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clave: "consejo_estado:providencia:41001233300020140021101-62319-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversia contractual derivada de un contrato"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-12-11"
radicado: "41001233300020140021101"
numero: "62319"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversia contractual derivada de un contrato

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-12-11
- **Radicado:** 41001233300020140021101
- **Número interno:** 62319
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR
- **Demandado:** MUNICIPIO DE NEIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:41001233300020140021101-62319-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/41001233300020140021101/DE6EC292F5DB59987F14C2429C21DF2A9EDC4D68B5D00C3A67ADAE6EAD402E41/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=410012333000201400211011100103

## Problema jurídico

¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversia contractual derivada de un contrato para la administración de recursos del régimen subsidiado, que fue suscrito por una entidad territorial?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿Los actos expedidos en el marco del contrato de administración de recursos y aseguramiento del régimen subsidiado, no son actos administrativos sino actos jurídicos contractuales?
- ¿Las resoluciones expedidas por el municipio de Neiva, por medio de las cuales liquidó unilateralmente el contrato de aseguramiento suscrito con Comfamiliar, son actos jurídicos contractuales?
- ¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar los actos jurídicos de naturaleza contractual…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 104

## Extracto

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, vigente a la fecha de radicación de la demanda y, por lo mismo, aplicable al presente proceso, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato para la administración de recursos del régimen subsidiado, que fue suscrito entre una entidad territorial, como lo es el municipio de Neiva , y Comfamiliar EPS.

## Síntesis temática

El contratista puede acudir al medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos jurídicos de naturaleza contractual que no son actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado y la autonomía de la voluntad de las partes. En este caso, la entidad estatal suscribió un contrato de administración de recursos del régimen subsidiado con una EPS, y en el marco de este acuerdo, la entidad territorial liquidó unilateralmente el contrato mediante resoluciones que, a pesar de ser calificadas inicialmente como actos administrativos, fueron determinadas como actos jurídicos contractuales por la Sala. La competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversias derivadas de contratos de administración de recursos del régimen subsidiado se establece en el artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Concursal, lo que permite que el medio de control de controversias contractuales sea procedente para examinar la responsabilidad contractual en lugar del juicio de legalidad. Esta decisión reitera y matiza la interpretación de la naturaleza de los actos jurídicos en contratos de administración de recursos del régimen subsidiado, permitiendo una mayor flexibilidad en la aplicación del derecho privado en la contratación estatal.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD TERRITORIAL, CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD, CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDAD TERRITORIAL, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL, RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, ACTO JURÍDICO, ACTO CONTRACTUAL, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ACTO JURÍDICO UNILATERAL, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA, PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, EXCEPCIÓN DE CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, AFILIADO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, PRINCIPIO DE LA AUTORRESPONSABILIDAD, CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, REVOCATORIA DE LA SENTENCIA, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD TERRITORIAL / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDAD TERRITORIAL / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversia contractual derivada de un contrato para la administración de recursos del régimen subsidiado, que fue suscrito por una entidad territorial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, vigente a la fecha de radicación de la demanda y, por lo mismo, aplicable al presente proceso, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato para la administración de recursos del régimen subsidiado, que fue suscrito entre una entidad territorial, como lo es el municipio de Neiva , y Comfamiliar EPS.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ACTO JURÍDICO / ACTO CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Los actos expedidos en el marco del contrato de administración de recursos y aseguramiento del régimen subsidiado, no son actos administrativos sino actos jurídicos contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los contratos de administración de recursos del régimen subsidiado, o también denominados contratos de aseguramiento -como el negocio jurídico en cuestión-, se rigen por el derecho privado, con la posibilidad de incluir las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993). Siguiendo esa línea argumentativa y teniendo en cuenta que entre Comfamiliar y el municipio de Neiva se suscribió un contrato de administración de recursos y aseguramiento del régimen subsidiado, ha de advertirse que las decisiones adoptadas por el ente territorial en el marco de esa relación negocial de derecho privado no constituyen actos administrativos con carácter ejecutivo y ejecutorio sino actos jurídicos contractuales como expresión de la autonomía privada, con excepción de los casos en los que las disposiciones legales dispongan lo contrario -como el ejercicio de las cláusulas exorbitantes previstas en la Ley 80-.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la naturaleza de los actos expedidos por la Administración en el curso de la ejecución de los contratos del Estado exceptuados del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, consultar sentencia de 18 de agosto de 2020, Exp. 36875, C.P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia de 19 de julio de 2017, Exp. 57394, Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTO JURÍDICO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / ACTO CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Las resoluciones expedidas por el municipio de Neiva, por medio de las cuales liquidó unilateralmente el contrato de aseguramiento suscrito con Comfamiliar, son actos jurídicos contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se observa que las partes acordaron que el contrato debía liquidarse y que, en caso de que no se lograra por mutuo acuerdo, el municipio de Neiva, que es el que fungió como ente contratante, adelantaría las actuaciones para liquidarlo unilateralmente, ello, según se pactó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto 50 de 2003 y por medio de la expedición de un acto administrativo. En este punto cabe señalar que, aun cuando se estipuló que la liquidación unilateral se materializaría a través de acto administrativo, la Sala advierte que las resoluciones de liquidación unilateral expedidas por el ente territorial son actos jurídicos contractuales, por el régimen que gobierna este tipo de negocios jurídicos. (...) la Sala concluye que las resoluciones expedidas por el municipio de Neiva, por medio de las cuales liquidó unilateralmente el contrato de aseguramiento suscrito con Comfamiliar, son actos jurídicos contractuales y no administrativos, atendiendo al régimen de derecho privado que rige esa clase de acuerdo de voluntades, cuya facultad para proferirlos devino de la autonomía de la voluntad de las partes que se plasmó en el negocio jurídico objeto de estudio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 50 DE 2003 - ARTÍCULO 50
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / ACTO JURÍDICO / ACTO CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA
Problema jurídico:
¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar los actos jurídicos de naturaleza contractual, cuyo estudio gira en torno ya no al juicio de legalidad por no ser actos administrativos, sino bajo la perspectiva de las responsabilidad contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la demanda se cuestionaron las Resoluciones Nos. 0119 del 17 de septiembre de 2012 y 045 del 26 de diciembre de 2012, por medio de las cuales el municipio de Neiva liquidó el contrato de aseguramiento en cuestión, invocándose causales propias de nulidad, como se desprende de los fundamentos de derecho. Tales resoluciones fueron tildadas de actos administrativos pero, en virtud de lo expuesto en el acápite anterior, no ostentan ese carácter y esa naturaleza, sino que son actos jurídicos contractuales, en tanto el régimen que gobierna los contratos de aseguramiento es el derecho privado y no el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y, por ende, se itera, los actos expedidos en el marco de su ejecución no pueden reputarse como actos administrativos, sino como actos jurídicos contractuales como expresión de la autonomía de la voluntad. En ese contexto, y teniendo en cuenta que el artículo 141 del CPACA establece que el medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la nulidad de actos administrativos contractuales, cabe preguntarse si ese mecanismo judicial también es idóneo para cuestionar los actos jurídicos contractuales, desde luego ya no bajo la óptica del juicio de legalidad que corresponde cuando de por medio hay actos administrativos con carácter ejecutivo y ejecutorio. El anterior interrogante, frente al medio de control procedente en estos eventos, encuentra respuesta en la sentencia de unificación dictada el 9 de mayo de 2024 por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación (...) De acuerdo con la pauta jurisprudencial de unificación en cita, queda claro que el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo judicial procedente para cuestionar los actos proferidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en el marco de la actividad contractual, que no son actos administrativos sino actos jurídicos de naturaleza contractual, tesis que se hace extensible al caso concreto, al margen de que la sentencia de unificación haya girado en torno a actuaciones de dichas empresas de servicios públicos. A juicio de esta Sala de Subsección, las consideraciones plasmadas en el fallo de unificación resultan aplicables en el sub lite, por cuanto las actuaciones del municipio de Neiva -en el marco de los contratos de aseguramiento-, al igual que las de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, se rigen por el derecho privado, de manera que los actos expedidos por el ente territorial, por medio de los cuales liquidó unilateralmente el negocio jurídico objeto de estudio, son actos jurídicos contractuales -no administrativos- y, por ende, también son controlables judicialmente por la vía del medio de control de controversias contractuales. Es así que, frente a los actos jurídicos de naturaleza contractual proferidos por el municipio de Neiva, resulta procedente el medio de control ejercido por la demandante, que fue el de controversias contractuales, con la precisión de que en este caso no es posible hacer el análisis desde la perspectiva del juicio de legalidad de los actos administrativos, por más de que en la demanda se hayan invocado causales nulidad y de que a las resoluciones las partes les hayan dado la connotación de “actos administrativos”, sino que el estudio se realizará desde la óptica de la responsabilidad contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la procedencia del medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos jurídicos contractuales, consultar sentencia de unificación de 9 de mayo de 2024, Exp. 53962, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / ACTO JURÍDICO / ACTO CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al conocimiento por parte de Comfamiliar EPS del Huila, de los actos jurídicos contractuales expedidos por el municipio de Neiva, por medio de los cuales se liquidó unilateralmente el contrato de aseguramiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
El CPACA, en el literal j), numeral 2, del artículo 164 del CPACA, establece la regla general de que en las controversias relativas a contratos el término para demandar será de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirvan de fundamento del libelo introductorio. Los motivos de hecho que sirvieron de fundamento de la demanda en este caso se concretaron en las resoluciones expedidas por el municipio de Neiva, por medio de las cuales se liquidó unilateralmente el contrato de aseguramiento objeto de estudio, por lo cual esas decisiones denominadas como resoluciones por el ente territorial demandado, que no son actos administrativos sino actos jurídicos contractuales, sean el referente para el conteo de la caducidad. Cabe precisar que, aunque la liquidación unilateral no se realizó dentro de los 30 días previstos contractualmente, lo cierto es que sí se concretó dentro de los 2 años posteriores al vencimiento de dicho plazo , y teniendo en cuenta que lo que debate o cuestiona la parte demandante en este asunto es el contenido de dicho acto jurídico contractual, aquel no puede quedar desprovisto de control jurisdiccional, de ahí que en este caso particular la caducidad deba computarse a partir de que Comfamiliar EPS del Huila tuvo conocimiento de las resoluciones atacadas. (...) Pues bien, la Resolución No. 0119 del 17 de septiembre de 2012, que liquidó unilateralmente el contrato en cuestión, fue confirmada por la Resolución No. 045 del 26 de diciembre de 2012, esta última siendo conocida por Comfamiliar EPS el 11 de enero de 2013, de manera que el plazo para ejercer el derecho de acción en el presente asunto fenecía el 12 de enero de 2015 y dado que la demanda se interpuso el 13 de mayo de 2014, la Sala concluye que se radicó en oportunidad, con independencia del lapso de suspensión del término de caducidad por el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRA

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

xtrajudicial, el cual, en todo caso y tal como acaba de exponerse, sí fue satisfecho por Comfamiliar.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO JURÍDICO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / ACTO CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AFILIADO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL / PRINCIPIO DE LA AUTORRESPONSABILIDAD / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La liquidación unilateral realizada por el municipio de Neiva respecto del contrato de aseguramiento obedeció a la realidad de la ejecución de tal negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
En este caso, partiendo de lo señalado por el Tribunal a quo en el sentido de que Comfamiliar no acreditó la suma que supuestamente debía reconocerse en su favor en la liquidación, ni ninguna otra -lo cual era necesario para desacreditar lo dispuesto por el municipio de Neiva en la liquidación unilateral-, la Subsección advierte que, al inobservarse el principio de autorresponsabilidad de la carga de la prueba, la consecuencia lógica era negar las pretensiones de la demanda y no otra. Sumado a lo anterior, la Sala destaca, contrario a lo expuesto por el a quo, que en el expediente no obra prueba de la cual pueda desprenderse que la liquidación unilateral efectuada por el municipio de Neiva hubiese desconocido la realidad de la ejecución del negocio jurídico (...) en contravía a lo señalado por el Tribunal a quo, que la liquidación unilateral no desconoció la realidad de la ejecución del contrato de aseguramiento, porque para el pago de las UPC-S se requería que los usuarios estuvieran activos en la BDUA, según lo pactado en el mismo negocio jurídico y lo previsto en la normatividad puesta de presente. Es por esta razón que solo a partir de la BDUA era posible determinar lo que correspondía pagarle o reconocerle a la EPS-S en la correspondiente liquidación, de ahí que carezca de asidero el argumento de la parte actora, acogido en el fallo de primera instancia, consistente en que para la liquidación también debió tenerse en cuenta la base de datos en línea de Comfamiliar, la cual entró a funcionar el 1° de octubre de 2010 y en la que se podía consulta el estado de afiliación de los usuarios (prueba adicional 6.25.) (...) la Sala destaca que la liquidación unilateral efectuada por el municipio de Neiva respecto del contrato de aseguramiento con vigencia entre el 1° de junio de 2010 y el 31 de marzo de 2011 no desconoció la realidad de la ejecución del negocio jurídico. Es así que se impone la revocatoria de la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de las resoluciones demandadas; aspecto este que, como acaba de verse, se analizó desde la óptica de la responsabilidad contractual, por la naturaleza de los actos cuestionados.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte demandante en ambas instancias, por revocatoria total de la sentencia de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas a la parte demandante por ambas instancias, ante la revocatoria total de la sentencia de primera instancia y que condujo a la negativa de las pretensiones de la demanda, la cual había accedido parcialmente a las súplicas de la demandante. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP .
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la procedencia de la condena en costas, consultar sentencia de 21 de marzo de 2013, Exp. C-157/13, M.P. Mauricio González Cuervo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Hay lugar al reconocimiento de las agencias en favor de la demandada?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente caso, en ambas instancias se encuentra acreditada la gestión de los apoderados de la entidad demandada, Municipio de Neiva, pues contestó oportunamente la demanda, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado y alegó de conclusión tanto en primera como en segunda instancia. En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor de la demandada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. (...) En lo que a este caso interesa, resulta oportuno anotar que, en los procesos con cuantía y que se adelantan ante esta jurisdicción, las agencias en derecho en primera instancia deben fijarse hasta en un 20% -límite máximo- del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, según lo previsto en el numeral 3.1.296 del artículo 6 del mencionado Acuerdo 1887 de 2003. De acuerdo con lo señalado el artículo 3 de dicho Acuerdo, se advierte que la gestión procesal del apoderado de la entidad demandada fue consistente, en tanto contestó la demanda, presentó alegatos de conclusión e interpuso recurso de apelación contra el falo dictado por el a quo. En ese sentido, las agencias en derecho se fijan en la suma de $4’461.050, monto que deberá ser pagado a favor del municipio de Neiva, con fundamento en la relación porcentual del 0.5% de las pretensiones que fueron negadas en este proceso, que suman $892’210.093.28. Por otra parte, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse hasta en un 5% -límite máximo- del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, según lo previsto en el numeral 3.1.397 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003. Pues bien, como la entidad demandada intervino en el trámite de la segunda instancia alegando de conclusión, la Sala fija agencia en derecho en la suma de $4’461.050, monto que deberá ser pagado a favor del municipio demandado, con fundamento en la relación porcentual del 0.5% de las pretensiones que fueron negadas en este proceso, que suman $892’210.093.28.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-12-11. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 41001233300020140021101. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:41001233300020140021101-62319-sentencia).
