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clave: "consejo_estado:providencia:44001234000020140012601-70470-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-08-13"
radicado: "44001234000020140012601"
numero: "70470"
ponente: "FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ"
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# Consejo de Estado: el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-08-13
- **Radicado:** 44001234000020140012601
- **Número interno:** 70470
- **Ponente:** FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** UNION TEMPORAL AYATALII WAYUU, FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL- FUNDAGES, FUNDACIÓN SEMILLAS COLOMBIA, FUNDACIÓN EKIRAJAA, FUNDACIÓN AVANCES
- **Demandado:** MUNICIPIO DE MAICAO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:44001234000020140012601-70470-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/44001234000020140012601/8ECC3676F1FFC7219849FF4F4E155562E019BC94F870C8CACBBDA3ED4898DF2A/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=440012340000201400126011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Regla de decisión

El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación, salvo las excepciones que se derivan de los principios o normas constitucionales, los compromisos vinculantes asumidos por el Estado y las normas legales de carácter imperativo.

## Problema jurídico

¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación, salvo las excepciones que se derivan de los principios o normas constitucionales, los compromisos vinculantes asumidos por el Estado y las normas legales de carácter imperativo?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el reconocimiento y pago de una mayor cantidad de servicios educativos prestados en el marco de un Contrato de…
- ¿Aunque las partes denominaron “contrato” al negocio jurídico por ellas contraído, lo que realmente suscribieron fue un “convenio” de asociación para “la prestación del servicio público educativo en…
- ¿Debe declararse de oficio la caducidad del medio de control de controversias contractuales incoado para reclamar el pago de las sumas por concepto de mayor cantidad de servicios de educación…

## Extracto

Esta Corporación ha establecido, que el marco fundamental de competencia del juez de la alzada lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior.

## Síntesis temática

El juez de segunda instancia se circunscribe al contenido del recurso de apelación, salvo excepciones derivadas de principios constitucionales, compromisos internacionales del Estado y normas legales imperativas, lo que implica que su competencia se limita a los aspectos específicamente planteados por el recurrente, a menos que se trate de materias que por su naturaleza deben ser decididas oficiosamente. En otro orden, el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para resolver disputas que surgen de la ejecución de contratos estatales, como en el caso de una Unión Temporal que reclama el pago de mayores cantidades de servicios prestados en el marco de un contrato de asociación y apoyo, siempre y cuando la controversia tenga su origen en el contrato y no en un enriquecimiento sin causa. Esta decisión reitera y refuerza la jurisprudencia existente sobre la competencia del juez de segunda instancia y la procedencia del medio de control de controversias contractuales, lo que tiene implicaciones significativas para la interpretación y aplicación de la ley en casos similares.

## Descriptores temáticos

MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL, FUENTE DEL DAÑO, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, ACTIO IN REM VERSO, NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIO IN REM VERSO, OBJETO DE LA ACTIO IN REM VERSO, EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO, IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, CONTRATO DE ASOCIACIÓN, CONTRATO DE APOYO, DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO, CONVENIO DE ASOCIACIÓN, NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN, OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN, REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO, PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN, SERVICIO EDUCATIVO, SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN, SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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- [Consejo de Estado — La tarea de confrontación entre los argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado que son atacados por esta vía es la que determina la competencia material del juez de segunda instancia, pues precisamente el tema de decisión a cargo del ad quem queda delimitado al examen de dos tesis opuestas cuyo enfrentamiento debe ser desatado.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:50001233100020054004401-53800-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — No es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020100050001-72944-sentencia.md)

## Texto del documento

MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación, salvo las excepciones que se derivan de los principios o normas constitucionales, los compromisos vinculantes asumidos por el Estado y las normas legales de carácter imperativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
"Esta Corporación ha establecido, que el marco fundamental de competencia del juez de la alzada lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior. Conviene precisar, en todo caso, que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse junto con las excepciones que se derivan: (i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; (ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario; y (iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada."
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco fundamental de competencia del Consejo de Estado, consultar providencias de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / FUENTE DEL DAÑO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO / ACTIO IN REM VERSO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIO IN REM VERSO / OBJETO DE LA ACTIO IN REM VERSO / EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / CONTRATO DE ASOCIACIÓN / CONTRATO DE APOYO
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el reconocimiento y pago de una mayor cantidad de servicios educativos prestados en el marco de un Contrato de Asociación y Apoyo?
Respuesta al problema jurídico: Si
"En primer lugar, se debe señalar que la parte demandante presentó la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales dispuesto en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, solicitando la liquidación judicial del Contrato de Asociación y Apoyo No. 002 de 2011; y el reconocimiento y pago del mayor valor resultante de la ejecución final del contrato en 3.546 o, en subsidio, 2.189 estudiantes atendidos por encima de lo pactado. (...) Por su parte, el Municipio de Maicao sostuvo que el demandante obró por fuera de lo pactado en el Contrato de Asociación y Apoyo a un Programa de Interés Público No. 002 de 2011; que la entidad en ningún momento lo autorizó a prestar ese servicio, y mucho menos lo obligó o constriñó para que lo hiciera y que para atender los alumnos adicionales debía tener un contrato escrito con todos los requisitos de ley. (...) Ahora bien, corresponde a la Sala definir cuál es el medio de control procedente en el sub examine, si el que se asocia en forma directa con el principio del derecho que enseña que nadie pueda enriquecerse a costa de otro sin causa justa o, si la Unión Temporal lo que pretende es el pago de unas mayores cantidades de servicios prestados o mayores costos en el marco del contrato de asociación en cita, pues al final de cuentas, el medio lo define la causa del reclamo y el perjuicio alegado. (...) Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que, en materia de lo contencioso administrativo, la fuente del daño determina el medio de control procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional (...). [L]a actio in rem verso es una acción independiente y autónoma, siendo procedente siempre que no exista un contrato, porque cuando éste constituye, como en este caso, la fuente de una controversia, la ley prevé como medio de control pertinente el de controversias contractuales. (...) En este punto, cabe resaltar que el contrato adicional se configura cuando hay una variación sustancial en las prestaciones del contrato, mientras que la adición contractual se presenta cuando se ejecutan mayores cantidades de las inicialmente previstas, sin modificarse el objeto del contrato; en otras palabras, la caracterización cualitativa comportó que los contratos adicionales debían, necesariamente, modificar el objeto contractual, ya que los cambios menores se consideran simples adiciones. (...) Así las cosas, resulta completamente claro que el reconocimiento que pretende la parte actora, tiene su fuente en una controversia contractual, derivada de la negativa del ente territorial demandado, en reconocer, liquidar y pagar a la Unión Temporal unas mayores cantidades de servicio, que considera fueron ejecutadas, sin que tal negación pueda ni deba entenderse como un enriquecimiento sin causa, pues tal controversia se derivó de un contrato y con ocasión de su ejecución. En adición, de la causa petendi de la demanda, se evidencia la solicitud para que se proceda a la liquidación judicial del contrato, ruego de justicia propio del medio de control de controversias contractuales."
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la escogencia del medio de control, consultar providencias de 13 de mayo de 2009, Exp. 15652. C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 12 de mayo de 2011, Exp. 26758, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 09 de abril de 2021, Exp. 50371, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. En relación con la procedencia de la actio in rem verso, consultar providencias de 11 de diciembre de 1984, Exp. 4070, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 22 de febrero de 1991, Exp. 5618, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 6 de septiembre de 1991, Exp. 6306, C.P. Daniel Suárez Hernández; de octubre de 1991, Exp. 5686, C.P. Julio César Uribe Acosta; de 25 de octubre de 1991, Exp. 6103, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 29 de enero de 2009, Exp. 15662, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 6 de febrero de 2020, Exp. 46361, C.P. María Adriana Marín. En relación con la noción de contrato adicional, consultar concepto de 18 de julio de 2002, Rad. 1439, C.P. Susana Montes de Echeverri. Sobre el alcance de la ejecución de mayores cantidades de trabajo y la acción procedente para reclamarlas, consultar providencia de 04 de junio de 2015, Exp. 28400, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN / SERVICIO EDUCATIVO / SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN / SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Aunque las partes denominaron “contrato” al negocio jurídico por ellas contraído, lo que realmente suscribieron fue un “convenio” de asociación para “la prestación del servicio público educativo en la zona rural del Municipio de Maicao”, gobernado por los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares?
Respuesta al problema jurídico: Si
"La jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido una distinción clara entre los contratos y los convenios de la Administración, que parte de la identificación de la naturaleza, características y finalidad de esos acuerdos, lo cual permite, entre otras cosas, establecer el régimen jurídico aplicable en cada caso concreto. (...) En primer lugar, respecto de los convenios de interés público, impone señalar, que dentro de sus varias expresiones y/o tipologías, se encuentran los denominados “convenios de asociación” de los cuales habrá de profundizar la Sala, en procura de establecer algunos componentes axiales de su dogmática y dilucidar su aplicación en el caso concreto. (...) En los convenios de asociación, la administración no transfiere o asigna a los particulares el ejercicio de una función que le es propia, sino que se asocia temporal o permanentemente con ellos para ejecutarla o garantizar su mejor realización, pues puede ocurrir, que para garantizar la ejecución de los objetivos y funciones atribuidos a una entidad estatal, ella opte por asociarse con particulares que tienen intereses comunes frente a la ejecución de las funciones administrativas que el Estado se propone realizar. (...) Descendiendo al caso concreto, y atendiendo el contenido del llamado “Contrato de Asociación y Apoyo a un Programa de Interés Público No. 002 de 2011”, es dable afirmar que, la naturaleza del negocio jurídico no la da el título o denominación que sus contrayentes le otorguen, por el contrario, esta se determina por el objeto, alcance, finalidad, derechos y obligaciones, etc., que constituyen los rasgos determinantes de su esencia. Por lo tanto, para la Sala resulta claro que, aunque las partes denominaron “contrato” al negocio jurídico por ellas contraído, lo que realmente suscribieron fue un “convenio” de asociación (...). Esta conclusión encuentra apoyo en el acervo procesal y puntualmente en las razones que a continuación se explican. El citado convenio de asociación suscrito por las partes, (i) tuvo como objeto el apoyo a un programa de interés público, (ii) fue celebrado entre una entidad estatal (Municipio de Maicao) con la Unión Temporal (...), persona jurídica de derecho privado conformada por (...) entidades sin ánimo de lucro en cuyos objetos sociales se encontraban actividades relacionadas con la prestación del servicio educativo y la enseñanza, es decir, tienen una finalidad que atiende al interés general o beneficia a un número importante de personas, de forma tal que las mismas contribuyen a la realización de los fines o cometidos estatales. (...) Así mismo, (iii) en las consideraciones, las partes anotaron, entre otras cosas, que se regiría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y Decreto 777 de 1992 (...). Además, (iv) resulta clara la concurrencia de esfuerzos para llevar a cabo un fin de interés social que le es común a las dos partes. (...) De esta forma, el particular y el ente público acordaron la ejecución conjunta del servicio educativo dentro de su territorio, para lo cual cada parte (además de los aportes de gestión y operacionales) contribuyó con recursos económicos para la consecución de los objetivos del Convenio. (...) En consecuencia, no se advierte que se hubiere pactado una relación patrimonial conmutativa entre el Municipio de Maicao y la Unión Temporal que apunte a calificarlo como un contrato estatal sujeto al régimen de la Ley 80 de 1993, por el contrario (se reitera), lo que se estipuló fue la conjunción de esfuerzos y recursos para “la prestación del servicio público educativo en la zona rural del Municipio de Maicao”. Según el esquema reflejado en el convenio, la entidad pública demandada no obtendría una contraprestación directa por su ejecución, pues los beneficiarios son los estudiantes de este municipio (niños, niñas y adolescentes indígenas). (...) Como corolario de lo expuesto, -se reitera-, el régimen jurídico aplicable al Convenio No. 002 de 2011 es el dispuesto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 777 de 1992, además de constar por escrito, su celebración estaba sometida a los requisitos y formalid

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

actuales incoado para reclamar el pago de las sumas por concepto de mayor cantidad de servicios de educación prestados en el marco de un convenio de asociación, puesto que no se pactó de forma expresa, clara e inequívoca el plazo de 2 meses para la liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: Si
"La controversia, planteada desde la demanda y delimitada según lo manifestado en el recurso de apelación, gira en torno a si la Unión Temporal tiene derecho a que dentro de la liquidación judicial del Contrato de Asociación y Apoyo No. 002 de 2011, se le reconozca y pague las sumas solicitadas por concepto de la mayor cantidad de servicios prestados, los cuales corresponden a la atención de dos mil ciento ochenta y nueve (2.189) estudiantes en exceso a lo pactado, y a cuál sería el medio de control adecuado para elevar dichas reclamaciones ante la jurisdicción y se presentó oportunamente. (...) De acuerdo con lo probado en el plenario, el Convenio de Asociación y Apoyo No. 002 de 2011 terminó el 28 de noviembre de 2011 y, en relación con la liquidación del mismo, en la cláusula vigésima primera las partes acordaron lo siguiente: “El presente contrato se liquidará de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007”. (...) Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que en los contratos exceptuados del EGCAP pueden pactarse facultades unilaterales en favor de alguna de las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, lo que de manera alguna las equiparara a las prerrogativas públicas de las que están investidas las entidades contratantes por ministerio de la ley. (...) Si bien en los contratos que se rigen por el derecho privado no existe la obligación de liquidarlos (...), resulta válida la inclusión de cláusulas con esa finalidad, lo cual constituye una manifestación del ejercicio de la autonomía de la voluntad, siempre y cuando no contravengan el orden jurídico ni las finalidades del Estado. (...) Así mismo, esta Corporación ha indicado que este tipo de acuerdos es procedente en el escenario de los contratos exceptuados del EGCAP y ha enfatizado en la necesidad de que aquellos se plasmen de manera expresa, clara e inequívoca. (...) En el presente caso, se advierte que en la cláusula vigésima primera se hizo una remisión abstracta y genérica al artículo 11 de la ley 1150 de 2007, sin establecer si era (i) una remisión al trámite procedimental para liquidar el convenio o (ii) a la facultad unilateral de la Administración para liquidarlo. (...) Así las cosas, dado que la regla convencional en cita no especificó con detalle cuál sería la modalidad -bilateral y/o unilateral- en la que se adelantaría la liquidación del Convenio No. 002 de 2011, la Subsección estima que, en la medida en que al acuerdo de voluntades que aquí se analiza se gobernó por las disposiciones y las dinámicas negociales propias del derecho privado, es dable concluir que el ejercicio liquidatario debía materializarse de mutuo acuerdo. (...) En consecuencia, y atendiendo que las partes del convenio No. 002 de 2011 no pactaron de forma expresa, clara e inequívoca que el Municipio de Maicao podía liquidarlo unilateralmente, en caso de que no se hubiera podido hacer de forma bilateral, la Sala concluye que no resulta procedente contabilizar los dos (02) meses siguientes con los que cuenta la entidad para este tipo de liquidación. (...) En ese orden de ideas, el término de cuatro (04) meses siguientes que tenían las partes para liquidar el convenio por mutuo acuerdo venció el 29 de marzo de 2012; y el término de caducidad de dos (2) años para interponer la demanda, operaba el 30 de marzo de 2014, razón por la cual, por haberse presentado la solicitud de conciliación extrajudicial el 20 de mayo de 2014, (expedido la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad el 02 de julio de la misma anualidad); y radicada la demanda el 08 de julio de 2014, se concluye que operó el fenómeno de la caducidad del medio de control de controversias contractuales en el sub lite. (...) Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia, y en su lugar, declarará, de manera oficiosa, la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales."
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de caducidad, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-227 de 2009. Acerca del ejercicio de facultades unilaterales en favor de alguna de las partes de un contrato regido por el derecho privado, consultar providencias 20 de febrero de 2017, Exp. 56562, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 12 de diciembre de 2022, Exp. 66729, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; 21 de noviembre de 2022, Exp. 68616, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Acerca del cómputo del término de caducidad, consultar providencias de 24 de agosto de 2016, Exp. 41783, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E); de 2 de marzo de 2017, Exp. 51689, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 24 de abril de 2017, Exp. 55836, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 19 de julio de 2017, Exp. 57394, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 22 de octubre de 2021, Exp. 65978, C.P. Martha Nubia Velasquez Rico. Sobre un asunto similar, en el que las partes no pactaron la liquidación unilateral del convenio, consultar providencia de 30 de septiembre de 2020, Exp. 65358, C.P. Guillermo Sánchez Luque. Acerca de la facultar para declarar de oficio la caducidad, consultar providencia de 6 de abril de 6 de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1524, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 16
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Aunque no prosperan las súplicas de la demanda resulta improcedente la condena en costas, dado que, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la demandante, se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en los ordinales solicitados por el recurrente?
Respuesta al problema jurídico: Si
"De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte que resulte vencida en el proceso.(...) El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. (...) En el caso bajo estudio, si bien es cierto, no prosperan las súplicas de la demanda, no es menos cierto, que con ocasión de la alzada se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en los ordinales solicitados por el recurrente, por lo tanto, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte demandante."
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-08-13. C.P. FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ. Rad. 44001234000020140012601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:44001234000020140012601-70470-sentencia).
