerrar un contrato y cuándo la liquidación queda firme.
- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Multas y cláusula penal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/multas-clausula-penal.md): Cómo distinguir una multa de una cláusula penal y cuándo puede imponerse cada una.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:08001233300020190022601-67460-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233100020070057901-58486-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020030084001-37630-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer impugnación judicial de actos administrativos de declaración de caducidad y liquidación unilateral de un contrato celebrado por un Distrito legalmente sometido al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020150001501-70692-sentencia.md)

## Texto del documento

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CUANTÍA DEL PROCESO / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del CPACA, se advierte la vocación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas. En ese sentido, es oportuno recordar que la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural demanda al departamento de La Guajira, entidad territorial cuya naturaleza pública no admite duda alguna, así como tampoco la de su contraparte. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 26 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia de este juicio, toda vez que la cuantía -determinada por el valor de la pretensión mayor - para la fecha de presentación de la demanda -2 de agosto de 2017 - superó los 500 SMLMV exigidos para aquella época, de conformidad con lo establecido en los artículos 150, 152-5 y 243 del CPACA.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RESTITUCIÓN DE DINERO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento de convenio administrativo, la efectividad de la cláusula penal pecuniaria pactada y la liquidación judicial del acuerdo cuestionado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala considera que el medio de control de controversias contractuales ejercido por el extremo activo es el procedente, toda vez que la demanda materia de análisis persigue: [i] la declaratoria de incumplimiento del convenio interadministrativo No. 20150418 del 1° de junio de 2015; [ii] la restitución del valor total que se desembolsó para que el Departamento ejecutara la línea avícola; [iii] el pago de los intereses moratorios correspondientes; [iv] la efectividad de la cláusula penal pecuniaria pactada y [v] la liquidación judicial del acuerdo de voluntades en cuestión.
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término convencionalmente pactado para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades objeto de estudio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conviene señalar que el CPACA, para efectos de determinar a partir de cuándo debe computarse el término de caducidad, establece una serie de reglas para los eventos en que la demanda tiene origen en un contrato -prescripciones procesales que también resultan aplicables a los convenios interadministrativos-. Para estudiar la oportunidad en la interposición del medio de control materia de análisis, la Sala aplicará la regla especial prevista en el aparte [v], literal [j], numeral 2 del artículo 164 del CPACA, disposición normativa con arreglo a la cual en la presente controversia el cómputo de los 2 años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término convencionalmente pactado para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades objeto de estudio. Para tal efecto, ha de señalarse que los extremos procesales acordaron que el Convenio materia de examen judicial se liquidaría de común acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a su finalización o la fecha del acuerdo que así lo dispusiera. En línea con lo anterior, es necesario precisar que el plazo de duración del acuerdo de voluntades en mención finalizó el 30 de noviembre de 2016, motivo por el cual se debe concluir que el término de 4 meses para liquidar consensuadamente el Convenio inició el 1° de diciembre de 2016 y se venció el 1° de abril de 2017. En ese orden de ideas, como el Convenio en comento no fue liquidado bilateralmente, el término máximo para acudir a esta jurisdicción se vencía el 2 de abril de 2019. En tal virtud, en la medida en que la demanda se presentó el 2 de agosto de 2017, la Sala advierte que su radicación fue oportuna, con independencia del lapso de suspensión del término de caducidad por el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]omo el incumplimiento parcial -respecto del programa avícola- que se le imputó al Departamento no fue un aspecto apelado en esta contienda judicial, lo cual se constata en el hecho de que la parte demandada ni siquiera impugnó el fallo de primer grado que así lo consideró, ello obliga a insistir en el hecho de que el ad quem solo podrá estudiar la cuestión decidida en función -exclusiva- de los reparos concretos que se hayan formulado en contra de la determinación cuestionada, sin que le sea dable extender su análisis a materias que no fueron objeto de reproche.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al marco fundamental del competencia del juez de segunda instancia, consultar sentencia de unificación de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN
Problema jurídico:
¿El tipo de acuerdo de voluntades pactado por las partes está edificado sobre un auténtico ánimo colaborativo, lo cual encaja perfectamente en el criterio asociativo y de cooperación que subyace a todo convenio interadministrativo, así como en el plano de horizontalidad en el que interactúan y se interrelacionan los extremos convencionales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala observa que la estructuración, la confección y el diseño del Convenio que en esta instancia judicial se analiza, en efecto, está edificada sobre un auténtico ánimo colaborativo de las entidades públicas que lo suscribieron, lo cual encaja perfectamente en el criterio asociativo y de cooperación que subyace a todo convenio interadministrativo, así como en el plano de horizontalidad en el que interactúan y se interrelacionan los extremos convencionales. En línea con lo anterior, la Subsección considera que no puede perderse de vista que el componente teleológico de la asociación acordada por el Ministerio y el Departamento, sin lugar a duda, irradia la forma en la que debe analizarse el conjunto de cargas obligacionales asignadas en el Convenio suscrito, parámetro de estudio que, necesariamente, también abarcará el cómo se cumplen y/o incumplen las prestaciones que se hayan plasmado en dicho acuerdo de voluntades.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / ACTIVIDAD AVÍCOLA / RESTITUCIÓN DE DINERO / RECURSO CONTRACTUAL NO EJECUTADO / DEVOLUCIÓN DE SALDOS
Problema jurídico:
¿Es viable jurídicamente restituir el monto total -$325’000.000- que le desembolsó el Ministerio al Departamento para ejecutar la línea avícola del Convenio, a pesar de que el incumplimiento de la entidad territorial demandada respecto de dicho proyecto productivo fue parcial?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala considera que no es plausible acceder a la restitución del monto total -$325.000.000- que el Ministerio le entregó al Departamento para la ejecución de la línea avícola del Convenio -pese a que el cumplimiento frente a dicho proyecto productivo fue parcial-, premisa que se sustenta en las razones que se pasan a explicar: De entrada, ha de insistirse y recordarse el hecho de que el cumplimiento parcial del Departamento -respecto de la línea avícola- no es objeto de debate en este asunto -aspecto que no fue apelado-, razón sencilla -pero suficiente- para determinar que el daño reclamado -devolución del valor total del proyecto productivo- por el Ministerio carece de certeza, puesto que, en estricto sentido, las actividades de capacitación -primera etapa- asociadas al programa en cuestión se pagaron y se ejecutaron, de ahí que sea la insatisfacción parcial -y no absoluta del objeto convencional acordado la que torne procedente la restitución del monto desembolsado y no ejecutado por el Departamento. Por lo demás, esta conclusión se acompasa con lo estipulado en las cláusulas séptima y vigésima sexta del Convenio, disposiciones en las cuales las entidades públicas cooperantes acordaron la restitución de los recursos transferidos que no hubiesen sido ejecutados [hecho probado 6.5.]. (...) resulta plausible señalar que el Ministerio, al solicitar la restitución de todo el dinero que le entregó al Departamento para ejecutar el programa avícola, sin reparar conscientemente en el hecho de que la entidad territorial demandada sí ejecutó una suma considerable -$183’177.200- del monto económico que se le entregó -$325’000.000- para concretar el proyecto avícola acordado, ignora y desconoce las labores desplegadas por la entidad territorial cooperante, enderezadas al logro del objetivo común perseguido a través del Convenio sobre el que gravita esta contienda judicial, cuya realización por parte de la entidad demandada impide acceder a la restitución del valor correspondiente a su ejecución, al eliminar respecto del monto ejecutado la certeza del daño. (...) En ese orden de ideas, como el Departamento cumplió parcialmente -hecho que no es objeto de discusión en este litigio- con algunas de las labores que se le asignaron en el marco de la línea avícola del Convenio -primer componente-, la entidad territorial demandada solo debe restituirle al Ministerio el monto sobre el que se reputa su desatención obligacional -parcial-, suma sobre la cual, en efecto, sí existe certeza del daño reclamado por el extremo activo. Así las cosas, como el valor total que el Ministerio le desembolsó al Departamento para ejecutar la línea avícola ascendió a $325’000.000, suma respecto de la cual se ejecutaron -en términos efectivos- $183’177.200, es necesario concluir que el valor que debe restituírsele al extremo activo -previo a su correspondiente actualización- es de $141’822.800. Ahora bien, pese a que este reparo concreto formulado por el Ministerio en su impugnación no prospera, conclusión que se apoya en los argumentos antes expuestos, lo cierto es que la Sala no pierde de vista que el Tribunal a quo no actualizó el valor que se le debe reconocer a la parte activa por cuenta del incumplimiento parcial previamente reseñado, motivo por el cual la sentencia apelada se modificará respecto de dicha suma de dinero -$141’822.800-, lo cual se realizará con estricto apego a las fórmulas jurisprudencialmente aceptadas para el efecto. (...) el valor que debe reintegrarle el Departamento al Ministerio por cuenta de la desatención obligacional -parcial- antes referida asciende a $216’381.859, monto que, necesariamente, también se verá reflejado en liquidación judicial del Convenio realizada por el a quo, a pesar de que este último aspecto no haga parte -en estricto sentido- del objeto del recurso apelación.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / PRINCIPIO DE EQUIDAD
OBITER DICTUM
[E]sta Subsección advierte que el operador judicial está habilitado normativamente -incluso se puede considerar que es su obligación- para fijar la reducción proporcional y equitativa del valor de la cláusula penal pecuniaria, posibilidad que también ha sido catalogada como un derecho de los extremos convencionales. Para tal efecto, esta Sección ha considerado que los aspectos que debe considerar -con estricto apego al principio de proporcionalidad y al criterio de la equidad- el juzgador para graduar la sanción pecuniaria son los siguientes: [i] el porcentaje del acuerdo de voluntades que efectivamente haya ejecutado el contrayente -requisito sobre el que versará el análisis de la Sala, pues es el que está en auténtica controversia- y [ii] si el otro extremo convencional recibió esa parte del objeto acordado.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la graduación de la cláusula penal pecuniaria del convenio, consultar sentencia de 13 de noviembre de 2008, Exp. 17009, C.P. Enrique Gil Botero y sentencia de 22 de abril de 2009, Exp. 29699, C.P. Enrique Gil Botero.
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ESTIMACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / PRINCIPIO DE EQUIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es posible hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en los términos estrictamente pactados en el acuerdo de voluntades objeto de examen, es decir, el 10% del valor total del Convenio -$5.262’554.000-, el cual ascendería a $526’255.400?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala anticipa que el reparo concreto que aquí se analiza no se acogerá, determinación que se sustenta de la siguiente forma: (...) Si bien es cierto que las entidades públicas suscribientes del Convenio no hicieron alusión alguna al principio de proporcionalidad y al criterio de la equidad en la cláusula penal pecuniaria que acordaron, ello, en definitiva, no puede ser interpretado como la imposibilidad para acudir a las normas civiles -artículo 1596 del Código Civil- y mercantiles -artículo 867 del Código de Comercio- que regulan y habilitan -incluso lo obligan- al operador judicial a realizar su correspondiente graduación, máxime si se tiene en cuenta que, aunque en gracia de discusión pudiera considerarse que tiene efectos vinculantes, el Ministerio y el Departamento no limitaron expresamente la aplicación de dichas disposiciones. Dicho en otros términos, no es cierto que el diseño convencional que le otorgó el Ministerio y el Departamento a su estimación anticipada de perjuicios, en efecto, sea un verdadero obstáculo para que el juzgador pueda garantizar el principio de proporcionalidad y el criterio de la equidad en la fijación del monto de la pena, dado que, se reitera, la graduación del monto imponible, además de ser considerado una obligación exigible a la autoridad judicial, también es considerado un derecho de los extremos convencionales. Así las cosas, la Subsección observa que el Tribunal a quo, aunado al hecho de que sí podía efectuar el juicio de proporcionalidad -con apoyo en el criterio de la equidad para reducir el monto de la sanción pecuniaria pactada en el Convenio, lo hizo de manera correcta. (...) Así las cosas, es importante reiterar que, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia de esta Sección, el porcentaje de ejecución parcial es uno de los parámetros de análisis que debe tener en cuenta el operador judicial para efectuar el juicio de proporcionalidad -junto con el criterio de la equidad- para graduar el monto de la cláusula penal pecuniaria estipulada. Así las cosas, la aplicación del 10% sobre el monto realmente incumplido del Convenio permite concluir que la cláusula penal pecuniaria debe hacerse efectiva en la suma de $14’182.220, tal y como lo propuso el a quo en el fallo impugnado. Ahora, aunque este reparo concreto formulado por el Ministerio en su impugnación tampoco prospera, determinación que se sustenta en las razones previamente analizadas, lo cierto es que esta Sala de Subsección, al igual que en el primer motivo de disenso, actualizará el valor que se le debe reconocer a la parte activa a raíz de la efectividad de la sanción pecuniaria, motivo por el cual la sentencia apelada se modificará respecto de dicha suma de dinero -$14’182.220-, lo cual se realizará con sujeción a las fórmulas jurisprudencialmente aceptadas para tal propósito. Por cuenta del incumplimiento parcial de la línea avícola del Convenio, el monto actualizable que debe pagarle el Departamento al Ministerio a título de cláusula penal pecuniaria es de $14’182.220. (...) En tal virtud, efectuada la correspondiente actualización, el valor que debe pagarle el Departamento al Ministerio a título de pena es de $19’120.454, monto que, necesariamente, también se verá reflejado en liquidación judicial del Convenio realizada por el a quo, a pesar de que este último aspecto no haga parte -en estricto sentido- del objeto del recurso apelación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596
PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿No procede la condena en costas por prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
a Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, toda vez que en el presente juicio se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 365-5 del CGP -aplicable en virtud de la remisión normativa consignada en el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021-.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-04-24. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 44001234000020170017001. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:44001234000020170017001-67522-sentencia).
